Reclamación sobre cargos, contratos e ingresos del alcalde relacionados con una empresa constructora

RESOLUCIÓN 226/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 845/2023 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) Artículos 2, 24 LTPA, 18.1.e) LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Conse- jo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al am- paro del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa- ción pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 21 de septiembre de 2023, ante la entidad reclamada, soli- citud de acceso a información en los siguientes términos: "1º.- Indique si el titular de esta alcaldía, al tiempo de tomar posesión de su cargo, formaba parte del Consejo de Administración, es administrador o desempeña algún cargo en la mercantil "Construcciones Domínguez Ponce, S.L." 2º.- Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por el ayuntamiento que preside, concretando objeto y fecha del contrato, en su caso. 3º.-Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por SODEMAN,S.L. concretando en su caso, objeto y fecha del contrato. 4º.- Indique si el titular de la alcaldía, al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales, desempeñaba, por sí o por persona interpuesta, algún cargo en la empresa identificada como contratista de obras. 5º.- A la vista de la declaración de bienes patrimoniales, actividades e intereses presentada, confirme, en su caso, que su participación en la indicada empresa alcanza el 15,32% del capital social. 6º.- Indique el importe de los ingresos percibidos por el titular de esta alcaldía en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por su participación en la referida empresa de construcción". La identificación de la solicitud se produjo por la persona reclamante tras la petición de subsanación, recepcionada el 22 de noviembre de 2023, para que se concretase la información referida en la reclamación planteada. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 5 de diciembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 5 de diciembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 9 de enero de 2024 la persona reclamante presenta alegaciones relativas a la contestación recibida de la entidad reclamada, en los siguientes términos: "El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, una vez más, incumple su obligación legal de facilitar la información solicitada dentro del plazo legal establecido. La presente reclamación se circunscribe a los apartados 4º y 6º de la solicitud al haber sido considerada abusiva por la entidad reclamada, obviando la condición de edil de la persona identificada (antes teniente de alcalde y ahora alcalde) y que consta acreditada su participación en el capital social de una empresa privada. 3. El 10 de enero de 2024 tiene entrada en este Consejo alegaciones de la entidad reclamada, incluyendo cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se adjunta Resolución de la Alcaldía núm. 0001/2024 , de fecha 3 de enero de 2024, en los siguientes términos, en lo que ahora interesa: "RESUELVO "PRIMERO. Permitir el acceso a la información de los siguientes apartados de la solicitud: "1º.- Indique si el titular de esta alcaldía, al tiempo de tomar posesión de su cargo, formaba parte del Consejo de Administración, es administrador o desempeña algún cargo en la mercantil “Construcciones Domínguez Ponce, S.L.” "El titular de esta Alcaldía al tiempo de tomar posesión era administrador solidario de la mercantil “Construcciones Domínguez Ponce, S.L. "2º.- Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por el ayuntamiento que preside, concretando objeto y fecha del contrato, en su caso. "Con la mercantil Construcciones Domínguez Ponce, S.L. se han efectuado dos contratos menores con el siguiente objeto y fecha: "* Resolución de Alcaldía núm. 690/2021 de fecha 16.09.21. "Objeto: Obras para llevar a cabo las Medidas Provisionales impuestas por Resolución de Alcaldía n.º 611/2021 consistentes en apuntalamiento estructural de 4 viviendas, impermeabilización provisional de los forjados de cubiertas en las viviendas n.º 9, 11, 13 y 15 de la C/. Laguna San Lázaro y de ayuda de albañilería para la ejecución del estudio para dar solución constructiva. "* Resolución de Alcaldía núm. 204/2022 de fecha 17.03.22. "Objeto: Obras de desapuntalamiento de la estructura en las tres (3) viviendas (Forjados de planta primera y cubierta) y Ejecutar las obras de reparación y saneado de los elementos de la edificación que hayan resultado afectados por los trabajos de apuntalamiento/desapuntalamiento, impermeabilización provisional de las cubiertas y catas necesarias para la redacción del Estudio de patologías. "3º.- Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por SODEMANS, S.L. concretando en su caso, objeto y fecha del contrato. "No ha sido contratista ni subcontratista. "5º.