Reclamación por denegación de información sobre costes y efectos sanitarios del vertido de la mina Boliden

RESOLUCIÓN 770/2023, de 23 de noviembre Artículos: DA cuarta LTPA; 14.1. f) LTAIBG y DA primera LTAIBG Asunto: Reclamación interpuesta por XXX (en adelante, la persona reclamante) en contra de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica (en adelante, la entidad reclamada) por denegación de información pública. Reclamación: 418/2023 Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 25 de marzo de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “ (...)1º Información sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente, o no. 2º Considerando lo anterior, daños, perjuicios y costes relacionados con efectos de los vertidos tóxicos en la salud de quien estuviera expuesto en algún momento. 3º De lo anterior, que se informe con el mayor detalle posible de cualquier incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, con o sin valoraciones médicas y epidemiológicas, así como secuelas en lactantes. Todos los bancos de leche materna deberían haber desarrollado programas de biomonitorización estandarizados, con guías de referencia y datos o metadatos para estudios estadísticos en la zona de la catástrofe minera de Boliden” (…). 2. La entidad reclamada contestó la petición el 16 de mayo de 2023 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) TERCERO. -En relación con la solicitud de información pública presentada por [nombre y apellidos] la Unidad de Transparencia de la Consejería de Salud y Consumo ha emitido informe con fecha 4 de mayo de 2023 en el que se hace constar que se ha comunicado la referida solicitud a la Unidad de Transparencia del Servicio Andaluz de Salud, que informó con fecha 12 de abril de 2023 que el Servicio Andaluz de Salud no es órgano competente, no existiendo en el ámbito de esta entidad información de ninguno de los puntos de la solicitud presentada. Asimismo, la Unidad de Transparencia de la Consejería de Salud y Consumo comunicó la referida solicitud a la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, que informó con fecha 13 de abril de 2023 que la Secretaría General no es órgano competente, no existiendo en el ámbito de este órgano información de ninguno de los puntos de la solicitud presentada. CUARTO.- En relación con la información pública solicitada disponible en esta Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y conforme al ámbito propio de sus competencias, esta Dirección General manifiesta que: 1) Respecto de los "daños, perjuicios y costes por rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente o no", la Consejería de Salud y Consumo no ha reclamado nada extrajudicialmente, y en cuanto a la reclamación judicial al respecto, al tratarse de un procedimiento judicial vivo, el ahora solicitante deberá recabar la información del órgano judicial que conoce del asunto, en base a la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, bajo la rúbrica “Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública” establece que: “2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” El acceso a las actuaciones judiciales se rige por lo dispuesto en los artículos 232 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales y demás disposiciones de desarrollo. En particular, el artículo 234 LOPJ tras la modificación realizada por el apartado treinta y cuatro del artículo único de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio), y el artículo 235 LOPJ. 2) Respecto de los "daños, perjuicios y costes relacionados con efectos de los vertidos tóxicos en la salud de quien estuviera expuesto en algún momento", en esta Dirección General no consta información al respecto, ni se tiene conocimiento de si se solicitó responsabilidad patrimonial por alguna persona, o si alguna de las personas de las empresas o de quienes actuaron retirando lodos tuvieron algún tipo de afección como consecuencia del vertido. 3) Respecto de "cualquier incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, con o sin valoraciones médicas y epidemiológicas, así como secuelas en lactantes", tampoco se tiene constancia de tal información en esta Dirección General (…). Tercero. Sobre la reclamación presentada 1. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Es gravísimo que ni la Junta de Andalucía, ni el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España tengan ninguna información equivalente sobre los daños producidos por la exposición prolongada y continua de las personas residentes en Aznalcóllar y su entorno, pero mucho más grave aún es que se oculte con denegaciones como las reclamadas en lo adjunto (...). En nuestra opinión, todas las autoridades competentes, tanto en Sanidad, como en Minería y Medio Ambiente, deberían extremar su celo para la detección, estudio y vigilancia de los daños a la salud, muy especialmente, de lactantes y menores, coordinándose en todo el mundo para establecer eficaces protocolos con la máxima transparencia. Las respuestas de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Sanidad no solamente son reclamables por inadmisibles, sino que debieran motivar duras actuaciones de oficio contra