Reclamación por denegación de información pública sobre el campo de fútbol municipal Salva Sevilla en Berja y terminación del procedimiento por respuesta sobrevenida

RESOLUCIÓN 67/2023, de 9 de febrero Artículos: 32 y 33 LTPA; 20 y 24 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra el Ayuntamiento de Berja (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 532/2022 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2022, la persona reclamante interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 15 de julio de 2022, una solicitud ante la entidad reclamada en la que en relación con el campo de fútbol de titularidad municipal “Salva Sevilla” sito en Berja (Almería), solicita: “- copia del acuerdo municipal donde se autoriza su ejecución y construcción “- copia del proyecto técnico objeto de autorización municipal “- copia del expediente administrativo del mismo “- copia en concreto del plano o proyecto donde se define la valla que sirve de elemento de separación entre los espectadores y el campo de juego, su disposición y medidas y cumplimiento de la normativa de la misma (normas UNE-EN, CTE, NIDE, homologaciones, etc...).” [Todo el escrito en mayúsculas]. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Tercero. Contenido de la reclamación. 1. La reclamación presentada el 17 de octubre de 2022 ante este Consejo, indica expresamente: “ (…) 2.- Que el derecho de información, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico. En los expedientes urbanísticos todas las personas disponen de la condición de interesadas sin necesidad de acreditar legitimación especial. Como se decía antes, en las materias relativas al suelo y al urbanismo este derecho a la información y al acceso a los expedientes está directamente relacionado con la acción pública, que permite actuar a cualquier ciudadano o grupo sin necesidad de acreditar interés directo para asegurar el cumplimiento de la legalidad. “La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su art. 13.d, reconoce el derecho de todos los ciudadanos «al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico».”. 2. En el formulario de la reclamación, la persona reclamante consigna que no ha recibido respuesta a su solicitud. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 18 de octubre de 2022 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico en la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 4 de noviembre de 2022 la entidad reclamada remite a este Consejo documentación en relación al asunto en cuestión. Entre la documentación facilitada consta el Decreto 581/2022, de 24 de octubre de 2022, del titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Berja, el cual fue notificado al interesado el 28 de octubre de 2022. Dicho Decreto se expresa, en lo que ahora interesa, en los siguientes términos: “(…) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce el derecho de todo ciudadano a acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en el artículo 13 d) de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. También se reconoce dicho derecho en el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 207 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. “En materia urbanística, el artículo 5 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana recoge en su letra c) el derecho Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. de los ciudadanos a acceder a la información, así como obtener copia de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. “De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 19/2013, ' se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.' “De la documentación solicitada sólo se ha encontrado en esta Administración un expediente relacionado con el campo de futbol de titularidad municipal 'Salva Sevilla', copia del cual se le facilitará en formato digital. “En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, resuelvo: “Primero.- Conceder a el derecho a acceder al expediente [nnnnn] VESTUARIOS DE APOYO A CAMPO DE FUTBOL del cual se remite copia en formato digital, no constando en este Ayuntamiento ningún otro expediente de los solicitados. “Segundo.- Comunicar esta resolución al interesado, al departamento donde obra el expediente administrativo correspondiente, a los efectos oportunos. (…)”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de re- solución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la com- plejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto, la solicitud fue presentada el 15 de julio y la reclamación el 17 de octubre. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero.-Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los conteni- dos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entida- des incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley... ” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Todas las cuestiones planteadas por el reclamante se refieren al campo de fútbol municipal “Salva Sevilla” sito en Berja. En relación a lo anterior, y según se desprende de los documentos obrantes en el expediente, el Decreto 581/2022, de 24 de octubre de 2022, de la persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Berja, resuelve “Conceder a el derecho a acceder al expediente [nnnnn] VESTUARIOS DE APOYO A CAMPO DE FUTBOL del cual se remite copia en formato digital, no constando en este Ayuntamiento ningún otro expediente de los solicitados”. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, y aunque la concreta información que el solicitante reclamaba (referida al proyecto de ejecución y construcción del campo de fútbol “Salva Sevilla”) no le ha sido facilitada, sí se ha resuelto expresamente manifestando de forma explícita que no consta en el Ayuntamiento ningún expediente de los solicitados en relación con el citado campo de futbol. Por tanto, no teniendo este Consejo elementos de juicio para dudar de la inexistencia alegada por la entidad reclamada, y con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante, se estima que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA y que procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. 2. No obstante lo anterior, este Consejo debe hacer una consideración respecto a que de la legislación reguladora de la transparencia deriva un deber de buscar la información por parte de los sujetos obligados, cuyo alcance perfilamos ya en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” En este caso, la entidad reclamada ha optado por dar acceso al único expediente relacionado con el citado campo de fútbol que afirma haber localizado en dicha Administración: el expediente “[nnnnn] VESTUARIOS DE APOYO A CAMPO DE FUTBOL”. Sin embargo, consultada la información existente en la plataforma de contratación del Sector Público dependiente del Ministerio de de Hacienda y Función Pública, este Consejo ha podido encontrar, al menos, otro expediente de contratación [nnnnn] referente a la sustitución del césped artificial de Estadio Municipal "Salva Sevilla" de Berja, con fecha de formalización el 7 de septiembre de 2022, por lo que no parece que en este caso se haya realizado una búsqueda rigurosa y exhaustiva, como sería deseable. No obstante, como quiera que este expediente tampoco es el que solicitaba la persona reclamante, no procede estimar la reclamación planteada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento por la desaparición sobrevenida del objeto de la reclamación respecto a la solicitud de información a la que hace alusión el FJ 4 de la presente resolución.