Reclamación por denegación de acceso a información sobre tasas municipales y ocupación de suelo público en el Ayuntamiento de Úbeda

RESOLUCIÓN 309/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 745/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Úbeda Artículos 2 a) , 7 c) y 24 LTPA; 13 y 18.1.e) LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Prese0ntación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 9 de octubre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 5 de octubre de 2023 (n.º registro 20657/2023), ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información con el siguiente contenido en lo que ahora interesa: “Que en el informe de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda de fecha 29/08/2023, «INFORME PROPUESTA DE TESORERIA SUSPENSIÓN TEMPORAL ORDENANZAS FISCALES Nº 24 Y Nº52», con HASHDELCERTIFICADO:xxxxxxxxxxxxxxx y con Código Seguro de Verificación: xxxxxxxxx, en la Sección INFORME, Punto CUARTO, con textualidad «Desde la Sección de Cultura y Fiestas se justifica la suspensión de las Ordenanzas Fiscales 24 y 52 en: aún persiste la crisis económica ocasionada por la inflación y el aumento del precio de los suministros energéticos, así como los coletazos de la COVID 19 que tanto daño ha causado en las empresas y asociaciones del sector de la Feria, y a fin de ayudar y reactivar este sector, siendo necesario fomentar la participación de los feriantes y de las cofradías que participan en la Feria con la instalación de Casetas, puestos y atracciones». “La Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda con fecha 30/06/2023 ha presentado la solicitud de la exención de la Tasa por prestación de servicio de carpas en el Recinto Ferial, manifestando que «viendo la actual situación económica, debido a la subida del I.P.C. y a la labor social que cumplen las Cofradías, además del interés social y turístico de la Feria de Úbeda, después de las exenciones de la ordenanza fiscal dos años por el COVID y a la complicada situación económica, que afecta también a las Cofradías, solicitamos nuevamente la exención de la ordenanza fiscal relativo a la feria para este año 2023». “Por todo lo expuesto y en base a lo redactado, pido que se me facilite en formato digital o electrónico y solicitando: “Primero. – Copia anonimizada, fiel y exacta, del escrito de solicitud de exacción de la Tasa por prestación de Carpas en el recinto Ferial…, referenciada y mencionada en anterior documento referenciado y que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, presenta el día 30/06/2023”. 2. La persona reclamante presentó el 5 de octubre de 2023 (n.º registro 20659/2023), ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información con el siguiente contenido en lo que ahora interesa: “Que entre los pasados 28 de SEP. Y 04 de OCT del corriente, se ha celebrado en Úbeda, las ferias y fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. “Segundo. -Que, en dicho evento, se produjo la ocupación de vía pública, suelo público, donde se estableció una actividad comercial-empresarial y mercantil en dicho suelo público. “Tercero. - Que dicha actividad y ocupación de terreno de uso público, está recogida en la ordenanza fiscal nº 24, (REGULADORA DE TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES), donde se especifica en art. 5 (Normas de Gestión), Puntos 3, 4, 5 y en artic. 6 (Devengo), Puntos 1 y 2 (que no reproduzco porque obran en poder del ayuntamiento). “Cuarto. -Que como quiera que dicha actividad mercantil, está sujeta a la aplicación de la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN publicada el 20.04.2018. “Por todo lo expuesto y en base a lo redactado, pido que se me facilite en formato digital o electrónico y solicitando: “1º.- Listado anonimizado, de todos y cada uno de los puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o atracciones, así como cualquiera actividad mercantil o de negocio, que haya sido autorizado para la ocupación de terreno de uso público. “2º.-El importe devengado por todos y cada uno de los ocupantes de suelo público afectados por la orden, municipal 24, incidiendo en la ordenanza aplicada, la fecha de solicitud de ocupación de suelo público, el nº de metros cuadrados ocupados por la actividad y el nº de metros ocupados por la terraza, nº de mesas y sillas y controles establecidos, tal y como obliga la ordenanza 24. “3º.-Certificados y relación del abono de las tasas conforme a la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN. “4º.- Que se me facilite certificado de resolución de exacción y su fecha si la hubiese y motivaciones. “5º.- Que se me faciliten los controles de inspección aplicados según (ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN), las inspecciones de licencia de apertura, así como las inspecciones de carácter sanitario, que garanticen el correcto e íntegro funcionamiento del evento mencionado por las empresas”. 