Reclamación por denegación de acceso a la identidad y nombramiento de un Subinspector de Policía Local del Ayuntamiento del Almonte

RESOLUCIÓN 581/2022, de 8 de septiembre Artículos: 32 y 33 LTPA; 20 y 24 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento del Almonte (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 94/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2022, la persona reclamante interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 9 de febrero de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “1ª.- La identidad del Subinspector de la Policía Local almonteña autor del informe de fecha 2/7/2021 en relación al escrito de quien suscribe con referencia [nnnnn] y que, a la postre, significó la indebida denegación del acceso a la información solicitada como pone de manifiesto la Resolución 72/2022, de 28 de enero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 2ª.- La identidad del Subinspector de la Policía Local almonteña autor del informe de fecha 2/7/2021 en relación al escrito de quien suscribe con referencia [nnnnn] y que, en definitiva, supuso la injustificada denegación del acceso a la información solicitada, como pone de manifiesto la Resolución 72/2022, de 28 de enero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 3ª.- Copia de la resolución municipal de su nombramiento e indicación del BOP de publicación del mismo.” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 24 de febrero de 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Sobre la petición de información realizada mediante escrito (2022-E-RE-1095, de fecha 9 de febrero de 2022, donde requiere: “[se transcribe la petición].” Se señala lo siguiente: 1. Mediante informe del Inspector Jefe de la Policía, de fecha 16 de febrero de 2022, se indica que la identificación del agente encargado de los puntos 1º y 2º anteriores es el agente con [nnnnn]. 2. Mediante certificado emitido por el Secretario accidental, [nombre y apellido], de fecha 22 de febrero de 2022, se le indica que el Subinspector con [nnnnn] ha venido ejerciendo la plaza de Subinspector desde [fecha], encontrándose actualmente en situación de baja por pase a jubilación desde el [fecha].” Tercero. Contenido de la reclamación. La reclamación presentada indica expresamente: “El Ayuntamiento almonteño incumple su obligación de facilitar la información pública solicitada por cuanto: - 1º.- Omite la identidad del subinspector de la Policía Local objeto de la solicitud, a pesar de que debe figurar su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. - 2º.- No facilita la copia de la resolución municipal de su nombramiento, a pesar de ser un requisito obligatorio por mor del art. 62.1.b) del Estatuto Básico del Empleado Público. - 3º.- Tampoco indica el BOP de Huelva donde debió publicarse el referido nombramiento conforme al mismo precepto legal indicado. - 4º.- La resolución notificada carece del preceptivo pie de recurso establecido en el art. 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.” Cuarto. Tramitación de la reclamación 1. El 1 de marzo de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A fecha de esta Resolución, no se ha recibido respuesta de la entidad reclamada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 24 de febrero de 2022, y la reclamación fue presentada el 25 de febrero de 2022 por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo. La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Quinto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La reclamación se interpone frente a respuesta ofrecida por la entidad reclamada a la solicitud de la siguiente información: “1ª.- La identidad del Subinspector de la Policía Local almonteña autor del informe de fecha 2/7/2021 en relación al escrito de quien suscribe con referencia [nnnnn] y que, a la postre, significó la indebida denegación del acceso a la información solicitada como pone de manifiesto la Resolución 72/2022, de 28 de enero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 2ª.- La identidad del Subinspector de la Policía Local almonteña autor del informe de fecha 2/7/2021 en relación al escrito de quien suscribe con referencia [nnnnn] y que, en definitiva, supuso la injustificada denegación del acceso a la información solicitada, como pone de manifiesto la Resolución 72/2022, de 28 de enero, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 3ª.- Copia de la resolución municipal de su nombramiento e indicación del BOP de publicación del mismo.” La entidad reclamada informó del número de identificación del agente y de la fecha desde la que venía ejerciendo el puesto de [nombre del cargo]. En la reclamación, se expone la falta de respuesta a la identidad del Subinspector, la copia de la resolución de nombramiento y de la indicación del BOP de publicación. Y efectivamente, no consta que la entidad reclamada haya puesto a disposición de la persona reclamante esta información, ni alegado causa de inadmisión o límite que impida su acceso. Procedería pues, en aplicación de la regla general de acceso, la estimación de la reclamación. 2. Sin embargo, concurre en este supuesto una circunstancia que impide que nos podamos pronunciar sobre el fondo del asunto. La información solicitada contiene datos personales que podrían incluirse en el artículo 15.2 LTAIBG (Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano). En este supuesto, y al tratarse de un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), cobra especial sentido la cautela prevista en dicho artículo ante la posible existencia de otros derechos constitucionales protegidos que puedan prevalecer sobre el interés público en el acceso. Y es que aún tratándose de datos meramente identificativos y que están ya publicados en un boletín oficial, lo cual podría conducir a la estimación de la petición, la redacción del citado artículo 15.2 obligaría a la realización del trámite previsto en el artículo 19.3 LTAIBG (Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación). De este modo, la entidad dispondrá de la información necesaria para valorar si existe un riesgo real, concreto y justificado que afectación a derechos constitucionales que pudieran verse afectados, para lo que podrá tener en cuenta otros hechos como su situación actual de jubilación. En consecuencia, considerando que quedan perfectamente identificados para la Administración reclamada los terceros que pueden resultar afectados por la información referente a la solicitud de información, y no constando a este Consejo que se haya concedido dicho trámite, procede retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad reclamada reclamado conceda el trámite de alegaciones previsto en el mencionado artículo 19.3 LTAIBG, debiendo informar a la persona reclamante de esta circunstancia. Y tras lo cual se continúe el procedimiento hasta dictarse la Resolución correspondiente. La entidad reclamada deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de diez días desde la notificación de esta Resolución. Y deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo de resolución previsto en la normativa que le resulte de aplicación, contado igualmente desde la notificación de esta Resolución, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada del artículo 19.3 LTAIBG. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en los Fundamento Jurídico Quinto, apartado segundo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.