Reclamación por denegación de acceso a actas de órganos colegiados e índices de protocolos de acoso escolar en un IES de Cádiz, resuelta con estimación parcial

RESOLUCIÓN 687/2022, de 27 de octubre Artículos: 2, 24 LTPA; 15 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 260/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 27 de abril de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Copia de las actas de todos los órganos colegiados del IES XXX (Cádiz) de los últimos 4 años, anonimizando, en su caso, los posibles datos personales ajenos a los componentes de los mismos. “Copia de los índices de documentos correspondientes a los expedientes de protocolo contra el acoso escolar iniciados en los últimos cuatro años en el citado centro, anonimizando, en su caso, los datos personales que pudieran aparecer”. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 27 de mayo de 2022 concediendo el acceso a la información solicitada y poniendo a disposición de la persona ahora reclamante cierta documentación. Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se indica: “Que en fecha 27 de abril de 2022 solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía información pública consistente en copia de las actas de todos los órganos colegiados del IES José Cadalso de San Roque (Cádiz) de los últimos 4 años, así como copia de los índices de documentos correspondientes a los expedientes de protocolo contra el acoso escolar iniciados en los últimos cuatro años. “Que en ambos casos solicité, aunque no fuera necesario indicarlo, la anonimización de los datos personales de terceros ajenos a los componentes de los mismos, entendiendo que en los órganos colegiados se podría tratar sobre determinados alumnos, familiares o profesores que no tienen interés público alguno. “Que en fecha 27 de mayo de 2022 recibo notificación con actas del consejo escolar y claustro de profesores, censurando (que no anonimizando) lo que parecen ser diferentes nombres de componentes de los órganos colegiados, así como de los organizadores de determinados cursos, e incluso el nombre de una fundación que imagino será el de alguna persona conocida pero no debería ser considerado dato personal al ser utilizado por una persona jurídica. “Además de haber tachado los nombres de, al parecer, personas y fundaciones, también se envían algunos documentos con los datos ilegibles, sobre todo los de materia presupuestaria y miembros de algunos claustros de profesores. “Que por otro lado no se incluyen las actas de las comisiones de convivencia ni comisión permanente, entre otras que recoge el Plan de Centro, sin justificar ni certificar su no existencia. Igualmente no se incluye el índice de documentos solicitado de los protocolos, aunque en la contestación se refieren a que sólo hubo un procedimiento, por acoso escolar en el centro. “Que conforme a la Resolución 31/2017 de este Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la «anonimización no debe alcanzar, sin embargo, a los datos de carácter personal que se ciñan estrictamente a identificar a los miembros que conforman el órgano colegiado, toda vez que el art. 15.2 LTAIBG establece la regla general de que se concederá acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano». “Que por ello entiende tener derecho de acceso a las actas de órganos colegiados no facilitadas, a que no se tachen los nombres de miembros de los órganos colegiados, organizadores de talleres o fundaciones (personas jurídicas, por más que puedan tener el nombre de alguna persona) dado que son datos relativos a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, entendiendo que se anonimicen aquellos que se refieran a incidentes o cuestiones de personal, familiares o alumnos del centro ajenos a su organización o actividad normal, así como a que se le facilite el índice de documentos de los protocolos iniciados contra el acoso escolar en el centro. “Por todo lo cual presenta esta RECLAMACIÓN contra la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Cádiz por no facilitar las actas de comisiones de convivencia, permanente, u otras existentes conforme a su plan de centro, no facilitar el índice de documentos del protocolo contra el acoso escolar que indican existe, y omitir la identificación de los miembros de órganos colegiados o responsables de actividades en la organización del centro que se citan en las mismas”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 6 de junio de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 6 de junio de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 23 de junio de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información, en concreto, la solicitud presentada por el interesado, la Resolución y la documentación a la que se ha dado acceso así como informe del centro docente. La entidad reclamada manifiesta lo siguiente, en lo que ahora interesa: “La petición ha sido resuelta en términos de conceder el acceso a la información, consistiendo el reproche formulado por el recurrente en lo siguiente: “• Disconformidad en la forma en que se han disociado los datos. “• Falta de entrega de actas de determinadas comisiones. “• Falta de entrega de índices de documentos de protocolos de acoso. “Sobre los extremos planteados en la reclamación se puede razonar lo siguiente: “1.