3. La entidad reclamada contestó las peticiones el 6 de octubre de 2023 (n.º registro salida 2023/8002) con el siguiente contenido: “Respecto a las solicitudes 20659/2023 y 20657/2023, remitiéndonos a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, en su Capítulo III, Sección Segunda, Artículo 18.1.e) y habiéndose dado respuesta mediante las notificaciones telemáticas con nº de salida 6800/2022, 6993/2023 y 7176/2023 dando respuesta a sus solicitudes con nº 15477/2022, 17469/2023 y 17835/2023 respectivamente, se resuelve la inadmisión de estas solicitudes”. Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Primero. - Que el día 05/10/2023, registre escrito con núm. Reg. 20659/2023, en el Ayuntamiento de Úbeda, argumentado y basado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y subsidiariamente a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno…, solicitando información de los concesionarios-ocupantes de suelo de dominio público, según dicta la Ordenanza Municipal núm. 24 de Úbeda. Doc. adjunto nº1. “- Que el día 05/10/2023, registre escrito con núm. Reg. 20657/2023, en el Ayuntamiento de Úbeda, argumentado y basado en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y subsidiariamente a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno…, solicitando copia de documento referido en informe de tesorería municipal, publico, y eje de la suspensión de tasas municipales, que se menciona en la documentación que se me aporta por parte de la secretaria del ayuntamiento; documentación obtenida previa petición al objeto de alegar contra la suspensión Ord. Municipal. Doc. adjunto nº2. “- Que el día 06/10/2023, y con numero reg. Salida 2023/8002, recibo remisión de oficio, por parte del ayuntamiento, en el que se me inadmiten los escritos anteriores mencionados, basándose para ello en la ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información publica y buen gobierno, capitulo III, Sección segunda art. 18, ( causas de inadmisión) 1e, que dice «Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». Doc. Adjunto nº3. “A.- Para ello se me dice con demostrable y evidente falsedad, de carácter doloso, que se me había dado respuesta mediante escrito de salida nº 6800/2022, Doc. adj. 4, que hace referencia a información solicitada sobre la OOFF. N.º 26 (completamente diferente) y que consistió en un certificado de pleno, una remisión al BOP provincial del 2019 y una copia de Las Ordenanzas fiscales generales del 2016. Documentación no aportada por ser ingente pero que, si se estima, será aportada. “B.- Se me argumenta también que se me ha contestado a los escritos, mediante notificación 6993/2023, Doc. Adj. 5, que es la respuesta de la secretaria, a mi petición de copia del expediente de modificación de las ordenanzas 24 y 52, que consistió en este caso en el certificado de aprobación del pleno, informe de la secretaria e informe de la Tesorería. No aporta esta información por ser ingente, pero si se estima, será aportada. “C.- Así mismo, se justifica la inadmisión de mis escritos, por una notificación de salida nº 7176/2023, Doc. Adj. 6 y Doc. 6 bis, que es una respuesta sobre la solicitud de información de los solicitantes de ocupación de dominio público, basado en la Ordenanza Municipal Reguladora las casetas de feria de San Miguel de Úbeda (Respuesta que se me facilito, incompleta a lo solicitado). “D.- Se hace también referencia a mis escritos con nº de entrada 15477/2022, 17469/2023 y 17835/2023, Doc. Ad. Nº 7, 8 y 9, que fueron peticiones de información legal y argumentada, respectivamente de la OOFF, n. 26 (REGULADORA DE TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA Y OTROS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL), la petición del expediente en trámite de audiencia, de la modificación de las OOFF, nos 24 y 52 del año corriente, y la petición de datos de los solicitantes de ocupación de suelo público en base a la Ordenanza municipal reguladora de las casetas de la feria y fiestas de San Miguel de Úbeda. “Segundo. -Que como quiera que esta respuesta es la décimo quinta que se me ofrece, de diferente y múltiples peticiones de informacion, FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (Artículo 23 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía). “Tercero. - Que entiendo que la nula voluntad demostrada, para contestar la información solicitada y el ocultamiento de datos infringen las leyes mencionadas, incluso utilizando métodos torticeros, mintiendo, existiendo, quedando demostrado un claro interés por parte del ayuntamiento de ocultar información y no dar respuesta a mis escritos; escritos perfectamente argumentados, solicitados según marca las leyes que regulan la transparencia y buen gobierno. Que se evalué y tenga en cuenta que ninguna petición de datos