Inadmisión de reclamación por solicitar actuaciones administrativas en lugar de acceso a información pública

RESOLUCIÓN 808/2023 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 891/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Artículos 2 a) LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 11 de noviembre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Que tenga por presentado este escrito, interpuesto en tiempo y forma, como Recurso de Reposición, contra las listas definitivas de baremo de puntuaciones de la fase de concurso y la Resolución que las hace públicas mediante resolución de 6 de noviembre d 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia la exposición del baremo definitivo de puntuaciones de l fase de concurso, y, en consecuencia, reconozca el derecho que me asiste a: Que se declare la nulidad de la lista definitiva del baremo de méritos, conforme a lo alegado, y se dicte resolución en la que se acuerde que se rectifiquen los errores señalados en este escrito y, en consecuencia, se me valoren debidamente los méritos alegados, correspondiente al apartado de formación académica del baremo de méritos, con la modificación de las listas de aspirantes seleccionados, publicadas por Resolución de 6 de noviembre de 2020, de entre los participantes en el proceso selectivo convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2019 en el Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad de economía, con las consecuencias que de ello deriven para esta parte, y en concreto, sea corregida la puntuación respecto de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de profesores de enseñanza, especialidad de economía para el curso 2020/2021, en cuanto al orden que ocuparé en las mismas”. 2. La persona reclamante presentó escrito el 10 de julio de 2023 en el Libro de Quejas y Reclamaciones de la Junta de Andalucía, en el que se incluyen 8 sugerencias en relación con un proceso selectivo. 3. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Les ruego, por favor, tengan por presentada la siguiente denuncia por falta de información y resolución motivada por parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ante dos escritos presentados en relación con el acceso a la función pública docente. En el primer escrito adjunto, presentado el 11/11/2020 cuando residía fuera de España no he recibido ninguna respuesta en relación con la no consideración de mis títulos que es la única baremación que me hubiera hecho tener una puntuación más lata para ser llamado como interino y, así, poder acumular puntos para el año que estuviera preparado para la oposición. En segundo lugar, después del vergonzoso sistema de evaluación realizado durante las oposiciones, realicé un escrito con fecha 10/7/2023 del que aún no se ha tenido la cortesía - después del escándalo que se ocasionó- de responder de forma razonada a mi escrito de queja, reclamación y sugerencia donde después de lo indicado en el mismo se puede desprender que el procedimiento fue realizado para asegurar la incorporación de determinado personal interino. Además, en el proceso de concurso-oposición se requirieron los méritos del concurso (experiencia, cursos, inglés, etc.) antes de evaluar la nota de la primera fase de la oposición, cosa que debió hacerse una vez calificada la primera fase de oposición. Esto confirma la intencionalidad de querer asegurarse que aprueban los/las que deben entrar evaluando la primera fase de la prueba teniendo información de lo que aportará la segunda parte de méritos. En definitiva, la actuación de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía se les ha olvidado la existencia de los derechos fundamentales y en concreto de la Ley 39/2015 del PACAP y el RD 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Les ruego, por favor, acepten mi denuncia y los dos documentos que se adjuntan, soliciten cuanta información pueda aportar, y actúen en consecuencia sancionando a los responsables de las áreas involucradas en cuanto a la falta de respuesta motivada en ambos escritos.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto las solicitudes fueron presentadas el 11 de noviembre de 2020 y el 7 de julio de 2023, y la reclamación fue presentada el 23 de noviembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: La persona reclamante solicitó: “Que tenga por presentado este escrito, interpuesto en tiempo y forma, como Recurso de Reposición, contra las listas definitivas de baremo de puntuaciones de la fase de concurso y la Resolución que las hace públicas mediante resolución de 6 de noviembre d 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncia la exposición del baremo definitivo de puntuaciones de l fase de concurso, y, en consecuencia, reconozca el derecho que me asiste a: Que se declare la nulidad de la lista definitiva del baremo de méritos, conforme a lo alegado, y se dicte resolución en la que se acuerde que se rectifiquen los errores señalados en este escrito y, en consecuencia, se me valoren debidamente los méritos alegados, correspondiente al apartado de formación académica del baremo de méritos, con la modificación de las listas de aspirantes seleccionados, publicadas por Resolución de 6 de noviembre de 2020, de entre los participantes en el proceso selectivo convocado por Resolución de 11 de noviembre de 2019 en el Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad de economía, con las consecuencias que de ello deriven para esta parte, y en concreto, sea corregida la puntuación respecto de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de profesores de enseñanza, especialidad de economía para el curso 2020/2021, en cuanto al orden que ocuparé en las mismas”. Igualmente presentó varias sugerencias en relación con procedimientos selectivos. En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”. Y es que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta adopte una específica decisión o realice una específica actuación (resuelva un recurso, anule un acto o responda a varias sugerencias). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.