Reclamación de Coliseum Nevada SL contra la Diputación Provincial de Granada por denegación de acceso al expediente de expropiación de un carril bici

RESOLUCIÓN 768/2022, de 18 de noviembre Artículos: 24 LTPA; 12 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por COLISEUM NEVADA SL (en adelante, la persona reclamante), representada porXXX, contra la Diputación Provincial de Granada (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 444/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 10 de agosto de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “SOLICITO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA: 1.- Como afectado por dicha actuación por la privación de mi propiedad y en defensa de mis legítimos derechos e intereses patrimoniales, SE ME PROPORCIONE EL EXPEDIENTE COMPLETO referido a la expropiación y al proyecto de construcción “2019/2/BICI 3417, CARRIL BICI GR-3417 P.K. 2+353 A P.K. 6+322 CONEXIÓN CICLISTA SANTA -FE, ATARFE, ALBOLOTE, MARACENA”, donde quede acreditado que dicha expropiación forzosa lo es por utilidad pública por ser el sujeto beneficiario una administración, en este caso la Diputación de Granada. 2.- Además, si esta se ha producido siguiendo el procedimiento administrativo que tiene por objeto el ejercicio de la potestad expropiatoria, cumpliendo para ello con todas las garantías legales y constitucionales acorde a la Ley, sin perjuicio de los derechos e intereses de los expropiados tal y como queda regulado en el titulo II (artículos 9 a 58) de la Ley de 16 de diciembre de1954 sobre expropiación forzosa (LEF) así como en el titulo II del decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (artículos 10 a 74) es imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica, que los afectados tengan la oportunidad de alegar al hecho de que van a ser expropiadas sus bienes. 3.- Asimismo, se informe si todos los conceptos indemnizables han sido objeto de evaluación económica. 4.- Que se proceda a la INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS en la finca referida en aras de cesar el evidente ataque a la posesión y a la propiedad que las mismas suponen y evitar los daños y perjuicios que se están causando de los cuales hacemos reserva expresa de las acciones que nos correspondan.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Contenido de la reclamación En la reclamación, se indica expresamente: “1. Como afectado por dicha actuación por la privación de mi propiedad y en defensa de mis legítimos derechos e intereses patrimoniales, SE ME PROPORCIONE EL EXPEDIENTE COMPLETO referido a la expropiación y al proyecto de construcción ¿2019/2/BICI 3417, CARRIL BICI GR-3417 P.K. 2+353 A P.K. 6+322 CONEXIÓN CICLISTA SANTA -FE, ATARFE, ALBOLOTE, MARACENA¿, donde quede acreditado que dicha expropiación forzosa lo es por utilidad pública por ser el sujeto beneficiario una administración, en este caso la Diputación de Granada. 2.- Además, si esta se ha producido siguiendo el procedimiento administrativo que tiene por objeto el ejercicio de la potestad expropiatoria, cumpliendo para ello con todas las garantías legales y constitucionales acorde a la Ley, sin perjuicio de los derechos e intereses de los expropiados tal y como queda regulado en el titulo II (artículos 9 a 58) de la Ley de 16 de diciembre de1954 sobre expropiación forzosa (LEF) así como en el titulo IIdel decreto de 26 de abril de 1957 por e que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (artículos 10 a 74) es imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica, que los afectados tengan la oportunidad de alegar al hecho de que van a ser expropiadas sus bienes. 3.- Asimismo, se informe si todos los conceptos indemnizables han sido objeto de evaluación económica.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 14 de septiembre de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2022 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 4 de octubre de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En el informe que se acompaña, se indica, en lo que ahora interesa: “SEGUNDO. La petición de informe se refiere a la solicitud de COLISEUM NEVADA. S.L, representada por [nombre y apellido del representante], que tuvo entrada en esta Diputación el 10 de agosto de 2022 en la que indica ser propietaria de la finca catastral [nnnnnn]J que está incluida en un procedimiento de expropiación de terrenos para la ejecución de la obra “2019/2/BICI 3417, CARRIL BICI GR-3417 P.K. 2+353 A P.K. 6+322 CONEXIÓN CICLISTA SANTA -FE, ATARFE, ALBOLOTE, MARACENA” y solicita copia del expediente y demás extremos que constan en la reclamación dirigida al Consejo. El citado procedimiento, en lo que a la citada parcela se refiere, se ha sustanciado con la mercantil OSUNA Y SOTO S.L., cuyo representante es la misma persona física que ha suscrito la solicitud en nombre de COLISEUM NEVADA S.L., o sea, [nombre y apellido del representante] OSUNA Y SOTO S.L. es la sociedad que figura como titular de la parcela en cuestión en el Catastro, tal y como consta en el certificado catastral que se adjunta, sin que COLISEUM NEVADA S.L. haya acreditado documentalmente en su solicitud la titularidad que alega. En consecuencia COLISEUM NEVADA S.L. no ostenta la condición de interesada en el procedimiento. TERCERO. Dicho procedimiento expropiatorio estaba en curso en la fecha de solicitud, 10 de agosto de 2022, y lo sigue estando en la actualidad, por lo que no le resulta de aplicación la normativa de transparencia (a la que tampoco alude la mercantil en su solicitud) conforme al apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, que dispone que “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, resultando en consecuencia de aplicación, en lo que se refiere al acceso a la documentación del procedimiento, el artículo 53.1.a) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 1 de octubre de 2015 que limita dicho acceso a los interesados en el procedimiento. Se acompaña a este informe copia del escrito presentado por COLISEUM NEVADA. S.L. y la certificación catastral de la finca en cuestión.