Reclamación contra el Ayuntamiento de Úbeda por denegación de acceso a expediente y documentación de un convenio de revitalización monumental

RESOLUCIÓN 724/2022, de 10 de noviembre Artículos: 7 c) LTPA; 12 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Úbeda (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 361/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 28 de julio de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 2 de julio de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Que con fecha del 9 de Mayo del 2019, se firmó por parte de la Alcaldesa en representación del ayuntamiento de Úbeda, y por parte del [se cita cargo] de la Fundación casa Ducal de Medinaceli, el convenio para la revitalización del conjunto monumental de “el salvador de Úbeda (...) Primero.- Copia de todo el expediente habido desde el día 09.03.2019, con especial atención al cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre las partes, los tramites, comunicaciones epistolares o electrónicas, actas de reunión entre las partes, presentación de documentos y fecha, redacción de proyectos e incoación de expedientes para innovación del PGOU y PEPCH ( obligación del ayuntamiento según convenio), proyectos y cumplimientos de lo estipulado como obligación de la fundación casa ducal de Medinaceli, y todos los proyectos y grado de cumplimiento de las obligaciones comunes. Segundo.- Copia de la escritura pública en formato electrónico, según el articulado 8 del convenio. Tercero.- Copia e informes jurídicos si existiesen, de las causas de resolución apartados a y b, por haber transcurrido el periodo que se establece en la misma.” 2. El 20 de julio de 2022 la entidad reclamada notifica la prórroga del plazo máximo de resolución. Asimismo, se incluye una respuesta con el siguiente contenido: “En respuesta a su solicitud con número de registro [nnnnn] con fecha 2 de julio de 2022, respectivamente, donde solicita información sobre el Convenio de Revitalización del Conjunto Monumental "El Salvador" con la Casa Ducal de Medinaceli, se adjunta enlace a la siguiente dirección web para su consulta: [enlace dirección url] El enlace conduce a una página en la que se puede acceder al convenio citado, anexos y certificado de un acuerdo del pleno. Tercero. Contenido de la reclamación. En la reclamación, se indica expresamente que: “Cuarto.- Que como quiera que la respuesta recibida por parte del Ayuntamiento de Úbeda es totalmente insuficiente, no responde a los datos solicitados claramente especificados en el escrito de solicitud de datos, obvia y, o esconde documentación, registros, actas, tramites, expedientes… claramente redactados; a saber Quinto.- Que por toda respuesta recibida, me remite a la dirección electrónica [enlace dirección url] Que solo y exclusivamente es el Convenio firmado por las partes, la única documentación publica a la que siempre ha habido acceso, que es la base fundamental, para la petición de información y documentación que el cumplimiento y desarrollo de dicho convenio debe haber tenido lugar desde su firma, una vez pasados más de tres años. Sexto.- Que como quiera que la información suministrada como respuesta del Ayuntamiento de Úbeda a mi solicitud es insuficiente, parcial, sesgada y trata de ocultar los expedientes solicitados, presento por medio de la presente y documentación adjunta, FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (Artículo 23 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía) (...)” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 1 de agosto de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 2 de agosto de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 26 de agosto de 2022 la entidad reclamada remite copia del expediente, en el que incluye como respuesta a la solicitud de información el escrito notificado el día 20 de julio de 2022. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada a entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, el artículo 32 LTPA estable que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 20 de julio de 2022, y la reclamación fue presentada el 28 de julio de 2022, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Aunque la entidad reclamada notificó el mismo día tanto la resolución de la petición como un acuerdo de prórroga, lo cierto es que la respuesta ofrecida trataba de responder la petición, por lo que se debe entender que la respuesta fue ofrecida el 20 de julio de 2022, y por tanto la reclamación fue presentada en plazo. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La persona reclamante solicitó acceso a: “Primero.- Copia de todo el expediente habido desde el día 09.03.2019, con especial atención al cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre las partes, los tramites, comunicaciones epistolares o electrónicas, actas de reunión entre las partes, presentación de documentos y fecha, redacción de proyectos e incoación de expedientes para innovación del PGOU y PEPCH ( obligación del ayuntamiento según convenio), proyectos y cumplimientos de lo estipulado como obligación de la fundación casa ducal de Medinaceli, y todos los proyectos y grado de cumplimiento de las obligaciones comunes. Segundo.- Copia de la escritura pública en formato electrónico, según el articulado 8 del convenio. Tercero.- Copia e informes jurídicos si existiesen, de las causas de resolución apartados a y b, por haber transcurrido el periodo que se establece en la misma.” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. La entidad reclamada ofreció una respuesta que no responde al objeto de la petición, ya que el enlace permitía el acceso al convenio, anexos y acta del Pleno de aprobación, información de la que ya disponía la persona reclamante, a la vista de su solicitud, y que precisamente es en la que fundamenta su petición. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 2. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Por tanto, constatada la inobservancia de lo previsto en el citado art. 19.3 LTAIBG en el procedimiento de resolución de la solicitud por parte de la entidad reclamada, procede retrotraer el procedimiento, con base en el artículo 119.2 LPAC, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones a quien pueda resultar afectado por la información solicitada, y seguir la tramitación correspondiente hasta dictar resolución expresa. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Primero.- Copia de todo el expediente habido desde el día 09.03.2019, con especial atención al cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre las partes, los tramites, comunicaciones epistolares o electrónicas, actas de reunión entre las partes, presentación de documentos y fecha, redacción de proyectos e incoación de expedientes para innovación del PGOU y PEPCH ( obligación del ayuntamiento según convenio), proyectos y cumplimientos de lo estipulado como obligación de la fundación casa ducal de Medinaceli, y todos los proyectos y grado de cumplimiento de las obligaciones comunes. Segundo.- Copia de la escritura pública en formato electrónico, según el articulado 8 del convenio. Tercero.- Copia e informes jurídicos si existiesen, de las causas de resolución apartados a y b, por haber transcurrido el periodo que se establece en la misma.” La entidad reclamada deberá retrotraer el procedimiento en los términos del Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.