Reclamación de OSUNA Y SOTO S.L. contra el Ayuntamiento de Atarfe por denegación de información sobre plusvalías y convenios urbanísticos, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN 633/2023, de 4 de octubre Artículos: 7 c) LTPA; 12 LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por OSUNA Y SOTO S.L. (en adelante, la persona reclamante), representada por XXX, contra el Ayuntamiento de Atarfe (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 424/2023 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2023, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 24 de abril de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “SOLICITA del servicio de URBANISMO amparado en el Art. 105.b de la CE, así como en la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 1. que se me traslade la hoja de cálculo realizada por el servicio Técnico del área de Urbanismo en concepto de Plusvalías generadas por el mencionado convenio al que obligaban las Leyes, calculado sobre incremento de edificabilidad recogido en Convenio y cuyas Cantidades se denominaban DEPOSITO INDISPONIBLES. 2.- Asimismo, SOLICITO que se me trasladen los convenios de fecha SR 13 el 18/02/2003 de importe 222.247¿79 € SR 20 el 22/04/2004 de importe 3.011.133¿88 € SR 21 el 22/04/2004 de importe 1.202.024¿00 € SR 22 el 28/07/2004 de importe 14.550.000 € SR 15,16,17 y 18 el 22/03/2005 de importe 329.522¿92 € SR 2 A el 25/04/2005 de importe 121.778¿22€ SR 2 A el 10/04/2005 de cantidad desconocida SR 2 B el 02/04/2005 de importe 279.383¿86 € SR 3 el 20/04/2005 de importe 960.810 € SR 7 el 26/01/2005 de importe 90.152 € SR 7 el 02/04/2005 de importe 80.751¿99 € UE 8 el 20/07/2005 de importe 2.074.838 € SR 21 el 07/03/2006 de importe 885.450¿00 € SR 15,16,17 y 18 el 08/06/2006 de importe 579.359¿14 € SR 11 el 09/06/2006 de importe 1.382.328 € SR 11 el 12/06/2006 de importe 811.231¿31 € SR 11 el 21/06/2006 de importe 911.703¿47 € SR 7 el 23/06/2006 de importe 167.190¿68 € SR 21 el 10/10/2006 de importe 5.771.793 € SR 15,16,17 y 18 el 28/11/2006 de importe 235.357¿84 € UE 6 el 04/12/2006 de importe 78.656¿76 € UE 2 el 29/01/2007 de importe 73.790¿76 € SR 2 A el 31/05/2007 de importe 188.187¿50€ para comprobar que no ha existido trato diferenciado para dos convenios similares y extrapolables. 3.- Emisión de una nueva CEDULA URBANÍSTICA donde quede reflejada la edificabilidad que le corresponde a las parciales 9,10,15,16,18,19y 21 de la Reparcelación del Sector SR 15,16,17 y 18 tras agregarle el incremento de la edificabilidad resultante del convenio urbanístico mencionado”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 27 de junio de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 28 de junio de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El Consejo requiere el día 13 de septiembre de 2023 a la persona reclamante copia de la solicitud presentada. La persona reclamante responde la petición el día 19 de septiembre de 2023. 3. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 24 de abril de 2023, y la reclamación fue presentada 9 de junio de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada al requerimiento del Consejo. La entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo. A este respecto, resulta oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador. De conformidad con lo establecido en el artículo 28 LTPA, “el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en esta Ley”. Por otra parte, conforme al artículo 24.3 LTAIBG la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos a la norma reguladora del procedimiento administrativo común. Con base en ese marco normativo, este Consejo, una vez que tiene entrada la reclamación, procede a solicitar al órgano reclamado de la información el expediente derivado de la solicitud de información, que esencialmente se refiere a la propia solicitud de información y cuantas actuaciones se deriven de la misma; es decir, fecha en la que tuvo entrada su solicitud en el órgano, trámites de alegaciones concedidos ex 19.3 LTAIBG a personas que puedan resultar afectadas, contestación de los interesados, emisión de informes al respecto, acuerdos de ampliación de plazo, resolución acordada y fecha de notificación y cuantos otros trámites sean acordados durante el procedimiento de resolución. Igualmente se solicita al órgano un informe y cuantos antecedentes, información o alegaciones consideren oportuno para la resolución de la reclamación. Esta solicitud se realiza no sólo por estar regulado expresamente para la resolución de las reclamaciones, sino porque se considera preciso para que este Consejo disponga de los elementos de