- Se han disociado de las actas entregadas los datos personales distintos de los integrantes de los órganos colegiados, tal como solicitaba el propio recurrente, de una parte; y de otra, también se ha procedido a disociar los datos de los alumnos menores de edad integrantes de los órganos colegiados, como el Consejo Escolar, donde existe una representación de alumnos. “2.- En cuanto a las actas de comisiones de convivencia y permanente, no se han entregado porque no fueron solicitadas. El recurrente solicitó las actas de todos los órganos colegiados del IES José Cadalso, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Decreto 327/2010, son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. “3.- En referencia a los índices de documentos correspondientes a los expedientes de protocolo contra el acoso escolar iniciados en los últimos cuatro años en el IES José Cadalso, según consta en la documentación facilitada al recurrente, sólo se ha tramitado un protocolo de tales características en los últimos cuatro años, y según informe del centro docente que se adjunta: «Debido a la solicitud de información pública formulada por D. [nombre de la persona reclamante] consistente en: Copia de los índices de documentos correspondientes a los expedientes de protocolo contra el acoso escolar iniciados en los últimos cuatro años en el IES José Cadalso, anonimizando, en su caso, los datos personales que pudieran aparecer. Se le comunicó el 26 de mayo de 2022 que en los últimos cuatro años solo se había iniciado un expediente de protocolo contra el acoso escolar. Este segundo escrito sirva para aclarar que no se ha enviado el índice de documentos puesto que se le facilitó a D.[nombre de la persona reclamante] (a su correo electrónico personal) el protocolo completo (incluido el índice) el 16 de mayo de 2022». Por tanto, en este apartado el Sr. [nombre de la persona reclamante] estaría solicitando documentación que ya habría obtenido por la condición de interesado acreditada en el único expediente de protocolo de acoso tramitado en los últimos cuatro años, acreditación que tiene razón de ser en apoderamiento otorgado a su favor por la alumna afectada, mayor de edad”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 27 de mayo de 2022, y la reclamación fue presentada el mismo 27 de mayo de 2022. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. En la solicitud de información origen de la presente reclamación la persona ahora reclamante incluía dos pretensiones relacionadas con un Instituto de Educación Secundaria de Cádiz y referidas a los últimos cuatro años. Por un lado, solicitaba la copia de las actas “de todos los órganos colegiados” del Instituto “anonimizando, en su caso, los posibles datos personales ajenos a los componentes de los mismos” y, por otro lado, solicitaba la copia de los “índices de documentos correspondientes a los expedientes de protocolo contra el acoso escolar iniciados en los últimos cuatro años en el citado centro, anonimizando, en su caso, los datos personales que pudieran aparecer”. Pues bien, en la Resolución de 27 de mayo de 2022, de la entonces Delegación Territorial de Educación y Deporte en Cádiz, la entidad reclamada facilita la información, poniendo a disposición de la persona reclamante las actas del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado. Sin embargo, ante esta respuesta, la persona reclamante interpone la reclamación mostrando su disconformidad con diferentes aspectos de la contestación recibida, aspectos que son puestos de manifiesto y rebatidos por la propia entidad reclamada en su escrito de alegaciones. 