Reclamación de acceso a la normativa de contratación y a la identidad del firmante de un contrato de trabajo en empresa pública andaluza

RESOLUCIÓN 6/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 622/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Anda- lucía, S.A. Artículos 2, 24 LTPA 18.1.c) LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 17 de julio de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Solicito dos informaciones en esta solicitud. “1. En la administración pública o bien en aquellos organismo [sic], empresas públicas etc, es necesario que exista algún tipo de normativa a la que se pueda acoger un trabajador para que de forma directa pueda pasar de una situación de tener un contrato temporal del que se desconoce como se llevó a cabo el proceso de selección, a que se transforme dicho contrato temporal a indefinido. “LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ES QUE SE ME INDIQUE BAJO QUE NORMATIVA SE PUDO TRANSFORMAR EL CONTRATO TEMPORAL DEL TRABAJADOR [nombre de tercera persona] A INDEFINIDO. “2. En el segundo contrato del trabajador [nombre de tercera persona] aparece eliminada la identificación de la persona competente que firma el contrato de parte de la Empresa Pública. SOLICITO QUE SE ME FACILITE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA COMPETENTE DE PARTE DE LA EMPRESA PUBLICA UN CONTRATO DE TRABAJO PUBLICO”. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 11 de agosto de 2023, mediante Resolución de 8 de agosto de 2023, de la Dirección Gerencia, que inadmite la solicitud de información con base a los siguientes fundamentos jurídicos: “[…]. “CUARTO.- En la solicitud de información objeto de esta resolución se solicita se informe sobre la normativa aplicable a una contratación -llevada a cabo en el año 2000, esto es hace 23 años- requiriendo para ello una labor previa de reelaboración de la información, de las señaladas en el articulo 18.1 c) de la LTAIBG; artículo 18.1 c) de la Ley 19/2023 [sic, es 2013], de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que señala que se inadmitirán a trámite mediante resolución motivada, las solicitudes “c) Relativas a Información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. “En este sentido, la Sentencia de 24 de enero de 2017, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso de apelación 631/2016, argumenta en su Fundamento de Derecho Cuarto que «el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular. Es por ello por lo que el mencionado artículo 18.1. c) permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia. Por consiguiente, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o ente público encargado de dispensarla. Y en estos términos hay que interpretar el art 13 de dicha Ley [19/20l3]». “En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 60/2016, de 25 de abril, del Juzgado Central de lo Contencioso nº 9 de Madrid, cuando sostiene que la LTAIBG «reconoce el derecho de los ciudadanos a la información, pero a la información que existe y que ya está disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía». “Igualmente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía hace suyo el argumento del citado Fundamento de Derecho Cuarto, y así se recoge, entre otras, en la satisfacer la pretensión del solicitante seria imprescindible la elaboración de un nuevo documento, resulta de aplicación al presente caso la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en virtud del cual se inadmitirán a trámite las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». “También se solicita la Identificación de los firmantes que no figuran en un contrato de trabajo que se ha facilitado al solicitante en otra solicitud de información, la SOL-2023-[nnnnn]-PID@, EXP-2023-[nnnnn]-PID@. no procediendo dicha identificación, ya que en aplicación de la normativa por la que se facilita al acceso a la información articulo 15.4 de la LTAIBG, que establece que «no será de aplicación lo establecido en los apartados anteriores (los referidos a llevar a cabo la ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información solicitada) si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo qué se impida la identificación de las personas afectadas», se puso a disposición del solicitante el contrato requerido, debidamente anonimizado cumpliendo por ello con la LTPDA. “Por ello, tras el análisis de la solicitud y a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho indicados anteriormente el Director Gerente “RESUELVE “Inadmitir el acceso a la información solicitada, por las causas indicadas en los fundamentos de derecho”. Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada la persona reclamante manifiesta lo siguiente: “REALIZO EN MI SOLICITUD DE TRANSPARENCIA DOS PETICIONES DE INFORMACIÓN: “1. Solicito que me indique que normativa se aplicó a un trabajador de la empresa pública para pasar legalmente de situación laboral temporal a una situación laboral de INDEFINIDO, y me contestan que la información es del año 2000 (¿?) y que se acogen al apartado de la ley de no elaboración de información no elaborada anteriormente. UN ABSURDO. Pido el nombre de la normativa que se aplicó a este trabajador que nadie conoce bajo que proceso de selección entró (oposición, concurso, etc.), para que además de los colmos nadie sabe como consiguió que le hicieran fijo. ME RESULTA TODO MUY EXTRAÑO, NO SE SABE COMO ENTRÓ ESTE TRABAJADOR DE FORMA TEMPORAL Y POSTERIORMENTE LO HICIERON FIJO, ALGO MUY EXTRAÑO. Ruego a este Consejo que acepte mi reclamación y me indiquen que normativa se aplicó en este caso. No tienen que reelaborar nada, SOLO QUIERO SABER LA NORMATIVA QUE SE APLICO A ESTE TRABAJADOR PARA QUEDARSE DE FORMA INDEFINIDA EN LA EMPRESA PÚBLICA. “2. En un contrato de trabajo PÚBLICO de un trabajador con presupuesto público, OCULTAN LAS PERSONAS QUE FIRMA DICHO CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA. Quiero saber que persona, trabajador o autoridad se responsabilizó de firmar el contrato de este trabajador así como el resto de las personas que aparecen en el contrato y quedan implicadas. NUNCA PUEDEN OCULTARSE EL NOMBRE Y EL CARGO DE LA PERSONA QUE SE RESPONSABILIZÓ DE FIRMAR Y DAR PRESUPUESTO PÚBLICO A ESTE CONTRATO”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 4 de septiembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 11 de septiembre de 2023 tiene entrada en la entidad reclamada escrito del Consejo requiriendo copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación, requerimento remitido asimismo por correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 21 de septiembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, al que se acompaña copia del expediente de resolución de la solicitud de información así como informe en el que la entidad reclamada se reitera en los argumentos de la Resolución de indamisión e informa lo siguiente, en lo que ahora interesa: “[…]. “CUARTO. Con fecha 08.08.2023 se contestó en tiempo y forma a solicitud de información, mediante Resolución del Director Gerente, por la que se inadmitía el acceso a la información en base a lo señalado en los fundamentos de derecho de la resolución en los que se señalaba lo siguiente: “1.- El derecho de acceso a la información pública y el régimen de su ejercicio están reconocidos en la Ley 19/2013, de 09 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, cuyo artículo 2.a) define como «contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el presente titulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercido de sus funciones». “El contrato de trabajo del que trae causa esta solicitud y que se facilitó al reclamante, como se señala en la resolución reclamada, en otra solicitud de información la SOL-2023-[nnnnn]-PID@, EXP-2023-[nnnnn]-PID@, establece en su estipulación sexta «En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente, a lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo de la EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A». “En la solicitud de información reclamada, se solicita se informe sobre bajo que normativa se pudo transformar un contrato temporal en contrato indefinido y no consta en la empresa documento alguno al respecto más allá de lo contemplado en el contrato reseñado. El contrato al que se refiere el solicitante es un contrato del año 2000, esto es hace 23 años, y para dar contestación a su solicitud distinta de la contemplada en el contrato se requiere una labor previa de reelaboración de la información revisando la normativa aplicable en el año 2000 a las contrataciones temporales e indefinidas y, por ello, requiere un proceso específico de trabajo ya que no se trata de una mera agregación o suma de datos. “Es por ello que se inadmitió el acceso conforme a lo contemplado en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG; artículo 18.1 c) de la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que señala que se inadmitirán a trámite mediante resolución motivada, las solicitudes: “[a.