Reclamación por acceso a ordenanzas municipales sobre ruidos y medio ambiente resuelta como estimatoria

RESOLUCIÓN 178/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 899/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de San Roque Artículos 6 h) LTPA; 22.3 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 24 de julio de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “EXPONE: Que por medio del presente escrito, y considerando las competencias que ostenta este Excmo. Ayuntamiento y entre otras, en materia de ruidos y medio ambiente, se interpone DENUNCIA, con base en las siguientes: ALEGACIONES: PRIMERA: Que esta parte y como ya consta más que acreditado ante ese Consistorio, soy propietario de la vivienda sita en la calle [dirección, Urbanización, n.º apartamento] de esta localidad. En esta comunidad de propietarios, el vecino colindante con mi terraza apartamento D- [nnnnn] ha instalado un equipo de aire acondicionado apoyado y anclado en el muro medianero de ambas terrazas (elemento común de la comunidad y de 1 metro de altura) viéndome obligado a soportar constantemente ruidos, vibraciones o emanaciones de calor. v El punto de salida del compresor está situado en plano horizontal a menos de 2 metros de mi ventana. El punto de salida del compresor está a menos de 1 metros de distancia a mi terraza. Asimismo la distancia mínima entre la salida del aire y el punto más próximo de ventana situada en distinto parámetro dista menos de 3,5 metros. No puedo hacer uso de la terraza para desayunar o cenar debido al ruido, vibraciones y emanaciones que emite dicho motor y a la mínima distancia que hay entre dicho compresor y mi vivienda. (…) SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito, lo admita, cursen visita a las instalaciones para verificar los términos expuestos en mi escrito y el cumplimiento de las ordenanzas municipales publicadas por ese Excmo. Ayuntamiento en relación a las distancias de la salida del aire y el punto más próximo de ventana, facilitándome copia de dichas ordenanzas municipales y teniendo por formulada DENUNCIA en los términos que anteceden y tras las actuaciones de rigor, se acuerde la urgente adopción de las medidas que fueran menester en virtud de las alegaciones de este escrito e informándome del resultado de las mismas.” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 12 de diciembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 5 de enero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto se remite la respuesta dada al solicitante por la entidad reclamada por Decreto de Alcaldía n.º 2.023-6.385, de 28/12/2023, debidamente notificado el 29/12/2023, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) PRIMERO.- Recibida la reclamación remitida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, se comprueba en los archivos obrantes en el Registro General de Entrada que la instancia presentada por el particular, fue remitida al Departamento de Urbanismo, puesto que en la misma fundamentalmente se formula denuncia por una serio de hechos de tema urbanístico Ayuntamiento de San Roque En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 de la Ley 19/2.013, de de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, define la v información pública como “... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” En estos mismos términos se define la información pública en el artículo 2.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.” La interposición, por tanto, de denuncia por una serie de hechos, no puede considerarse una solicitud de derecho de acceso a la información, ni tampoco la exigencia de que se curse visita para la comprobación de los hechos denunciados, por lo que entendemos que la parte de la solicitud referida a tales extremos, debe ser inadmitida por estar fuera del ámbito objetivo de la legislación de transparencia. SEGUNDO.- Siguiendo con el análisis de la solicitud, podemos distinguir que en la misma solicita el Sr. [apellidos de la persona solicitante] que se le remita copia de las ordenanzas municipales. Esta solicitud sí puede considerarse como una verdadera información pública amparada por la legislación de transparencia. (…) De acuerdo con la doctrina tanto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía respecto a la información ya publicada, objeto de publicad activa, que deberá indicarse al solicitante de información en estos casos, el lugar concreto de la publicación de las citadas normas. Así, en el caso de las ordenanzas urbanísticas, las mismas se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia de nuestra Entidad, en el bloque de información relativo a la normativa municipal. El Portal de Transparencia está sito en la página web municipal (www.sanroque.es/portal-de- transparencia) y concretamente el enlace para acceder a las ordenanzas urbanísticas dentro del bloque de información relativo a la normativa municipal es el siguiente: https://www.sanroque.es/portal-de-transparencia/normativa-municipal/ ordenanzas/urbanisticas.” Visto lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Por todo lo expuesto, ACUERDO: PRIMERO.