Reclamación de la asociación Defensa Ciudadana Activa por denegación de información sobre expedientes de cotos de caza, resultando en la desestimación de la reclamación

RESOLUCIÓN 105/2023, de 21 de febrero Artículos: 24 LTPA; 24 LTAIBG. Asunto: Reclamación interpuesta por la asociación Defensa Ciudadana Activa (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra la actual Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul en Cádiz (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 574/22 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 4 de noviembre de 2022 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de agosto de 2022 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso en lo siguientes términos: “ (…) En este sentido se han detectado irregularidades en relación con distintos expedientes de cotos de caza que entendemos afectan a la ciudadanía y por ello se ha procedido a la apertura de expediente informativo sobre las mismas. “En concreto se ha detectado posible incumplimiento del art. 48.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, por la que se podrían haber incluido terrenos en cotos de caza sin conocimiento ni consentimiento de sus titulares. “Por otro lado hemos conocido de los enormes retrasos que se producen, al menos, en algunos de los expedientes relativos a cotos de caza, llegando a tardar más de 3 años en finalizar alguno de ellos. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Dadas las normas del procedimiento administrativo, salvo que se acumulara una cantidad ingente de procedimientos diarios, no entendemos cómo es posible que pasen estos periodos de tiempo aunque, como es lógico, debemos determinar si ocurre en todos o sólo en algunos por causas debidamente motivadas que consten por escrito conforme al art. 71.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “Por lo anteriormente expuesto, solicitamos [en mayúsculas y negrita] “1.- Copia de los índices de documentos de los expedientes [nnnnn] a ]nnnnn]. “2.- Listado de expedientes iniciados en el mes de noviembre de 2019 con expresión de la fecha de inicio y finalización. “3.- En caso de que existan notificaciones a interesados, solicitamos copia de las mismas anonimizando los datos personales o, en caso de que les sea más fácil, información sobre la fecha de los acuerdos notificados, fecha del envío de la notificación y fecha de la recepción por los interesados. “4.- En caso de que no se haya seguido el riguroso orden de incoación de los expedientes, solicitamos copia de las órdenes motivadas conforme al art. 71.2 de la Ley 39/2015. “5.- Copia de las acreditaciones de derechos de uso relativas a los cotos de caza incluidos en la comarca del Campo de Gibraltar presentados para la creación de los mismos conforme al art. 48.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.” Según se infiere de los documentos obrantes en el expediente, parece que la persona reclamante presentó su solicitud de información el día 23 de agosto de 2022 en dos momentos: por un lado fue presentado el escrito de solicitud con referencia [nnnnn] el 23 de agosto de 2022 con los siguientes datos del registro de entrada: 23 de agosto de 2022 a las 17:24:26, núm. [nnnnn]; y por otro lado, ese mismo escrito fue adjuntado a la solicitud presentada a través del formulario de la Plataforma Integrada del Derecho de Acceso (PID@), con los siguientes datos del registro de entrada: 23 de agosto de 2022, a las 17:36:27, núm. [nnnnn]. 2. Con fecha 28 de septiembre de 2022, el Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul en Cádiz, da respuesta a la solicitud de información general formulada por la persona reclamante, contestando así a la solicitud con número de registro [nnnnn]. Figura en el expediente administrativo la acreditación de la notificación con fecha 29 de septiembre. 3. Con fecha 4 de noviembre de 2022 se dicta Resolución por la persona titular de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul en Cádiz —dando respuesta a la solicitud de información pública formulada a través de la Plataforma PID@ con número de registro [nnnnn])—, en los siguientes términos en lo que ahora interesa: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Con fecha 23/08/2022 tuvo entrada en Consejería de sostenibilidad, medioambiente y economía azul [en mayúsculas] la siguiente solicitud de información pública: (...) “Tras el análisis de la solicitud y las comprobaciones necesarias para establecer si le son aplicables las causas de inadmisión previstas en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lo dispuesto en los artículos 2 a), 30 y la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales “resuelve [en mayúsculas] : “Inadmitir la solicitud de información y el archivo de la misma. “Esta misma solicitud ha tenido entrada en el Departamento de Caza y Pesca de esta Delegación Territorial como petición de información general y desde el citado Departamento de Caza y Pesca se ha dado la debida contestación al interesado.” 4. Contra esta Resolución la persona recurrente interpone reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica: “En este caso la administración inadmite nuestra solicitud aunque no especifica claramente los motivos, por lo que presentamos la siguiente reclamación [en mayúsculas] ante la inadmisión de nuestra solicitud.)” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 8 de noviembre el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En la misma fecha, dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 14 de noviembre el órgano reclamado presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. La entidad manifiesta lo siguiente, en lo que ahora interesa: Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. “Como bien indica el interesado en su escrito de Reclamación, desde esta Delegación Territorial se resolvió inadmitir su solicitud de información pública al considerar, y así se señala en la resolución enviada, que esa misma petición de información pública había tenido entrada en el Departamento de Caza y Pesca de esta Delegación como solicitud de información general, constando que desde el citado Departamento de Caza y Pesca ya se había dado la debida respuesta al interesado y no procedía su tramitación como información pública.