…]. “c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. “En este sentido, la Sentencia de 24 de enero de 2017, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso de apelación 631/2016, argumenta en su Fundamento de Derecho Cuarto que «el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular. Es por ello por lo que el mencionado artículo 18.1.c) permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia. Por consiguiente, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o ente público encargado de dispensarla. Y en estos términos hay que interpretar el art. 13 de dicha Ley [ 19/2013]». “En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 60/2016, de 25 de abril, del Juzgado Central de lo Contencioso nº 9 de Madrid, cuando sostiene que la LTAIBG «reconoce el derecho de los ciudadanos a la información, pero a la información que existe y que ya está disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenia». “Igualmente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía hace suyo el argumento del citado Fundamento de Derecho Cuarto, y así se recoge, entre otras, en la satisfacer la pretensión del solicitante sería imprescindible la elaboración de un nuevo documento, resulta de aplicación al presente caso la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en virtud del cual se inadmitirán a trámite las solicitudes relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». “2. Por otra parte en la solicitud de información solicitaba la identificación de los firmantes que no figuraban en un contrato de trabajo que se había facilitado al solicitante en otra solicitud de información, la SOL-2023-[nnnnn]-PID@, EXP-2023-[nnnnn]-PID@, no procediendo dicha identificación, ya que en aplicación de la normativa por la que se facilita al acceso a la información artículo 15.4 de la LTAIBG, que establece que «no será de aplicación lo establecido en los apartados anteriores (los referidos a llevar a cabo la ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información solicitada) si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas y tal como se contempla en diversas resoluciones de ese Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por ejemplo en la RESOLUCIÓN 554/2023 que en su fundamento jurídico Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización de acceso señala que «la entidad reclamada ha de ofrecer la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono...) sino también de otra información que permita igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el Artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “«toda información sobre una persona física identificada o identificable ("el interesado"); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona». “En este sentido se puso a disposición del solicitante el contrato requerido, debidamente anonimizado cumpliendo por ello la normativa. “Por todo lo expuesto, entendemos que no ha lugar a la reclamación presentada por el ciudadano y solicitamos su desestimación y archivo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.i) LTPA, al ser la entidad reclamada una sociedad mercantil del sector público andaluz, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 11 de agosto de 2023, y la reclamación fue presentada el 25 de agosto de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La solicitud de información objeto de la presente reclamación contenía dos pretensiones, ambas relacionadas con un contrato de trabajo de un empleado de la entidad reclamada. Este Consejo ha tenido ocasión de subrayar la relevancia que, para nuestro sistema de transparencia, tiene la información incluida en este ámbito material, afirmando reiteradas veces que: «En lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspon- dientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dada la relevan- cia de este sector de la gestión pública, no ha de extrañar que la propia LTPA lo mencione repe- tidas veces entre los asuntos objeto de publicidad activa, ya que exige a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley que publiquen información relativa a “las relaciones de puestos de trabajo, catálogo de puestos o documentos equivalentes referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales” [art. 10.1 g)], así como a “los procesos de selección del personal” [art. 10.1 k)]. «Así pues, en cuanto exigencia de publicidad activa, las administraciones públicas están ya obli- gadas a publicar por su propia iniciativa, sin que medie solicitud alguna, los procesos de selec- ción del personal a su servicio. Pero, como es obvio,el hecho de que exista este deber ex lege de publicar de oficio dicha información no empece, en modo alguno, a que pueda ser reclamada por cualquier ciudadano a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ha sucedido en este caso. E incluso, como no es menos evidente, nada impide que, por esta vía, se solicite información suplementaria que vaya más allá de la que deba proporcionarse en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» (Resoluciones 32/2016, de 1 de junio y 126/2018, de 19 de abril)”. Por otro lado, como tantas veces hemos declarado, es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a la gestión de los fondos por parte de las Administraciones públicas: “[…] resulta incuestionable que la información referente a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos y la subsiguiente utilización de los mismos constituye un eje central de la legislación en materia de transparencia” (por todas, Resolución 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º). Y así vino a reconocerlo explícitamente el legislador en el arranque mismo del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, LTAIBG): “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públi- cos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afec- tan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones po- dremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. 