Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre el proyecto del semáforo cultural en el Ayuntamiento de Málaga

RESOLUCIÓN 580/2022, de 8 de septiembre Artículos: 2, 24, 33 LTPA; 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Málaga (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 284/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 15 de junio de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se expone que: “EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA HA PLAGIADO MI PROYECTO PRESENTADO EL SEMÁFORO CULTURAL PARA MÁLAGA , PLAGIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL SEMÁFORO DE CHIQUITO DE LA CALZADA PARA MÁLAGA Y OTRAS PROPIEDADES INTELECTUALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO PRESENTADO” En dicho escrito, la persona reclamante solicita: “1. La investigación sobre la difusión no autorizada del proyecto el “Semáforo Andaluz para Málaga”, a través del proyecto presentado y de los correos enviados a [nombre y apellidos] en el mes de abril, mayo y junio de 2022. Así como, el video de la presentación del 5 de mayo de 2022 que según el Ayuntamiento ha desaparecido y que demuestra la autoría, revelación de secretos, relevancia del proyecto, y que está avalado por las propiedades intelectuales, proyecto protegido por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La figura, el contexto, las siluetas, los colores, la técnica están debidamente registradas en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Junta de Andalucía. 2. El menoscabo de “la cosa protegida”, el posible descrédito. 3. Reclamación de Derechos de Autor 4. Plagio de las propiedades intelectuales protegidas por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la transformación de la obra presentada y del proyecto. 5. Daño reputacional difícilmente cuantificable económicamente, para mis presentes y futuros proyectos. 6. Competencia desleal del Ayuntamiento de Málaga 7. Enriquecimiento injusto de la administración, ver repercusión en los medios de comunicación. 8. Delito de Prevaricación, se ha plagiado un proyecto presentado basado en varias propiedades intelectuales, según Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público.” El interesado afirma igualmente que “El día 29 de Mayo se le solicita a transparencia, copia de la videoconferencia del 5 de mayo de 2021 de la presentación del proyecto del semáforo andaluz.”, aportando copia de correo electrónico dirigido a la persona delegada de protección de datos del Ayuntamiento de Málaga, en la que, igualmente, hace constar que se solicita “la relación de personas, equipos informáticos conectados que estuvieron en esa reunión y la relación de personas a las que ha sido divulgado el proyecto y sus documentos”. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. Con fecha 21 de junio de 2022, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día, se solicitó al Ayuntamiento reclamado copia del expediente derivado de la solicitud, informe al respecto, así como cuantos antecedentes, información o alegaciones se considere oportuno para la resolución de la reclamación. Dicha solicitud es comunicada, asimismo, por correo electrónico de fecha 22 de junio de 2022 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) respectiva. 2. El 6 de julio de 2022 tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento reclamado contestando al requerimiento hecho por este Consejo, en el que informa que: “Las cuestiones 1ª y 2ª son imposibles de responder puesto que el área de Movilidad no ha tramitado expediente alguno en materia de Acceso a la Información Pública con este ciudadano como interesado pese a tener establecido y divulgado un modelo específico de presentación para estas solicitudes en los términos establecidos por el artículo 66, apartado 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante). De igual forma cabe destacar que no existe ninguna otra solicitud a nombre de [nombre y apellidos] que reúna para su admisión los requisitos formales establecidos en el resto del art.66 LPACAP ya invocado ni que, una vez cumplidos, haya sido presentada por escrito en cualquiera de los Registros contemplados en el art. 16 de la misma LPACAP. Respecto a la solicitud 3ª del CTPDA preguntando si el ahora reclamante ostentaba la condición de interesado en el momento de presentación de la solicitud hay que la información pública no existe. En consecuencia, y a efectos de la posible aplicación a este potencial acceso a la información de la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo (a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley estatal de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, en adelante LTAIBG y la Disposición Adicional Cuarta de Ley de Transparencia Pública en Andalucía 1/2014, de 24 de junio, en adelante LTAIBG) volvemos a reiterar que no existe solicitud preexistente de acceso a información pública por lo que tampoco existe resolución expresa o presunta sobre la misma. Respecto a la relación previa del interesado con el Ayuntamiento de Málaga no existe procedimiento administrativo alguno y sí un contacto personal para el ofrecimiento de