Reclamación contra el Servicio Andaluz de Salud por denegación de información sobre titulaciones académicas de personal sanitario

RESOLUCIÓN 651/2022, de 14 de octubre Artículos: 40 LPAC32 Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante) contra el Servicio Andaluz de Salud (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 235/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). ANTECEDENTES Primero. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 18 de febrero de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Se solícita la siguiente información del UGC Urgencia del adulto de Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba: "- Titulación académica y ESPECIALIDAD, así como otros títulos oficiales (master .... ) de: "Jefe de servicio: [...] "Jefes de Sección: [...] [...] [...] "Jefa de Bloque de Enfermería: [...] "Responsable Gestión de UGC: [...] "Supervisores de Enfermería: [...] [...]." 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 26 de mayo de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 20 de junio de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se remite Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que se concede el acceso parcial a la información solicitada, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "2. Teniendo en cuenta que la solicitud puede afectar a derechos de los terceros que identifica, se ha procedido a trasladar a estos el contenido de la misma para que pudieran realizar las alegaciones que consideraran oportunas. Resumidamente, en sus alegaciones los terceros ponen de manifiesto desconocer el fin para el solicitante va a utilizar los datos y se han opuesto a su cesión al mismo, Todo ello de acuerdo con el articulo 19. 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.(...) "Conceder el acceso parcial a la información. "En relación con la titulación de las personas sobre las que se pregunta, y de acuerdo con los datos que se disponen en esta Agencia, se informa lo siguiente: "D. [nombre y apellidos de tercera persona]: Licenciado en Medicina y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. También consta su especialidad en Medicina Interna "D. [nombre y apellidos de tercera persona]: Licenciado en Medicina y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria "D. [nombre y apellidos de tercera persona] : Licenciado en Medicina y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria "D. [nombre y apellidos de tercera persona] : Licenciado en Medicina "Dª. [nombre y apellidos de tercera persona]: Diplomada en Enfermería "D. [nombre y apellidos de tercera persona] : Licenciado en Medicina y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria "Dª. [nombre y apellidos de tercera persona]: Diplomada en Enfermería "D. [nombre y apellidos de tercera persona]: Diplomado en Enfermería "Dichas titulaciones son las exigidas como requisito para el acceso a los puestos de trabajo que ejercen. Asimismo, se informa que, dado el carácter de profesiones colegiadas, la información sobre las titulaciones de las personas referidas es accesible públicamente y consultable en los enlaces web de los correspondientes Colegios Profesionales que se indican: "https://[se indica dirección URL] "https: //[se indica dirección URL] "Respecto a la información sobre otros títulos oficiales con los que puedan contar las personas por las que se interesa el solicitante, hemos de informar lo siguiente: "Los otros títulos oficiales de los que pueda disponer el personal sanitario, distintos de los exigidos para su colegiación y para el acceso al puesto de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, no son objeto de depósito ni registro obligatorios en esta Agencia. Cualquier profesional, a su criterio, puede esgrimir aquellas otras titulaciones oficiales de las que disponga y que quiera hacer valer expresamente ante cada convocatoria de procesos de acceso, provisión, movilidad y/o promoción de puestos de trabajo de esta Agencia en los que desee participar. Y es a esos solos efectos para lo que, en su caso, aportan esa información. "Procede, en aplicación del artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, realizar la ponderación entre dos derechos en conflicto: el interés público en la divulgación de la información y el derecho de los empleados públicos a la protección de sus datos personales. No se observa que concurran los criterios establecidos por la Ley para decantar la resolución a favor de la divulgación de la información personal solicitada, ni tampoco la naturaleza de lo solicitado permite una disociación previa de los datos de carácter personal, por lo que en este caso hemos de considerar que el pretendido objetivo de la transparencia pública resulta insuficiente para limitar el derecho de los empleados públicos afectados a la protección de sus datos personales. Corresponde, por tanto, denegar el acceso a los mismos. "Ha de recordarse al solicitante que la normativa de protección de datos personales es de aplicación al tratamiento posterior de los datos personales obtenidos por la presente resolución". En la documentación remitida consta correo de 1 de junio de 2022 de remisión a la persona reclamante de la Resolución concediendo el acceso parcial a la información. 