Reclamación sobre la identificación de empleados municipales responsables de una tramitación extemporánea y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN 155/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 769/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. La persona reclamante presentó el 7 de agosto de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Expone : Con fecha 7 de agosto he recibido traslado del Decreto de Alcaldía 2023/0726, de 28 de julio, en respuesta a la solicitud de información pública relativa a los órdenes del día y actas de determinados órganos colegiados de este Ayuntamiento. Sin ánimo de colapsar los servicios municipales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, recordando a esta Alcaldía que le corresponde dirigir la Administración municipal, que los plazos son de obligado cumplimiento y que su incumplimiento -sistémico en este ayuntamiento- además de una infracción del ordenamiento jurídico supone una manifiesta falta de respeto para con el vecino que suscribe. Solicita: 1º.- Indique qué motivo puede justificar el manifiesto retraso en notificar el Decreto indicado -10 días- pese a realizarse electrónicamente. 2º.- Facilite la identificación de los empleados municipales responsables de la tramitación extemporánea de la solicitud formulada conforme a la Resolución 269/2023, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.“ Tercero. Sobre la Reclamación Presentada. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “El ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, de forma extemporánea, inadmite la solicitud presentada el pasado 7 de agosto. La presente reclamación se circunscribe exclusivamente al apartado 2 de la solicitud relativo a la identificación de los empleados municipales responsables de la tramitación anómala de la solicitud anteriormente presentada. El reclamante se va a limitar a invocar la consolidada doctrina jurisprudencial sobre la interpretación restrictiva y estricta de las limitaciones de acceso a la información pública cuya simple cita resulta ociosa. Y por lo que respecta a la identificación de los empleados municipales se interesa la aplicación del consolidado criterio sentado por este Consejo en Resoluciones 269/2023, 599/2023 y 604/2023, por lo que esta autoridad independiente debería rechazar el desesperado esfuerzo dialéctico de la entidad reclamada por justificar que lo pretendido excede del ámbito de la "información pública", sin perjuicio de que la identificación de los empleados públicos es el paso previo a la eventual exigencia de depuración de responsabilidad en el marco de un procedimiento disciplinario con todas las garantías. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 17 de noviembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 11 de diciembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la Resolución de Alcaldía núm. 921/2023 de fecha 06/10/23, notificada a la persona reclamante el 6 de octubre de 2023, inadmitiendo la solicitud de información, con el siguiente contenido en lo que ahora interesa: «SEGUNDO.- Por lo que hace al punto 2º de la solicitud el interesado Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa manifiesta la siguiente consideración “... responsable de la tramitación extemporánea...”, por lo que para acceder a esta información previamente se debe de hacer una investigación sobre la veracidad de lo alegado por el reclamante, por lo que se da el supuesto de lo ya resuelto por el CTPDA en la Resolución n. 422/2023 cuando dice en el punto segundo del fundamento de derecho cuarto: “2, En cualquier caso, y teniendo en cuenta la literalidad de la solicitud, la entidad también podría haber entendido que lo solicitado no tenía la condición de información pública. Y es que para identificar la información solicitada, tanto la entidad como este Consejo deberían hacer un juicio de valor que excede del concepto de información pública. La solicitud se sustenta en unas afirmaciones ... que la entidad reclamada debería comprobar y valorar para poder proporcionar la información, lo que exigiría una investigación de los hechos y un posterior análisis jurídico que concluya que estos exijan la adopción de medidas disciplinarias. Y resulta que estas actividades de investigación y de análisis jurídico no está incluida en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada. Hubiera procedido por tanto desestimar este extremo de la reclamación.” Por ello, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: PRIMERO. Inadmitir la solicitud presentada por [se identifica] de fecha 07.08.23 (registro de entrada núm. [nnnnn]), de conformidad con la Fundamentación Jurídica expuesta». 2. El 12 de enero de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 12 de enero de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 6 11de octubre de 2023 y la reclamación fue presentada el 18 de octubre de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. En la solicitud de información inicial la persona reclamante incluía dos pretensiones. No obstante, la presente reclamación la limita al punto segundo de la misma, es decir: “la identificación de los empleados municipales responsables de la tramitación extemporánea de la solicitud formulada conforme a la Resolución 269/2023, de 2 de mayo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.“ La pretensión esta relacionada pues con la identificación de empleados públicos de la entidad reclamada. Conviene recordar que este Consejo ha dictado distintas resoluciones sobre esta cuestión, en las que se realiza una valoración de las diferentes circunstancias del caso concreto para poder ofrecer una respuesta acorde a la normativa de transparencia. Analizada la misma, y teniendo presente los términos literales en que ha sido pedida la información esta no tendría la consideración de información publica. La solicitud formulada se sustenta en una afirmación (“la identificación de los empleados municipales responsables de la tramitación extemporánea...”) que exigiría, para identificar la información solicitada, que la entidad reclamada realizase un análisis de las circunstancias concurrentes en la tramitación de la solicitud de información pública presentada y una posterior valoración jurídica para determinar la extemporaneidad de la resolución del procedimiento. Tendría que identificar en primer lugar a todos los empleados que han participado en la tramitación del procedimiento; en segundo lugar analizar la tramitación y decidir si la resolución se ha dictado o no extemporáneamente; posteriormente determinar qué empleado o empleados ha/n sido causante/s de la demora; y finalmente determinar si este o estos son los responsables de la demora. Y resulta que estas actividades de análisis y valoración jurídica no están incluidas en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada, conforme a la definición contenida en el artículo 2.a) de la LTPA. En este sentido nos hemos pronunciado en la Resolución 422/2023, citada por la entidad reclamada en su respuesta a la solicitud; y en las Resoluciones 152/2023 y 396/2023. Procede por tanto desestimar la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.