Reclamación por acceso incompleto a información sobre plazas de personal funcionario interino de Auxiliar de Producción y estimación de la misma

RESOLUCIÓN 704/2022, de 3 de noviembre Artículos: 24 LTPA; 12 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 294/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de mayo de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “[…] número y el lugar dónde están ubicadas las plazas que hay ocupadas actualmente por personal funcionario interino, Auxiliar de Producción, del cuerpo Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, C2, opción informática, código 2810, en los todos los organismos de la Administración, tanto en puestos base como en puestos no bases y cuáles de ellos están ocupados con anterioridad al 1 de enero de 2016”. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 8 de junio de 2022 resolviendo conceder el acceso a la información pública solicitada, y en lo que ahora interesa indicando lo siguiente: “El concepto de información pública a efectos de la legislación en materia de transparencia, se contemplan tanto la en el artículo 13 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como en el artículo 2 de la Ley autonómica 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, que la define del siguiente modo: «Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». “Consultada la información correspondiente, el Servicio de Planificación y Gestión de Personal Funcionario de este Centro Directivo, nos facilita listado con los datos solicitados por la persona interesada, extraído del el Sistema de Información de Recursos Humanos, Sirhus, a fecha 6 de junio, el cual que se adjunta como Anexo a esta Resolución”. Aporta un listado con los siguientes datos: Consejería, centro de destino, código del puesto, singularidad, puesto, fecha de toma de posesión y número de interinos (en total 5). 3. En su reclamación la persona interesada manifiesta que “no se corresponde con la realidad, ya que en la información que se solicita, además y cuando menos, se debió incluir los datos del dicente solicitante, ya que también ocupa la plaza y puesto indicado en la solicitud”. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 27 de junio de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 27 de junio de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 15 de julio de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información e informa lo siguiente: “Solicitado nuevamente informe al Servicio de Planificación y Gestión de Personal Funcionario a la vista de la reclamación formulada, en la que se expone por la persona interesada que la respuesta obtenida no se corresponde con la realidad, al no incluir el en el listado facilitado en la Resolución la plaza que él ocupa, esta unidad administrativa nos comunica que revisada la extracción de datos realizada a fecha 6 de junio, se detecta que en la generación de la información se produjo una inconsistencia. “Seguidamente el propio informe indica textualmente lo siguiente: “«En este sentido, ha de advertirse que debido a la propia configuración del SIRhUS, los datos que se obtienen son la respuesta automática que genera el sistema con los parámetros ajustados a los criterios descritos por la persona interesada, por lo tanto se trata de una información que puede requerir de una depuración posterior y que, además, puede arrojar datos variables, no sólo en función de dichos parámetros sino también por el carácter dinámico de la información que contiene el Sistema. “Así en línea con lo anterior, y tras la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a diversas Consejerías y a la Agencia Digital de Andalucía, aprobada por Decreto 56/2022, de 12 de abril (BOJA n.º 74, de 20 de abril y corrección de errores BOJA n.º 90, de 13 de mayo), cuyos efectos administrativos y económicos se desplegaron el pasado 1 de julio, realizada nuevamente la consulta con fecha de 4 de julio de 2022 se extraen los datos que se adjuntan a esta comunicación»”. Se remite nuevo Anexo con listado de puestos de interinos del Cuerpo C2.2002 (Consejería, centro directivo, código del puesto, puesto, interino, adscripción, carácter de la ocupación, código del puesto, especialidad, nivel, provincia, municipio y ocupación antes de 1 de enero de 2016). Se incluye en este listado el código del puesto de trabajo que la persona solicitante ocupaba en ese momento. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 8 de junio de 2022 y la reclamación fue presentada el 21 de junio de 2022, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. La persona reclamante considera que la información inicialmente recibida no es completa por lo que interpone la reclamación ante este Consejo Es durante la tramitación de la citada reclamación cuando la entidad reclamada comunica a este Consejo las circunstancias existentes en el momento en el que se extrajeron los datos del sistema informático (6 de junio de 2022), circunstancias cuya variación ha dado lugar a que se produzca una modificación en los datos extraídos a fecha 4 de julio de 2022. La entidad reclamada remite a este Consejo dicha información (con datos extraídos a fecha 4 de julio de 2022), sin que quede acreditado que se ha puesto la misma a disposición de la persona reclamante. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es la entidad reclamada, y no a este órgano de control, quien debe poner directamente a disposición de la persona interesada la información que atañe a la solicitud en cuestión. De ahí que la falta de acreditación de la puesta a disposición de la información por parte de la entidad reclamada a la persona interesada determine, a efectos formales, la estimación de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “número y el lugar dónde están ubicadas las plazas que hay ocupadas actualmente por personal funcionario interino, Auxiliar de Producción, del cuerpo Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, C2, opción informática, código 2810, en los todos los organismos de la Administración, tanto en puestos base como en puestos no bases y cuáles de ellos están ocupados con anterioridad al 1 de enero de 2016”. La entidad reclamada, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, deberá poner a disposición del reclamante la información pública solicitada, en los términos previstos en el Fundamento Jurídico Cuarto. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.