Reclamación de acceso a la información pública sobre el expediente de la Feria de San Juan 2023 de la E.L.A. Torrecera

RESOLUCIÓN 137/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 683/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Entidad Local Autónoma Torrecera Artículos 2, 24 LTPA 24 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 26 de julio de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “SOLICITA acceso y copias, de cuantos documentos (resoluciones, informes, contratos, convenios, pagos, ingresos, etc), obren en poder de los servicios municipales de la E.L.A. relativos al expediente para la celebración de la Feria de San Juan 2023”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 29 de septiembre de 2023, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En idéntica fecha la solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 26 de octubre de 2023, la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo aportando asimismo la Resolución de 10 de octubre de 2023, de la Presidencia, notificada a la persona reclamante el 13 de octubre de 2023, por la que se acuerda: “Primero: Recábense los expedientes relativos o relacionados con la celebración de la Feria de San Juan 2023, y conformados como viene indicado por el Consejo de Transparencia para proteger los datos de carácter personal de terceros. “Segundo: Remítanse copias al Consejo en la forma que se pide y póngase de forma simultánea los mismos a disposición del interesado el próximo día 14 de noviembre del presente a las 10:00 horas en las dependencias de esta entidad”. 3. Con fecha 14 de noviembre de 2023 tiene entrada en la entidad reclamada escrito de la persona reclamante en el que comunica su imposibilidad para acudir a la cita del mismo 14 de noviembre de 2023 y solicita “se fijen nuevo/s día/s, a ser posible más de uno, con el fin de facilitar el derecho de acceso a la información pública, ya que el horario que habitualmente se establece para la puesta a disposición y consulta de la documentación solicitada, coincide con mi jornada laboral, o bien se me facilite enlace desde el que poder acceder a la información solicitada, o bien copia documental o electrónica de la documentación solicitada”. 4. Con fecha 29 de noviembre de 2023 la entidad reclamada comunica a este Consejo la intención de “poner a disposición del interesado la documentación solicitada en Sede electrónica; de hecho se está trabajando en ello, pero al ser todo un expediente completo la documentación que debemos subir a sede es muy extensa”. 5. El 30 de noviembre de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 4 de diciembre de 2023. 6. El 12 de diciembre de 2023 tiene entrada escrito de la entidad reclamada al que se adjunta un oficio dirigido a la persona reclamante informándole que tiene a su disposición la documentación, por la que se interesa, en sede electrónica. 7. El 20 de diciembre de 2023 la entidad reclamada traslada a este Consejo el documento acreditativo de la entrega a la persona reclamante, con fecha 14 de diciembre de 2023, del escrito de la entidad reclamada por el que se le informa que “tiene a su disposición la documentación por la que se interesa, en sede electrónica”. No consta el acceso de la persona reclamante a la sede electrónica ni la documentación que se pone a su disposición. 8. El 29 de diciembre de 2023 el Consejo remite correo electrónico a la persona reclamante para que confirme si efectivamente ha recibido la respuesta a su solicitud de información. El mismo día la persona reclamante responde mediante correo electrónico a este Consejo indicando que ha sido informado “por este medio y contenido” pero que ha presentado, con fecha 26 de diciembre de 2023, ante la entidad reclamada, “escrito de incidencia, informando de la falta de información en la relación facilitada y solicitando la misma”. En este escrito, de fecha 26 de diciembre de 2023 y dirigido a la entidad reclamada, la persona reclamante manifiesta lo siguiente: “Que con fecha 21/12/2023 he tenido acceso a una parte de la información solicitada, a través de la documentación depositada en la Sede Electrónica de la E.L.A., si bien, por el presente hago constar los documentos relativos a las siguientes actividades o actuaciones que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de San Juan 2023, no constaban en dicha plataforma junto con los demás; “- Actuación Vidality Caseta Municipal 23 de junio, 22:00 horas. “- Encierro infantil, Plaza Artesanía, 20 de junio, 19:00 horas. “- Contrato, facturas y demás documentación de la explotación del servicio Bar catering de la Caseta Municipal. “- Pago al Cortejo de Reinas y Damas. “- Ingresos. “Es por lo que les comunico a los efectos que procedan y por el presente “Solicito “Que en el plazo más breve posible se me facilite la documentación relacionada y cualquier otra que a día de la fecha no haya sido puesta a disposición de acceso, para la oportuna consulta o copia”. 