solicitada es reiterativa, ni siquiera es similar, parecida y mucho menos «manifiestamente» abusiva o carece de justificación. Que se tenga en cuenta el uso del art. 18 1.e de la ley 19/2013 y el empleo para ello de la mentira y la falsedad documental, consciente, con utilización a mi entender de carácter doloso y con manifiesta actitud de engaño ,con el único objetivo de no dar respuesta a lo solicitado, obviando la obligación del principio de Veracidad en sus respuestas, consagrado en la Ley de Transparencia y con afirmación que hago de literalidad, mintiendo y obstaculizando la consagrada transparencia y buen gobierno y con el empleo para ello documentos oficiales, para lo que aporto las pruebas y documentaciones adjuntas. “Que se inicie con carácter inmediato un expediente sancionador administrativo, por infracción muy grave, que evalúe y ponga al descubierto la utilización malintencionada de la ley 19/2013, y sancione al ayuntamiento y autores, evaluando si así lo estima conveniente, comunicar los hechos y pruebas a la fiscalía por existiese, como así lo creo, un claro indicio de falsedad en documento publico e infracción penal. “Por todo lo expuesto, queda formulada RECLAMACION en materia de derecho de acceso a la información pública, ante el organismo competente, solicito asesoramiento, protección y tutela administrativa y o penal efectivo, se acepte, mi escrito, lo que firmo en Úbeda a la fecha de la firma electrónica, aceptando por la misma la información básica sobre protección de datos y demás leyes que son inherentes al trámite que solicito”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 20 de octubre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 3 de noviembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. 3. El 21 de diciembre de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el mismo 21 de diciembre de 2023 4. El 17 de enero de 2024 este Consejo requiere a la entidad reclamada para que remita de nuevo la documentación por el imposible acceso a los enlaces contenidos en la misma. El 18 de enero de 2024 la entidad reclamada remite de nuevo los enlaces a la citada documentación. Esta documentación consiste, entre otros, en solicitudes de información y escritos presentados por la persona reclamante, sus justificantes del registro de entrada en la entidad reclamada y escritos de respuesta de la entidad reclamada. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 6 de octubre de 2023 y la reclamación fue presentada el 9 de octubre de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de las dos solicitudes de información objeto de esta reclamación fue el siguiente: Por un lado, la “Copia anonimizada, fiel y exacta, del escrito de solicitud de exacción de la Tasa por prestación de Carpas en el recinto Ferial…[…] que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, presenta el día 30/06/2023”. Por otro lado, respecto a la feria de san Miguel Arcángel 2023: “1º.- Listado anonimizado, de todos y cada uno de los puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o atracciones, así como cualquiera actividad mercantil o de negocio, que haya sido autorizado para la ocupación de terreno de uso público. “2º.-El importe devengado por todos y cada uno de los ocupantes de suelo público afectados por la orden, municipal 24, incidiendo en la ordenanza aplicada, la fecha de solicitud de ocupación de suelo público, el nº de metros cuadrados ocupados por la actividad y el nº de metros ocupados por la terraza, nº de mesas y sillas y controles establecidos, tal y como obliga la ordenanza 24. “3º.-Certificados y relación del abono de las tasas conforme a la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN. “4º.- Que se me facilite certificado de resolución de exacción y su fecha si la hubiese y motivaciones. “5º.- Que se me faciliten los controles de inspección aplicados según (ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN), las inspecciones de licencia de apertura, así como las inspecciones de carácter sanitario, que garanticen el correcto e íntegro funcionamiento del evento mencionado por las empresas”. Por tanto, las solicitudes incluyen pretensiones relacionadas con tasas fiscales de la entidad reclamada. Este Consejo ya ha manifestado en otras ocasiones la importancia de la información sobre recaudación de fondos públicos: “ (…) La información solicitada es sobre el destino de fondos públicos destinados a la gestión indirecta de la recaudación de impuestos. Como tal destino de fondos públicos, es manifiesto que conocer ese destino y la eficiencia de la gestión realizada tiene un interés ciudadano relevante, por lo que también es de interés la pregunta sobre la cantidad de personal que presta servicios en las oficinas recaudadoras. El principal argumento de los recurrentes es que sería de interés solamente el coste global de la encomiendo, pero