2. En primer lugar, la persona reclamante no está de acuerdo con el modo en el que se han disociado los datos en la documentación remitida (“Que por ello entiende tener derecho de acceso a las actas de órganos colegiados no facilitadas, a que no se tachen los nombres de miembros de los órganos colegiados, organizadores de talleres o fundaciones (personas jurídicas, por más que puedan tener el nombre de alguna persona) dado que son datos relativos a la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, entendiendo que se anonimicen aquellos que se refieran a incidentes o cuestiones de personal, familiares o alumnos del centro ajenos a su organización u actividad normal”).. Considera sin embargo la entidad reclamada que “[S]e han disociado de las actas entregadas los datos personales distintos de los integrantes de los órganos colegiados, tal como solicitaba el propio recurrente, de una parte; y de otra, también se ha procedido a disociar los datos de los alumnos menores de edad integrantes de los órganos colegiados, como el Consejo Escolar, donde existe una representación de alumnos”. Por tanto, se han facilitado los datos personales de los miembros de los órganos colegiados (salvo de los menores de edad) y se han anonimizado de las actas los datos personales de terceras personas (en concreto personas que han impartido cursos) que no son miembros de tales órganos colegiados y que son mencionados en las actas por la actividad que han desarrollado. En consecuencia, esta reclamación ha de resolverse en el marco de lo previsto en la LTAIBG, siendo el artículo 15 LTAIBG el que se encarga específicamente de regular la relación entre ambos derechos. Como es sabido, las relaciones entre el derecho de acceso a la información y el derecho fundamental a la protección de datos se regulan en el artículo 15 LTAIBG. El referido artículo configura un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se pretende. El máximo nivel de tutela se proporciona a las categorías especiales de datos mencionadas en el primer párrafo del artículo 15.1 LTAIBG -ideología, afiliación sindical, religión y creencias-, toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Inmediatamente después en lo relativo a la intensidad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG (origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor), ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley”. En un segundo nivel de protección, el artículo 15.2 LTAIBG incluye los datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano interpelado, para lo que establece una regla general de accesibilidad, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Para el resto de datos personales (artículo 15.3 LTAIBG), la Ley establece una regla general de ponderación de los intereses en juego: “Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.” Y el art. 15.3 LTAIBG apunta a continuación algunos criterios que han de tomarse especialmente en consideración al efectuar la ponderación, de entre los cuales resulta de aplicación al presente supuesto el criterio previsto en su apartado d), a saber: “La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”. La discrepancia respecto a la disociación de datos se centra por tanto en tres aspectos: la de los miembros del Consejo escolar; los organizadores de talleres; y de las fundaciones. Respecto a la primera de ellas (miembros del Consejo escolar), de conformidad con esta pauta orientadora de la ponderación contenida en el art. 15.3 d) LTAIBG, debemos llegar a la conclusión de que no es posible entregar al solicitante, ilimitada e incondicionalmente, la copia de la documentación que nos ocupa, toda vez que el interés en la protección de los datos referidos a los menores de edad que figuren en las actas es superior al interés en la divulgación de la información solicitada. Consecuentemente, no procede poner a disposición del reclamante la copia de las actas con la totalidad de sus datos; apreciación que se refuerza ante la eventual presencia en las mismas de datos especialmente protegidos. En este sentido nos hemos venido pronunciando, como en la Resolución 73/2017, de 31 de mayo. Por ello, este Consejo considera que la actuación de la entidad reclamada fue acorde a la normativa de transparencia en lo que corresponde a esta discrepancia, procedimiento por tanto desestimar este motivo de la reclamación. Respecto a la segunda (organizadores de talleres), debemos realizar una aclaración respecto a la alegación presentada por la persona reclamante. Alega esta que se debe dar acceso a los datos por entender que son relativos a la organización, funcionamiento o actividad pública de la organización, al entender por tanto que resultaba de aplicación del artículo 15.2 LTAIBG. Sin embargo, en el supuesto de que los organizadores de los talleres fueran personas físicas ajenas a la Administración Educativa (adjudicatarios de contratos, por ejemplo), no concurría esta circunstancia, ya que las previsiones del artículo 15.2 están destinadas exclusivamente al personal de la propia organización administrativa. El acceso a la información meramente identificativa de personas ajenas a la organización se