Reclamación por denegación de acceso a información sobre gastos del proyecto Tranvía de Alcalá de Guadaíra e informe de ejecución de 2015, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN 1/2023, de 10 de enero Artículos: 24 LTPA; 12 y 19.1 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Dirección General de Fondos Europeos (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 530/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 17 de septiembre de 2022 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Gastos justificados a la Comisión Europea de la inversión destinada al proyecto ''Tranvía de Alcalá de Guadaíra'', CCI: 2018ES16RFMP003 (16,70% de gastos justificados de 112.982.350,23 de Costes subvencionables totales) durante el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014 ¿ 2020 de la anualidad 2018.1 publicado el 19 de junio de 2019 (Referencia: página 186: [enlace]) Gastos justificados a la Comisión Europea de la inversión destinada al proyecto ''Tranvía de Alcalá de Guadaíra'', CCI: 2018ES16RFMP003 (16,72% de gastos justificados de 112.982.350,23 euros de Costes subvencionables totales) durante el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014 ¿ 2020 de la anualidad 2019.1, publicado el 7 de agosto de 2020 (Referencia: Página 193: [enlace]) Gastos justificados a la Comisión Europea de la inversión destinada al proyecto ''Tranvía de Alcalá de Guadaíra'', CCI: 2018ES16RFMP003 (15,81% de gastos justificados de 112.982.350,23 euros de Costes subvencionables totales) durante el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014 ¿ 2020 de la anualidad 2020.0, publicado el 25 de mayo de 2021 (Referencia: Página 201: [enlace]) Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Informe de ejecución de la inversión de 4.000.000 euros destinada al proyecto llamado: `¿TRANVÍA DE ALCALÁ DE GUADAIRA¿¿ (código del proyecto: 2015000250) recogida en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (Página 88 del ANEXO DE INVERSIONES del PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015).” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 3 de octubre de 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Conceder el acceso a la información solicitada en los términos que se le indican a continuación: La línea tranviaria de Alcalá de Guadaíra se configura desde el inicio para dar servicio a toda una comarca y a la mayor zona de concentración industrial y de servicios de la provincia de Sevilla. La conexión ferroviaria entre la Universidad Pablo de Olavide y Alcalá de Guadaíra consiste en una línea tranviaria de unos 12,5 Km que discurre desde la parada de la Universidad Pablo de Olavide de la línea 1 del metro de Sevilla hasta Alcalá de Guadaíra, dando servicio a una comarca con más de 236.000 personas. Se contempla la creación de una nueva doble vía electrificada de una longitud de 8,2 Km en zona interurbana y de una nueva doble vía electrificada de 4,3 Km en el núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra. En el año 2017 fue aprobada la operación FEDER en el marco del Programa Operativo FEDER para Andalucía 2014-2020. La inversión inicial tenía un coste previsto de 112.982.350,23€. Como requisito básico para la obtención de fondos europeos que ayudasen a afrontar una inversión de esta envergadura, se necesitaba la declaración de la actuación como “Gran Proyecto” por parte de la Comisión Europea, declaración de aprobación que se obtuvo en septiembre de 2021. Hasta el momento, teniendo en cuenta las certificaciones realizadas en el periodo 2018-2022 se ha certificado un total de 13.909.690,69€. En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2021, han sido las siguientes: • Licitación del contrato de redacción de los proyectos constructivos relativos a la electrificación y sistemas ferroviarios de toda la línea tranviaria y a los acabados arquitectónicos e instalaciones propias de las estaciones y paradas (en fase de adjudicación a finales de 2021). • Licitación del contrato de fabricación y suministro de seis unidades de material móvil, y del contrato de Asistencia Técnica para la Gestión Integral de Proyectos y Construcción, que permita coordinar las licitaciones, contratos y la ejecución de los mismos, tanto en curso como previstas. Dada la envergadura de este proyecto, y considerando las previsiones en el avance de los proyectos y obras que aún están por ejecutar, se ha planteado su ejecución escalonada entre los dos periodos de programación FEDER, el periodo 2014-2020 y el 2021-2027, puesto que así lo permiten las Directrices sobre el cierre de los programas operativos adoptados para recibir ayuda del FEDER, (DOUE de 14 de octubre de 2021, C417) y el Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones Comunes, que en su artículo 118 establece las condiciones para las operaciones sujetas a ejecución escalonada: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “La autoridad de gestión podrá proceder a la selección de una operación consistente en la segunda fase de una operación seleccionada para recibir ayuda e iniciada con arreglo al Reglamento (UE) 1303/2013, siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: a) la operación, tal como fue seleccionada para recibir la ayuda en virtud del Reglamento (UE) 1303/2013, tiene dos fases identificables desde un punto de vista financiero y con pistas de auditoría independientes; b) el coste total de la operación es superior a 5 000 000 EUR; c) el gasto incluido en una solicitud de pago relativa a la primera fase no está incluido en ninguna otra solicitud de pago relativa a la segunda fase; d) la segunda fase de la operación cumple el Derecho aplicable y puede optar a ayuda del FEDER, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento o en los Reglamentos específicos de cada Fondo; e) el Estado miembro se compromete a llevar a término durante el período de programación la segunda y última fase y a hacerla efectiva en el último informe de ejecución, presentado con arreglo al artículo 141 del Reglamento (UE) 1303/2013.” A la resolución de adjunta el informe de ejecución del Programa Operativo de Andalucía FEDER, anualidad 2018, 19 y 20, con la información correspondiente al proyecto del que se solicita la información. También se adjunta el anexo de inversiones del proyecto del Presupuesto de 2015. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica: “(...). La resolución no se ha pronunciado sobre la siguiente solicitud de acceso a información pública: `¿Informe de ejecución de la inversión de 4.000.000 euros destinada al proyecto llamado: `¿TRANVÍA DE ALCALÁ DE GUADAIRA¿¿ (código del proyecto: 2015000250) recogida en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (Página 88 del ANEXO DE INVERSIONES del PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015)¿¿. Por otra parte, la resolución recoge que: `¿Hasta el momento, teniendo en cuenta las certificaciones realizadas en el periodo 2018-2022 se ha certificado un total de 13.909.690,69?¿¿, pero no especifica cuáles son los gastos concretos certificados de aquellos `¿13.909.690,69?¿¿. Estos gastos concretos ya han sido perfectamente identificados por la Junta de Andalucía, porque los informes de ejecución anual del Programa operativo de Andalucía FEDER 2014 ¿ 2020 publicados entre 2019 ¿ 2021 recogen el porcentaje concreto de gastos certificados a la Comisión Europea del proyecto: `¿tranvía de Alcalá de Guadaíra¿¿, y por tanto la Junta de Andalucía ya ha identificado concretamente los gastos que han sido certificados a la Comisión Europea del proyecto `¿tranvía de Alcalá de Guadaíra¿¿: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. - `¿16¿70¿¿ por ciento por ciento de `¿gastos certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables totales¿¿ en el Informe de ejecución anual Programa operativo de Andalucía FEDER 2014-2020 publicado en el año 2019 (Referencia: página 185 [enlace]) - `¿16,70¿¿ por ciento de `¿gastos certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables totales¿¿ en el Informe de ejecución anual Programa operativo de Andalucía FEDER 2014-2020 publicado en el año 2020 (Referencia pagina 192: [enlace]). - `¿15,81¿¿ por ciento de `¿gastos certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables totales¿¿ en el Informe de ejecución anual Programa operativo de Andalucía FEDER 2014-2020 publicado en el año 2021 (Referencia página 201: [enlace]). SOLICITA (2) Informe de ejecución de la inversión de 4.000.000 euros destinada al proyecto llamado: ''TRANVÍA DE ALCALÁ DE GUADAIRA'' (código del proyecto: 2015000250) recogida en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (Página 88 del ANEXO DE INVERSIONES del PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015). El anexo de inversiones del PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015 en el que se recoge el proyecto llamado: ''TRANVÍA DE ALCALÁ DE GUADAIRA'' (código del proyecto: 2015000250). Desglose de cada uno de los gastos certificados a la Comisión Europea de los fondos FEDER invertidos en el proyecto: `¿tranvía de Alcalá de Guadaíra¿¿ entre 2019 ¿ 2021. Los gastos certificados a la Comisión Europea del proyecto: `¿tranvía de Alcalá de Guadaíra¿¿ ascienden en total a `¿13.909.690,69?¿¿, de `¿112.982.350,23?¿¿ de `¿costes subvencionables totales¿¿ entre 2019 ¿ 2021. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 18 de octubre de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 2 de noviembre de 2022 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. La entidad manifiesta lo siguiente, en lo que ahora interesa: “En la contestación dada a la consulta [nnnnn]-PID@, se dio respuesta a todas las cuestiones solicitadas. En lo relativo a los gastos justificados a la Comisión Europea, se aportó, para mayor sencillez, el valor del importe certificado agregado, teniendo en cuenta las certificaciones realizadas y presentadas a la Comisión Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. en el periodo 2018-2022, ascendiendo a un total de 13.909.690,69€. No obstante, para dar respuesta a esta reclamación, indicamos el importe desagregado por anualidades, que es el siguiente: [se incluye tabla] Los importes negativos corresponden a retiradas de gasto producidas con posterioridad a la presentación de las certificaciones, motivadas bien por la supresión de determinados conceptos elegibles, bien por la aplicación de las correcciones determinadas tras el resultado de las auditorías realizadas. En lo relativo al Informe de ejecución de la inversión de 4.000.000 euros destinada al proyecto llamado: ''TRANVÍA DE ALCALÁ DE GUADAIRA'' (código del proyecto:2015000250) recogida en el Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, indicar que los gastos realizados con cargo a este proyecto de inversión de autofinanciada fueron asociados en su momento a la operación FEDER del Gran Proyecto Tranvía de Alcalá y están incluidos en la certificación la anualidad 2018. La inversión, que corresponde a las obras y dirección de obras del Tramo Universidad Pablo de Olavide- Parque Tecnológico del Proyecto Tranvía Alcalá de Guadaira, ha sido ejecutada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mediante Encomienda de la entonces Consejería de Fomento y Vivienda.