2. En primer lugar, la persona reclamante solicitaba conocer la “normativa a la que se pueda acoger un trabajador para que de forma directa pueda pasar de una situación de tener un contrato temporal [...], a que se transforme dicho contrato temporal a indefinido”. La entidad reclamada inadmite el acceso a la información argumentando que se requiere “una labor previa de reelaboración de la información”. El artículo 18.1.c) LTAIBG establece como causa de inadmisión de la solicitud de información la relativas a “información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. No podemos compartir esta apreciación de la entidad reclamada. Facilitar la normativa reguladora de la transformación de un contrato temporal e indefinido no equivale a la confección de un informe ni elaborar un nuevo documento ni tampoco es “producir información que antes no se tenía” como alega la entidad reclamada, citando diversas sentencias o resoluciones de este Consejo que se refieren a supuestos de reelaboración. Y más aun cuando la entidad reclamada, en las alegaciones remitidas a este Consejo durante la tramitación de esta reclamación, afirma que el contrato de trabajo en cuestión ya se había remitido a la persona reclamante como respuesta a otra solicitud de información (“SOL-2023-[nnnnn]-PID@, EXP- 2023-[nnnnn]-PID@”). Pues bien, la estipulación sexta de este contrato de trabajo establece la normativa reguladora del mismo («En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y, particularmente, a lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo de la EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A»). No se concreta por la entidad reclamada si es esta normativa en la que se ampara la conversión del contrato temporal en indefinido. También comunica la entidad reclamada a este Consejo en las alegaciones que “no consta en la empresa documento alguno al respecto más allá de lo contemplado en el contrato reseñado”, es decir, aparte de la normativa reguladora del contrato de trabajo de la citada estipulación sexta. Hubiera bastado pues con el reenvío a la información contenida en el contrato y a una referencia a la inexistencia de más información. La entidad reclamada ha comunicado por tanto a este Consejo en el trámite de alegaciones cierta información relativa a esta pretensión de la solicitud planteada que sin embargo no comunicó a la persona reclamante en su resolución de respuesta a dicha solicitud. Sucede, sin embargo, que es a la propia persona solicitante a quien se debe ofrecer esta información, pues, como hemos tenido ya ocasión de señalar en anteriores decisiones, son los poderes públicos a los que se pide la información los “obligados a remitirla directamente a la persona que por vía del ejercicio de derecho de acceso haya manifestado su interés en conocerla”, toda vez que no es finalidad de este Consejo, “ciertamente, convertirse en receptor o transmisor de esta información pública, sino velar por el cumplimiento del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTPA y que la información llegue al ciudadano solicitante por parte del órgano reclamado” (por todas, las Resoluciones 59/2016, de 20 de julio, FJ 5º; 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º; 111/2016, de 30 de noviembre, FJ 3º; 122/2016, de 14 de diciembre, FJ 5º; 55/2017, de 12 de abril, FJ 3º). Por consiguiente, en esta ocasión, al igual que hacíamos en todas las resoluciones citadas, debemos concluir que es la entidad reclamada, y no a este órgano de control, quien debe poner directamente a disposición de la persona interesada la información que atañe a la solicitud en cuestión. De ahí que la ausencia de respuesta alguna por parte de la entidad reclamada a la persona interesada determine, a efectos formales, la estimación de la reclamación. La entidad reclamada habrá de comunicar a la persona reclamante, como ha trasladado a este Consejo en sus alegaciones, la normativa reguladora del contrato de trabajo contenida en la estipulación sexta del mismo así como que “no consta en la empresa documento alguno al respecto más allá de lo contemplado en el contrato reseñado”. Y acreditar la puesta a disposición de dicha información. 