8. El 2 de enero de 2024 tiene entrada en el Consejo escrito de la persona reclamante con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Manifiesto “Que sobre la información solicitada a la E.L.A. Torrecera y facilitada a través de sede electrónica es incompleta, por lo que con fecha 26/12/2023 he comunicado la carencia a la propia E.L.A. de Torrecera. “Es por lo anteriormente expuesto por lo que “Solicito “La toma en consideración de este incidente de falta de información facilitada por la E.L.A.. “Asimismo la toma en consideración de que no es la primera vez que la E.L.A. Torrecera omiten documentos en la puesta a disposición de algún expediente solicitado, sin que se pueda conocer el motivo (error u omisión). “Es por lo que sería oportuno y así lo solicito, para que se pueda plantear que, por el habilitado que corresponda, se certifique que los documentos que se ponen a disposición y facilitan, son todos los [sic] componen íntegramente el expediente solicitado”. Aporta copia del escrito presentado el 26 de diciembre de 2023 ante la entidad reclamada solicitando la documentación que relaciona. 9. Con fecha 10 de enero de 2024 el Consejo concede, conforme a los artículos 82 y 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, trámite de audiencia a la entidad reclamada para que, en el plazo de 10 días, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 10. Mediante escrito de 31 de enero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la Resolución de 31 de enero de 2024, de la Presidencia, notificada a la persona solicitante el día 5 de febrero de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Dada cuenta del escrito presentado por [nombre de la persona reclamante] con registro de entrada 2023000808E, en el que solicita la siguiente documentación relativa al expediente de Feria de San Juan 2023: “- Actuación Vidality. “- Encierro Infantil. ”- Contrato, facturas, y demás documentación del Servicio de catering de la caseta Municipal. “- Pago al Cortejo de Reina y Damas. “- Ingresos. “Tengo a bien indicar lo siguiente: “- Que la actividad «Actuación Vidality» fue una exhibición altruista de una academia de baile. El interesado como todos los vecinos de esta localidad sabe que desde siempre la academia de baile hace esta actuación sin cobrar nada. “- Del «Encierro infantil» no se ha pagado nada. Solo la contratación de la empresa que suelta las vaquillas que adicionalmente ofreció tal encierro. “- Sobre el contrato, facturas y demás documentación del Servicio de Catering de la Caseta Municipal, he de decir que no existió tal servicio de catering. La persona que gestiona la caseta hace allí la comida. “- El pago al cortejo de Reina y Damas, fue una cantidad de dinero que adelantó personalmente el presidente y que le acaba de ser reintegrado como suplido, no se había incorporado el pago. “- A todos los ingresos relativos al expediente de Feria de San Juan 2023, ha tenido acceso en la sede electrónica”. 11. El 8 de febrero de 2024 la persona reclamante formula nuevo escrito dirigido a este Consejo en relación con la información facilitada mediante la Resolución de la Presidencia de 31 de enero de 2023, por los siguientes motivos: «Donde en la Resolución se dice -”A todos los ingresos relativos al expediente de Feria de San Juan 2023, ha tenido acceso en la Sede electrónica” (...); “...en la Sede Electrónica NO había información alguna de ingresos”. - “El pago al cortejo de Reina y Damas…”. (…) “Yo nunca he preguntado como se ha pagado, si suplido o no, fuese como fuese, desde el momento del acuerdo del pago a las beneficiarias, se genera documentación que debió exisitr ya a la hora de haber puesto a mi disposición el expediente, por lo que se puede entender la falta como una clara e intencionada ocultación del dato”.. .”Sobre el contrato, facturas y demás documentación, del servicio de Catering de la Caseta Municipal...” (…) “NO ES LA REDACCIÓN DE LA PREGUNTA EFECTUADA, ya que es la siguiente: Contrato, facturas y demás documentación de la explotación del servicio Bar- Careting de la Caseta Municipal. A mi NO me interesa quien hace la comida, yo no es eso lo que he preguntado, eso es una auténtica patraña y tomadura, Yo pregunto por la documentación de la explotación del Bar-Catering de la Caseta Municipal”. .”Del encierro infantil, no se ha pagado nada…” (…) “Sobre esta “indicación de Presidencia” de la ELA, solo cabe hacer un ejercicio de FE, toda vez que cualquier “mejora de contrato” a la que alude debes estar mínimamente soportada en documentación, por lo que con esta “indicación” y en ausencia de los documentos de oferta y mejora del contrato, solo se puede pensar en otra ocultación de documentación”. .”Que la actividad “Actuación Vidality”…” (…) “Sobre este “indicación” de la Presidencia de la ELA, matizar que NO es “una academia de baile” como se cita, sino la academia de Baile de la SRA. [nombre y apellidos] [cargo de la Junta Vecinal de la ELA Torrecera], que cuando anuncia una “actuación” en el programa de la Feria, NO especifica que sea de forma “altruista”, con lo que procede aclarar con la suficiente solvencia documental, lo que se ha venido a llamar por parte de la propia ELA “Actuación Vidaliy” 23 de junio, 22:00 h Caseta Municipal”». FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 26 de julio de 2023, y la reclamación fue presentada el 13 de septiembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La persona reclamante solicitó inicialmente: “acceso y copias, de cuantos documentos (resoluciones, informes, contratos, convenios, pagos, ingresos, etc), obren en poder de los servicios municipales de la E.L.A. relativos al expediente para la celebración de la Feria de San Juan 2023”. La entidad reclamada, tras recibir el requerimiento de expediente de este Consejo durante la tramitación de la reclamación, citó a la persona reclamante para poner “los expedientes relativos o relacionados con la celebración de la Feria de San Juan 2023, y conformados como viene indicado por el Consejo de Transparencia para proteger los datos de carácter personal de terceros” “a disposición del interesado el próximo día 14 de noviembre del presente a las 10:00 horas en las dependencias de esta entidad”. Y la propia persona interesada ha confirmado a este Consejo que tuvo acceso a la documentación facilitada, si bien pone de manifiesto que tal documentación “es incompleta”, enumerando actuaciones acerca de las cuales no se ha proporcionado información. 