Reclamación por denegación de acceso a nombres de cargos públicos en contrato de Alta Dirección y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN 718/2023, de 7 de noviembre Artículos: 24 LTAIBG y 33 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante), contra la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía, S.A. (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 570/2023 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 15 de abril de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Solicito copia del primer contrato de Alta Dirección de [nombre y apellidos]” 2. La entidad reclamada contestó la petición mediante Resolución de 26 de mayo de 2023, de la Dirección Gerencia de la empresa pública estimando el acceso, “una vez disociados los datos de carácter personal”. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Me han facilitado el documento que pido PERO HAN BORRADO LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS COMPETENTES Y PÚBLICAS QUE REPRESENTA A LA EMPRESA PÚBLICA. Ruego que se me de dicho documento pero sin borrar los nombres de las personas competentes y públicas del contrato publico.” En la reclamación, se indica como fecha de recepción de la respuesta el día 17 de junio de 2023. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 7 de agosto de 2023, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. El 8 de agosto de 2023 la solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 8 de septiembre de 2023, la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Concretamente, remite informe en el que se indica lo siguiente, en lo que ahora interesa: “ Por otra parte, entendemos que esta reclamación debe ser inadmitida por haber sido presentada fuera de plazo, dado que la contestación a la solicitud de información se llevó a efecto el día 26.05.2023 y la reclamación a ese Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucia, fue presentada el día 27.07.2023, esto es finalizado el plazo para presentar reclamación establecido en el articulo 33.1 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía Por todo lo expuesto, entendemos que no ha lugar a la reclamación presentada por el ciudadano y solicitamos su desestimación y archivo”. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.i) LTPA, al ser la entidad reclamada una sociedad mercantil del sector público andaluz, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 17 de julio de 2023, y la reclamación fue presentada el 27 de julio de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. La entidad ha alegado que respondió la petición mediante correo de fecha de 26 de mayo de 2023. Si bien ha remitido copia del envío, no se ha adjuntado documentación que acredite la fecha de su recepción, por lo que no disponemos de elementos de juicio para poder afirmar que fue esta la fecha de recepción de la resolución reclamada. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Solicito copia del primer contrato de Alta Dirección de [nombre y apellidos]” La entidad concedió el acceso, previa disociación de los datos personales. La persona reclamante solicita que se entregue la documentación “sin borrar los nombres de las personas competentes y públicas del contrato publico”. La cuestión versa por tanto en conocer si la entidad actuó correctamente al ocultar los datos del consejero delegado de la Empresa Pública. La copia facilitada también oculta la identidad de la persona contratada, aunque este dato ya es conocido por la parte reclamante a la vista de la solicitud de información, por lo que no lo considerarmos objeto de la reclamación. Este Consejo considera que la respuesta de la entidad reclamada fue conforme a la normativa de transparencia. La persona reclamante solicitó una copia del contrato de trabajo, sin especificar si deseaba conocer la identidad de la parte firmante contratista. La entidad se limitó a aplicar el contenido del artículo 15.4 LTAIBG (“No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas ”), por lo que entregó la información previa disociación de datos personales, especialmente si tenemos en cuenta que el contrato se firmó en el año 2015. Procede pues desestimar la reclamación, sin perjuicio del derecho de la persona reclamante de presentar una nueva solicitud de información sobre la identidad del consejero delegado de la empresa en el ejercicio 2015, información que en todo caso es de fácil acceso en la web. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Desestimar la Reclamación.