3. La segunda pretensión de la solicitud de información era la “identificación de la persona competente de parte de la empresa pública” que firma el segundo contrato de trabajo (el contrato indefinido). La entidad reclamada, en su Resolución de 8 de agosto de 2023, inadmite esta pretensión al considerar que, para facilitar el documento concreto del contrato de trabajo como consecuencia de otra solicitud de información anterior, se llevó a cabo la anonimización del citado contrato, es decir, se facilitó el contrato pero “previa disociación de los datos de carácter personal de modo qué se impida la identificación de las personas afectadas”, con el fin de no tener que realizar la “ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información solicitada”, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.4 LTAIBG. Por lo tanto, la cuestión será dilucidar si la identificación (nombre y apellidos) de la persona que firma el contrato de trabajo en nombre de la entidad reclamada, debe facilitarse al reclamante. Debemos aclarar que aunque la persona solicitante indica en la reclamación “Quiero saber que persona, trabajador o autoridad se responsabilizó de firmar el contrato de este trabajador así como el resto de las personas que aparecen en el contrato y quedan implicadas”, el objeto de esta se limitará al de la solicitud de información, esto es, a la persona que firmó el contrato, pero no respecto al “resto de las personas que aparecen en el contrato” no se incluyó en la petición inicial. Respecto a esta pretensión contenida en la solicitud de información relativa a la “identificación de la persona competente que firma el contrato de parte de la empresa pública”, debemos indicar que la persona que en su momento firma el contrato de trabajo lo hace en el ejercicio de las funciones de su cargo, porque ocupaba un puesto en la organización que le facultaba para dicha firma por lo que se puede considerar que su identificación (nombre y apellidos) es un dato meramente identificativo relacionado con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, y por lo tanto, debe facilitarse. No debe facilitarse sin embargo, y deben quedar adecuadamente anonimizados, otros datos de carácter personal como el D.N.I. o la firma de la persona cuya identificación se pretende. Así, debemos citar el Criterio Interpretativo CI/0004/2015, de 23 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, que, aunque refiriéndose concretamente al D.N.I., dice que “el conocimiento de este dato (el DNI) no es relevante a los efectos de alcanzar el objetivo de transparencia que preside la LTAIBG, toda vez que el mismo se cumple con la identificación realizada a través de la publicación de los nombres y apellidos y, en su caso, la identificación del acto de nombramiento de los firmantes que ocupan un cargo público en el marco de cuyas competencias firman el correspondiente contrato o convenio”. Por tanto, realizando el traslado de esta argumentación de la publicidad activa del D.N.I. al ejercicio del derecho de acceso que nos ocupa, se considera cumplido el objetivo de transparencia facilitando la identificación a través de la publicación del nombre y apellidos y el cargo público en el marco de cuyas competencias se firma, en este caso, el contrato de trabajo por parte de la entidad reclamada. Por tanto, la entidad reclamada habrá de facilitar a la persona reclamante el nombre y apellidos de la persona que firmó el contrato de trabajo indefinido, al ser un dato meramente identificativo relacionado con la organización del órgano. Quinto Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. Dado que la información a la que se concede el acceso contiene datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuando a solicitud de: “1. En la administración pública o bien en aquellos organismo [sic], empresas públicas etc, es necesario que exista algún tipo de normativa a la que se pueda acoger un trabajador para que de forma directa pueda pasar de una situación de tener un contrato temporal del que se desconoce como se llevó a cabo el proceso de selección, a que se transforme dicho contrato temporal a indefinido. “LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO ES QUE SE ME INDIQUE BAJO QUE NORMATIVA SE PUDO TRANSFORMAR EL CONTRATO TEMPORAL DEL TRABAJADOR [nombre de tercera persona] A INDEFINIDO. “2. En el segundo contrato del trabajador [nombre de tercera persona] aparece eliminada la identificación de la persona competente que firma el contrato de parte de la Empresa Pública. SOLICITO QUE SE ME FACILITE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA COMPETENTE DE PARTE DE LA EMPRESA PUBLICA UN CONTRATO DE TRABAJO PUBLICO”. La entidad reclamada deberá facilitar la información en los términos de los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.