2. En el escrito de fecha 2 de enero de 2024, en el que se reitera aquella documentación que, a su juicio, falta por entregar, la persona reclamante manifiesta: “Es por lo que sería oportuno y así lo solicito, para que se pueda plantear que, por el habilitado que corresponda, se certifique que los documentos que se ponen a disposición y facilitan, son todos los [sic] componen íntegramente el expediente solicitado”. Esta solicitud del certificado es una nueva pretensión que se incorpora a las que se contenían en la solicitud de información inicial de fecha 26 de julio de 2023. Pues bien, a juicio de este Consejo, no cabe estimar esta pretensión e imponer a la entidad reclamada que ofrezca respuesta a esta específica petición de información adicional, que no fue planteada sino después de interpuesta la reclamación y respondida ya la solicitud de información. A este respecto, no podemos soslayar nuestra consolidada línea doctrinal, según la cual el órgano reclamado “sólo queda vinculado a los términos del petitum tal y como quedan fijados en el escrito de solicitud de la información sin que pueda admitirse un cambio en dicho petitum a lo largo del procedimiento y menos aún, si cabe, en un momento en el que la petición se formula cuando el órgano ya ha resuelto sobre su solicitud inicial” (así, por ejemplo, Resoluciones 138/2018, de 24 de abril, FJ 4º y 110/2016, de 30 de noviembre, FJ 2º). En consecuencia, según venimos sosteniendo, debe desestimarse toda pretensión de ampliar la petición inicial en los correspondientes escritos de reclamación (Resolución 47/2016, de 5 de julio, FJ 3º). Debemos, por tanto, desestimar este extremo de la reclamación. 3. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación. Si bien la persona reclamante mediante escrito presentado el 2 de enero de 2024 ha informado a este Consejo que la información facilitada era incompleta, lo cierto es que con posterioridad, mediante Resolución de la Presidencia de 31 de enero de 2024, la entidad reclamada ha explicado a la persona reclamante los motivos por los que no había suministrado información sobre algunas actuaciones. Y la persona reclamante el 8 de febrero de 2024 ha vuelto a presentar un nuevo escrito de alegaciones en el que califica las “indicaciones” dadas en la Resolución de 31 de enero de 2024 como “falsas y tendenciosas para impedir y obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública…”. Este Consejo debe recordar que el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, el objeto de la reclamación planteada lo constituye el acceso a cuantos documentos obren en poder de los servicios municipales de la E.L.A. relativos al expediente para la celebración de la Feria de San Juan 2023. Y según lo manifestado por la entidad reclamada en la Resolución dictada el 31 de enero de 2024, la persona reclamante ha tenido acceso en la sede electrónica “a todos los ingresos relativos al expediente de Feria de San Juan 2023”, respecto a los eventos cuya carencia de información alega la persona reclamante ha explicado que se realizaron de forma altruista (exhibición academia de baile), fueron ofrecidos por una empresa contratada (encierro infantil de vaquillas) o se trata de servicios que no existieron (servicio de catering…), de lo que deducimos que la entidad reclamada no dispone en su poder de información al respecto. Este Consejo estima que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales buena fe, confianza legítima y lealtad institucional recogidos en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y por ello presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los argumentos recogidos en ellos. Si, en este caso, la entidad reclamada alega circunstancias de las que deducimos que carece de información sobre ciertas actuaciones o eventos que tuvieron lugar en la referida feria, este Consejo ha de aplicar su doctrina reiterada sobre solicitudes de información pública inexistente y, conforme a la definición de “información pública” establecido en el artículo 2.a) LTPA, desestimar aquellas reclamaciones que pretendan acceder a documentos inexistentes “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” Como hemos indicado, de las resoluciones dictadas por la entidad reclamada deducimos que no dispone de parte de la información que le ha sido solicitada, no siendo posible, por tanto, dar acceso al reclamante a esta concreta información. Una resolución como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada no se ha generado, responde expresamente a la petición realizada, independientemente de que de tal inexistencia se pudieran derivar otro tipo de acciones ajenas al derecho de acceso. Respecto al resto de la respuesta ofrecida, este Consejo estima que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento. Segundo. Desestimar la Reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Ju- rídico Cuarto, apartado 2.