su proyecto concretado en una reunión telemática y varios correos electrónicos personales. La última de las peticiones del CTPDA al Ayuntamiento de Málaga es que se pronuncie si el procedimiento está judicializado. En este sentido se informa que a día de hoy no tenemos constancia de acción judicial alguna de [nombre y apellidos] contra el Ayuntamiento en la Jurisdicción Contencioso- Administrativo ni contra ninguna autoridad, personal directivo o funcionario ante la Jurisdicción Penal, tras la información recibida en este sentido de nuestra Asesoría Jurídica Municipal”. Asimismo, en el escrito de alegaciones, la entidad reclamada entiende oportuno hacer constar que: “En su reclamación al CTPDA (apartado 12) el interesado afirma : El día 29 de Mayo se le solicita a transparencia, copia de la videoconferencia del 5 de mayo de 2021 de la presentación del proyecto del semáforo andaluz. Sin embargo : - el Área de Movilidad desconoce en sus registros electrónicos la existencia de esta solicitud mencionada por el interesado que haya estado documentada en modelo específico para su presentación (art. 66.6 LPACAP de nuevo) realizada al amparo de su derecho a la Transparencia de las Administraciones Públicas en su vertiente de acceso a la información pública. - respecto a solicitar copia de la videoconferencia sí consta el siguiente antecedente: con fecha 10/06/2021 10:19:09 se produce una comunicación de la Directora General de Movilidad a Delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Málaga mediante el documento electrónico con URL de verificación [url] y Código Seguro de Verificación [csv] que se reproduce literalmente a continuación: [nombre y apellidos] Delegada de Protección de Datos Estimada Sra. En relación al correo que remite usted al Área de Movilidad de fecha 31 de Mayo de 2021 a las 08:49h con la petición de [nombre y apellidos] realizada mediante correo a la Delegación de Protección de Datos del Ayto. de Málaga el día 29 de mayo de 2021 a las 08:30 h, le comunico lo siguiente: - La petición que [nombre y apellidos] realiza es obtener copia digital de la videoconferencia de la reunión mantenida entre el Área de Movilidad y él a las 11:00h del día 5 de mayo de 2021 con motivo de su proyecto “Macarena y Paco, el semáforo andaluz”. - El Área de Movilidad, en primer lugar, y de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y con la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas considera que el correo electrónico no es medio para realizar ningún tipo de petición a la Administración Pública ya que, entre otros aspectos, no identifica la identidad del ciudadano peticionario. - Respecto a la entrega, o no, de copia digital del vídeo de la reunión por la Delegación de Protección de Datos le comunico que, dada la complejidad y sensibilidad que esta cuestión tiene para los derechos y libertades fundamentales de las personas, el Área de Movilidad decidió desde el primer uso no grabar ninguna de las reuniones que celebre salvo que sea un deseo solicitado, documentado y motivado previamente por el interesado, lo que no se ha producido aún en ningún caso. - Respecto a la motivación que impulse a este señor a solicitar esta información le comunicamos que la ignoramos y que tan solo podemos explicar el contenido que tuvo la reunión : atenderlo de forma amable y, tras conocer su proyecto, remitirlo a las Áreas Municipales que sin duda estarían más interesadas en llevarlo a cabo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar - tículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto, y en relación a los puntos que son objeto de reclamación ante este Consejo, la cual fue realizada con fecha de 15 de junio de 2022, no consta la existencia de ningún tipo de solicitud de acceso a información pública dirigida al Ayuntamiento de Málaga con carácter previo a su presentación. En este sentido, no es posible determinar que la reclamación se haya efectuado en plazo, dada la falta de información sobre la presentación de una solicitud previa. En todo caso, consta que con fecha de 29 de mayo de 2021 la persona reclamante remite un correo electrónico, hecho que el Ayuntamiento ha reconocido en su escrito de alegaciones. Habiéndose presentado la reclamación el día 15 de junio de 2022, se considera producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud en lo que corresponde a esta petición, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La reclamación tiene como objeto diversas peticiones de la persona reclamante en relación con la puesta en marcha de un semáforo dedicado a Chiquito de la Calzada en la ciudad de Málaga. Concretamente, la reclamación incluye un total de 8 peticiones. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya información pública. A este respecto, según define el artículo 2 a) LTPA, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Pues bien, a la vista de la solicitud de información (salvo la excepción que se indica a continuación) y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que este Consejo realice una específica actuación relacionadas con la protección del derecho a la propiedad intelectual. Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. Por otra parte, el Ayuntamiento ha alegado que no existe solicitud previa de información que justifique la presentación de la correspondiente reclamación, hecho que justificaría igualmente la inadmisión de la reclamación. 2. Sin embargo, la primera de las peticiones incluye un apartado que sí tiene la consideración de información pública, a la vista de la definición anterior. Concretamente, la persona reclamante solicita “video de la presentación del 5 de mayo de 2022 que según el Ayuntamiento ha desaparecido y que demuestra la autoría, revelación de secretos, relevancia del proyecto, y que está avalado por las propiedades intelectuales, proyecto protegido por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. La figura, el contexto, las siluetas, los colores, la técnica están debidamente registradas en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Junta de Andalucía.” Pues bien, esta petición en concreto sí se incardina claramente dentro del concepto de información pública expuesto anteriormente de acuerdo con la legislación reguladora de la transparencia en Andalucía. Consta en el expediente que la persona reclamante realizó la petición mediante correo electrónico del día 29 de mayo de 2021, hecho que ha sido reconocido por el Ayuntamiento. La petición incluía además “la relación de personas, equipos informáticos conectados que estuvieron en esa reunión y la relación de personas a las que ha sido divulgado el proyecto y sus documentos”. De hecho, remite transcripción de la comunicación de la Delegada de Protección de Datos al Área de Movilidad informando sobre la inexistencia del vídeo y de otros aspectos relacionados. La entidad reclamada alega al respecto que “El Área de Movilidad, en primer lugar, y de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y con la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas considera que el correo electrónico no es medio para realizar ningún tipo de petición a la Administración Pública ya que, entre otros aspectos, no identifica la identidad del ciudadano peticionario”. Al respecto, este Consejo ya ha reiterado el carácter antiformalista del procedimiento de acceso a la información, manifestado en el Preámbulo de la LTAIBG y LTPA, así como en nuestra doctrina: “Este Consejo es consciente de la ingente cantidad de escritos dirigidos a la Administración en demanda de información, que tienen entrada por multitud de canales (buzones de consultas, de sugerencias, de solicitud de interpretación de normas, sobre requisitos jurídicos o técnicos para actuaciones o solicitudes, asesoramientos, consultas, pareceres, opiniones, valoraciones, emisión de informes jurídicos, emisión de dictámenes, etc...); pero no desconoce que no toda la información que se solicita es información pública a los efectos de la LTPA, cuestión esta que corresponde dirimir a este Consejo (Resolución 36/2016)” Esta misma posición ha sido la adoptada por varios órganos juridisccionales, como el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 4, que en su Sentencia 93/2017, de 17 de julio, afirma que: “6 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la L 19/2013, la solicitud no tiene que presentarse en el Portal de Transparencia . Como se recoge en la contestación a la demanda " resulta indiferente a los efectos de la LTAIBG, la vía de presentación de las peticiones de información.” Por lo tanto, la entidad no puede excusarse en la forma de presentación de la solicitud, si esta reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 LTAIBG, para no contestar una petición de información. Por ello, y al no constar respuesta expresa a la petición (ni por el Área de Movilidad ni por la Delegada de Protección de Datos), la entidad deberá, en aplicación de la regla general de acceso, informar de la inexistencia del vídeo y del resto de los extremos incluidos en el correo electrónico de 29 de mayo (“la relación de personas, equipos informáticos conectados que estuvieron en esa reunión y la relación de personas a las que ha sido divulgado el proyecto y sus documentos”). Procede por tanto la estimación parcial de la reclamación. Y en el caso de que la información no exista, se deberá informar expresamente de esta circunstancia. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que no fueran relevantes en relación con la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que la supresión de parte de la información en alguno de los documentos no impidiera la identificación de la persona, la entidad reclamada no los pondrá a disposición del solicitante. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “copia de la videoconferencia del 5 de mayo de 2021 de la presentación del proyecto del semáforo andaluz”, y “la relación de personas, equipos informáticos conectados que estuvieron en esa reunión y la relación de personas a las que ha sido divulgado el proyecto y sus documentos” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Inadmitir la reclamación en lo que corresponde a la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado primero. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.