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 3 de octubre de 2022, y la reclamación fue presentada el 11 de octubre de 2022, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información era conocer los gastos justificados a la Comisión Europea del Proyecto “Tranvía de Alcalá de Guadaíra” de las anualidades 2018, 2019 y 2020; así como el informe de ejecución de la inversión contenida en el Presupuesto 2015. Como tantas veces hemos declarado, es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a la gestión de los fondos por parte de las Administraciones públicas: “[…] resulta incuestionable que la información referente a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos y la subsiguiente utilización de los mismos constituye un eje central de la legislación en materia de transparencia” (por todas, Resolución 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º). Y así vino a reconocerlo explícitamente el legislador en el arranque mismo del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, LTAIBG): “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos” La entidad reclamada ofreció información agregada de los gastos justificados. La persona reclamante alega que la resolución “no especifica cuáles son los gastos concretos certificados…” y que no se ha entregado el Informe de ejecución de la inversión contenida en el Presupuesto de 2015. En su escrito de alegaciones, la entidad reclamada remite la cantidad justificada desglosada por años, e informa sobre la inversión correspondiente a 2015. Pasamos a analizar cada una de las dos peticiones. 2. Respecto a la petición relativa a los gastos justificados, la dicción de la petición fue “Gastos justificados a la Comisión Europea….de la anualidad 2018...”, repitiéndose para los ejercicios 2019 y 2020. La entidad ofreció sin embargo la cantidad agregada sin especificar la anualidad. A la vista de la que petición desglosaba los tres Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. ejercicios, la entidad debió ofrecer la información desgregada, al menos, por lo tres ejercicios de los que se solicitaba la información. Y así lo entendió en fase de alegaciones de la reclamación, ya que envió a este Consejo la información desagregada por años. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer la información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es la entidad reclamada, y no a este órgano de control, quien debe poner directamente a disposición de la persona interesada la información que atañe a la solicitud en cuestión. De ahí que la ausencia de respuesta alguna por parte del órgano o entidad reclamada a la persona interesada determine, a efectos formales, la estimación de la reclamación. Sin embargo, no puede acogerse la pretensión de la persona reclamante de que “no especifica cuáles son los gastos concretos certificados…”. Siendo cierto que la literalidad de su petición permitía entender que lo que estaba solicitando era el gasto acumulado por años, o bien una relación concreta de los gastos justificados cada año, lo cierto es que la entidad contestó a lo que estimaba era el objeto de la petición (si bien agregada en vez de desagregada por años), no contando en ese momento con la aclaración que se introduce vía reclamación. Por tanto, no podemos entender que la entidad reclamada actuó contrariamente a la normativa de transparencia, en lo que corresponde a este extremo. Esto no impide que la persona reclamante presente una nueva solicitud en la que especifique que lo que desea es la relación de gastos justificados o expresión similar que permita concretar el objeto de la petición. 3. Respecto a la informe de ejecución de la inversión contenida en el Presupuesto de 2011, este Consejo comparte la alegación de la persona reclamante, ya que efectivamente la Resolución de 3 de octubre de 2022, si bien decía conceder el acceso, solo incluía una copia de ficha de la inversión prevista en el Presupuesto de 2015, pero sin incluir ninguna otra referencia. No es sino en fase de alegaciones cuando facilita determinada información, de la que este Consejo no puede deducir claramente si es que el informe no existe, o por el contrario obra en poder de la Consejería competente en materia de fomento o de la Agencia de Obra Pública de Andalucía. En caso de que el informe exista y obre en poder de la entidad reclamada, esta deberá ponerlo a disposición de la persona reclamante; en el caso de que no exista, deberá informarle expresamente de esta circunstancia. Y en el supuesto que se considere que la información obra en poder de otro sujeto obligado, la entidad deberá retrotraer el procedimiento al momento en el que debió remitir la petición a la entidad en la que obraba la información. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Procede pues retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad reclamada debió remitir esta pretensión de la solicitud al órgano en el que obre la información solicitada, así como comunicar a la persona solicitante esta circunstancias, en aplicación del artículo 19.1 LTAIBG. La entidad reclamada deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de cinco días desde la notificación de esta Resolución. Y el órgano que reciba la solicitud deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo previsto en el artículo 31 LTPA, contado a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud. Y, obviamente, contra la resolución expresa o presunta de la petición del interesado podrá presentar la correspondiente reclamación ante este Consejo, si así lo estimara pertinente. De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que procede estimar la reclamación. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada y realizar las actuaciones indicadas teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.