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 10 de agosto de 2022, y la reclamación fue presentada el 12 de septiembre de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la reclamación fue el siguiente: “1.- Como afectado por dicha actuación por la privación de mi propiedad y en defensa de mis legítimos derechos e intereses patrimoniales, SE ME PROPORCIONE EL EXPEDIENTE COMPLETO referido a la expropiación y al proyecto de construcción “2019/2/BICI 3417, CARRIL BICI GR-3417 P.K. 2+353 A P.K. 6+322 CONEXIÓN CICLISTA SANTA -FE, ATARFE, ALBOLOTE, MARACENA”, donde quede acreditado que dicha expropiación forzosa lo es por utilidad pública por ser el sujeto beneficiario una administración, en este caso la Diputación de Granada. 2.- Además, si esta se ha producido siguiendo el procedimiento administrativo que tiene por objeto el ejercicio de la potestad expropiatoria, cumpliendo para ello con todas las garantías legales y constitucionales acorde a la Ley, sin perjuicio de los derechos e intereses de los expropiados tal y como queda regulado en el titulo II (artículos 9 a 58) de la Ley de 16 de diciembre de1954 sobre expropiación forzosa (LEF) así como en el titulo II del decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (artículos 10 a 74) es imprescindible, para garantizar la seguridad jurídica, que los afectados tengan la oportunidad de alegar al hecho de que van a ser expropiadas sus bienes. 3.- Asimismo, se informe si todos los conceptos indemnizables han sido objeto de evaluación económica. 4.- Que se proceda a la INMEDIATA PARALIZACION DE LAS OBRAS en la finca referida en aras de cesar el evidente ataque a la posesión y a la propiedad que las mismas suponen y evitar los daños y perjuicios que se están causando de los cuales hacemos reserva expresa de las acciones que nos correspondan.” En la reclamación, únicamente se incorporan las tres primeras, por lo que únicamente consideraremos esas tres al objeto de nuestra reclamación. 2. La entidad reclamada ha alegado como causa de denegación de la acceso que la persona solicitante no tiene la condición de interesado en el procedimiento que además estaba en curso en el momento de la solicitud , invocando la Disposición adicional cuarta LTPA, si bien no consta que haya dado esta respuesta a la entidad reclamante. Este Consejo se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre esta cuestión (Resolución 17/2022, por todas) En relación con la falta de condición de interesado, conviene comenzar recordando que el derecho de acceso a la información pública se configura como un derecho de titularidad universal, puesto que el artículo 12 LTAIBG y el artículo 24 LTPA se lo atribuyen a “[t]odas las personas”. Además, la legislación reguladora de la transparencia no exige que se motive la solicitud, según se expresa en términos inequívocos el art. 17.3 LTAIBG: “El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso de la información”. Y si bien es cierto que “podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución”, el precepto concluye afirmando categóricamente que “la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud”. Por tanto, no hace falta tener ningún interés cualificado para ejercitar el derecho de acceso a la información ante los sujetos obligados al cumplimiento de la legislación de transparencia; y, consecuentemente, nada impide que cualquier ciudadano pueda, en principio, pretender acceder a la información que considere oportuna de un procedimiento de expropiación. No es en modo alguno necesario, por tanto, que se esté o no personado o no en el procedimiento de que se trate para ejercitar el derecho de acceso a la información. No procede por tanto denegar el acceso al no disponer la persona solicitante de la condición de interesada en el procedimiento del que se solicita la información, ya que no es un requisito exigible a la vista del contenido de la LTAIBG y LTPA. Y respecto al hecho de que el procedimiento esté en curso, debemos indicar que a diferencia de la anterior regulación del derecho de acceso, la LTAIBG y la LTPA no exigen acreditar la condición de persona interesada para acceder a la documentación que obre en un procedimiento en curso. Tal y como indica el Preámbulo de la Ley básica estatal: “En efecto, partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica” Tras la aprobación de la normativa de transparencia, resulta indiferente que el procedimiento esté o no en curso para la tramitación de una solicitud de acceso presentada por una persona que no tenga la consideración de interesada en el mismo, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda ser valorara a la hora de aplicar los límites contenidos en los artículos 14 y 15 LTAIB. Una vez realizada esta aclaración, procede analizar las concretas peticiones realizadas. 3. Respecto a la primera y tercera petición, la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Debemos aclarar, tal y como se indica en el Fundamento Jurídico siguiente, que la información se proporcionará previa disociación de los datos personales que pudiera contener. 4. Respecto a la segunda petición, la persona reclamante parece solicitar que se le reconozca el derecho a presentar alegaciones en el marco del procedimiento de expropiación. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición de información pública, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que este adopte una específica decisión (reconocer un derecho a presentar alegaciones). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “EXPEDIENTE COMPLETO referido a la expropiación y al proyecto de construcción “2019/2/BICI 3417, CARRIL BICI GR-3417 P.K. 2+353 A P.K. 6+322 CONEXIÓN CICLISTA SANTA -FE, ATARFE, ALBOLOTE, MARACENA” La entidad reclamada, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, deberá poner a disposición del reclamante la información pública solicitada, en los términos previstos en los Fundamento Jurídicos Cuarto, apartado tercero, y Quinto. La información se entregará previa disociación de los datos personales que pudiera contener. Segundo. Inadmitir la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado cuarto, por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.