Reclamación de la Comunidad Pinares de San Anton contra el Ayuntamiento de Málaga por denegación de información sobre expediente urbanístico

RESOLUCIÓN 10/2023, de 11 de enero Artículos: 7 c) LTPA; 12 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por COMUNIDAD PINARES DE SAN ANTON (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Málaga (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 521/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2022, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Contenido de la reclamación. 1. La reclamación indica expresamente que: “Que por medio del presente escrito formulamos RECLAMACIÓN ante el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA por los hechos que relatamos a continuación relativos a la negativa de acceso a la información pública que se reseña. PRIMERO: Que esta CP presentó el día 4 de mayo de 2022 ante el Servicio de Infracciones del Departamento de Licencias y Protección Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en relación a las obras que se ejecutan en la XXX n° [nnnnn] de la urbanización “XXX” (OM [nnnnn]), un escrito en eI que se solicitaba: 1°).- La fecha de incoación del expediente sancionador y de protección de la legalidad urbanística (EPLU) por los hechos relatados u otros diferentes, indicándonos su referencia de IF (posteriormente hemos sabido que es el IF-[nnnnn]). 2°).- Los hechos que motivan la incoación de ambos procedimientos, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 3°).- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento. 4°).- Si, dentro de las medidas de carácter provisional recaídas en dichos expedientes sancionador y de protección, se ha dictado orden de paralización de las obras y los motivos que han podido inducir a la misma. Asimismo se nos informe de otras medidas cautelares provisionales que se hayan podido adoptar por considerarlas necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, tales como el precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria o la suspensión de suministros, etc. 5°).- También se nos informe si se le ha solicitado al promotor de la obra nueva documentación técnica o jurídica, precisando la misma. 6°).- Por último, que se nos facilite copia de toda la documentación acreditativa de los solicitado en los puntos que anteceden. Además de otra legislación, citarnos en amparo de nuestro derecho de acceso a la información solicitada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Se acompaña copia de dicho escrito presentado, SEGUNDA: Posteriormente se nos concedió vista del expediente IF- [nnnnn], pero del mismo no se ha podido tener acceso a la siguiente documentación solicitada por esta CP el día de mayo de 2022: 3°).- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento. 5°).- También se nos informe si se le ha solicitado al promotor de la obra nueva documentación técnica o jurídica, precisando la misma. 6°).- Por último, que se nos facilite copia de toda la documentación acreditativa de los solicitado en los puntos que anteceden. (…) S O L I C I T 0 que se tenga por presentado este escrito y por formulada la reclamación en él contenida para, en definitiva, se estime íntegramente la misma de forma tal que se inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para que se facilite toda la información pública requerida (y no parcialmente), imponiéndosele a la misma y/ 0 a los responsables de que no se haya facilitado la misma, el régimen sancionador previsto en la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y/o en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.” 2. Se adjunta a la reclamación un escrito presentado ante la entidad reclamada de 24 de mayo de 2022 con el siguiente contenido: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Como Administrador de la COMUNIDAD PINARES DE SAN ANTON, sita en AVDA. DE SAN ANTON Y OTRAS en la ciudad de Málaga y provista de CIF: [cif], siguiendo las órdenes de la Junta Directiva de la Comunidad, previo saludo que les dejo testimoniado, les significo lo siguiente: • Que la Gerente de la Comunidad [nombre y apellido], solicita la consulta de los expedientes OM/[nnnnn] Y OM/[nnnnn] para poder realizar las comprobaciones oportunas de determinados puntos que puedan afectar a nuestra comunidad. • Seguidamente se exponen los datos [nombre y apellido] para que puedan contactar con ella: (...)” Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 13 de octubre de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. 3. A la vista de la falta de coincidencia entre la solicitud presentada junto a la reclamación y el contenido de esta, el Consejo requiere a la persona reclamante con fecha de 23 de diciembre de 2022 la subsanación de esta deficiencia. La persona reclamante contesta el día 9 de enero de 2023 informado de lo siguiente: “PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante la GMU del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el 4 de mayo de 2022 (no el 25 de mayo de 2022 como indica el Consejo), se solicitó información sobre seis puntos concretos (relacionados en nuestra reclamación ante ese Consejo), todos ellos en relación a las obras que se ejecutan en XXX nº [nnnnn] de la urbanización “XXX” (OM [nnnnn]). SEGUNDO: Que de los seis puntos concretos que solicitó esta CP información a la GMU, tres aún no han sido contestados, por lo que no se ha facilitado íntegramente la información formulada el 4 de mayo de 2022. Concretamente a día de hoy sigue la GMU sin facilitarnos la siguiente información solicitada: 3º).- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento. 5º).- También se nos informe si se le ha solicitado al promotor de la obra nueva documentación técnica o jurídica, precisando la misma. 6º).- Por último, que se nos facilite copia de toda la documentación acreditativa de lo solicitado en los puntos que anteceden. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Por tanto, está meridianamente claro cuál es la información que la GMU no ha facilitado a fecha de hoy a esta CP: los antedichos puntos 3ª, 5º) y 6º) contenidos en nuestro escrito de 4 de mayo de 2022. TERCERO: Que para mayor claridad si cabe, aportamos de nuevo el escrito presentado por esta CP el 4 de mayo de 2022 ante la GMU del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la reclamación presentada ante ese Consejo de Transparencia el 11 de octubre de 2022” Al escrito se acompaña la copia del escrito registrado el 4 de mayo de 2022 dirigido a la entidad reclamada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 4 de mayo de 2022, y la reclamación fue presentada el 11 de octubre de 2022. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Debemos aclarar que aunque parece desprenderse del contenido de la reclamación que la entidad reclamada dio respuesta a la petición de información (“Posteriormente, se nos concedió vista del expediente IF [nnnnn], pero del mismo no se ha podido tener acceso a la siguiente documentación…”), no consta la fecha de este acceso, por lo que no podemos determinar si la reclamación se interpuso dentro del plazo máximo de un mes previsto en el artículo 24 LTAIBG. En virtud del principio pro actione y ante la falta de respuesta del órgano reclamado, se entiende que la reclamación ha sido presentada en plazo. Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo. La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Quinto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Con carácter previo, este Consejo debe aclarar la pertinencia del trámite de subsanación realizado a la vista de las alegaciones presentadas por la persona reclamante. La reclamación presentada describía tres peticiones de información, registradas el día 4 de mayo de 2022, que no habían sido satisfechas por la entidad reclamada. Sin embargo, se adjuntaba copia de una solicitud de información presentada el día 24 de mayo de 2022 ante la misma entidad reclamada y que no coincidía con las peticiones no satisfechas contenidas en la reclamación. No se adjuntó copia de la solicitud presentada el día 4 de mayo de 2022. Ante esta incongruencia, el Consejo solicitó la subsanación de la reclamación, lo que se produjo el día 9 de enero de 2023, adjuntándose, por primera vez, copia de la solicitud presentada el día 4 de mayo de 2022. Por ello, debemos aclarar que, pese a lo indicado en el escrito de subsanación, no quedaba acreditada la presentación de la solicitud ni el objeto de la reclamación, de ahí que fuera necesario realizar el trámite de subsanación. 2. La persona reclamante solicitó acceso a: “1°).- La fecha de incoación del expediente sancionador y de protección de la legalidad urbanística (EPLU) por los hechos relatados u otros diferentes, indicándonos su referencia de IF (posteriormente hemos sabido que es el IF-[nnnnn]). 2°).- Los hechos que motivan la incoación de ambos procedimientos, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 3°).- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 4°).- Si, dentro de las medidas de carácter provisional recaídas en dichos expedientes sancionador y de protección, se ha dictado orden de paralización de las obras y los motivos que han podido inducir a la misma. Asimismo se nos informe de otras medidas cautelares provisionales que se hayan podido adoptar por considerarlas necesarias para garantizar la total interrupción de la actividad, tales como el precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria o la suspensión de suministros, etc. 5°).- También se nos informe si se le ha solicitado al promotor de la obra nueva documentación técnica o jurídica, precisando la misma. 6°).- Por último, que se nos facilite copia de toda la documentación acreditativa de los solicitado en los puntos que anteceden.” La persona reclamante alega que la entidad no ha dado respuesta a las peticiones 3, 5 y 6 de la solicitud de información. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Séptimo. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto, los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “3º).- Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento. 5º).- También se nos informe si se le ha solicitado al promotor de la obra nueva documentación técnica o jurídica, precisando la misma. 6º).- Por último, que se nos facilite copia de toda la documentación acreditativa de lo solicitado en los puntos que anteceden. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Sexto y Séptimo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.