Reclamación de acceso a información sobre importes recaudados por tasas urbanísticas en el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

RESOLUCIÓN 791/2023 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 646/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 8 de septiembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 1 de agosto de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Expone “En relación con la tasa aplicable en el ámbito urbanístico por actuaciones sometidas a declaraciones responsables o comunicaciones previas, sin ánimo de colapsar los servicios municipales pero recordando a esta Alcaldía que los plazos normativamente establecidos son de obligado cumplimiento y que le corresponde dirigir la Administración municipal por el módico sueldo aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio. “Solicita “1º.- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de comunicaciones previas en el ámbito urbanístico. “2º.- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables en el ámbito urbanístico. “3º.- Importe recaudado en el primer semestre de 2023 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas en ese ámbito. “4º.- Indique la forma de gestión de la referida tasa y la unidad administrativa responsable”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 21 de septiembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 10 de octubre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta notificada a la persona solicitante el día 3 de octubre de 2023 (Decreto 2023-0864, de 18 de septiembre). El contenido de la respuesta fue el siguiente: “PRIMERO. Permitir el acceso a la información descrita en los antecedentes, dando respuesta a lo solicitado: 1.- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de comunicaciones previas en el ámbito urbanístico. 686,72 €. 2- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables en el ámbito urbanístico. 3.056,28 €. 2 - Importe recaudado en el primer semestre de 2023 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas en ese ámbito. De dicha información ya se le dio traslado mediante Resolución de Alcaldía núm. 819/2023 de fecha 07/09/2023 (registro de salida núm. 1688, de 12/09/23) y aceptada la notificación por su parte el 12/09/23. 4- Indique la forma de gestión de la referida tasa y la unidad administrativa responsable Las normas de gestión se encuentran recogidas en los artículos 10 a 12 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas Exigidas por la Legislación del Suelo y Ordenación Urbana (BOP de Sevilla num. 286, de 11.12.20). La unidad administrativa responsable es el Departamento de Urbanismo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 1 de agosto de 2023 y la reclamación fue presentada el 8 de septiembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de la petición fue el siguiente: “1º.- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de comunicaciones previas en el ámbito urbanístico. “2º.- Importe recaudado en 2022 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables en el ámbito urbanístico. “3º.- Importe recaudado en el primer semestre de 2023 en concepto de tasas derivadas de la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones previas en ese ámbito. “4º.- Indique la forma de gestión de la referida tasa y la unidad administrativa responsable”. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna discon- formidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la res- puesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho parcialmente y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la termi- nación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto en lo que co- rresponde a las peticiones 1, 2 y 4. 2. Sin embargo, y respecto a la petición 3, la entidad se remitió a la respuesta ofrecida con anteriori - dad a una solicitud de información cuya respuesta fue notificad el día 12 de septiembre de 2023 (Re- solución de Alcaldía 0819/2023). Esta solicitud fue analizada en la reclamación 610/2023 que fue re- suelta por la Resolución 632/2023 que declaró la terminación del procedimiento. El objeto de la peti- ción fue el siguiente: 1ª.- Importe recaudado por este Ayuntamiento en el primer semestre del presente año en concepto de tasa por las declaraciones responsables presentadas por las actuaciones previstas en el art. 138 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) con indicación de la ordenanza fiscal aplicada. 2ª.- Importe recaudado por este Ayuntamiento en el mismo periodo en concepto de tasa por las declaraciones responsables relativas a las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y sometidas al trámite de calificación ambiental favorable (DR-CA) con indicación de la ordenanza fiscal aplicada. 3ª.- Importe recaudado por este Ayuntamiento en el mismo periodo en concepto de tasa por las declaraciones responsables presentadas relativas a las actividades incluidas en el Anexo III de la Ley andaluza 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas a las empresas y no sujetas al trámite de calificación ambiental previsto en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía con indicación de la ordenanza fiscal aplicada. 4ª.- Importe recaudado por este Ayuntamiento en el mismo periodo en concepto de tasa por las declaraciones responsables presentadas relativas a las actividades incluidas en el Anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y no sometidas al trámite de calificación ambiental previsto en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía con indicación de la ordenanza fiscal aplicada.” Las peticiones estaban referidas al importe recaudado en concepto de presentación de “declaraciones responsables”. Sin embargo, nada se indicó, porque no fue objeto de la solicitud, sobre el importe recaudado en concepto de presentación de “comunicaciones previas”, que en el caso de esta reclamación sí estaban incluidos como objeto de la petición. Por tanto, la remisión a la respuesta notificada el día 12 de septiembre de 2023 respondía a parte de lo solicitado, pero no al importe recaudado en concepto de presentación de “comunicaciones previas” en el primer semestre de 2023. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior, en lo que corresponde a la indicada petición. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “3º.- Importe recaudado en el primer semestre de 2023 en concepto de tasas derivadas de la presentación de [...] comunicaciones previas en ese ámbito.” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo, y Quinto, todo ello en el pla- zo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento, en lo que corresponde a las peticiones incluidas en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a con- tar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, inclu- yendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.