Reclamación por denegación de identificación de empleado responsable de tramitación extemporánea en el Ayuntamiento de Hinojos

RESOLUCIÓN 304/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 968/2023 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Hinojos Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviatu- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalu- ras cía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac- ceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Regla- mento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelan- te Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad re- clamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 14 de diciembre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “A la vista de la Resolución de Alcaldía nº [nnnnn], de 13/12/2023 (exp. [nnnnn]), por la que se facilita tardíamente la solicitud de información pública registrada el 20/9/2023 en este Ayuntamiento. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 20 y 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que otorga legitimación suficiente al interesado para exigir la depuración de responsabilidad disciplinaria concurrente al haber transcurrido holgadamente el plazo máximo previsto para facilitar la información pública solicitada. De conformidad con lo dispuesto en el art. 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), al establecer que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico (Código de conducta). De conformidad con lo dispuesto en el art. 53.1 TREBEP, al disponer que los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico (principio ético). De conformidad con lo dispuesto en el art. 54.10 TREBEP, al disponer que todo empleado público debe cumplir con diligencia las tareas que les correspondan. De conformidad con lo dispuesto en el art. 54.2 del mismo cuerpo normativo al exigir a todo empleado público el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente. Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.b) de la Constitución y en la Ley 1/2014, de 24 de junio. Solicita 1º.- Identifique al empleado público municipal responsable de la tramitación extemporánea de la solicitud de 20/9/2023 y cuya respuesta se ha notificado casi tres meses después, concretando su condición laboral o funcionarial, grupo, subgrupo, titulación académica y denominación del puesto de trabajo, a los efectos previstos en los arts. 20 y 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nº 269/2023, de 2 de mayo, nº 599 /2023, de 20 de septiembre, nº 604/2023, de 20 de septiembre y nº 712/2023, de 2 de noviembre. 2º.- Facilite copia del informe de Secretaría de 13/12/2023 obrante en el expediente administrativo. 3º.- Téngase por formulada denuncia contra el empleado municipal previamente identificado como responsable de la anómala tramitación de la solicitud presentada y, sin perjuicio de una eventual información reservada, ordénese la incoación de expediente disciplinario para la comprobación de los hechos expuestos y la depuración de responsabilidad disciplinaria concurrente, debiéndose comunicar el inicio del procedimiento al denunciante que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27, ultimo párrafo, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aplicable en este ámbito por mor de lo previsto en su art. 3.” 2. La entidad reclamada respondió a la petición el día 18 de diciembre de 2023 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “PRIMERO. Informar al interesado que como ya se le indicara en la Resolución de Alcaldía [nnnnn] su solicitud formulada con fecha 20/09/2023, por error, había quedado sin atender, no habiéndose iniciado expediente alguno en relación a la misma, por lo que no había empleado municipal responsable de la tramitación. SEGUNDO. Informar, igualmente, al interesado que tras su escrito de fecha 07/12/2023 se tuvo que acudir al registro para localizar el registro presentado con fecha 20/09/2023 y que ha sido tramitado en el expediente [nnnnn]. TERCERO. Permitir el acceso a la copia del informe de Secretaría de fecha 13/12/2023 obrante en el expediente administrativo solicitado por el interesado mediante su remi- sión. Tercero. Sobre la Reclamación Presentada. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “La entidad reclamada pretende escudarse en un error administrativo para denegar la información pública solicitada relativa a la identificación (identidad,condición laboral o funcionarial, grupo, subgrupo y denominación del puesto de trabajo) del empleado municipal responsable de la anómala tramitación de la solicitud presentada con fecha 20/9/2023.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 28 de diciembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad recla- mada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tu- viera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de la misma fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 10 de enero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la Resolución de Alcaldía n.º [nnnnn] ,de fecha 18/12/2023, notificada a la persona reclamante con la misma fecha, antes transcrita. 3. El 7 de marzo de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 7 de marzo de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dis- puesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de sep- tiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigado- ras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc- tubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes debe - rán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA es - tablecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectiva- mente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 18 de diciembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 21 de diciembre de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información públi- ca 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la infor- mación pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “princi- pio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de ac- ceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potes- tad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información cuyo objeto fue conocer: “1º.- Identifique al empleado público municipal responsable de la tramitación extemporánea de la solicitud de 20/9/2023 y cuya respuesta se ha notificado casi tres meses después, concretando su condición laboral o funcionarial, grupo, subgrupo, titulación académica y denominación del puesto de trabajo, a los efectos previstos en los arts. 20 y 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nº 269/2023, de 2 de mayo, nº 599 /2023, de 20 de septiembre, nº 604/2023, de 20 de septiembre y nº 712/2023, de 2 de noviembre. 2º.- Facilite copia del informe de Secretaría de 13/12/2023 obrante en el expediente administrativo. 3º.- Téngase por formulada denuncia contra el empleado municipal previamente identificado como responsable de la anómala tramitación de la solicitud presentada y, sin perjuicio de una eventual información reservada, ordénese la incoación de expediente disciplinario para la comprobación de los hechos expuestos y la depuración de responsabilidad disciplinaria concurrente, debiéndose comunicar el inicio del procedimiento al denunciante que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27, ultimo párrafo, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aplicable en este ámbito por mor de lo previsto en su art. 3.” La entidad respondió la petición facilitando la información correspondiente al segundo apartado. En la reclamación, la persona reclamante la limita a la primera petición (“...al empleado público municipal responsable de la tramitación extemporánea de la solicitud de 20/9/2023 (…)”. La entidad reclamada respondió a la petición mediante resolución expresa de 18 de diciembre de 2023, debidamente notificada, informado que: “no había empleado municipal ocupándose de la tramitación solicitud presentada por el 20/09/2023, pues por error, dicha solicitud había quedado sin atender.” Procedería valorar si la respuesta ofrecida fue conforme a la normativa de transparencia. Sin embargo, concurre una circunstancia que impide que lo hagamos en este momento. Y es que analizada la petición, y teniendo presente los términos literales en que ha sido pedida la información, esta no tendría la consideración de información publica. La solicitud formulada se sustenta en una afirmación (“empleado público municipal responsable de la tramitación extemporánea de la solicitud de 20/9/2023”) que exigiría, para identificar la información solicitada, que la entidad recla- mada realizase un análisis de las circunstancias concurrentes en la tramitación de la solicitud de infor- mación pública presentada y una posterior valoración jurídica para determinar la extemporaneidad de la resolución del procedimiento. Tendría que identificar en primer lugar a todos los empleados que han participado en la tramitación del procedimiento; en segundo lugar analizar la tramitación y decidir si la resolución se ha dictado o no extemporánemente; posteriormente determinar qué empleado o em- pleados ha/n sido causante/s de la demora; y finalmente determinar si este o estos son los responsa - bles de la demora. Y resulta que estas actividades de análisis y valoración jurídica no están incluidas en el objeto de la ley, que se limita al acceso a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada, conforme a la definición contenida en el artículo 2.a) de la LTPA. En este sentido nos hemos pronunciado en la Resolución 422/2023, citada por la entidad reclamada en su respuesta a la solicitud; y en las Resoluciones 152/2023, 396/2023 y 175/2024. Procede por tanto desestimar la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.