Reclamación del Club Ciclista Los Dalton contra el Ayuntamiento de San Roque por acceso incompleto a expedientes de adecuación de senderos

RESOLUCIÓN 715/2022, de 4 de noviembre Artículos: 2, 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por Club Ciclista Los Dalton (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de San Roque (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 362/2022. Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 28 de julio de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de marzo de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Teniendo constancia de la siguiente publicación realizada en la página web oficial del Ilustre Ayuntamiento de San Roque cuyo título es «Medio Ambiente adecenta los cuatro senderos autoguiados del Pinar del Rey» https://www.sanroque.es/content/medioambiente-adecenta-los-cuatro-senderos- autoguiados-del-pinar-del- reyfbclid=IwAR08IHylbKW5mBiSppDthYKLzc9TzLLYJnrfzrKv8_9wIa8xgGBfHKQ2Js#slideshow-6 “Solicita “Copia íntegra del expediente o expedientes donde se detalle claramente «la colocación de nuevas balizas y carteles informativos, los trabajos de desbroce y de mejora de los trazados, así como del nuevo mobiliario que se pretende instalar o se instalando en la zona recreativa». Con todos los documentos existentes y que formen parte del expediente o expedientes, como son: proyectos, certificados, presupuestos, facturas, pruebas, dictámenes, informes técnicos, informes jurídicos y o policiales, acuerdos, notificaciones, Decretos de Autorización, Licencias urbanísticas o municipales, permisos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, informes de la unidad SEPRONA de la Guardia Civil y demás diligencias que lo integren. Incluyendo un índice numerado de todos los documentos que contenga, tal y como se detalla en el artículo 70.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hacemos hincapié, en que dicha información pública sí debe existir y en esta misma administración pública”. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 28 de julio de 2022 concediendo el acceso a la información y facilitando determinada documentación. La respuesta indicó expresamente que: “Vista la solicitud de información formulada por el Club Ciclista Los Dalton mediante escrito con RGE n.º [nnnnn] de fecha 23/03/2022, en el que en relación a “… publicación realizada en la página web oficial del Ilustre Ayuntamiento de San Roque cuyo título es "Medio Ambiente adecenta los cuatro senderos autoguiados del Pinar del Rey …” solicita: “[se transcribe petición]” Visto que ha dado traslado de la solicitud de información, habiéndose recibido documentación del Departamento de Urbanismo. Visto el informe de Secretaría General de fecha 21/06/2.022 que literalmente establece: (…) Por todo lo expuesto, ACUERDO: ÚNICO.- Dar traslado al Club Ciclista los Dalton de la documentación que se adjunta al presente Decreto” Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se indica: “El Ilustre Ayuntamiento de San Roque y/o persona responsable de su Registro General, siguen sin responder correctamente a nuestra petición de acceso a información pública. En este caso nos han aportado algunos documentos, pero no han respondido a nuestra solicitud de «la copia íntegra del expediente o expedientes donde se detalle claramente la colocación de nuevas balizas y carteles informativos». Como podrán observar en la documentación que nos han proporcionado, en ningún momento existe ni solicitud para dicha actuación ni instalación ni tampoco existe autorización de la Junta de Andalucía expresa para la instalación de balizas ni para la instalación de carteles informativos. Adjuntamos fotos de la propia publicación realizada por el Ayuntamiento de San Roque en su página web oficial, donde se ven claramente la instalación de estas balizas y carteles presuntamente sin solicitud alguna para su instalación y sin presuntamente autorización para ello. Reclamamos al Consejo de Transparencia que el Ayuntamiento de San Roque nos facilite la información exacta que hemos solicitado y en el caso de que no exista expediente, ni solicitud ni autorización alguna para la instalación de dichas balizas y carteles informativos, nos detallen claramente que no existe expediente alguno, que no existe solicitud alguna y que no existe autorización alguna por parte de la Junta de Andalucía para esta finalidad”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 3 de agosto de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 3 de agosto de 2022 ) a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 30 de agosto de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye la documentación relacionada con la petición de información, e informa lo siguiente: “SEGUNDO.- Que dicho expediente fue resuelto mediante Decreto n.