juicio necesarios y conozca la posición del órgano ante las alegaciones vertidas en la reclamación. Por tal razón, no resulta casual que el artículo 52.2.c) LTPA disponga como infracción grave en la que pueden incurrir las autoridades, directivos y personal de los órganos reclamados “[l]a falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. En el caso que nos ocupa, y como se refleja en los antecedentes, fue solicitada a la entidad reclamante la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo. Comoquiera que sea, conforme a lo previsto en el artículo 80.3, puesto en relación con el artículo 22.1.d), ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones en orden a resolver la reclamación interpuesta. Quinto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: La persona reclamante solicitó acceso a: 1. que se me traslade la hoja de cálculo realizada por el servicio Técnico del área de Urbanismo en concepto de Plusvalías generadas por el mencionado convenio al que obligaban las Leyes, calculado sobre incremento de edificabilidad recogido en Convenio y cuyas Cantidades se denominaban DEPOSITO INDISPONIBLES. 2.- Asimismo, SOLICITO que se me trasladen los convenios de fecha SR 13 el 18/02/2003 de importe 222.247¿79 € SR 20 el 22/04/2004 de importe 3.011.133¿88 € SR 21 el 22/04/2004 de importe 1.202.024¿00 € SR 22 el 28/07/2004 de importe 14.550.000 € SR 15,16,17 y 18 el 22/03/2005 de importe 329.522¿92 € SR 2 A el 25/04/2005 de importe 121.778¿22€ SR 2 A el 10/04/2005 de cantidad desconocida SR 2 B el 02/04/2005 de importe 279.383¿86 € SR 3 el 20/04/2005 de importe 960.810 € SR 7 el 26/01/2005 de importe 90.152 € SR 7 el 02/04/2005 de importe 80.751¿99 € UE 8 el 20/07/2005 de importe 2.074.838 € SR 21 el 07/03/2006 de importe 885.450¿00 € SR 15,16,17 y 18 el 08/06/2006 de importe 579.359¿14 € SR 11 el 09/06/2006 de importe 1.382.328 € SR 11 el 12/06/2006 de importe 811.231¿31 € SR 11 el 21/06/2006 de importe 911.703¿47 € SR 7 el 23/06/2006 de importe 167.190¿68 € SR 21 el 10/10/2006 de importe 5.771.793 € SR 15,16,17 y 18 el 28/11/2006 de importe 235.357¿84 € UE 6 el 04/12/2006 de importe 78.656¿76 € UE 2 el 29/01/2007 de importe 73.790¿76 € SR 2 A el 31/05/2007 de importe 188.187¿50€ para comprobar que no ha existido trato diferenciado para dos convenios similares y extrapolables. 3.- Emisión de una nueva CEDULA URBANÍSTICA donde quede reflejada la edificabilidad que le corresponde a las parciales 9,10,15,16,18,19y 21 de la Reparcelación del Sector SR 15,16,17 y 18 tras agregarle el incremento de la edificabilidad resultante del convenio urbanístico mencionado”. Debemos aclarar que en la reclamación únicamente se incluye la falta de respuesta a las dos primeras peticiones, por lo que solo estas se consideran a efectos de esta reclamación. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Y en el caso de que la información solicitada no exista, se deberá informar expresamente de esta circunstancia. Séptimo. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: 1. que se me traslade la hoja de cálculo realizada por el servicio Técnico del área de Urbanismo en concepto de Plusvalías generadas por el mencionado convenio al que obligaban las Leyes, calculado sobre incremento de edificabilidad recogido en Convenio y cuyas Cantidades se denominaban DEPOSITO INDISPONIBLES. 2.- Asimismo, SOLICITO que se me trasladen los convenios de fecha SR 13 el 18/02/2003 de importe 222.247¿79 € SR 20 el 22/04/2004 de importe 3.011.133¿88 € SR 21 el 22/04/2004 de importe 1.202.024¿00 € SR 22 el 28/07/2004 de importe 14.550.000 € SR 15,16,17 y 18 el 22/03/2005 de importe 329.522¿92 € SR 2 A el 25/04/2005 de importe 121.778¿22€ SR 2 A el 10/04/2005 de cantidad desconocida SR 2 B el 02/04/2005 de importe 279.383¿86 € SR 3 el 20/04/2005 de importe 960.810 € SR 7 el 26/01/2005 de importe 90.152 € SR 7 el 02/04/2005 de importe 80.751¿99 € UE 8 el 20/07/2005 de importe 2.074.838 € SR 21 el 07/03/2006 de importe 885.450¿00 € SR 15,16,17 y 18 el 08/06/2006 de importe 579.359¿14 € SR 11 el 09/06/2006 de importe 1.382.328 € SR 11 el 12/06/2006 de importe 811.231¿31 € SR 11 el 21/06/2006 de importe 911.703¿47 € SR 7 el 23/06/2006 de importe 167.190¿68 € SR 21 el 10/10/2006 de importe 5.771.793 € SR 15,16,17 y 18 el 28/11/2006 de importe 235.357¿84 € UE 6 el 04/12/2006 de importe 78.656¿76 € UE 2 el 29/01/2007 de importe 73.790¿76 € SR 2 A el 31/05/2007 de importe 188.187¿50€ para comprobar que no ha existido trato diferenciado para dos convenios similares y extrapolables” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Sexto y Séptimo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.