Inadmisión por extemporaneidad de reclamación contra el Ayuntamiento de San Fernando por denegación de información sobre licencias de ocupación de vía pública

RESOLUCIÓN 40/2023, de 30 de enero Artículos: 32 y 33 LTPA; 20 y 24 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de San Fernando (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 16/2023 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2023, la persona reclamante interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 6 de septiembre de 2022, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a: “Yo, {nombre y apellidos] , con DNI, y domicilio en [dirección], por medio del presente escrito solicito al Excmo. Ayuntamiento de San Fernando y, concretamente al área de Urbanismo del citado Ayuntamiento, la siguiente información en base al derecho a la información pública de los ciudadanos reconocido constitucionalmente en el artículo 105. b) de la Constitución Española de 1978 y desarrollado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Normativa expresa en la que se apoyan para otorgar licencias de ocupación de la vía pública. Articulo concreto de la norma en la que se señale el máximo de metros a ocupar en la vía pública por un establecimiento, la distancia entre mesas y respecto a las fachadas próximas y el número máximo de mesas a instalar por un establecimiento.” La persona reclamante reitera la petición el día 10 de noviembre de 2022. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 17 de noviembre de 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En relación a la consulta planteada por [nombre y apellidos], en escritos presentados con fechas de registro de entrada en esta Corporación Municipal de 6 de septiembre y 10 de noviembre de 2022, se pone en su conocimiento que la normativa aplicable al otorgamiento de licencia para la ovp con mesas y sillas es la siguiente: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Real Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, así como la demás normativa que resulte de aplicación.” 3. La persona reclamante dirige un nuevo escrito a la entidad reclamada el 23 de noviembre de 2022 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Pese a la respuesta ofrecida quiero manifestar que no se contesta a mi petición por varias razones. En primer lugar, la normativa facilitada es de carácter general y no responde a mi pregunta puesto que lo que quiero conocer es la norma concreta que el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando utiliza para otorgar las licencias y donde se recogen los requisitos para su otorgamiento (máximo de metros a ocupar en la vía pública por un establecimiento, la distancia entre mesas y respecto a las fachadas próximas y el número máximo de mesas a instalar por un establecimiento, etc.). En ninguna de las normas referenciadas se encuentra la información solicitada sino que se hace mención a los bienes de dominio público, al uso privativo de los mismos y al horario de los establecimientos, entre otros aspectos generales. En segundo lugar, debo indicar que la respuesta ofrecida por el Área de Contrataciones y Patrimonio es incompleta puesto que utiliza la muletilla "...así como la demás normativa que resulte de aplicación", sin indicar expresamente cuál es esa normativa a pesar de que una ciudadana haya pedido esa información.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que la entidad reclamada notificó la respuesta a la solicitud el 17 de noviembre de 2022. Sin embargo, la reclamación no fue presentada hasta el 18 de enero de 2023, por lo que es claro que había transcurrido el plazo previsto en el artículo 24. 2 LTAIBG para su interposición, procediendo consecuentemente a su inadmisión. 3. A este respecto, el hecho de que la persona reclamante presentara tras la notificación de la respuesta un nuevo escrito relacionado con la petición no es causa que justifique la suspensión del plazo de interposición de la reclamación fijado por la legislación reguladora de la transparencia. En efecto, si los intentos tendentes a conseguir la plena satisfacción de sus pretensiones no fructificaron en el plazo previsto, la persona solicitante debió interponer la reclamación dentro del mes que tiene para hacerlo. Una solución contraria a ésta contravendría la seguridad jurídica y el principio de preclusión — principio en cuya virtud, una vez transcurrido el momento procedimental oportuno establecido para la realización de un determinado acto, se pierde la oportunidad de realizar el acto en cuestión—, pues el plazo para interponer la reclamación podría reabrirse libremente por el interesado en función de los reparos u observaciones que decidiera dirigir a la Administración interpelada acerca de la resolución de su solicitud o del cabal cumplimiento de la misma (en esta línea, Resolución 206/2020, FJ 3º). En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Único. Inadmitir a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.