- A la vista de la declaración de bienes patrimoniales, actividades e intereses presentada, confirme, en su caso, que su participación en la indicada empresa alcanza el 15,32 % del capital social. "A las declaraciones de bienes, actividades e intereses de los miembros Corporativos puede acceder a través del siguiente enlace: https://villamanriquedelacondesa.sedelectronica.es/transparency/2a42f522-0eea-4dfd-95dd- 090a985846ae/ "SEGUNDO. Inadmitir lo solicitado en los apartados 4º y 6º de acuerdo con lo preceptuado en el art. 18.1.e) de la LTAIBG. Se entiende abusiva, en base al criterio interpretativo n.º CI/003/2016, de 14 de julio de 2016, dictado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "Una solicitud es abusiva, cuando es contraria a las normas, las costumbres o la buena fe; definiendo el propio CTBG, que está justificada con la finalidad de la Ley, en los siguientes casos: «Someter a escrutinio la acción de los responsables políticos, conocer como se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios se manejan las instituciones públicas» en este sentido, la petición, bajo el n.º 4º, hace valoraciones y consideraciones anteriores a la celebración de las elecciones y ser nombrado Alcalde (“… al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales, desempeñaba, por sí o por persona interpuesta”), por lo que es una cuestión ajena a la actuación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, igualmente, por lo que hace al punto 6º esa información en nada controla la actuación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa". 4. El 25 de enero de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 26 de enero de 2024. 5. Tras la remisión de alegaciones de la persona reclamante a la entidad reclamada, el 30 de enero de 2024 ésta presenta alegaciones, manifestado que: "Primera. Reiteración causa de inadmisión. "Se reitera la causa de inadmisión de lo solicitado en los apartados 4º y 6º de acuerdo con lo preceptuado en el art. 18.1.e) de la LTAIBG. Se entiende abusiva, en base al criterio interpretativo n.º: CI/003/2016, de 14 de julio de 2016, dictado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "Una solicitud es abusiva, cuando es contraria a las normas, las costumbres o la buena fe; definiendo el propio CTBG, que está justificada con la finalidad de la Ley, en los siguientes casos: «Someter a escrutinio la acción de los responsables políticos, conocer como se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos y conocer bajo qué criterios se manejan las instituciones públicas» en este sentido, la petición, bajo el n.º. 4º, hace valoraciones y consideraciones anteriores a la celebración de las elecciones y ser nombrado Alcalde («… al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales, desempeñaba, por sí o por persona interpuesta»), por lo que es una cuestión ajena a la actuación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Igualmente, por lo que hace al punto 6º esa información en nada controla la actuación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. "Segundo. - Información Pública. "Mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” (art. 2 a) LTPA), no encontrándonos ante ese tipo de información al respecto de lo solicitado en los apartados 4º y 6º. "Por lo que, "Teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por formuladas las anteriores alegaciones al respecto de la reclamación 845/2023". FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 21 de septiembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 3 de noviembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: "1º.- Indique si el titular de esta alcaldía, al tiempo de tomar posesión de su cargo, formaba parte del Consejo de Administración, es administrador o desempeña algún cargo en la mercantil "Construcciones Domínguez Ponce, S.L." 2º.- Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por el ayuntamiento que preside, concretando objeto y fecha del contrato, en su caso. 3º.-Indique si la citada empresa ha sido o es contratista o subcontratista de contratos financiados por SODEMAN,S.L. concretando en su caso, objeto y fecha del contrato. 4º.- Indique si el titular de la alcaldía, al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales, desempeñaba, por sí o por persona interpuesta, algún cargo en la empresa identificada como contratista de obras. 5º.- A la vista de la declaración de bienes patrimoniales, actividades e intereses presentada, confirme, en su caso, que su participación en la indicada empresa alcanza el 15,32% del capital social. 6º.