Inadmisión de reclamación por solicitar la subsanación de un error administrativo en lugar de acceso a información pública

RESOLUCIÓN 203/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 155/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Santiponce Artículos 2 a) LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Finalizado un proceso de selección de personal temporal con destino a la formación de bolsas de trabajo de Magisterio, ofertado por el Ayuntamiento de Santiponce, el día 19 de enero se adjudica definitivamente la plaza a [nombre y apellido],, quedando yo como xxxxxx, sin opción alguna a reclamar por si hubiera habido algún un error en la fase de concurso de méritos. El día 21 de enero se dirige una instancia solicitando al Ayuntamiento un informe sobre los méritos valorados en la candidata electa,ya que,como parte interesada quiero comprobar que efectivamente la puntuación máxima otorgada a la otra candidata se corresponde con la acreditación de 4 titulaciones adicionales, además de la exigida, y no de meros cursos. Recibo una respuesta el 23 de enero sin la información requerida, primero alegando que no cabe plazo alguno de reclamación porque no se recoge en la convocatoria, y en segundo lugar no me demuestran la transparencia del proceso, ya que quedo sin respuesta sobre los méritos acreditados por la segunda candidata. Además indican que no acredito una serie de cursos, dato que no es cierto porque poseo la instancia con todos los cursos reseñados y acreditados. Esta respuesta sin fundamento por parte del Ayuntamiento de Santiponce, motiva una segunda reclamación por mi parte el día 23 de enero en la que demuestro con el resguardo de la solicitud efectivamente la correcta adecuada presentación de mi solicitud con todos los méritos adjuntos en tiempo y forma. Asimismo, en la misma reclamación, vuelvo a solicitar un informe transparente de la acreditación de la candidata electa. El día 29 recibo la respuesta a esta segunda reclamación donde nuevamente se me ofrece la misma respuesta que en la reclamación anterior y, por supuesto, se sigue eludiendo la información que solicito sobre los méritos presentados por la candidata electa en el apartado de titulaciones adicionales, además de la requerida por el puesto. Solicito a este organismo, y a la Junta de Andalucía, que ha sido la que ha otorgado la cantidad de 10.000 euros para la concesión de este puesto de trabajo,que intermedien para que se demuestre que el proceso de selección ha sido limpio y transparente, habiéndose otorgado las puntuaciones bajo los mismos criterios a todos los candidatos,con lo que se pueda demostrar que no ha habido ninguna actuación errónea o fraudulenta por parte del tribunal evaluador, actuando en mi perjuicio.” Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 19 de febrero de 20245 el Consejo dirige a la persona reclamante un oficio por el que se requiere una copia de la solicitud de información presentada. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 22 de febrero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. 3. El 23 de febrero de 2024 la persona reclamante presenta escrito de respuesta al requerimiento realizado con el siguiente contenido: “Finalizado un proceso de selección de personal temporal con destino a la formación de bolsas de trabajo de Magisterio, ofertado por el Ayuntamiento de Santiponce, el día 19 de enero se adjudica definitivamente la plaza a [nombre y apellido], quedando yo como xxxxxx, sin opción alguna a reclamar por si hubiera habido algún un error en la fase de concurso de méritos. El día 21 de enero se dirige una instancia solicitando al Ayuntamiento un informe sobre los méritos valorados en la candidata electa,ya que,como parte interesada quiero comprobar que efectivamente la puntuación máxima otorgada a la otra candidata se corresponde con la acreditación de 4 titulaciones adicionales, además de la exigida, y no de meros cursos. Recibo una respuesta el 23 de enero sin la información requerida, primero alegando que no cabe plazo alguno de reclamación porque no se recoge en la convocatoria, y en segundo lugar no me demuestran la transparencia del proceso, ya que quedo sin respuesta sobre los méritos acreditados por la segunda candidata. Además indican que no acredito una serie de cursos, dato que no es cierto porque poseo la instancia con todos los cursos reseñados y acreditados. Esta respuesta sin fundamento por parte del Ayuntamiento de Santiponce,motiva una segunda reclamación por mi parte el día 23 de enero en la que demuestro con el resguardo de la solicitud efectivamente la correcta adecuada presentación de mi solicitud con todos los méritos adjuntos en tiempo y forma. Asimismo, en la misma reclamación, vuelvo a solicitar un informe transparente de la acreditación de la candidata electa. El día 29 recibo la respuesta a esta segunda reclamación donde nuevamente se me ofrece la misma respuesta que en la reclamación anterior y, por supuesto, se sigue eludiendo la información que solicito sobre los méritos presentados por la candidata electa en el apartado de titulaciones adicionales, además de la requerida por el puesto. Solicito a este organismo, y a la Junta de Andalucía, que ha sido la que ha otorgado la cantidad de 10.000 euros para la concesión de este puesto de trabajo,que intermedien para que se demuestre que el proceso de selección ha sido limpio y transparente, habiéndose otorgado las puntuaciones bajo los mismos criterios a todos los candidatos,con lo que se pueda demostrar que no ha habido ninguna actuación errónea o fraudulenta por parte del tribunal evaluador, actuando en mi perjuicio”. Entre la documentación se acompaña una solicitud dirigida el 11 de enero de 2024 a la entidad reclamada con el siguiente contenido: “Expone que recepcionada la notificación con número de expediente [nnnnn]/2023 donde se justifica que se desestima el recurso de reposición presentado a través de la consideración de no haber presentado documentalmente los méritos para ser susceptible de valorar a demás de ser referenciados en el curriculum. Solicita Solicita que se subsane este error administrativo en el que se justifica la desestimación y para ello se demuestra que los méritos a los que se hace referencia en la notificación fueron presentados y documentados en fecha y forma como consta en este documento que también se adjunta , recepcionado en registro el 11 de enero de 2024 , a las 22:39 con el siguiente Código SIA del procedimiento: [código]” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La persona reclamante solicitó: “Solicita que se subsane este error administrativo en el que se justifica la desestimación y para ello se demuestra que los méritos a los que se hace referencia en la notificación fueron presentados y documentados en fecha y forma como consta en este documento que también se adjunta , recepcionado en registro el 11 de enero de 2024 , a las 22:39 con el siguiente Código SIA del procedimiento: [código]”” En la presente reclamación concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”. Y es que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta adopte una específica decisión (subsanar un error administrativo). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. 2. Respecto a la petición que dirige a este organismo (“...que intermedien para que se demuestre que el proceso de selección ha sido limpio y transparente...·), se trata de una función que el artículo 48 LTPA no atribuye a este Consejo, por lo que carecemos que competencia para resolverla. En todo caso, podrá dirigirse al órgano de la Administración de la Junta de Andalucía que concedió las cantidades indicadas en su escrito para la evaluación de su petición. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.