- Inadmitir la solicitud de información en relación a los extremos mencionados en el apartado primero del informe transcrito en el presente Decreto. SEGUNDO.- Dar traslado a D. [nombre y apellidos de la persona solicitante] de lo dispuesto en el punto segundo del informe transcrito en el cuerpo del presente Decreto en relación a la solicitud de copia de ordenanzas”. v 3. El 3 de enero de 2024 y posteriormente el 8 y el 12 de enero de 2024 la persona solicitante presenta ante el Consejo escritos alegando que la contestación del Ayto de San Roque (Cádiz) de 28- 12-2023 a través del enlace facilitado no contesta a su solicitud, pues con él se accede a bloques de información sobre otras cuestiones. “(…) QUINTO.-Me remiten a un enlace “ para acceder a las ordenanzas urbanísticas dentro del bloque de información relativo a la normativa municipal es el siguiente: https://www.sanroque.es/portal-de-transparencia/nosmativamunicipal/ordenanzas/ urbanísticas” SEXTO.- Accedo al enlace que me indican y figura: -USOS DEL PINAR DEL REY- Figura 2 páginas y 9 artículos. Indican tamaño de 64,17 KG -USO Y APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS- Figura 2 páginas y 16 artículos. Indican tamaño de 56,81 KG -PUBLICIDAD OBLIGATORIA DE LA CONCESION DE LICENCIAS DE OBRAS- Figura 2 páginas, 9 artículos y un anexo. Indican tamaño de 55,11 KG -LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS Aprobación definitiva ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y terreno Figura 1 página. Indican tamaño de 45,12 KG Aprobación definitiva modificada ordenanza reguladora de limpieza y vallado de solares y terreno Figura 3 páginas y 64 artículos. Indican tamaño de 48,14 KG -GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE (...)” 4. El 23 de enero de 2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede trámite de audiencia a la entidad reclamada en relación a las alegaciones formuladas por la persona reclamante. 5. El 12 de febrero de 2024 , se reciben alegaciones de la entidad reclamada, reiterando los argumentos ya esgrimidos, y manifestando que: “PRIMERO.- En relación a las alegaciones efectuadas por D. [ nombre y apellidos de la persona solicitante] de acuerdo con el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno n.º 9/2.015, sobre solicitudes de información que son objeto de publicidad activa, que en el caso de que la información objeto de reclamación sea objeto de publicidad activa, y el v solicitante haya escogido la notificación electrónica como medio de notificación, la solicitud de información se podrá resolver aplicando el art. 22.4 de la LTAIBG y procedería, por tanto, la indicación del lugar web donde la información se encuentra publicada. SEGUNDO.- En este mismo sentido se manifiesta en su doctrina el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en numerosas Resoluciones dictadas en procedimientos de reclamación. TERCERO.- Por tanto, esta Unidad de Transparencia se reitera en lo manifestado en el Decreto n.º 2.023-6.385 de fecha 28/12/2023, por el que se resuelve la solicitud de información con RGE n.º 2.023-E-RE-[nnnnn] de fecha 24/07/2.023 presentada por D. [nombre y apellidos de la persona solicitante] a salvo de lo que pueda considerar el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en la resolución que dicte en el procedimiento de reclamación referido.” FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. v Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 24 de julio de 2023 y la reclamación fue presentada el 24 de noviembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede v ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “ (….) ordenanzas municipales publicadas por ese Excmo. Ayuntamiento en relación a las distancias de la salida del aire y el punto más próximo de ventana, facilitándome copia de dichas ordenanzas municipales”. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. 