- Indique el importe de los ingresos percibidos por el titular de esta alcaldía en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por su participación en la referida empresa de construcción". La entidad reclamada contestó la solicitud de información mediante la Resolución de la Alcaldía de 3 de enero de 2024, contestando de manera satisfactoria para la persona reclamante las cuestiones planteadas en los puntos 1º, 2º, 3º y 5º. En relación con las cuestiones indicadas en los puntos 4º y 6º, se inadmitió lo solicitado por considerar abusiva la petición, por ser contraria a las normas, las costumbres o la buena fe, en virtud de lo previsto en el artículo 18.1.e) y el criterio interpretativo nº CI/003/2014, de 14 d julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y con dicha inadmisión muestra su desacuerdo la persona reclamante en sus alegaciones de 9 de enero de 2024. Se debe examinar, por tanto, la posible aplicabilidad al caso del artículo 18.1 e) LTAIBG: “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley” 2. Este Consejo se ha pronunciado sobre la aplicación de esta causa de inadmisión en reiteradas ocasiones. Esta doctrina ha tenido en consideración el contenido del citado por la propia entidad reclamada Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que requiere para la aplicación de esta causa dos circunstancias: a) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. b) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Seguidamente, el Criterio Interpretativo especifica que podrán entenderse como abusivas las solicitudes en las que se dé alguno de estos elementos: • Con carácter general, si puede incluirse en el concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código Civil. • Cuando de atenderse, requeriría un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. • Cuando suponga un riesgo para los derechos de tercera personas. • Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Igualmente, el Criterio considera que la solicitud estará justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: • Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. • Conocer cómo se toman las decisiones públicas. • Conocer cómo se manejan los fondos públicos. • Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Este Consejo ha aplicado el contenido de este Criterio Interpretativo en las solicitudes de información muy compleja o voluminosa (Resoluciones 181/2018, 60/2019 y 358/2019). Incluso ha publicado una respuesta a una consulta en la que se analiza la aplicación de esta causa de inadmisión ( Consulta 2/2022, de 18 de enero). Igualmente, debemos tener presente la ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de que el órgano justifique debidamente la aplicación de una causa de inadmisión. Así, en la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Supremo 1547/2017, de 16 de octubre, se afirma expresamente, al respecto, que: “...no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información “ Aplicando esta doctrina, no procede pues la aplicación en el presente caso de la causa de inadmisión invocada a las peticiones indicadas. Y es que, como venimos afirmando, de la legislación reguladora de la transparencia deriva un deber de buscar la información por parte de los sujetos obligados, cuyo alcance perfilamos ya en el FJ 3º de la Resolución 37/2016: “[…] la legislación de transparencia reclama de las autoridades públicas que desplieguen el esfuerzo razonablemente posible para atender las solicitudes de información y, en consecuencia, puedan responder, en los plazos previstos, de forma completa y ajustada a los términos de las peticiones formuladas por la ciudadanía. Las entidades sujetas a las exigencias de lo que se ha dado en denominar “publicidad pasiva”, y por tanto responsables de su cumplimiento [art. 6 c) LTPA], deben realizar una tarea de búsqueda de los “contenidos o documentos” que obren en su poder y se hayan elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, con independencia de cuál sea su “formato o soporte” [art. 2 a) de la LTPA]. Los sujetos obligados, en suma, han de estar en condiciones de acreditar que sus esfuerzos de búsqueda de la información han sido rigurosos y exhaustivos y que han explorado todas las vías razonables para localizar los contenidos o documentos requeridos.” No es, sin embargo, esta última vertiente o dimensión de la noción de “solicitud abusiva” la que se debate en el presente caso, sino que lo que ha de resolverse es si se ha producido una solicitud contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Pues bien, el esfuerzo argumental desplegado por la entidad reclamada en este sentido en la resolución reclamada y en las alegaciones remitidas no hace que este Consejo llegue a la plena convicción de que el solicitante actuase quebrantando “los principios de buena fe e interdicción de abuso de derecho” que deben orientar el ejercicio del derecho de acceso de conformidad con el art. 8 a) LTPA. 3. No obstante lo anteriormente indicado, la falta de aplicación de la causa de inadmisión invocada no implica necesariamente la estimación de la reclamación, por los motivos que indicamos a continuación. El punto 4º de la solicitud de información, solicitaba conocer "si el titular de la alcaldía, al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales, desempeñaba, por sí o por persona interpuesta, algún cargo en la empresa identificada como contratista de obras". Para resolver la controversia, debemos considerar