Reclamación de acceso a información pública sobre obras urbanísticas en el Sector Uzo-2 del Ayuntamiento de Lebrija con resultado parcialmente estimatorio

RESOLUCIÓN 65/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 771/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Lebrija Artículos 2 a) LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 31 de agosto de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “HECHOS PRIMERO. Que en la actualidad se están llevando a cabo obras en el viario de determinadas zonas del Sector Uzo-2. Por todo lo anteriormente expuesto y en base a la legitimación que me otorga la acción pública en materia de urbanismo es por lo que le SOLICITO lo siguiente; PRIMERO. información de si las obras mencionadas se están llevando a cabo bajo la cobertura legal del "Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Lebrija y los propietarios del Sector Ur-2 "El Fontanal" en la actualidad Uzo-2 del vidente Pgou”. SEGUNDO. En caso afirmativo, además la siguiente Información: A) Copia del Proyecto Reformado de Urbanización que se ha debido de redactar, tramitar y aprobar, para cumplir con los requisitos establecidos en la Cláusula Segunda del Convenio, puesto que la implementación de los requerimientos de las Compañías Suministradoras afectan a la documentación del inicialmente aprobado por la Junta de Compensación, tanto en la Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuestos, Plan de Control de Calidad, Calificación Ambiental de acuerdo con lo establecido en la Ley Gira y su adecuación a las Normas Técnicas de Urbanización del Pgou vigente. Especialmente la adecuación del Espacio público a la Normativa de Accesibilidad vigente, cuyo incumplimiento era palmario y flagrante. Aún así se aprobó el documento técnico. B) Información sobre las distintas aprobaciones administrativas del Proyecto Reformado. C) Información acerca de si las obras se están llevando bajo la responsabilidad de Junta de Compensación o de cualquier otra figura jurídica amparada por la legislación urbanística vigente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5ª letra a) del Convenio, D) Copia dela garantía establecida en la cláusula 5 ª letra c), del Convenio. E) Dado que ha transcurrido más de un año desde la aprobación definitiva y formalización del Convenio, información sobre los motivos que justifiquen su prorroga de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo. F) Link explícito del Portal de Transparencia en el que se encuentren alojados todos los Convenio firmados por los distintos propietarios o la Entidad Jurídica bajo la que éstos se hayan agrupado para llevar a cabo las Obras. G) Asimismo copia de los Convenios firmados, con las debidas restricciones legales en cuanto a datos personales procedan. H) Personal del Ayuntamiento de Lebrija que ha sido designado para llevar a efecto los compromisos adquiridos por parte del mismo y establecidos en la Cláusula 4ª letra a). I) Informe acerca del carácter administrativo que tienen para el Ayuntamiento las obras que se amparen en el Convenio, si las considera como Obras de Urbanización o como Obras Ordinarias. J) Si el Ayuntamiento ha exigido copia del contrato entre los urbanizadores y la empresa urbanizadora ,con el objeto de comprobar si su contenido se adecuá a los efectos que establece la Legislación vigente. Copia del mismo. K) Copia del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad de las Obras. L) Copia de los distintos Informes favorables de las distintas Compañías Suministradoras debidamente actualizados y en vigor respecto del proyecto de obras a ejecutar en base al Convenio. M) De acuerdo con lo establecido en la ley 19/2013 LTBGI, se solicite a la Inspección de trabajo de Sevilla , si existe ,copia de Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras que se están llevando a cabo. N) Copia de Aprobación definitiva de la Calificación Ambiental preceptiva y obligatoria, al amparo delo establecido en el epígrafe 7.15 dela Ley Gica. 0) Copia de las publicaciones del trámite de Calificación Ambiental y medios donde se ha insertado dicha publicación P) información asimismo si por parte del Ayuntamiento de Lebrija se ha cumplido con el requisito contenido en el artículo 18.3 dela Ley GICA. Q) Copia del Documento de Calificación Ambiental que se ha debido de presentar Anexo al Proyecto de Obras. R) Copia del contrato con el Gestor de Residuos autorizado y fianza establecida. TERCERO. En caso negativo, bajo que cobertura legal y autorización se están llevando a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad en el Sector Uzo-2. Nombre del Promotor y Empresa Urbanizadora.