2. En el caso que nos ocupa, y según la resolución recaída, en aplicación del artículo 22.3 LTAIBG, la entidad reclamada, facilitó un enlace en el que indica que se puede localizar la información solicitada. Sin embargo, del contenido de las posteriores alegaciones presentadas por el reclamante se desprende su disconformidad con la respuesta dada por la entidad reclamada por Decreto de Alcaldía n.º 2.023-6.385 de 28/12/2023, a través del enlace https://www.sanroque.es/portal-de-transparencia/ normativa-municipal/ ordenanzas/urbanisticas. Recibida la respuesta a dichas alegaciones la entidad reclamada se reitera en lo manifestado en el referido Decreto y en el que resuelve aplicando el art. 22.3 de la LTAIBG, con indicación del lugar web donde la información se encuentra publicada. A este respecto, el artículo 22.3 LTAIBG establece que, si la información ya ha sido publicada, la resolución que resuelva la solicitud de acceso podrá limitarse a indicar cómo puede accederse a ella. Pero, según la línea doctrinal seguida constantemente por este Consejo, dicha indicación debe reunir determinados requisitos: “… en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica a portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Esta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsqueda» (entre otras muchas, Resoluciones 33/2016, FJ 4º; 123/2016, FJ 3º; 100/2017, FJ 5º)”. v En consecuencia, el órgano reclamado podrá optar entre proporcionar a la persona interesada directamente la información solicitada o bien identificar el link o enlace exacto que dé acceso de forma directa e inequívoca a dicha información. En el caso de que no sea posible dar un enlace exacto, el órgano deberá explicar suficientemente la ruta o procedimiento a seguir para obtener la información. Analizado el enlace remitido, este Consejo ha podido comprobar que efectivamente dicho enlace conduce a una pluralidad de información y no a la concreta información solicitada, que es una especifica normativa de la entidad, que si existe debe facilitarse. Este Consejo desconoce los conocimientos previos que en este caso concreto pueda tener la persona solicitante para llegar a la información a través de sucesivas búsquedas. Pero en cualquier caso, se considera que la entidad reclamada no debe presuponer con carácter general que las personas solicitantes están familiarizadas con los sistemas de información que ellas gestionan para poder extraer la información solicitada y que, por tanto, es en la resolución de acceso a la información donde se debe facilitar, en la medida que resulte posible, la localización de dicha información o explicar suficientemente la forma de obtenerla, concretando lo que fuere necesario, ya que se trata de búsquedas que pueden resultar complejas para las personas que no trabajan habitualmente con ellos. Por tanto, con el enlace facilitado, como expresa la persona reclamante en sus alegaciones, no se puede obtener la respuesta concreta, por ser una remisión genérica, que no facilita el acceso directo a lo solicitado. Diferente hubiera sido que la resolución dictada, además de conducir al apartado donde están publicadas todas las ordenanzas medioambientales y urbanísticas de la entidad reclamada, hubiera especificado cuál de ellas es la que regula la cuestión planteada por la persona reclamante. En tal caso sí se hubiera cumplido con el criterio mantenido por este Consejo de que la remisión ha de ser precisa y concreta y llevar, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de sucesivas búsquedas. Tal y como indicábamos en la Resolución 388/2023: “Y en este caso, este Consejo considera que la entidad no ha actuado conforme a la interpretación indicada del artículo 22.3 LTAIBG. La entidad podría haber facilitado el link directo a los documentos en los que encontrar la información solicitada, sin perjuicio de que hubiera incluido las instrucciones para localizar los concretos datos, como de hecho hizo al incluir en la respuesta la tabla con los datos de los conceptos presupuestarios. Y es que debemos recordar que el artículo 6 h) LTPA establece el principio de facilidad y comprensión, , en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho.” Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA, que no consta que la persona reclamante haya recibido v la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. v En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “ordenanzas municipales publicadas por ese Excmo. Ayuntamiento en relación a las distancias de la salida del aire y el punto más próximo de ventana, facilitándome (...)”. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.