que la información solicitada se referencia temporalmente “...al tiempo de publicarse su candidatura en las pasadas elecciones municipales”. Según la normativa electoral (artículo 44 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), la presentación de personas candidatas a las elecciones locales corresponde a los partidos y federaciones, a las coaliciones constituidas y a las agrupaciones de electores y electoras que reúnan los requisitos establecidos en la normativa electoral. A la vista de esta normativa es la Junta Electoral de Zona la competente para todas las operaciones relacionadas con la presentación, proclamación y publicación de candidaturas en las elecciones Locales (artículo 187 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General). Junto con la presentación de la candidatura debe acompañarse, entre otros documentos, la declaración de la persona candidata de no estar incursa en causa de inelegibilidad, entre las que no parece que se hallen la de tener algún cargo en una sociedad mercantil privada. Se trata por tanto de una información que deben suministrar los partidos y coaliciones y que iría destinada a la Junta Electoral correspondiente. Esto es, se trataría de una información que no habría sido elaborada ni adquirida por la entidad reclamada en el ejercicio de sus funciones. En definitiva, lo solicitado no tiene la consideración de información pública, en el sentido establecido en el artículo 2.a) de la LTPA, respecto del Ayuntamiento reclamado y por ello procede desestimar en este punto la reclamación formulada. La propia entidad reclamada, en las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia, ha indicado que esta información es una cuestión ajena a la actuación del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y que no nos encontramos ante una solicitud de información pública. 4. Por lo que se refiere a la petición formulada en el punto 6º de la solicitud (que se "indique el importe de los ingresos percibidos por el titular de esta alcaldía en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por su participación en la referida empresa de construcción”) debemos traer a colación lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. Según los términos literales del precepto reproducido y vistos los modelos de declaración publicados en la sede electrónica de la entidad reclamada, entre la información que los miembros de las Corporaciones Locales están legalmente obligados a declarar se incluye su participación en sociedades, pero no los importes económicos percibidos por ello. Sin embargo, en la resolución dictada la entidad reclamada lo que ha indicado al respecto es que “...esa información en nada controla la actuación del Ayuntamiento…”, por lo que a juicio de este órgano de control no ha quedado suficientemente claro si la entidad reclamada dispone o no en su poder de la información requerida. El principio de facilidad y comprensión, reconocido en el artículo 6 LTPA, exige a los sujetos obligados que la información que la información solicitada se ponga a disposición de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma. En el caso de que tal información no obrase en poder de la entidad reclamada, la entidad debe informar expresamente de su inexistencia, pues la satisfacción de su derecho de acceso a la información pública del solicitante exige que la petición deba resolver expresamente. Si la información obrase en poder de la entidad reclamada, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que la causa de inadmisión invocada no se considera de aplicación en el presente caso y que tampoco se ha alegado ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, procedería estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Sin embargo, en este segundo supuesto hay que tener en cuenta que no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a la tercera persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debería cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a la tercera persona afectada, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución una vez concedido el trámite de alegaciones, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción no se realizará si la información solicitada está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de obligaciones de publicidad previstas en la normativa de aplicación. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: "6º.- Indique el importe de los ingresos percibidos por el titular de esta alcaldía en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por su participación en la referida empresa de construcción". La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto, apartado cuarto, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir la reclamación en lo que corresponde a la petición contenida en el apartado tercero del Fundamento Jurídico Cuarto, al no tener lo solicitado la consideración de información pública. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.