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 4 de noviembre, y la reclamación fue presentada el mismo día, por lo que no había iniciado el plazo para interponer la reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 LTPA en relación con el artículo 24.2 LTAIBG (“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”). Este hecho supondría la inadmisión de la reclamación al haberse presentado anticipadamente al inicio del plazo para reclamar ante este Consejo. Sin embargo, tras nuestra Resolución 773/2022 y otras similares (Resolución 774/2022, 775/2022 y 788/2022), este Consejo ha modificado su doctrina sobre las reclamaciones presentadas antes de la finalización del plazo máximo de resolución, que tal y como ocurre en este caso, deben admitirse a trámite. A modo de resumen, tal y como se indica en la Resolución 773/2022: “Por lo tanto, y a la vista del razonamiento antes indicado y de los pronunciamientos judiciales reproducidos, aunque se reconociera que la presentación de la reclamación formulada fue anticipada, el criterio más favorable para la persona interesada y que evita una interpretación demasiado rigorista y formalista que deje vacío de contenido el derecho a reclamar, permite considerar que tal reclamación es subsanable por el mero transcurso del tiempo, lo que unido al principio básico de economía procesal, determina que deba admitirse la reclamación formulada.” En todo caso, este Consejo debe aclarar que las reclamaciones deberían presentarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG, a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Según se deduce del expediente de la Reclamación formulada, parece ser que la entidad reclamada recibió la solicitud de información dos veces: la primera con número de registro [nnnnn] a las 17.24 horas; y la segunda, a través de la Plataforma PID@, con número de registro [nnnnn] a las 17.36 horas. Respecto a la primera solicitud de información registrada, consta entre la documentación aportada al expediente, la respuesta elaborada por la persona titular de la Jefatura de Servicio de Gestión del Medio Natural, de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de 28 de septiembre de 2022. Así mismo consta correo electrónico de la misma fecha, remitido por el Departamento de Caza y Pesca a [email protected], con el siguiente contenido: “Se notifica a DEFENSA CIUDADANA ACTIVA , la contestación a su comunicación de fecha 23/08/2022 solicitando copia e información de diversos expedientes de cotos de caza del año 2019. Se adjunta escrito de contestación, listados requeridos, y copia de documentos de los diversos expedientes” Igualmente consta en el expediente el correo de la reclamante acusando recibo de la documentación solicitada. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. Respecto a esta respuesta este Consejo debe poner de manifiesto que, aunque la reclamante no invocaba en su primera solicitud la normativa en virtud de la cual solicita la información, la entidad reclamada debería al menos haberla calificado y haber analizado qué normativa consideraba aplicable, y tramitarla conforme a la misma. Sin embargo en la respuesta de 28 de septiembre de 2022 no se hace referencia a si se emite al amparo de algún régimen específico de acceso aplicable o a la normativa de transparencia. En este sentido hay que recordar, como ya expuso este Consejo en la Resolución 796/2021, que los requisitos exigidos por el artículo 17 de la LTAIBG para la presentación de una solicitud de información no exigen que la persona solicitante exprese que la petición se realiza en virtud de la normativa de transparencia, y que corresponde al órgano o entidad que la recibe calificarla y tramitarla acorde a la normativa que estime de aplicación. En este sentido, se ha pronunciado la Sentencia 49/2018, de 27 de marzo, del Juzgado Central de lo contencioso administrativo n.º 4, confirmada posteriormente por la Audiencia Nacional en Sentencia de 23 de noviembre de 2018, al afirmar expresamente que “En todo caso, no es preciso que se invoca la Ley 19/2013 para que la Administración que recibe una solicitud de información, curse la misma con arreglo a lo previsto en tal Ley”. En este sentido, la LTAIBG reguló un procedimiento general de acceso a la información, cuya aplicación únicamente se exceptúa en los supuestos previstos en la propia normativa de transparencia (Disposición adicional primera LTAIBG y Disposición adicional cuarta LTPA). Esta previsión, unida a los principios y derechos reconocidos en los artículos 6 y 7 LTPA, conducen a considerar que una petición de información pública debe tramitarse acorde a la normativa de transparencia salvo que se acredite la existencia de un régimen específico que regule el acceso a dicha información, como podría ser el contenido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, o en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 2. Posteriormente, el titular de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul en Cádiz dicta Resolución de 4 de noviembre, mediante la cual inadmite la solicitud de información pública presentada a través de la plataforma PID@, con número de registro [nnnnn], por el siguiente motivo: “Esta misma solicitud ha tenido entrada en el Departamento de Caza y Pesca de esta Delegación Territorial como petición de información general y desde el citado Departamento de Caza y Pesca se ha dado la debida contestación al interesado.” Respecto a esta resolución -que es el objeto de la reclamación- es preciso indicar que, como se ha recogido en el fundamento anterior, la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 de la misma Ley, cuya concurrencia debe ser acreditado y motivado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Documento apto para ser publicado en el Portal del Consejo. En este caso la Resolución del órgano directivo periférico no se fundamenta en ninguna de las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, si bien es cierto que ha quedado acreditado que la persona reclamante tuvo acceso a la información solicitada mediante el Informe emitido por el Servicio de Gestión del Medio Natural de fecha 28 de septiembre de 2022. Por ello, y si bien hubiera sido deseable una mayor concreción en la motivación de la respuesta -invocando el artículo 18.1. e) LTAIBG e informando de la fecha de notificación de la respuesta anterior- lo cierto es que la persona reclamante ya había obtenido respuesta a una idéntica petición el día 29 de septiembre de 2022, sin que esta presentara reclamación frente a la misma en el plazo establecido (1 mes). Por ello, y sin perjuicio de lo indicado anteriormente, procede desestimar la reclamación al proceder la inadmisión de la reclamación por ser repetitiva. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.