no el desagregado por oficinas liquidadoras porque a través de éste se proporciona información personal sobre los registradores titulares de dichas oficinas. Pero no es posible aceptar tal razonamiento. El mismo interés que tiene el coste global de la encomienda lo tiene el coste desagregado, esto es, conocer el coste de la gestión en el ámbito territorial cubierto por cada oficina, y tal interés público sobre el destino y eficiencia del gasto público sobrepasa sin género de dudas la afectación a la esfera personal de los registradores por revelar la percepción por éstos de determinadas cantidades, esto es, por revelar de manera indirecta una parte de sus ingresos, por lo demás sometidos a una regulación pública. Pues tales ingresos afectados por la información derivan de fondos públicos procedentes de los impuestos de los contribuyentes y su destino es una gestión de naturaleza púbica (la gestión, liquidación y recaudación de determinados tributos), todo ello de manifiesto interés ciudadano” (Sentencia del Tribunal Supremo 1514/2022, de 17 de noviembre). La entidad reclamada responde en un escueto oficio en el que inadmite las solicitudes de información “remitiéndose” al artículo 18.1.e) LTAIBG, que incluye como causa de inadmisión aquellas solicitudes que “sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Y se refiere expresamente a otras tres solicitudes de información presentadas anteriormente por la persona reclamante (números de registro de entrada 15477/2022, de 11 de julio, 17469/2023, de 21 de agosto y 17835/2023, de 28 de agosto). Sobre la aplicación de esta causa de inadmisión, debemos tener presente la ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de que el órgano justifique debidamente su aplicación. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo 1547/2017, de 16 de octubre, se afirma expresamente, respecto a otra de las causas de inadmisión del artículo 18.1 LTAIBG, que: “...no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información“. Y en este caso la entidad reclamada tan solo ha mencionado la literalidad del artículo 18.1.e LTAIBG sin que haya justificado en modo alguno la manera en la que se considera que con las respuestas facilitadas a anteriores solicitudes de información se encuentran satisfechas las pretensiones que nos ocupan y por lo que deberían calificarse de repetidas las solicitudes reclamadas, en su caso. Deducimos que la entidad reclamada apela al carácter repetitivo de las pretensiones al mencionar otras solicitudes anteriores a las que ya se ha dado respuesta por la entidad reclamada (“habiéndose dado respuesta mediante las notificaciones telemáticas con nº de salida 6800/2022, 6993/2023 y 7176/2023 dando respuesta a sus solicitudes con nº 15477/2022, 17469/2023 y 17835/2023 respectivamente”). En lo concerniente al carácter repetitivo, desde la Resolución 37/2016 este Consejo viene sosteniendo unas pautas delimitadoras de este concepto que ahora hemos de recordar. Según se apuntó en su FJ 5º, “a la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso-administrativa” (asimismo, entre otras muchas, Resolución 53/2017, FJ 3º). En las alegaciones remitidas por la entidad reclamada durante la tramitación de esta reclamación, se aporta abundante documentación relativa a numerosas solicitudes de información presentadas anteriormente por la persona reclamante y las correspondientes respuestas de la entidad reclamada. Entre ellas se encuentran las tres solicitudes que son mencionadas por la entidad reclamada para justificar el carácter repetitivo en el que se fundamenta la reclamada inadmisión. Pues bien, analizado el contenido de estas tres solicitudes (solicitudes con nº 15477/2022, 17469/2023 y 17835/2023) podemos concluir que no coinciden con las pretensiones de las solicitudes ahora reclamadas por lo que no es aplicable esta causa de inadmisión al no haber coincidencia con lo solicitado y no poder calificarse por tanto como repetitivas. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no se aplica la causa de inadmisión alegada por la entidad reclamada, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 2. Sin embargo, respecto a la pretensión contenida en la primera de las solicitudes (“Copia anonimizada, fiel y exacta, del escrito de solicitud de exacción de la Tasa por prestación de Carpas en el recinto Ferial […] que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, presenta el día 30/06/2023”), debemos indicar que a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución una vez concedido el trámite de alegaciones, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. 