los responsables de disfunciones y omisiones, y de la dejación de funciones en perjuicio de menores afectados. Sin información relevante ni transparencia en daños a la salud de poblaciones próximas a zonas en las que se han producido catástrofes mineras y medioambientales con toxicidad, los hechos pueden volver a repetirse a la vista de las noticias que pueden leerse sobre los proyectos mineros en la zona de Aznalcóllar, lo que no solamente es opaco y ocultista, sino muy alarmante y, por ello, además de formalizar esta reclamación, pedimos a las autoridades que actúen de oficio y nos reservamos todos los derechos más allá de lo aquí reclamado (…). Es inverosímil que el Ministerio de Sanidad ignore por completo todo lo relativo al efecto en la salud de los vertidos tóxicos de Boliden desde 1998 y en todo caso, al menos, debería tener conocimiento de toda posible incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, con o sin valoraciones médicas y epidemiológicas, así como secuelas en lactantes. Todos los bancos de leche materna ya deberían haber desarrollado sus programas de biomonitorización estandarizados, con guías de referencia y datos o metadatos para estudios estadísticos en la zona de la catástrofe minera de Boliden (…). Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 23 de junio de 2023, el Consejo solicitó a la persona requirente la subsanación de su petición, en orden a que remita copia de la documentación presentada por la que solicita información, con fecha y registro de entrada. Mediante escrito, de fecha 3 de julio de 2023, la persona solicitante subsanó su requerimiento, remitiendo a este Consejo copia de las solicitudes de acceso formuladas y el registro de entrada de aquellas, con indicación de la fecha de registro y presentación, número de registro, el asunto y organismo destinatario. 2. El 23 de junio de 2023, se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 3. El 19 de julio de 2023, la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye un informe emitido en relación a la reclamación. En lo que interesa, señala que: “La resolución emitida de forma acumulada con fecha 16 de mayo de 2023 inadmite de forma razonada las solicitudes de información pública del interesado, concretando en su antecedente cuarto que no se cuenta con la información solicitada, especificando respecto de los "daños, perjuicios y costes por rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente o no", que la Consejería de Salud y Consumo no ha reclamado nada extrajudicialmente, y en cuanto a la reclamación judicial al respecto, al tratarse de un procedimiento judicial vivo, el ahora solicitante deberá recabar la información del órgano judicial que conoce del asunto. En estos casos, se entiende que procede la inadmisión, conforme razona el fundamento de derecho tercero de la resolución, invocando sendas resoluciones de ese Consejo (Resolución 469/2022 de 1/7/2022, y Resolución 499/2022 de 13/7/2022), sin que la reclamación haya señalado algún dato que lleve a otra conclusión”. 4. El 1 de agosto de 2023, el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el día 2 de agosto de 2023. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi- miento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 16 de mayo de 2023, y la reclamación fue presentada el 13 de junio de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “(...)1º Información sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente, o no. 2º Considerando lo anterior, daños, perjuicios y costes relacionados con efectos de los vertidos tóxicos en la salud de quien estuviera expuesto en algún momento. 3º De lo anterior, que se informe con el mayor detalle posible de cualquier incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, con o sin valoraciones médicas y epidemiológicas, así como secuelas en lactantes. Todos los bancos de leche materna deberían haber desarrollado programas de biomonitorización estandarizados, con guías de referencia y datos o metadatos para estudios estadísticos en la zona de la catástrofe minera de Boliden(…).” 2. Primeramente, en lo que respecta al acceso a: (i) la información sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa reclamados extrajudicialmente; (ii) los daños, perjuicios y costes relacionados con efectos de los vertidos tóxicos en la salud de quien estuviera expuesto; y, (iii) detalle de cualquier incidencia en embarazadas y lactantes, con muy especial atención a los datos indiciarios de los efectos de la contaminación tóxica en muestras de leche materna analizada, la entidad reclamada esgrimió que dichos antecedentes no obran en su poder. Al efecto, sobre el numeral (i) expuso que la Consejería de Salud y Consumo no ha reclamado nada extrajudicialmente. Seguidamente, en lo tocante al numeral (ii) expresó que en la Dirección General no consta información al respecto, ni se tiene conocimiento de si se solicitó responsabilidad patrimonial por alguna persona, o si alguna de las personas de las empresas o de quienes actuaron retirando lodos tuvieron algún tipo de afección como consecuencia del vertido. Finalmente, con relación al numeral (iii), indicó que tampoco se tiene constancia