Una concejala solicitó al Ayuntamiento de La Carolina los informes de reparo de la Intervención municipal sobre gastos del nuevo gobierno. El Ayuntamiento denegó el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Puntos clave de la argumentación
1
El Consejo admite a trámite reclamaciones de miembros electos de corporaciones locales basadas en el artículo 77 de la LRBRL, aplicando preferentemente la normativa de régimen local y supletoriamente la de transparencia.
2
El artículo 77 de la LRBRL reconoce el derecho de los miembros de las Corporaciones locales a obtener antecedentes, datos o informaciones precisos para el desarrollo de su función.
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El plazo para interponer la reclamación es de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado, según el artículo 24.2 de la LTAIBG.
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La solicitud fue notificada el 20 de noviembre de 2023 y la reclamación se presentó el 1 de febrero de 2024, superando el plazo legal de interposición.
Texto completo
RESOLUCIÓN 152/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Reclamación 127/2024
Persona reclamante XXX
Entidad reclamada Ayuntamiento de La Carolina
Artículos 32 y 33 LTPA; 20 y 24 LTAIBG; 77 LRBRL; 14, 15 y 16 ROF
Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gen-
eral de Protección de Datos (RGPD); Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales (ROF)
ANTECEDENTES
Primero. Presentación de la reclamación.
Mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo)
Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al
amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA).
Second. Antecedentes a la reclamación.
1. La persona reclamante presentó el 15 de noviembre de 2023, ante la entidad reclamada,
solicitud de acceso a información en los siguientes términos:
“Como [se cita cargo] del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Carolina, considerando
necesario el acceso a cierta información para poder realizar nuestra labor de fiscalización y
oposición y en virtud del derecho a la información previsto en el artículo 77 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.
Solicita
Que se me de acceso a los informes de reparo, si los hubiere, emitidos por la Intervención
municipal con respecto a los gastos autorizados por el nuevo equipo de gobierno, desde el
17 de junio y hasta la fecha.”
2. La entidad reclamada contestó la petición el 20 de noviembre de 2023 con el siguiente contenido,
en lo que ahora interesa:
“PRIMERO. Denegar el acceso a la información solicitada por [nombre y apellido] a la vista del
informe emitido por la Interventora Municipal con fecha de 20 de noviembre del 2023."
Tercero. Sobre la reclamación presentada
En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa:
1. “COMO [se cita cargo] DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA TENGO DERECHO A LA IN-
FORMACIÓN PARA PODER EJERCER MI LABOR DE FISCALIZACIÓN. HE SOLICITADO QUE SE
ME DE ACCESO A LOS INFORMES DE REPARO, SI LOS HUBIERE, EMITIDOS POR LA INTER-
VENCIÓN MUNICIPAL CON RESPECTO A LOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL NUEVO EQUIPO
DE GOBIERNO, DESDE EL 17 DE JUNIO. Y SE ME HA DENEGADO ARGUMENTANDO QUE SOLI-
CITO UN EXCESIVO VOLUMEN DE DOCUMENTACIÓN Y QUE DEBO CONCRETAR PARA GA-
RANTIZAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. EVIDENTEMENTE LA
RESPUESTA TRATA DE IMPEDIR MI ACCESO A ESA INFORMACIÓN. EN PRIMER LUGAR POR-
QUE NO HE SOLICITADO COPIAS, ESO LO HARÉ CUANDO ME PONGAN A DISPOSICIÓN LOS
EXPEDIENTES Y EN SEGUNDO LUGAR PORQUE NO CREO QUE SEAN MUCHOS LOS PAGOS
QUE SE ESTÁN HACIENDO CON INFORME DE REPARO DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
PORQUE ENTONCES SERIA PREOCUPANTE. LO QUE ESTA INTERESADA SOLICITA ES QUE SE
AUTORICE AL ALCALDE A LA INTERVENTORA MUNICIPAL PARA QUE ME ENSEÑE LOS EXPE-
DIENTES EN LOS QUE SE HAYAN EMITIDO INFORME DE REPARO Y ESO NO CREO QUE SEA
NINGÚN OBSTACULO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación.
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en
el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de
la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo.
2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo
48.1. b) LTPA.
3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en
materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las
consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a
disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.
Segundo. Competencia del Consejo para conocer de la reclamación formulada.
Las solicitudes de información pública de las que trae causa la presente reclamación fueron formu-
ladas frente el Ayuntamiento reclamado por una concejala, invocando el artículo 77 de Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).
Este Consejo había venido inadmitiendo a trámite aquellas reclamaciones presentadas frente a resolu-
ciones expresas o por silencio administrativo presentadas por los miembros electos de las entidades
locales cuando las fundamentaban expresa y únicamente en el artículo 23.1 CE, 77 LRBRL o 16 ROF.
Sin embargo, a partir de la Resolución 779/2022, y como resultado de diversos pronunciamientos judi-
ciales (especialmente la Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo, dictada por la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo), este Consejo admite a trámite estas
reclamaciones. Las Resoluciones 780/2022, 32/2023 y 50/2023 confirmaron esta doctrina, que afirma,
no solo la admisión a trámite de la reclamación, sino también la aplicación preferente del régimen de
acceso a la información contenido en la normativa de régimen local, siendo de aplicación supletoria la
de transparencia. En este sentido, la Sentencia 314/2021, de 8 de marzo (casación 1975/2020) lo in-
dica en su Fundamento Jurídico Tercero.
Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública
El artículo 77 LRBRL establece que “Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a
obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informa-
ciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su
función”.
Además, el artículo 15 del ROF establece que los servicios administrativos locales estarán obligados a
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado,
en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o respon-
sabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y docu -
mentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
A su vez, el artículo 5.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía se remite a
la legislación básica sobre régimen local en lo que corresponde al estatuto de los miembros de las cor-
poraciones locales andaluzas.
Por su parte, constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la trans-
parencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder
de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA].
Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información
pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a
que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia,
en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro-
teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”.
La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla
general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se
aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su
restricción o denegación.
Cuarto. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpon-
drá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o
desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común (LPAC).
Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local (LRBRL), establece que el plazo máximo de de resolución de las solicitudes
presentadas por los miembros de las Corporaciones locales será de cinco días naturales a partir del día
siguiente al que se hubiera presentado.
A su vez, el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales (ROF), establece que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida
por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución
o acuerdo denegatorio en el término de cinco días.
2. En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que la
entidad reclamada notificó la respuesta a la solicitud el 20 de noviembre de 2023. Sin embargo, la
reclamación no fue presentada hasta el 1 de febrero de 2024, por lo que es claro que había
transcurrido el plazo previsto en el artículo 24. 2 LTAIBG para su interposición, procediendo
consecuentemente a su inadmisión.
En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. Inadmitir a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.