Reclamación por denegación de información pública sobre complementos de peligrosidad y votos de concejales en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, resuelta por terminación del procedimiento

RESOLUCIÓN 426/2023,de 21 de junio Artículos: 24 LTPA; 24 LTAIBG; 44 LPAC. Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX contra el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 191/2023 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 9 de enero de 2023 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: a) “(…) solicito que se me facilite la información pública que en los archivos del Excmo. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe conste, sobre los siguientes extremos: b) ”Importes mensuales y anuales de los complementos de peligrosidad que en la sesión plenaria extraordinaria de 11 de noviembre de 2022 fueron aprobados. c) “Dicha información se deberá explicitar con respecto a las personas y categorías profesionales a las que afectará. d) “Si los complementos antes descritos se han aprobado para el año 2023 o también para los posteriores. e) “Sentido del voto de cada concejal o concejala, así como al grupo político al que pertenecen. f) “Copia de los informes de la Secretaría General e Intervención, o cualesquiera otros, que con anterioridad a la aprobación se hubiesen emitido.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 20 de marzo de 2023, el Consejo, conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), requiere a la persona reclamante para que subsane la reclamación y adjunte copia del DNI que permita cotejar la identidad con la firma de su representado. Mediante escrito formulado el 26 de marzo de 2023, la persona reclamante cumplimenta el requerimiento efectuado. 2. El 30 de marzo de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En idéntica fecha la solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 3. El 3 de abril la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Entre la documentación remitida consta oficio de 31 de marzo de 2023, en el que se alega: “- Se acompaña copia de los expedientes [nnnnn]/2023 y [nnnnn]/2023. “Asimismo, nos gustaría informar que ambas solicitudes de información, como consta en los expedientes que se les remiten, fueron informadas, tramitadas y notificadas en el domicilio indicado por el interesado en su solicitud, conforme dispone el artículo 41.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y al no haber sido posible su notificación en el lugar indicado, se procedió a su notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la LPACAP.” FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada un Ayuntamiento de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la persona reclamante recurre la desestimación presunta de la solicitud de información formulada el 9 de enero de 2023, conforme al artículo 20.4 de la LTAIBG. No obstante lo anterior, consta en el expediente administrativo la Resolución de la Alcaldía n.º 2023-0012, en virtud de la cual se resolvía: “PRIMERO. Informar al interesado, [se identifica a la persona recurrente], que puede acceder a la información relativa a los “importes mensuales y anuales de los complementos de peligrosidad que en la sesión plenaria extraordinaria de 11 de noviembre de 2022 fueron aprobados, el personal y las categorías profesionales a las que afectará, si los complementos referidos se han aprobado para el año 2023 o también para los posteriores, sentido del voto de cada concejal o concejala así como al grupo político al que pertenecen”, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe: https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/transparency/44a9e9a6-5c95-4f64-9784-40533eebcaa6/ “ACTAS DE PLENO DEFINITIVAS 2022-0010 [Acta Sesión Ordinaria de Pleno 19 Diciembre 2022 Asuntos n.º 4 y 6 del Orden del Día. “SEGUNDO. Permitir el acceso a los informes de la Secretaría General e Intervención emitidos con carácter previo a la adopción de ambos acuerdos , mediante su remisión al interesado.” En este tenor de cosas, figura en el expediente administrativo el intento de notificación debidamente acreditado el 16 de febrero de 2023, a la dirección señalada por la persona ahora recurrente en su solicitud. Según los documentos obrantes en el expediente administrativo, la notificación no se pudo practicar por “dirección incorrecta”. Al respecto, el artículo 43 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, establece que: “No procederá un segundo intento de entrega en los supuestos siguientes: “b) Que la notificación tenga una dirección incorrecta”. Conforme a lo anterior, la notificación debe considerarse infructuosa según dispone el artículo 44 LPAC. Conforme al precepto indicado, la notificación tuvo que realizarse mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Consta en el expediente administrativo la notificación por medio de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el fecha 28 de febrero de 2023. En dicho anuncio se concedía un plazo de 15 días hábiles para acceder al contenido de la Resolución —el cual finalizaba el 21 de marzo—. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la LPAC para las notificaciones infructuosas, y que el Anuncio de notificación publicado en el BOE comunica que tanto la notificación como el expediente de acceso a la información pública (identificado con la referencia Exp. [nnnnn]/2023) se encuentran a disposición de la persona solicitante en Plaza España 1, y que igualmente podrá acceder a través de la Sede Electrónica de la entidad reclamada a través de https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es o a través del Punto de Acceso General https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm. Este Consejo ha analizado el contenido de la resolución recaída, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA, procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento.