Reclamación de acceso a información pública sobre proceso de estabilización de plaza de peón de limpieza y méritos de personal laboral

RESOLUCIÓN 697/2023 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 396/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa Artículos 2.a), 30.a) y 57.2 LTPA; 18.1a), 19.3 y 22.2 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 28 de abril de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "En relación al proceso de estabilización de una plaza de peón de limpieza por el sistema de concurso (BOP 25/11/2022). "Solicita: "1º.- Si la plaza convocada es a jornada parcial o completa, ya que el contenido de la Base 9ª induce a confusión al no guardar correspondencia con el título de la misma. 2º.- Indique el sistema y procedimiento selectivo empleados en la cobertura de la referida plaza desde su creación. 3º.- Indique los méritos acreditados por D. [nombre y apellidos de tercera persona] y que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida. 4º.- Si D. [nombre y apellidos de tercera persona] fue "requerido" por algún empleado municipal a fin de que presentase su instancia al concurso convocado". 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 15 de junio de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 16 de junio de 2023 se recepciona por la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 15 de junio de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 5 de julio de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se adjunta Resolución de la Alcaldía nº 0524/2023, de 31 de mayo de 2023, en el que se pone de manifiesto, en lo que ahora interesa, que: "RESUELVO "PRIMERO. Permitir el acceso a la información descrita en los antecedentes, dando respuesta a lo solicitado: 1º.- Si la plaza convocada es a jornada parcial o completa, ya que el contenido de la Base 9ª induce a confusión al no guardar correspondencia con el título de la misma. "Es a jornada parcial. "Se desconoce la causa de la confusión alegada por el solicitante en tanto el título es del siguiente tenor: [...] "2º.- Indique el sistema y procedimiento selectivo empleados en la cobertura de la referida plaza desde su creación. "Las bases que rigen la cobertura de la plaza derivada de la OEP Extraordinaria para la Estabilización derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, establecen como procedimiento y sistema selectivo el concurso. "En determinado período, dicha plaza ha estado cubierta por el procedimiento selectivo establecido en el Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal. "4º.- Si D. [nombre y apellidos de tercera persona] fue "requerido" por algún empleado municipal a fin de que presentase su instancia al concurso convocado. "No consta a esta Alcaldía dicha información. "SEGUNDO. Suspender el plazo para facilitar la información solicitada en el apartado primero «3º.- Indique los méritos acreditados por D. [nombre y apellidos de tercera persona] y que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida», dado que puede afectar a datos personales de terceros, habiéndosele concedido un plazo de 15 días para realizar alegaciones que estimen oportunas. Todo ello, de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno". 3. El 27 de julio de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la persona reclamante el 27 de julio de 2023 y a la entidad reclamada el 28 de julio de 2023. 4. Con fecha 19 de agosto de 2023 se remite por el reclamante alegaciones a este Consejo, con el siguiente contenido: "Recibida extemporáneamente la respuesta que se adjunta, no constando el resultado del requerimiento efectuado a tercero y habiendo transcurrido holgadamente el plazo de suspensión [sic] legalmente previsto, procede continuar con la reclamación hasta el dictado de una resolución por la que se inste a la entidad a facilitar la información solicitada en el apartado 3º de su solicitud, sin perjuicio de instar la incoación del expediente depurativo de la responsabilidad derivada de la infracción del plazo máximo de resolución". 5. Con fecha 25 de agosto de 2023 este Consejo remite a la entidad reclamada las alegaciones presentadas por la persona reclamante, concediéndose el trámite de audiencia para que, en el plazo de 10 días, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 6. Con fecha 19 de octubre de 2023 tiene entrada en el Consejo alegaciones de la entidad reclamada, en las que se pone de manifiesto que: "Primera. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se dio traslado a D. [nombre y apellidos de tercera persona] de lo solicitado por D. [nombre y apellido de la persona reclamante], otorgándole un plazo de quince días para “(…) manifestar su consentimiento expreso al acceso a la información o realizar las alegaciones que estime oportunas. "Si no responde en el plazo requerido, se presumirá su disconformidad con que se otorgue el acceso a la información solicitada”. "No habiéndose obtenido respuesta. "Segundo. Por Resolución de Alcaldía núm. 899/2023 de fecha 02.10.23 se acordó la suspensión y “No acceder a lo solicitado en el apartado tercero, por encontrarse dicha información en un expediente actualmente en trámites (núm. [nnnnn]/2022). PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE 1 PLAZA DE PEÓN LIMPIEZA, PERSONAL LABORAL FIJO A JORNADA PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DERIVADO DE LA OEP EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DERIVADA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE”. "Dicha Resolución ha sido notificada al reclamante con fecha 04.10.23 (registro de salida núm. 1821). "(Se adjuntan en documento anexo). "Tercero. Este Ayuntamiento se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023; no existiendo la posibilidad de habilitar más medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo prevista en el art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. "No obstante, se reitera que esta Administración ha cumplido con su obligación de resolver establecida en el mismo precepto del párrafo anterior. "Cuarto. Incumplimiento por el reclamante del principio básico de utilidad establecido en el art. 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, dado que no especifica en sus solicitudes la finalidad/-es para la/-s «f) Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicite.» "Por lo que, "Teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por formuladas las anteriores alegaciones a la reclamación (TA-[nnnnn]/2023), al objeto de dictar la correspondiente Resolución". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 28 de abril de 2023, y la reclamación fue presentada el 30 de mayo de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Sobre la falta de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud de información. Antes de abordar el examen de la reclamación, hemos de señalar que la ausencia de respuesta a una solicitud de información pública puede constituir un incumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 32 LTPA, que dispone que las solicitudes “deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible”, que en lo que hace al órgano concernido sería de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG). A este respecto, debemos recordar que todos los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la LTPA están obligados a resolver expresamente en plazo las solicitudes de acceso a información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo puede ser constitutiva de infracción, según dispone el régimen sancionador de la LTPA. Otra consecuencia directa de la ausencia de respuesta en plazo es la producción de un acto presunto de denegación de la solicitud planteada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 LTAIBG, y contra dicho acto se interpone la reclamación que ahora hemos de analizar. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Quinto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Expone: "En relación al proceso de estabilización de una plaza de peón de limpieza por el sistema de concurso (BOP 25/11/2022). "Solicita: "1º.- Si la plaza convocada es a jornada parcial o completa, ya que el contenido de la Base 9ª induce a confusión al no guardar correspondencia con el título de la misma. 2º.- Indique el sistema y procedimiento selectivo empleados en la cobertura de la referida plaza desde su creación. 3º.- Indique los méritos acreditados por D. [nombre y apellidos de tercera persona] y que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida. 4º.- Si D. [nombre y apellidos de tercera persona] fue "requerido" por algún empleado municipal a fin de que presentase su instancia al concurso convocado". Este Consejo ha tenido ocasión de subrayar la relevancia que, para nuestro sistema de transparencia, tiene la información incluida en este ámbito material, afirmando reiteradas veces que: «En lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dada la relevancia de este sector de la gestión pública, no ha de extrañar que la propia LTPA lo mencione repetidas veces entre los asuntos objeto de publicidad activa, ya que exige a las enti- dades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley que publiquen información relativa a “las relaciones de puestos de trabajo, catálogo de puestos o documentos equivalentes referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales” [art. 10.1 g)], así como a “los procesos de selección del personal” [art. 10.1 k)]. «Así pues, en cuanto exigencia de publicidad activa, las administraciones públicas están ya obligadas a publicar por su propia iniciativa, sin que medie solicitud alguna, los procesos de selección del personal a su servicio. Pe- ro, como es obvio,el hecho de que exista este deber ex lege de publicar de oficio dicha información no empece, en modo alguno, a que pueda ser reclamada por cualquier ciudadano a través del ejercicio del derecho de ac- ceso a la información pública, como ha sucedido en este caso. E incluso, como no es menos evidente, nada im- pide que, por esta vía, se solicite información suplementaria que vaya más allá de la que deba proporcionarse en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» (Resoluciones 32/2016, de 1 de junio y 126/2018, de 19 de abril)”. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. 2. Pues bien, en relación con la información requerida en los puntos 1º, 2º y 4º de la solicitud, se ha de indicar que entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. A este respecto debe destacarse que en las alegaciones presentadas el 19 de agosto de 2023 por la persona reclamante tras la notificación de la contestación de la entidad reclamada se hace referencia a que "Recibida extemporáneamente la respuesta que se adjunta, (...) procede continuar con la reclamación hasta el dictado de una resolución por la que se inste a la entidad a facilitar la información solicitada en el apartado 3º de su solicitud". Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto en relación con la información requerida en los apartados 1º, 2º y 4º de la solicitud. 3. Lo solicitado en el punto 3º de la solicitud es la referida a "los méritos acreditados por D. [nombre y apellidos de tercera persona] y que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida". La entidad reclamada, tras la concesión del trámite de audiencia a la persona afectada y no habiéndose obtenido respuesta alguna, contestó al solicitante de la información no concediendo el acceso "a lo solicitado en el apartado tercero, por encontrarse dicha información en un expediente actualmente en trámites (núm. [nnnnn]/2022). PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE 1 PLAZA DE PEÓN LIMPIEZA, PERSONAL LABORAL FIJO A JORNADA PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DERIVADO DE LA OEP EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DERIVADA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE”. A la vista de las alegaciones presentadas por la entidad reclamada, podría entenderse que la entidad quiso aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG (información en curso de elaboración), pues a la fecha de presentación de la solicitud, el proceso de estabilización de la plaza de peón de limpieza no estaba finalizado. Estamos ante una posible aplicación de la causa de inadmisión contemplada en el art. 18.1.a) LTAIBG. tal y como alega la entidad reclamada: “se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.” No podemos, sin embargo, compartir esta argumentación con la que la entidad reclamada fundamenta la inadmisión de petición de información formulada en el punto tercero de la solicitud. Y ello porque según deducimos de los términos en que está redactada dicha petición de información (referida a los méritos “...que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida”), a juicio de este Consejo, la información que desea conocer la persona reclamante no se refiere a los méritos que la tercerza persona afectada haya podido acreditar durante el plazo de presentación de solicitud al proceso de estabilización de la plaza de peón limpieza convocado en noviembre de 2022, sino a los méritos que justificaron que esa tercera persona ocupara la plaza indicada en el pasado y de forma “reiterada”, según la persona reclamante. Méritos que podrían estar recogidos en la o las convocatorias de los procedimientos selectivos establecidos en el Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal, a la vista de la respuesta a la segunda petición. De existir dicha información, la misma tendría la consideración de “información Pública”, por tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardinaría claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna otra causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. En el caso de que la información solicitada no existiera, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del solicitante exigiría que su petición también sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Procede por tanto estimar la reclamación, en lo relación con lo solicitado en el apartado tercero de la solicitud de información. Debemos aclarar que si las contrataciones estuvieron amparadas por el Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal, la respuesta deberá limitarse a la referencia a los méritos o requisitos genéricos exigidos por este Programa para las personas beneficiarias. Y es que la documentación que la tercera persona hubiera podido presentar para acreditar esos méritos, podría contener datos personales encuadrables en el apartado 15.1 LTAIBG. Y en el caso de que contuviera otros datos personales encuadrables en el apartado 15.3 LTABG, este Consejo entiende que primaría la protección de datos personales frente al derecho de acceso en la ponderación exigida por dicho artículo. Dada la naturaleza de la convocatoria y de los requisitos de participación que previsiblemente contiene, la información afectaría negativamente a la intimidad de estas personas, lo que haría decantar la ponderación a favor de la denegación del acceso, a la vista del apartado d) del citado artículo 15.3. 