3. Con fecha 27 de julio de 2022 el Consejo solicita al Hospital Universitario Reina Sofía que notifiquen a cada uno de los trabajadores afectados, el trámite de audiencia recogido en el artículo 24.3 LTAIBG, dado que no se disponía de los datos de contacto de las personas afectadas. 4. Con fecha 9 de agosto de 2022 tiene entrada acuse de recibo de las notificaciones realizadas a cada uno de los profesionales requeridos (4 de agosto de 2022). Hasta la fecha, no consta la recepción de alegaciones al respecto. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.c) LTPA, al ser la entidad reclamada agencia administrativa de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 18 de febrero de 2022, y la reclamación fue presentada el 19 de mayo de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud fue información sobre los títulos académicos y otros títulos oficiales de parte del personal del del UGC Urgencia del adulto de Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió la entidad reclamada que indica que le ha ofrecido parcialmente la información a la persona reclamante, y justifica que no se facilite la restante información. La Resolución de la entidad reclamada dando respuesta a la solicitud de información planteada concede el acceso a la información sobre la titulación y especialidad médica del personal estatutario por el que se interesa el solicitante, pero no concede la información relativa a “los otros títulos oficiales de los que pueda disponer el personal sanitario, distintos de los exigidos para su colegiación y para el acceso al puesto de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, (...)”, con base en el artículo 15.3 de la LTAIBG. Que la información solicitada incide en datos de carácter personal, es una constatación evidente atendiendo a los amplios términos con que se define este concepto en el artículo 4.1 RGPD, a saber, “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, siendo de aplicación el artículo 15.3 de la LTAIBG, que contempla aquellos supuestos en que la “información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos”, en cuyo caso la Administración interpelada “concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal”. Para la realización de esta ponderación, se tomarán particularmente en consideración los criterios relacionado en el artículo citado. Este Consejo está de acuerdo con la aplicación por la entidad reclamada de las previsiones contenidas en el citado artículo 15.3 LTAIBG, en aras de proteger algunos datos de carácter personal (datos académicos) de las personas afectadas, teniendo en cuenta los criterios contenidos en dicho artículo. En este caso, conocer la titulación y, en su caso, especialidad del personal estatutario citado en la solicitud puede estar relacionado con la finalidad de la normativa de transparencia, puesto que el conocimiento de esta información permite constatar que los empleados públicos afectados están en posesión de la titulación y formación exigidas para el ejercicio de su profesión en la Administración Pública, y ello a su vez permite comprobar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, el acceso a cualesquiera “otros títulos oficiales” que pueda poseer dicho personal, estén o no vinculados o relacionados con el desempeño del puesto público de trabajo que desempeñan, supondría un sacrificio excesivo al derecho a la protección de datos de las personas afectadas, frente al derecho de acceso a la información de la persona reclamante. Derecho este último que en todo caso se ha visto satisfecho parcialmente ya que la información recibida le permite conocer información necesaria sobre el desarrollo de las funciones de los empleados públicos de los que se solicitaba. La falta de justificación de la petición realizada impide por otra parte valorar otros intereses de la persona reclamante que pudieran haberse tenido en cuenta en la ponderación. Por ello, ante la amplitud de la petición realizada, en la que incluía información que pudiera o no estar relacionada con el desempeño de los puestos de trabajo, este Consejo entiende que debe primar la protección de los intereses de las personas afectadas por el acceso a la información. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, hay que señalar que no ha quedado acreditado en el expediente la puesta a disposición de la persona solicitante de la referida información cuyo acceso se resolvió conceder parcialmente, mediante la oportuna notificación. Por ello, aun constando la respuesta remitida a la persona reclamante el día 1 de junio de 2022, pero no teniendo constancia de su recepción ni del acceso por el interesado a la información concedida, este Consejo debe estimar la reclamación, en el sentido de que se ha de notificar válidamente la citada respuesta, poniendo a su disposición la citada información. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la reclamación por falta de acreditación de la puesta a disposición de la información a la solicitante. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.