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 31 de octubre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. c) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 31 de agosto de 2023, y la reclamación fue presentada el 19 de octubre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La persona reclamante solicitó: PRIMERO. información de si las obras mencionadas se están llevando a cabo bajo la cobertura legal del "Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Lebrija y los propietarios del Sector Ur-2 "El Fontanal" en la actualidad Uzo-2 del vidente Pgou”. SEGUNDO. En caso afirmativo, además la siguiente Información: (...) TERCERO. En caso negativo, bajo que cobertura legal y autorización se están llevando a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad en el Sector Uzo-2. Nombre del Promotor y Empresa Urbanizadora.” Dado que la entidad reclamada no ha presentado alegaciones, este Consejo desconoce si obra en su poder alguna información que acredite si las obras “Se están llevando a cabo bajo la cobertura legal del "Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Lebrija y los propietarios del Sector Ur-2 "El Fontanal". Si la respuesta fuera positiva, esto es, si existiera información que permitiera afirmar que las obras se están realizado bajo el amparo del convenio, lo solicitado sería información pública. En este caso, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Y si la respuesta fuera negativa, esto es, si no existiera información que permitiera afirmar que las obras se están realizado bajo el amparo del convenio, lo solicitado no tendría la consideración de información pública, ya sea porque no existiera o bien porque requiriera una labor previa de análisis jurídico y posterior decisión, actuaciones que no están incluidas en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada. Por tanto, procede estimar la reclamación, debiendo la entidad reclamada facilitar la información en el sentido antes indicado. Esto es, si consta la información que permitiera afirmar que las obras se están realizado bajo el amparo del convenio, informar en este sentido. Y en caso contrario, inadmitir la petición por no existir lo solicitad o requerir un proceso de análisis jurídico. 2. En el caso de que la respuesta fuera positiva, la solicitud incluye además las siguientes peticiones: A) Copia del Proyecto Reformado de Urbanización que se ha debido de redactar, tramitar y aprobar, para cumplir con los requisitos establecidos en la Cláusula Segunda del Convenio, puesto que la implementación de los requerimientos de las Compañías Suministradoras afectan a la documentación del inicialmente aprobado por la Junta de Compensación, tanto en la Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuestos, Plan de Control de Calidad, Calificación Ambiental de acuerdo con lo establecido en la Ley Gira y su adecuación a las Normas Técnicas de Urbanización del Pgou vigente. Especialmente la adecuación del Espacio público a la Normativa de Accesibilidad vigente, cuyo incumplimiento era palmario y flagrante. Aún así se aprobó el documento técnico. B) Información sobre las distintas aprobaciones administrativas del Proyecto Reformado. C) Información acerca de si las obras se están llevando bajo la responsabilidad de Junta de Compensación o de cualquier otra figura jurídica amparada por la legislación urbanística vigente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5ª letra a) del Convenio, D) Copia de la garantía establecida en la cláusula 5 ª letra c), del Convenio. E) Dado que ha transcurrido más de un año desde la aprobación definitiva y formalización del Convenio, información sobre los motivos que justifiquen su prorroga de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo. F) Link explícito del Portal de Transparencia en el que se encuentren alojados todos los Convenio firmados por los distintos propietarios o la Entidad Jurídica bajo la que éstos se hayan agrupado para llevar a cabo las Obras. G) Asimismo copia de los Convenios firmados, con las debidas restricciones legales en cuanto a datos personales procedan. H) Personal del Ayuntamiento de Lebrija que ha sido designado para llevar a efecto los compromisos adquiridos por parte del mismo y establecidos en la Cláusula 4ª letra a). I) Informe acerca del carácter administrativo que tienen para el Ayuntamiento las obras que se amparen en el Convenio, si las considera como Obras de Urbanización o como Obras Ordinarias. J) Si el Ayuntamiento ha exigido copia del contrato entre los urbanizadores y la empresa urbanizadora ,con el objeto de comprobar si su contenido se adecuá a los efectos que establece la Legislación vigente. Copia del mismo. K) Copia del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad de las Obras. L) Copia de los distintos Informes favorables de las distintas Compañías Suministradoras debidamente actualizados y en vigor respecto del proyecto de obras a ejecutar en base al Convenio. M) De acuerdo con lo establecido en la ley 19/2013 LTBGI, se solicite a la Inspección de trabajo de Sevilla , si existe ,copia de Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras que se están llevando a cabo. N) Copia de Aprobación definitiva de la Calificación Ambiental preceptiva y obligatoria, al amparo delo establecido en el epígrafe 7.15 dela Ley Gica. 0) Copia de las publicaciones del trámite de Calificación Ambiental y medios donde se ha insertado dicha publicación P) información asimismo si por parte del Ayuntamiento de Lebrija se ha cumplido con el requisito contenido en el artículo 18.3 dela Ley GICA. Q) Copia del Documento de Calificación Ambiental que se ha debido de presentar Anexo al Proyecto de Obras. R) Copia del contrato con el Gestor de Residuos autorizado y fianza establecida. TERCERO. En caso negativo, bajo que cobertura legal y autorización se están llevando a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad en el Sector Uzo-2. Nombre del Promotor y Empresa Urbanizadora.” De las anteriores peticiones, la incluida en el apartado “M” no tiene la consideración de información pública, ya que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta haga una específica actuación (realizar una solicitud a la Inspección de Trabajo). Actuación que no está incluida en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada. Respecto al resto de peticiones, lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Sin embargo, debe aclararse que la entidad deberá poner a disposición de la persona reclamante la información que existiera en el momento de realizar la solicitud. Debe tenerse en cuenta que el amplio concepto de información pública incluye tanto documentos como contenidos que obren en poder del sujeto obligado. Además, conviene tener en cuenta el concepto de reelaboración contenido en el artículo 18.1. c) LTAIBG y precisado por la jurisprudencia, que se relaciona íntimamente con la definición del concepto de información pública (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 306/2020, de 3 de marzo): “Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración” La entidad reclamada deberá por tanto poner a disposición de la persona reclamante la información que obre en su poder, y que no requiera de una elaboración ex profeso para dar respuesta a la solicitud que exceda de una reelaboración básica o general. Y en caso de que esto no sea posible, informar de la inexistencia de la información o bien justificar que la puesta a disposición de la información tal y como se han solicitado implica una acción previa de reelaboración que excede de una reelaboración básica o general. 3. Respecto a la petición “TERCERO. En caso negativo, bajo que cobertura legal y autorización se están llevando a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad en el Sector Uzo-2. Nombre del Promotor y Empresa Urbanizadora”, concurren las mismas circunstancias que en la primera petición. Dado que la entidad reclamada no ha presentado alegaciones, este Consejo desconoce si obra en su poder alguna información sobre “bajo que cobertura legal y autorización se están llevando a cabo las obras que se están ejecutando en la actualidad en el Sector Uzo-2". Si la respuesta fuera positiva, esto es, si existiera información que permitiera conocer bajo qué cobertura lega y autorización se están llevando a cabo las obras, lo solicitado sería información pública. En este caso, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Y si la respuesta fuera negativa, esto es, si no existiera información que permitiera conocer bajo qué cobertura lega y autorización se están llevando a cabo las obras, lo solicitado no tendría la consideración de información pública, ya sea porque no existiera o bien porque requiriera una labor previa de análisis jurídico y posterior decisión, actuaciones que no están incluidas en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada. Por tanto, procede estimar la reclamación, debiendo la entidad reclamada facilitar la información en el sentido antes indicado. Esto es, si consta la información que permitiera afirmar que las obras se están realizado bajo el amparo del convenio, informar en este sentido. Y en caso contrario, inadmitir la petición por no existir lo solicitad o requerir un proceso de análisis jurídico. En cualquier caso, y respecto a la petición “Nombre del Promotor y Empresa Urbanizadora” no concurre esta circunstancia. Se trata de información pública y procede por tanto estimar el acceso en aplicación de la regla general de acceso antes indicada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Sexto, apartados primero, segundo y cuarto, y Séptimo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA, respecto a la petición: M) De acuerdo con lo establecido en la ley 19/2013 LTBGI, se solicite a la Inspección de trabajo de Sevilla , si existe ,copia de Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras que se están llevando a cabo. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.