de tal información en la Dirección General. Este Consejo no puede sino compartir las alegaciones presentadas por la parte reclamada. Al efecto, el órgano interpelado manifestó expresa y consistentemente en su Resolución y en sus alegaciones que los antecedentes objeto de la solicitud de acceso no obran en su poder. En el mismo sentido, este Consejo carece de elementos de juicio para dudar de la no disponibilidad alegada por la entidad reclamada. Sobre lo anterior, este Consejo debe recordar su doctrina sobre la documentación inexistente Conforme a lo establecido en el artículo 2.a) LTPA, ya reproducido, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. En el caso de que la información solicitada no exista o no pueda localizarse, el derecho de acceso a la información pública del solicitante se ve satisfecho si la petición es resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la dictada en este caso, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. En el supuesto planteado en la presente reclamación, la entidad reclamada alega, precisamente, que no le consta la información solicitada, no siendo posible, por tanto, dar acceso al reclamante a esta concreta información. Por ello, procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” Procede por tanto desestimar la reclamación en esta parte. 3. A continuación, en lo que atañe al acceso a la información sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente, la entidad reclamada argumentó que al tratarse de un procedimiento judicial vivo, el solicitante deberá recabar la información del órgano judicial que conoce del asunto, en base a la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece lo siguiente: “(…) Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Considera la entidad reclamada que “El acceso a las actuaciones judiciales se rige por lo dispuesto en los artículos 232 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales y demás disposiciones de desarrollo. En particular, el artículo 234 LOPJ tras la modificación realizada por el apartado treinta y cuatro del artículo único de la L.O. 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 22 julio), y el artículo 235 LOPJ”. Procede, por tanto, analizar en primer lugar si, como pretende la recurrente, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, contienen un procedimiento de acceso específico de acceso a la información, y si, en tal caso, debió acudirse a dicha normativa para solicitar la información requerida en el caso que nos ocupa. Antes de realizar dicho análisis debemos poner de manifiesto que la resolución recaída adolece de una escasa motivación ya que no ofrece ningún dato ni identifica el proceso judicial “vivo” que le sirve de fundamento para inadmitir la solicitud de información por entender que el acceso a la información de dicho procedimiento judicial debería realizarse conforme a la normativa específica de acceso y que la persona solicitante debería recabarla del órgano judicial que conocía del asunto. Presupone este Consejo que el “procedimiento judicial vivo” al que alude la entidad reclamada es el derivado de la autorización concedida por el Consejo de Gobierno, el 2 de julio de 2022, para la iniciación de acciones civiles por el vertido producido en 1998 en la mina de Boliden Apirsa en Aznalcóllar (Sevilla), cuyo objetivo era el resarcimiento, en concepto de daños y perjuicios, de los costes asumidos por la Administración autonómica en la restauración de la zona afectada. Este proceso ha sido visto por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Sevilla con el núm. 1407/2022. Advertido lo anterior, hay que indicar que el artículo 234.2 de la LOPJ dispone que las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales. El artículo 4 de la citada Ley 18/2011, de 5 de julio, reconoce a los ciudadanos que tengan la condición de parte o acrediten un interés legítimo en un procedimiento, el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de él, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales. El art. 235 de la LOPJ señala “El acceso a las resoluciones judiciales o a determinados extremos de las mismas, o a otras actuaciones procesales, por quienes no son parte en el procedimiento y acrediten un interés legítimo y directo, podrá llevarse a cabo previa disociación, anonimización u otra medida de protección de los datos de carácter personal que las mismos contuvieren y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda”. Este precepto se debe entender como referido al acceso a los archivos judiciales en tanto conjunto de documentos, procesos, etc, ya conclusos. A su vez, el artículo 5 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, dispone que: “ 1. En las oficinas judiciales o unidades análogas existirá un Archivo Judicial de Gestión en el que se clasificarán y custodiarán los documentos judiciales correspondientes a cada proceso o actuación judicial que se encuentre en tramitación, en donde permanecerán mientras constituyan asuntos susceptibles de resolución judicial o de terminación de la ejecución iniciada. Asimismo, para una mejor gestión y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá encomendarse a un Servicio Común que atienda los Archivos Judiciales de Gestión de diferentes salas o secciones de uno o más tribunales, o de varios juzgados. 2. Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15. Excepcionalmente, el plazo anterior podrá ser reducido cuando el espacio disponible aconsejara que el período de permanencia en el Archivo Judicial de Gestión fuera menor. Los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resolución que ponga fin a éstos podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial transcurrido un año desde la firmeza de la resolución, salvo que deba procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 15 ” Y en su artículo 7, titulado Acceso a la documentación del Archivo Judicial de Gestión, en los apartados 1 y 2 establece que: “1. Quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podrán acceder a la documentación conservada en los Archivos Judiciales de Gestión, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación legalmente prevista, salvo cuando tenga carácter reservado. Corresponde al secretario del juzgado o tribunal respectivo facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos o procedan de éstos, en la forma y con los requisitos establecidos en el capítulo I del título I del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial. 2. El acceso por el propio afectado a sus datos de carácter personal recogidos en el Archivo Judicial de Gestión sólo podrá ser denegado en los supuestos previstos en la legislación vigente. Si el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal fuese solicitado por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, sólo será concedido cuando el procedimiento hubiera concluido y exclusivamente en los supuestos previstos por el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o cuando el interesado hubiera prestado su consentimiento a dicho acceso”. Por su parte, el artículo 12 regula el acceso a la documentación del Archivo Judicial Territorial o Central, estableciendo los legitimados para acceder, y la forma de presentación de la solicitud – ante el secretario responsable del archivo de que se trate, quien facilitará a los interesados el acceso a los documentos judiciales que consten en sus archivos, en la forma y con los requisitos establecidos en el capítulo I del título I del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial. A la vista de la anterior regulación, este Consejo entiende que la misma establece un régimen específico de acceso a la información que conste en los expedientes obrantes en los archivos judiciales para quienes hubiesen sido parte en los procesos judiciales o sean titulares de un interés legítimo. Asimismo, dicha normativa establece un régimen de impugnaciones o recursos propio, al establecer que en el caso de que el secretario judicial deniegue el acceso a los documentos, el acuerdo denegatorio será revisable por el juez o presidente del órgano judicial al que corresponda la documentación, de acuerdo con lo prevenido en el apartado tercero del artículo 4 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Cabe citar a los efectos de reforzar esta conclusión que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en las que ha analizado e indicado los términos en los que se ha de interpretar la aludida DA 1ª. Así, la sentencia (Contencioso), sec. 3ª, de 25-01-2021, nº 66/2021, rec. 6387/2019 expresa entre otros extremos que: “Se constituye por tanto la LTAIBG como la normativa básica transversal que regula esta materia, al tiempo que complementa al resto de las normas. Las previsiones de la LTAIBG quedan desplazadas, actuando en este caso como supletorias, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y específico de acceso a la información, de conformidad con lo establecido por la disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG. Como dijimos en nuestras sentencias de 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019) y de 19 de noviembre de 2020, antes citada: "...el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse…………………régimen propio y específico de acceso a la información, que determine los sujetos legitimados, el procedimiento, el contenido y límite de la información accesible y otros aspectos del ejercicio del derecho de acceso……..”. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Contencioso), sec. 3ª, de 08-03-2021, n.º 314/2021, rec. 1975/2020 argumenta “El desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por lo tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse………….. Así, hemos de aclarar, en primer lugar, que sin duda hay un régimen específico propio cuando en un determinado sector del ordenamiento jurídico existe una regulación completa que desarrolla en dicho ámbito el derecho de acceso a la información por parte, bien de los ciudadanos en general, bien de los sujetos interesados. En tales supuestos es claro que dicho régimen habrá de ser aplicado con carácter preferente a la regulación de la Ley de Transparencia, que en todo caso será de aplicación supletoria para aquellos aspectos que no hayan sido contemplados en tal regulación específica siempre, claro está, que resulten compatibles con