4. Por otro lado, tampoco puede este Consejo compartir la afirmación hecha por la entidad reclamada acerca del "incumplimiento por el reclamante del principio básico de utilidad establecido en el art. 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, dado que no especifica en sus solicitudes la finalidad/-es…”. En primer lugar porque el principio de utilidad va destinado principalmente a la entidad a la que se solicita la información, que en virtud de dicho principio debe suministrar la información pública adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicita, siempre que sea posible. Y en segundo lugar por cuanto se ha de tener en cuenta que según el artículo 17 LTAIBG las personas solici- tantes no están obligadas a motivar la solicitud; y, aunque pueden incluirse los motivos que justifican la petición, la ausencia de motivación no puede por sí sola ser causa de rechazo de la petición. 5. En relación con su petición incluida en su reclamación relativa a “recibida extemporáneamente la respuesta que se adjunta, (...), sin perjuicio de instar la incoación del expediente depurativo de la responsabilidad derivada de la infracción del plazo máximo de resolución", se debe indicar que este Consejo considera que no concurren los requisitos exigidos por el artículo 57.2 LTPA para que se inste un procedimiento sancionador o disciplinario, por los motivos que se indican a continuación. El artículo 52.3. b) considera como infracción leve “El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública”. El Ayuntamiento ha alegado en el escrito de alegaciones formulado a este Consejo que se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023; no existiendo la posibilidad de habilitar más medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo prevista en el art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por otra parte, el Ayuntamiento ha cumplido, si bien fuera de plazo, con su obligación de responder prevista en la normativa de procedimiento administrativo. A estos datos debemos unir el elevado número de solicitudes de acceso que recibe el Ayuntamiento, a la vista de la inforamción remitida en los procedimientos de reclamación tramitados por este Consejo. Por tanto, este Consejo considera que, sin perjuicio de que la entidad reclamada podría haber prorrogado el plazo máximo de resolución si consideraba que concurrían los requisitos exigidos por el artículo 20 LTAIBG, no concurren los requisitos exigidos por el tipo objetivo de las citadas infracciones al no poder considerar que el incumplimiento haya sido injustificado. Por otra parte, tampoco consta en el expediente documentación que acredite que la entidad actuó con culpa en la tramitación de los expedientes, por lo que tampoco concurrirían las exigencias del artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. Tampoco podemos entender que concurran los requisitos exigidos por el artículo 52.2 b) LTPA, que establece como infracción grave “El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública”. No considerándose que concurren los requisitos exigidos para la infracción leve, no podemos valorar que sí concurren los de la infracción grave, que si bien tienen una redacción diferente, resulta evidente que están estrechamente relacionadas. 6. Este Consejo debe hacer una aclaración respecto a la afirmación de la entidad reclamada de que “Si no responde en el plazo requerido, se presumirá su disconformidad con que se otorgue el acceso a la información solicitada”, en relación con el trámite de alegaciones a terceras personas. Debemos recordar que el citado trámite previsto en el artículo 19.3 LTAIBG no les concede un “derecho de veto” a la decisión sobre el acceso a la información. Si bien el artículo 22.2 LTAIBG regula las consecuencias de la oposición del tercero al acceso, la entidad reclamada no puede verse condicionada necesariamente por las alegaciones -o la falta de alegaciones- de esta tercera persona. Sus alegaciones -o falta- deberán ser tenidas en cuenta a la hora de resolver, al tener la condición de personas interesadas en el procedimiento-, pero no pueden predeterminar la decisión de la entidad. Cuestión distinta es que la entidad entienda -legítimamente- que la falta de respuesta de la tercera persona deba ser considerada como una negativa al acceso. Aunque esta presunción no justifica en ningún caso la aplicación del artículo 22.2 LTAIBG (“Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información”) Sexto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “ 3º.- Indique los méritos acreditados por D. [nombre y apellidos de tercera persona] y que hayan justificado su reiterada ocupación de la plaza referida". La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Quinto, apartado tercero, y Sexto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento, en relación con la petición contenida en el apartado segundo del Fundamento Jurídico Quinto. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.