resuelve a través de las reglas previstas en el artículo 15.3 LTAIBG, que incluye precisamente un criterio de ponderación específico para este caso (“El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuvieran datos de carácter meramente identificativos de aquéllos”). Volviendo al fondo del asunto, este Consejo comparte la alegación presentada por la entidad reclamada. Y es que la petición de información indicó expresamente que “anonimizando, en su caso, los posibles datos personales ajenos a los componentes de los mismos”, por lo que la entidad reclamada no hizo sino dar respuesta en los propios términos en los que se realizó la petición. Procede por tanto desestimar este motivo de la reclamación. Respecto a la tercera discrepancia (fundaciones), este Consejo comparte la alegación de la persona reclamante, ya que las personas jurídicas no son titulares del derecho a la protección de datos (artículo 4.1) RGPD). Por tanto, no resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 15 LTAIBG. Dado que lo solicitado es información pública, y no se ha alegado ningún límite o causa de inadmisión que impida el acceso a la información, este Consejo considera que debe proporcionarse copia del acta en la que aparezca la denominación de la Fundación o de otras personas jurídicas, que por otra parte puede haber sido adjudicataria de un contrato administrativo, por lo que la información sobre su denominación debería, en su caso, estar publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y en su caso, de la normativa de contratación. 3. En segundo lugar, la persona reclamante reitera la entrega de las actas de las reuniones de otros “órganos colegiados” diferentes a aquellos cuyas actas sí se han facilitado. Concretamente solicita en su reclamación que se le entreguen las actas de la “Comisión de convivencia” y de la “Comisión Permanente”. Argumenta la entidad reclamada que el artículo 48 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, regula los órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria y contempla únicamente como tales el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado. En consecuencia, facilitó las actas de estos dos órganos colegiados. Y el motivo por el que no ha entregado actas de otros órganos es porque ha considerado que “no fueron solicitadas”. Por tanto, la entidad reclamada facilitó, a juicio de este Consejo, copia de las actas de los órganos colegiados del instituto solicitadas, sin que ello sea obstáculo para que la persona reclamante pueda, si lo considera oportuno, presentar una nueva solicitud de información que tenga por objeto las actas de otros órganos colegiados diferentes a los mencionados Consejo Escolar y Claustro de Profesorado. Se desestima la reclamación en lo referente a esta cuestión. 4. En tercer lugar, la persona reclamante reitera el índice de documentos del expediente de protocolo contra el acoso escolar iniciado en el Instituto, ya que en su respuesta la entidad reclamada informó de la existencia de un único expediente de este tipo. Sin embargo, no facilita dicho índice porque el Instituto informa que ya había remitido a la persona reclamante mediante correo electrónico “el protocolo completo (incluido el índice) el 16 de mayo de 2022”. No obstante, no ha quedado acreditado en el expediente la puesta a su disposición de la información solicitada mediante el acuse de recibo del correo electrónico remitido. Por ello, aun manifestando la entidad reclamada que dio respuesta a la persona reclamante el día 16 de mayo de 2022 concediendo el acceso solicitado, pero no constando que le fuese notificada dicha respuesta, este Consejo debe estimar la reclamación, en el sentido de que la entidad reclamada ha de formalizar el acceso a la información solicitada (el índice de documentos del expediente de protocolo contra el acoso escolar iniciado en el Instituto), acreditando ante este Consejo la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante. 5. En resumen, la entidad deberá: a) En lo que corresponde a las actas de los Consejos escolares, la entidad reclamada deberá poner a disposición de la persona reclamante aquellas actas en las que haya ocultado la identidad de fundaciones u otras personas jurídicas con las que el centro tuviera una relación contractual. b) Respecto al índice de documentos del expediente de protocolo contra el acoso escolar, la entidad reclamada deberá notificar la información solicitada y que indicó que había sido enviada anteriormente. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad reclamada deberá realizar las actuaciones contenidas en el apartado quinto del Fundamento Jurídico Cuarto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.