º [nnnnn] de fecha 12/07/2.022, decreto que fue notificado al solicitante de información con expresión de los recursos procedentes en fecha 28/07/2.022 y fue recibido por el solicitante mediante comparecencia en la sede electrónica municipal en esa misma fecha. “TERCERO.- En dicho Decreto, se resuelve la solicitud de información y se prevé que se adjunte la documentación remitida por el Departamento de Urbanismo. “CUARTO.- Se adjunta, de acuerdo con lo requerido en el escrito de traslado de la reclamación, copia del expediente n.º [nnnnn] de resolución de la solicitud de información. “QUINTO.- No obstante, y a la vista de la disconformidad con la documentación remitida que manifiesta el reclamante en el texto de su reclamación, se ha solicitado del Departamento de Urbanismo, remitente a esta Unidad de Transparencia de la documentación a su vez enviada al reclamante, que comunique si constan los documentos mencionados por el reclamante en el texto de su reclamación”. Se adjunta copia de la petición de nueva información al Departamento de Urbanismo. Entre la documentación, también se incluye la nota interior de remisión de la información del Departamento de Urbanismo a la Secretaría General. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 28 de julio de 2022 y la reclamación fue presentada el mismo día por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de la petición inicial fue la documentación contenida en un determinado expediente, concretamente “ Copia íntegra del expediente o expedientes donde se detalle claramente «la colocación de nuevas balizas y carteles informativos, los trabajos de desbroce y de mejora de los trazados, así como del nuevo mobiliario que se pretende instalar o se instalando en la zona recreativa”. Incluía en la petición una serie de documentos que, a juicio de la persona reclamante, deberían integrar el expediente. La respuesta de la entidad se limitó a estimar el acceso, indicando que se adjuntaba la documentación remitida por el Área de Urbanismo. Esta información estaba referida a los trabajos de desbroce y de mejora de los trazados, así como del nuevo mobiliario. La notificación no incluye ninguna referencia al hecho de que la documentación enviada sea la única que consta en el expediente, sino que se limita a remitir la información enviada por el Área indicada. Tampoco se incluye ninguna información sobre los trabajos de colocación de nuevas balizas y carteles informativos. La entidad reclamante alega que la información enviada no responde a la totalidad de la documentación que debería obrar en el expediente. La entidad reclamada ha alegado que, “a la vista de la disconformidad con la documentación remitida que manifiesta el reclamante en el texto de su reclamación, se ha solicitado del Departamento de Urbanismo, remitente a esta Unidad de Transparencia de la documentación a su vez enviada al reclamante, que comunique si constan los documentos mencionados por el reclamante en el texto de su reclamación”. Sin embargo, a día de hoy no consta a este Consejo que se haya puesto a disposición de la persona reclamante la información solicitada. Por tanto, a pesar de que la entidad reclamada ha mostrado su disponibilidad e intención de facilitar la información requerida una vez le sea remitida del departamento correspondiente, lo cierto es que a la vista de la documentación enviada, lo remitido no responde a la totalidad del expediente en cuestión. De hecho, entre la documentación remitida en su escrito de alegaciones, consta la notificación interior del Área de Urbanismo a la Secretaría General del envío de la documentación, en la que se indica expresamente que “constan únicamente los siguientes expedientes”. Sin embargo, este documento no fue remitido a la persona reclamante. Por tanto, y ante las dudas existentes sobre la existencia de otra documentación, este Consejo considera que la entidad reclamada debe: a) Poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada relacionada con la colocación de nuevas balizas y carteles informativos, indicando expresamente que es la que consta en relación con el asunto solicitado. b) Aclarar que la información enviada los trabajos de desbroce y de mejora de los trazados, así como del nuevo mobiliario, es la única que consta; o en caso contrario, poner a disposición de la persona reclamante el resto de la información. 2. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, este Consejo debe realizar una precisión, a la vista del contenido de la reclamación presentada. Conforme a lo establecido en el artículo 2.a) LTPA, ya reproducido, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Por ello, procedería desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). Y es que a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.