Inadmisión de reclamación contra el Ayuntamiento de Gibraleón por solicitar actuaciones administrativas en lugar de acceso a información pública

RESOLUCIÓN 830/2022, de 19 de diciembre Artículos: 2 y 57 LTPA. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Gibraleón (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 621/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2022, la persona reclamante interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 22 de noviembre de 2021, ante la entidad reclamada, solicitud de cancelación de un aval bancario depositado como fianza por la ejecución de obras en URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL “[nnnn]” 2. El 12 de agosto de 2022 presenta otra solicitud de expedición de certificado de silencio administrativo, en el marco de la petición anterior. 3. El 31 de octubre de 2022 presenta nuevo escrito solicitando la resolución del procedimiento sobre cancelación del aval. Tercero. Contenido de la reclamación. En la reclamación, se indica expresamente que: “Con fecha 22 de noviembre de 2021 solicité cancelación de un aval por estar prescrito el plazo para la ejecución del mismo, al tratarse de un aval de más de 30 años de antigüedad. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Tras esa petición, y debiéndose notificar el inicio del procedimiento por parte del Ayuntamiento de Gibraleón, pasan los meses y el inicio de procedimiento no se notifica. Con fecha 12 de agosto de 2022 autorizo para que en mi nombre se personen para consultar por lo ocurrido y la respuesta que se ofrece es que no se ha abierto aún expediente. La funcionaria en cuestión pone en conocimiento de mi autorizado que en ese mismo momento se va a proceder a abrir expediente, facilitándole el número del mismo: 3139/2022. Ese mismo día se aprovecha para incorporar por registro, dado que el procedimiento debía estar resuelto desde el mes de febrero de 2022, una solicitud de información y certificación sobre el sentido del silencio del procedimiento que debía haberse resuelto, cuyo plazo de emisión era de 15 días (fin de plazo, 5 de septiembre de 2022). El pasado 31 de octubre, la persona autorizada por mi vuelve a personarse para reclamar por escrito la información solicitada y corregir un error material, recibiendo información verbal de que aún no se ha visto el expediente, y que queda pendiente de verse en lo que resta de semana. Hoy día 18 de noviembre, ésta persona vuelve a personarse en el Ayuntamiento de Gibraleón para intentar reunirse con algún responsable que pueda motivarle la no emisión del certificado del silencio y la inexistencia de una notificación donde se deje constancia del inicio del procedimiento, puesto que el Ayuntamiento aún ni siquiera ha notificado el inicio del procedimiento. La información que recibe es que el expediente está en otro lugar archivado, dada la antigüedad del mismo, y que no lo verán hasta la semana que viene. Desde mi punto de vista se están infringiendo muchos preceptos y principios de la normativa en materia de procedimiento administrativo, así como en materia de transparencia. De ahí que solicite de ustedes la valoración de los hechos y la posible iniciación de un procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Gibraleón y al mismo tiempo insten a que dentro del mismo Ayuntamiento se depuren las posibles responsabilidades disciplinarias en que su personal hubiera podido incurrir, si es que esta última petición forma parte de sus funciones” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto las solicitudes fue presentada el 22 de noviembre de 2021, el 12 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2022, y la reclamación fue presentada el 18 de noviembre de 2022. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La persona reclamante solicitó la cancelación de un aval bancario ante la entidad reclamada, la expedición de un certificado de actos presuntos y la resolución del procedimiento iniciado. En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que este adopte una Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. específica decisión o realice una específica actuación (iniciación y resolución de un procedimiento y expedición de un documento. Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. 2. En relación con la petición “la posible iniciación de un procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Gibraleón y al mismo tiempo insten a que dentro del mismo Ayuntamiento se depuren las posibles responsabilidades disciplinarias en que su personal hubiera podido incurrir, si es que esta última petición forma parte de sus funciones”, debemos aclarar que este Consejo carece de competencias sancionadoras a la vista del Título VI LTPA. Y respecto a la posibilidad prevista en el artículo 57.2 LTPA, dado que, tal y como se ha indicado anteriormente, las peticiones realizadas no son encuadrables en el objeto de la LTPA, no es posible determinar que la entidad reclamada haya incurrido en alguna de las infracciones previstas en el citado Título VI. No procede por tanto aplicar el contenido del artículo 57.2 LTPA. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.