Inadmisión de reclamación por falta de competencia del Consejo para anular actos administrativos

RESOLUCIÓN 782/2023 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 855/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Secretaría General para la Presidencia Artículos 48 LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “SOLICITO Que por medio del presente escrito, y en virtud de lo establecido por los fundamentos jurídicos establecidos en este recurso, solicito la nulidad de pleno derecho del acto administrativo dictado por Secretaria General de la Presidencia de la Junta de Andalucía el día 26 de Octubre de 2023 según documento que se acompaña. Según el leal saber y entender de esta parte, dicho acto administrativo es nulo de pleno derecho por dar registro de salida de dicho acto administrativo a las 09:57:05 en la Junta de Andalucía, antes de entrar mi recurso al registro de entrada en la misma sede, a las 10.05; por tener un contenido imposible, por no tener n° de expdte, por no saber qué funcionario lo firma, y por no haber sido notificado a la parte interesada. Aparte de solicitar ta nulidad del acto administrativo emitido por parte de la Secretaria General de la Presidencia n°[nnnnn], el pasado 26.10.23 a las 09:57:05 horas, solicito que desde este organismo se resuelva mis recursos registrados ante este organismo el pasado 06.10.23 y 25.10.23 en relacién al expdte [nnnnn] del proceso selectivo (datos proceso selectivo) n° 208, 31.10.22 con corrección en el n° 212, del pasado 07.11.22 (BOE 08.12.22 así como se declare nula la declaración emitida por parte del Ayto de Guadix (RC-[nnnnn], 04.10.23 a las 12:54 h).” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. La persona reclamante solicitó: “Que por medio del presente escrito, y en virtud de lo establecido por los fundamentos jurídicos establecidos en este recurso, solicito la nulidad de pleno derecho del acto administrativo dictado por Secretaria General de la Presidencia de la Junta de Andalucía el día 26 de Octubre de 2023 según documento que se acompaña. Según el leal saber y entender de esta parte, dicho acto administrativo es nulo de pleno derecho por dar registro de salida de dicho acto administrativo a las 09:57:05 en la Junta de Andalucía, antes de entrar mi recurso al registro de entrada en la misma sede, a las 10.05; por tener un contenido imposible, por no tener n° de expdte, por no saber qué funcionario lo firma, y por no haber sido notificado a la parte interesada. Aparte de solicitar ta nulidad del acto administrativo emitido por parte de la Secretaria General de la Presidencia n°[nnnnn], el pasado 26.10.23 a las 09:57:05 horas, solicito que desde este organismo se resuelva mis recursos registrados ante este organismo el pasado 06.10.23 y 25.10.23 en relación al expdte [nnnnn] del proceso selectivo (datos proceso selectivo) BOP Granada n° 208, 31.10.22 con corrección en el n° 212, del pasado 07.11.22 (BOE 08.12.22 así como se declare nula la declaración emitida por parte del Ayto de Guadix (RC-[nnnnn], 04.10.23 a las 12:54 h).” En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Y es que este Consejo carece de competencias para realizar lo solicitado, como es la anulación de un acto administrativo. Las competencias de este Consejo están descritas en el artículo 48 LTPA, que no incluye las funciones que se requieren por la persona reclamante. Procede por tanto la inadmisión de la reclamación. En cualquier caso, la persona reclamante podrá presentar los recursos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas frente al acto. Por otra parte, y en relación con los procedimientos iniciados por usted ante este Consejo, serán resueltos en los plazos previstos en la normativa de aplicación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la Reclamación presentada por no estar lo solicitado incluido en las competencias del Consejo.