Solicitud de información sobre el convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y Cetursa Sierra Nevada, SA y resolución por terminación del procedimiento

RESOLUCIÓN 320/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 49/2024 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Servicio Andaluz de Salud Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 29 de noviembre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Con relación al Convenio de 28 de noviembre de 2013, suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y Cetursa Sierra Nevada, SA, se solicita: "1) Copias escaneadas de los documentos acreditativos de todos los ingresos realizados por la sociedad mercantil Cetursa Sierra Nevada, SA, con motivo de las obligaciones económicas contenidas en el citado convenio, incluyendo, en su caso, los ingresos correspondientes a la extinción y liquidación del mismo. "2) Copia escaneada de todos los informes, memorias o cualquier otro documento relativo al seguimiento del citado convenio, así como de sus posibles adendas y prórrogas y, en su caso, de los documentos de extinción y liquidación del mismo, en el que se determinasen las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. "3) Coste anual de la dotación de recursos a los que el SAS se comprometió con la citada sociedad mercantil Cetursa con arreglo a la estipulación tercera del citado convenio, desde la firma del mismo en 2013 hasta la actualidad". 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 25 de enero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se recepcionó por la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 25 de enero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 6 de febrero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta omunicada a la persona solicitante el día 26 de enero de 2024, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "Conceder el acceso a la información "En respuesta a lo solicitado en el punto 1, se acompañan dos archivos en formato (.pdf) que contienen los justificantes de los ingresos realizados por dicha entidad en concepto de la prestación de asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud a las personas usuarias de la estación de esquí de Sierra Nevada, durante las temporadas de 2013-2015. "En cuanto a la cuestión planteada en el punto 2, se le anexa un archivo en formato (.pdf) que contiene el escrito de la consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, SA, dirigido al entonces delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía de Granada, con fecha de registro general de entrada de 20 de noviembre de 2015, en el que de manera unilateral se extingue el citado Convenio. En cuanto al resto de los documentos solicitados, le informamos que, no se han localizado en el expediente, informes, memorias o documento concernientes al seguimiento del referido Convenio ni adendas. Acerca de las prórrogas, debemos aclarar que no existen, puesto que como se reseña en la estipulación Séptima de este Convenio su vigencia es de cinco años desde la firma y éste se extinguió con anterioridad a su vencimiento. "Por último, respecto a lo planteado en el punto 3 concerniente al periodo en el que se encontraba en vigor el citado convenio, le indicamos que, hemos realizado un gran esfuerzo para cuantificar los recursos materiales y de transportes, movidos por la voluntad de satisfacer su petición, que ha provocado la demora en resolver la misma en los plazos normativamente establecidos y del que hemos desistido, debido a que, de los sistemas de información operativos en el periodo señalado, no podemos extraer la información solicitada, ya que no se encuentran identificados unívocamente los recursos materiales y de transporte que fueron destinados a ese cometido, lo que impide estimar el coste de los mismos. "En cuanto a los recursos de personal, le informamos que, las retribuciones que los profesionales han percibido durante la temporada de esquí 2014/2015, asciende a 225.773,73 € -Fuente: Gerhonte-. "En relación con lo solicitado sobre el coste comprometido con arreglo a la estipulación Tercera del citado Convenio desde los años 2016 hasta la actualidad, le informamos que, estos datos no podemos aportarlos, puesto que este compromiso dejó de existir al quedar sin efecto la mencionada estipulación Tercera, debido a que como le hemos explicado con anterioridad, este Convenio se extinguió unilateralmente por parte de CETURSA previo al inicio de la temporada 2015-2016. A partir de esta fecha se ha seguido prestando asistencia sanitaria a las personas usuarias de la estación de esquí, al igual que se atiende a la población de residentes o desplazados por otros motivos a esa localidad, a tenor de la cobertura sanitaria de la que dispongan". En el expediente consta correo remitido desde la cuenta de correo electrónico indicada por la persona reclamante, de fecha 26 de enero de 2024, en el que se indica “Este es un acuse de recibo para el mensaje que usted envió a “(correo electrónico)”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 29 de noviembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 14 de enero de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicita- da, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cum- plida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto 2. Con independencia de lo anterior, debemos hacer referencia a la tercera petición de información (coste anual de la dotación de recursos a los que el SAS se comprometió con Cetursa con arreglo a la estipulación tercera del Convenio). La entidad reclamada ha explicado que en los sistemas de información operativos en ese periodo (2013-2015) no se encuentran identificados unívocamente los recursos materiales y de transporte que fueron destinados a ese cometido, y que ello ha impedido calcular el coste de los mismos, En el supuesto de que la información necesaria para el calcular el coste solicitado no exista, como parece suceder en este caso, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la dictada en este caso, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada no existe o no se encuentra localizable, responde expresamente a la petición realizada, y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” En definitiva, en el supuesto planteado la Consejería alega que no están identificados unívocamente los recursos materiales y de transporte cuyo coste se solicita, no siendo posible, por tanto, dar acceso al reclamante a esta concreta información. Por tanto, también respecto a esta petición procede declarar la terminación del procedimiento, al haberse informado al reclamante de las razones por las que no puede darse la información en los términos solicitados. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información soli- citada durante la tramitación del procedimiento.