3. En relación con la petición incluida en la reclamación de que “se inicie con carácter inmediato un expediente sancionador administrativo, por infracción muy grave, que evalúe y ponga al descubierto la utilización malintencionada de la ley 19/2013, y sancione al ayuntamiento y autores”, este Consejo carece de competencias sancionadoras a la vista del contenido de la LTPA, si bien el artículo 57.2 lo habilita a instar la incoación de un procedimiento sancionador o disciplinario al órgano o entidad que resulte competente cuando constate incumplimientos que puedan ser calificados como alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley. Dado que esta Resolución insta a la entidad a la puesta a disposición de determinada información, su incumplimiento podría suponer el ejercicio de la habilitación prevista en el citado artículo 57.2 LTPA. 4. Por último, debemos referirnos a dos de las pretensiones incluidas en la segunda de las solicitudes de información, a saber, los “Certificados y relación del abono de las tasas conforme a la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN” y el “certificado de resolución de exacción y su fecha si la hubiese y motivaciones”. En ambos casos solicita la persona reclamante un certificado y debemos aclarar que el acceso se concederá a la información existente. Esto es, la entidad reclamada deberá poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada que existiera, pero pero no le es exigible elaborar un documento no existente ni certificar información que ya obre en su poder. En este último caso, lo solicitado no tendría la consideración de información pública que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 5. En resumen, la entidad deberá: a) Respecto a las siguientes peticiones, facilitar la información en los términos del apartado primero de este Fundamento Jurídico, en relación con la feria de san Miguel Arcángel 2023: “1º.- Listado anonimizado, de todos y cada uno de los puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o atracciones, así como cualquiera actividad mercantil o de negocio, que haya sido autorizado para la ocupación de terreno de uso público. “2º.-El importe devengado por todos y cada uno de los ocupantes de suelo público afectados por la orden, municipal 24, incidiendo en la ordenanza aplicada, la fecha de solicitud de ocupación de suelo público, el nº de metros cuadrados ocupados por la actividad y el nº de metros ocupados por la terraza, nº de mesas y sillas y controles establecidos, tal y como obliga la ordenanza 24. “3º.-Certificados y relación del abono de las tasas conforme a la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN. “4º.- Que se me facilite certificado de resolución de exacción y su fecha si la hubiese y motivaciones. “5º.- Que se me faciliten los controles de inspección aplicados según (ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN), las inspecciones de licencia de apertura, así como las inspecciones de carácter sanitario, que garanticen el correcto e íntegro funcionamiento del evento mencionado por las empresas”. b) Retrotraer el procedimiento, en los términos del apartado segundo de este Fundamento Jurídico, respecto a la petición: - “Copia anonimizada, fiel y exacta, del escrito de solicitud de exacción de la Tasa por prestación de Carpas en el recinto Ferial…[…] que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, presenta el día 30/06/2023”. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación. La entidad deberá: a) Respecto a las siguientes peticiones, facilitar la información en relación con la feria de san Miguel Arcángel 2023: “1º.- Listado anonimizado, de todos y cada uno de los puestos, barracas, caseta de venta, espectáculos o atracciones, así como cualquiera actividad mercantil o de negocio, que haya sido autorizado para la ocupación de terreno de uso público. “2º.-El importe devengado por todos y cada uno de los ocupantes de suelo público afectados por la orden, municipal 24, incidiendo en la ordenanza aplicada, la fecha de solicitud de ocupación de suelo público, el nº de metros cuadrados ocupados por la actividad y el nº de metros ocupados por la terraza, nº de mesas y sillas y controles establecidos, tal y como obliga la ordenanza 24. “3º.-Certificados y relación del abono de las tasas conforme a la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN. “4º.- Que se me facilite certificado de resolución de exacción y su fecha si la hubiese y motivaciones. “5º.- Que se me faciliten los controles de inspección aplicados según (ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN), las inspecciones de licencia de apertura, así como las inspecciones de carácter sanitario, que garanticen el correcto e íntegro funcionamiento del evento mencionado por las empresas”. b) Retrotraer el procedimiento - “Copia anonimizada, fiel y exacta, del escrito de solicitud de exacción de la Tasa por pres- tación de Carpas en el recinto Ferial…[…] que la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, presenta el día 30/06/2023”. Todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.