ella…………….Sin embargo, más frecuente que una regulación alternativa completa es la existencia, en diversos ámbitos sectoriales, de disposiciones, anteriores a la Ley de Transparencia, que contienen previsiones que afectan al derecho de acceso a la información, muy especialmente en relación con sus límites………... Pues bien, hemos de precisar que en estos casos, aunque no se trate de regímenes completos tales regulaciones parciales también resultan de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional de la Ley de Transparencia, manteniendo ésta su aplicación supletoria en todo lo demás, esto es, el marco general del derecho de acceso a la información y el resto de la normativa establecida en dicha Ley, a excepción de lo que haya quedado desplazado por la regulación sectorial parcial. Resulta así, por tanto, que cuando la disposición adicional primera dispone que se regirán por su normativa específica las materias que tengan previsto un régimen jurídico propio de acceso a la información, la remisión comprende también aquellas regulaciones sectoriales que se afecten a aspectos relevantes del derecho de acceso a la información, como lo es el de los límites de éste, aunque no se configuren como un tratamiento global y sistemático del derecho, quedando en todo caso la Ley de Transparencia como regulación supletoria”. 4. Sentado lo anterior, debemos indicar sin embargo, que este Consejo no comparte las apreciaciones expresadas por la Entidad Reclamada para denegar el acceso a la información solicitada en base a la existencia de un régimen jurídico específico de acceso a la información invocado. Debemos señalar que conforme al artículo 1 del citado Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, los documentos judiciales que forman parte (junto con las actuaciones procesales) de los archivos judiciales son aquellos documentos que hayan sido aportados por las partes o por terceros al proceso por escrito o por medios electrónicos o telemáticos. Del tenor de la petición de información formulada se advierte que la persona solicitante no está requiriendo acceso a escritos o documentos judiciales concretos que formen parte de los autos judiciales. Si bien es cierto que la petición ha sido formulada en términos muy amplios y genéricos, podríamos entender que lo que desea conocer la persona reclamante es a qué conceptos y cuantía se refieren los gastos reclamados judicialmente a la empresa minera. Y a juicio de este órgano no es preciso para conocer esta información darle acceso a los documentos que se hayan incorporado al proceso civil que la Administración de la Junta de Andalucía mantenía contra dicha empresa. La petición del solicitante comprende el acceso a datos meramente fácticos y cuantitativos, que deben obrar en poder de la Entidad reclamada con independencia del proceso judicial incoado, en razón de las labores de limpieza y reparación que realizó en las zonas contaminadas. En definitiva, se trata de antecedentes cuya existencia es muy anterior a la apertura del proceso judicial aludido, con independencia de que puedan haber sido utilizados por la entidad reclamada para calcular la cuantía y el concepto de los gastos que posteriormente ha reclamado mediante la acción de reembolso de los gastos asumidos con motivo del vertido producido por la rotura de la balsa minera. En consecuencia, resulta más que dudosa la aplicabilidad de esta excusa para negar al reclamante la información solicitada en el presente supuesto, que se refiere a datos puramente fácticos y numéricos sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera reclamados judicialmente. 5. Con independencia de lo anterior, este Consejo no puede obviar que la argumentación expuesta en la resolución reclamada podría estar relacionada con el artículo 14.1.f) de la LTAIBG, que permite limitar el acceso a la información pública cuando ello suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. A estos efectos debemos advertir, como ya explicamos en la Resolución de este Consejo núm. 412/2023, de 14 de junio, que este Consejo en determinadas circunstancias puede entender de aplicación los límites contenidos en los artículos 14 y 15 LTAIBG sin invocación expresa por la entidad o bien con una deficiente justificación, si dispone de suficiente información a la vista del contenido del expediente. Solo así sería posible aplicar el contenido del artículo 14.2 LTAIBG al afirmar que “La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. Esta actuación del Consejo está amparada por el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sentido, la Sentencia 315/2021 del Tribunal Supremo, de 8 de marzo (rec. Casación 3139/2019) afirma respecto a las competencias del organismo de control estatal, en relación con los trámites de los artículos 19.3 y 24.3 LTAIBG: “Finalmente es preciso esclarecer el alcance del control que el Consejo de Transparencia puede ejercer sobre la actuación del órgano administrativo cuya resolución revisa. Dicho organismo, al resolver la reclamación presentada contra la denegación del acceso a la información, actúa como entidad que fiscaliza en vía administrativa la legalidad de la decisión adoptada por el órgano ante el que se presentó la solicitud, y su reclamación tiene la consideración de un recurso administrativo. En el ejercicio de esta función puede revisar y resolver todas las cuestiones, tanto de fondo como de forma, incluyendo la posibilidad de acordar la retroacción de actuaciones, así lo dispone el art. 119 de la Ley 39/2015 al afirmar (...):” Esta facultad se ha manifestado de distintas maneras en lo que respecta a la aplicación de los límites. Así, hemos justificado la aplicación de los límites contenidos en los artículos 14.1. d), e) y g) LTAIBG en los casos en que no habían sido convenientemente alegados o justificados por las partes, por entender que el acceso podría provocar un daño a intereses públicos y generales perfectamente delimitados (vg. Resolución 762/2022). Y en otras ocasiones, hemos valorado la concurrencia de otros límites que protegen principalmente intereses privados (artículo 14.1. h) o j) LTAIBG) mediante la aplicación retroactiva del artículo 19.3 LTAIBG y concediendo un trámite de alegaciones a las personas afectadas y reconociendo su derecho a obtener una nueva resolución teniéndolas en cuenta (vg. Resolución 128/2023); o mediante la aplicación del artículo 24.3 LTAIBG en los supuestos en que la denegación del acceso se produjera con fundamento en la defensa de los derechos de terceras personas, permitiendo al Consejo tomar en consideración los intereses privados que pudieran resultar afectados antes de adoptar su decisión. Así, si el Consejo dispone de suficiente información para valorar la aplicación de alguna limitación justificada en la protección de intereses públicos o privados sin provocar una situación de indefensión en ninguna de las partes interesadas, aplica los artículos 14 y 15 LTAIBG para conseguir una resolución del procedimiento acorde a la normativa de transparencia y del resto del ordenamiento jurídico. Creemos que en este caso las alegaciones expuestas por la entidad reclamada podrían estar relacionadas con el artículo 14.1.f) de la LTAIBG relativo a la igualdad de las partes en los procesos judiciales. Como ya hemos indicado en resoluciones anteriores, por ejemplo en la LTAIBG entiende que la existencia de procesos judiciales abiertos no conlleva que deba desestimarse cualquier información que se solicite en relación con aquellos, sino que dicho límite sólo debe considerarse de aplicación en lo que respecta a documentos elaborados expresamente con ocasión de un procedimiento, circunstancia que no concurre en la información solicitada. Debe recordarse que la previsión del art. 14.1.f) coincide con la del art. 3.1.i) del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos, que prevé como límite al acceso la protección de la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia. En la memoria explicativa del Convenio se señala que “este apartado está destinado a proteger la igualdad de las partes en los procesos judiciales y el buen funcionamiento de la justicia. Este límite persigue asegurar la igualdad las partes en procesos judiciales tanto ante tribunales nacionales como internacionales y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a documentos elaborados o recibidos (por ejemplo de su abogado) en relación con los procesos judiciales de los que sea parte. Deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. Los documentos que no son creados con vistas a procesos judiciales como tales no pueden ser denegados al amparo de este límite”. Desde esta perspectiva, a los efectos de motivar la concurrencia del artículo 14.1.f) LTAIBG no resulta suficiente con vincular la vulneración de la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva a la mera existencia de un procedimiento judicial sin justificar en qué medida el conocimiento de la información solicitada puede generar tal perjuicio. De lo anterior se desprende, pues, la necesidad de atender a la concreta naturaleza de la información o documentación reclamada. En esta línea se ha pronunciado la reciente Sentencia del Tribunal Supremo n.º 645/2022, de 31 de mayo (RCA 7844/2020), que sienta jurisprudencia sobre la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.f) LTAIBG en relación con la cuestión de si una Entidad u Organismo de carácter público está obligado ha de facilitar los escritos y documentos presentados ante el Tribunal de Cuentas, tanto en el ámbito del ejercicio de sus funciones de fiscalización económico-financiera del sector público, como en el ámbito del ejercicio de sus funciones de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. La premisa de partida de la jurisprudencia que establece la citada sentencia es la procedencia de deslindar (i) aquella documentación de carácter administrativo que obre en poder del organismo competente (elaborada por el propio organismo), a cuya entrega tiene derecho el solicitante; y (ii) aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal (vinculada al procedimiento de enjuiciamiento de responsabilidad contable y que ha sido remitida por el propio Tribunal de Cuentas) cuyo acceso o divulgación pública, en los supuestos de actuaciones propiamente jurisdiccionales en procedimientos pendientes de resolución, pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial, la igualdad de las partes u obstaculizar el ejercicio imparcial de las funciones de enjuiciamiento —y que, por tanto, ha de someterse las reglas procesales que le resulten de aplicación (en el caso enjuiciado las establecidas en la Ley Orgánica 27/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas)—. A esta conclusión llega tras recordar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentada en la STJUE de 21 de septiembre de 2010 (asuntos acumulados C-514/07P, C- 528/07P y C532/07P) en relación con el acceso a la información respecto de escritos procesales presentados en procedimientos jurisdiccionales pendientes que no han alcanzado la fase de la vista. En la mencionada sentencia, el TJUE concluye que «la Comisión puede basarse en la presunción de que la divulgación de escritos procesales presentados en procedimientos jurisdiccionales pendientes perjudica a estos procedimientos en el sentido del artículo 4, apartado 2, segundo guion, de dicho Reglamento y que, en consecuencia, puede, durante el curso de tales procedimientos, denegar las solicitudes de acceso que tengan por objeto tales documentos, sin estar obligada a realizar un examen concreto». Señala el TJUE que la normativa procesal de los órganos jurisdiccionales de la Unión no prevé que los terceros tengan derecho a acceder a los escritos procesales depositados en la secretaría por la partes. En esa normativa procesal fundamenta el TJUE la presunción de que la divulgación de los escritos procesales perjudica a los procedimientos jurisdiccionales, lo que «no excluye el derecho del interesado a demostrar que un documento determinado cuya divulgación se solicita no está amparado por la citada presunción (sentencia Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, antes citada, apartado 62). » Finalmente, el Tribunal Supremo fija en esta sentencia como jurisprudencia que «[E]l límite al derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, referido a que el acceso suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, resulta aplicable a las solicitudes de información respecto de contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados en el ámbito de la mencionada Ley elaborados para ser presentados ante un órgano jurisdiccional (y por ende ante el Tribunal de Cuentas, cuando ejerza funciones jurisdiccionales de enjuiciamiento de la responsabilidad contable), correspondiendo a estas Entidades de Derecho Público ponderar en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el principio de transparencia constituye un interés público superior capaz de superar la necesidad de proteger la documentación controvertida, y, en consecuencia, justificar la divulgación de esta.» Teniendo en cuenta cuanto se acaba de indicar, es claro que también en este caso debe discriminarse entre aquella documentación de carácter administrativo que obre en poder de la entidad reclamada (elaborada u obtenida en el ejercicio de sus funciones) y que en su momento le permitió determinar los gastos de control sanitario reclamados, de la cual podría extraer la información solicitada a través de una simple reelaboración básica. Y aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal (vinculada al proceso civil de reclamación de los gastos asumidos por la entidad reclamada) cuyo acceso o divulgación pública, en la medida en que pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial, la igualdad de las partes u obstaculizar el ejercicio imparcial de las funciones de enjuiciamiento, a la que le sería de aplicación el límite del artículo 14.1.f) de la LTAIBG y que estaría sometida en su acceso a las reglas procesales de aplicación. A juicio de este Consejo, la solicitud de acceso a la información no consiste en conocer las actuaciones judiciales realizadas en el seno del proceso civil. Se trata mas bien de información que necesariamente tenía que existir previamente a la presentación de la demanda civil, pues las actuaciones cuyos gastos se reclaman se realizaron muchos años antes. En este sentido, hay que hacer referencia al Decreto 99/1998, de 12 de mayo, sobre adopción de medidas contra los efectos producidos en el territorio andaluz como consecuencia de la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Boliden Apirsa, SL, ubicada en el término municipal de Aznalcóllar, Sevilla, que en su artículo 5.4 establecía las medidas específicas que debían adoptarse por parte de la Consejería de Salud en el ámbito de sus competencias y al objeto de proteger la salud de la población (las medidas extraordinarias necesarias para asegurar la calidad sanitaria de las aguas de consumo y uso humano, y de los alimentos en la zona afectada por los residuos mineros procedentes de la balsa de decantación de la mina explotada en Aznalcóllar por la empresa Bolidén Apirsa S.L., o que tuvieran su origen en la misma; así como potenciar el sistema de Alerta en Salud Pública y realizar los estudios epidemiológicos pertinentes). Es público y notorio -a la vista de una simple búsqueda en Internet- que cuando se iniciaron las acciones civiles contra la empresa minera, la entidad reclamada ya disponía de la documentación que le permitía determinar los daños que se intentaron reparar y el coste de dichas actuaciones. Así, en noticias aparecidas en la prensa digital en el año 2002, ya se informaba que la Administración de la Junta de Andalucía había interpuesto una demanda civil mediante la que reclamaba un total de 89,8 millones de euros por el vertido producido en 1998. A lo anterior se une que en el momento de dictarse esta resolución el proceso civil al que venimos haciendo referencia ya ha concluido con la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº11 de Sevilla, de fecha 28 de julio de 2023 (aunque a este órgano no consta la firmeza), en cuyo antecedente primero se relacionan las actuaciones que había desarrollo la Administración de la Junta de Andalucía y la cuantía que se reclamaba por cada una de ellas. En definitiva, consideramos que la entidad reclamada debe tener en su poder documentación que le permita suministrar a la persona reclamante, en mayor o menor medida y a través de una acción de reelaboración básica, una relación de los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998 que han sido objeto de reclamación judicial, sin que sea necesario para ello, dar acceso ni a la demanda ni a cualquier otra documentación que hubiese sido elaborado para sustentar la acción civil y aportada a los autos judiciales. Como se ha indicado anteriormente, lo esencial es deslindar la documentación de carácter administrativo que obre en poder del organismo competente de la que pueda extraerse la información indicada, que no estaría afectada por el límite previsto en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG ni requeriría un régimen jurídico específico de acceso, de aquella otra documentación de naturaleza estrictamente procesal (vinculada al procedimiento civil) cuyo acceso o divulgación pública sí que pudiera perturbar el equilibrio e integridad del procedimiento judicial y la igualdad de las partes. Y por todo ello, este Consejo considera que debe estimar la reclamación formulada, con las matizaciones expuestas. 6. En resumen, la entidad reclamada deberá facilitar la información “sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998”. Este Consejo es consciente de que los amplios y generales términos en los que está redactada la solicitud -y que podrían haber sido objeto de un requerimiento de subsanación- podrían dificultar el cumplimiento de esta Resolución. Por ello, debemos aclarar que la entidad deberá facilitar la información que ya obre en su poder en el momento de su solicitud y que pueda responder a lo solicitado en similares términos amplios y genéricos. Debe tenerse en cuenta que el amplio concepto de información pública incluye tanto documentos como contenidos que obren en poder del sujeto obligado. Además, conviene tener en cuenta el concepto de reelaboración contenido en el artículo 18.1. c) LTAIBG y precisado por la jurisprudencia, que se relaciona íntimamente con la definición del concepto de información pública (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 306/2020, de 3 de marzo): “Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración” La entidad reclamada deberá por tanto poner a disposición de la persona reclamante la información que obre en su poder, y que no requiera de una elaboración ex profeso para dar respuesta a la solicitud que exceda de una reelaboración básica o general. Al respecto, podría tenerse en cuenta el contenido de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº11 de Sevilla, de fecha 28 de julio de 2023 (de público conocimiento), antes indicada, que incluye en su antecedente de hecho primero un resumen de las actuaciones desarrolladas, desglosadas por tipología y coste parcial. Si bien consideramos que facilitar el desglose detallado de los costes de cada actuación y la documentación que los justifique podría suponer una acción previa de reelaboración, en el sentido antes indicado, entendemos que la petición podría satisfacerse con una descripción general y desglose de las actuaciones realizadas en el ámbito de la Consejería (“7. Control sanitario”, en términos de la sentencia). De este modo se podría satisfacer la petición sin que el acceso a esta información afectara a los procedimientos judiciales que pudieran abrirse en el futuro, ya que como se ha indicado anteriormente este Consejo desconoce si la sentencia es firme, y sin que supusiera un esfuerzo desproporcionado para la entidad reclamada. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar (parcialmente) la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Información sobre los daños, perjuicios y costes totales causados por la rotura de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998, reclamados judicialmente”. que obre en poder de la entidad reclamada y que no haya sido sido elaborada expresamente con ocasión del proceso civil tramitado. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en el Fundamento Jurídico Quinto y Sexto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Desestimar la Reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo, por la inexistencia de la información consultada. Tercero.Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.