Reclamación de acceso a información pública sobre expediente de consumo en Sevilla con resultado de inadmisión parcial y terminación por entrega de documentos

RESOLUCIÓN 33/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 604/2023 Persona reclamante XXX Representante Asociación de Consumidores en Acción de FACUA—Sevilla Entidad reclamada Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla Artículos 2 a) y 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 19 de junio de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: 2. “(…) SOLICITA se nos remita informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente — expediente 41-[nnnnn]-16/ D—, así como copia de su resolución.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “(…) procedan a requerir al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Sevilla) para que traslade copia del expediente contenedor de todos los trámites y procedimientos efectuados en relación a la denuncia referenciada y su resolución (…)”. 1. Junto a la reclamación se incluye un oficio de la entidad reclamada que identifica el expediente relativo a la denuncia con el código 410000- [nnnnn]-16/D. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 24 de agosto de 2023, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. Mediante oficio de 7 de septiembre de 2023, la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Se adjunta un informe con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Recibida, con fecha 24 de agosto de 2023, reclamaciones número [nnnnn]/2023 y [nnnnn]/2023 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, interpuestas por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla (FACUA), en representación de [nombre y apellidos], “ante el Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial)”, en las que solicita “copia del expediente contenedor de todos los trámites y procedimientos efectuados en relación a la denuncia referenciada y su resolución”, se informa de lo siguiente. La documentación que se requiere en ambas reclamaciones es la referente a las denuncias 41000-[nnnnn]-16/ M y 4100-[nnnnn]-16/M. La petición de información pública de ambos expedientes tiene entrada en esta Delegación Territorial el día 19 de junio de 2023. En relación con lo anterior, esta Delegación Territorial es consciente del deber que recae sobre la administración consistente en atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos , no obstante consideramos de interés indicar que son numerosas las peticiones de información pública que llegan al Servicio de Consumo de Sevilla, muy por encima de las solicitudes presentadas a otros Servicios, haciéndose hincapié en atender todas y cada una de las peticiones recibidas, sin embargo, en la fecha en la que se han realizado éstas, nos encontramos en una época en la que la carga de trabajo ha aumentado considerablemente respecto a otros años, lo cual se suma a la disminución de personal y al período estival en el que se disfruta de las vacaciones a las que tienen derecho los empleados públicos. A pesar de las vicisitudes mencionadas, se ha procedido a tramitar las numerosas peticiones realizadas por FACUA. A continuación, se informa de las denuncias referenciadas: - Denuncia 41000-[nnnnn]-16/M: Se inició un procedimiento sancionador resolviéndose el mismo. Con fecha 19/06/2023 FACUA presenta solicitud de información pública, dándose el día 30/08/2023 trámite de alegaciones a la entidad sancionada en virtud del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se adjunta la documentación. - Denuncia 4100-[nnnnn]-16/M: Respecto a la solicitud de información pública efectuada por FACUA el día 19/06/2023, se emite Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla con fecha 01/09/2023 en la que se estima la petición, procediéndose a la puesta a disposición de esta asociación, tanto de la Resolución como de la documentación que consta en el expediente administrativo, a través del sistema NOTIFICA ese mismo día (se adjunta la documentación). Entre la documentación remitida figura Resolución de la Delegada Territorial 1 de septiembre de 2023, en virtud de la cual se estima la solicitud de acceso a la información pública. La Resolución indica lo siguiente respecto a la denuncia 41000-[nnnnn]-16/M: “PRIMERO.- Estimar la solicitud de acceso a la información pública solicitada adjuntando a la presente resolución la información requerida. Se puede acceder a la documentación a través del siguiente enlace: [enlace a la aplicación Consigna]” 3. Se incluye igualmente la información contenida en el enlace. Concretamente, consta un informe firmado el día 16 de abril de 2018 en el que se indica que “Vistos los hechos recogidos y la documentación adjunta presentada en el Expediente 41-[nnnnn]-17-I abierto contra [denominación de la empresa denunciada] este órgano instructor determina que no procede la iniciación de procedimiento sancionador, por las razones siguientes: Ha caducado la acción para perseguir la infracción”. Consta acuse de recibo de la notificación en fecha 4 de septiembre. 4. El 6 de noviembre de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y puesto a disposición de la persona reclamante en la sede electrónica de notificaciones el 7 de noviembre de 2023. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 19 de junio de 2023, y la reclamación fue presentada el 17 de agosto de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “(…) SOLICITA se nos remita informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente — expediente 41-[nnnnn]-16/D—, así como copia de su resolución.” Conviene por lo tanto analizar la información facilitada por la Resolución de 1 de septiembre de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla, a los efectos de verificar si la misma puede ser considerada suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la persona recurrente. 2. Respecto a la solicitud de que se remita a la persona reclamante un “informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente” concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta adopte una específica actuación: realizar un resumen de un informe sobre las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente 41-[nnnnn]-16/D—. Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación respecto a esta petición. 3. En cuanto a la solicitud de “copia de su resolución” se pueden realizar las siguientes consideraciones. Entre la documentación remitida a esta autoridad de control, consta informe de la Delegación territorial de 7 de septiembre de 2023, en el que en relación al asunto en cuestión se aclara que: “Respecto a la solicitud de información pública efectuada por FACUA el día 19/06/2023, se emite Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla con fecha 01/09/2023 en la que se estima la petición, procediéndose a la puesta a disposición de esta asociación, tanto de la Resolución como de la documentación que consta en el expediente administrativo, a través del sistema NOTIFICA ese mismo día (se adjunta la documentación)”. Entre la documentación a la que se ha dado acceso figura un escrito del Servicio de Consumo de la entonces Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, de 16 de abril de 2018, en el que se comunica a la empresa denunciada que el órgano instructor había determinado la no procedencia de iniciación del procedimiento sancionador por haber caducado la acción para perseguir la infracción. Igualmente figura una captura de pantalla del sistema informático de tramitación de expedientes de inspección, en el que en relación con la citada empresa y la denuncia objeto de la solicitud de información (expediente 41-[nnnnn]-16/D) consta la situación de “acta o expediente caducado” desde “16/04/2018”. Conforme a estas consideraciones, esta autoridad independiente de control entiende que la información facilitada a la persona ahora reclamante puede considerarse suficiente para satisfacer su derecho de acceso a la información pública, ya que de los documentos obrantes del expediente se deduce fácilmente la no procedencia de iniciar procedimiento sancionador alguno al haberse producido la caducidad de la acción para perseguir la infracción denunciada. Por tanto, constando la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante, una vez presentada la reclamación, de la puesta a disposición de la información indicada en el párrafo anterior, sin que haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada _que a juicio de este Consejo satisface la pretensión de la persona reclamante de conocer la información sobre las actuaciones llevadas a cabo, así como el resultado de las mismas, del expediente número 41-[nnnnn]-16D, procede declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. 4. El escrito de reclamación incorpora una pretensión nueva ya que se solicita ““ (…) procedan a requerir al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Sevilla) para que traslade copia del expediente contenedor de todos los trámites y procedimientos efectuados en relación a la denuncia referenciada y su resolución (…)”. Pues bien, a juicio de este Consejo, no cabe estimar esta pretensión e imponer al órgano reclamado que ofrezca respuesta a esta específica petición de información adicional, que no fue planteada sino en la propia reclamación. A este respecto, no podemos soslayar nuestra consolidada línea doctrinal, según la cual la entidad reclamada “sólo queda vinculado a los términos del petitum tal y como que- dan fijados en el escrito de solicitud de la información sin que pueda admitirse un cambio en dicho pe- titum a lo largo del procedimiento (…)” (así, por ejemplo, Resoluciones 138/2018, de 24 de abril, FJ 4º y 110/2016, de 30 de noviembre, FJ 2º). En consecuencia, según venimos sosteniendo, debe desesti- marse toda pretensión de ampliar la petición inicial en los correspondientes escritos de reclamación. Debemos, por tanto, desestimar este extremo de la reclamación. Esta resolución desestimatoria no impide -claro está- que la persona reclamante pueda volver a dirigir a la Administración las concretas peticiones que formuló en vía de reclamación, sin que aquélla pueda invocar el carácter reiterativo de la solicitud a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Declarar la terminación del procedimiento en cuanto a la petición de “copia de su resolución”, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento. Segundo. Inadmitir la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “SOLICITA se nos remita informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente (…)”. Tercero. Desestimar la reclamación respecto a la petición incluida en el apartado cuarto del Fundamento Jurídico Cuarto.