Reclamación de acceso a información pública sobre contratos de personal y gestión municipal en el Ayuntamiento de Chiclana de Segura

RESOLUCIÓN 441/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 102/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Chiclana de Segura Artículos 2 y 7 c) LTPA; 12 LTAIBG; 77 LRBRL; 14, 15 y 16 ROF Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante enumera en su escrito de reclamación diversas “peticiones de información” presentadas a la entidad reclamada, aportando copias de dichas solicitudes y, en algunos casos, las respuestas recibidas, por lo que consideramos que la reclamación se refiere a estas peticiones. Estas solicitudes se presentan en escritos con membrete del grupo municipal y firmadas por la persona reclamante en calidad de portavoz del grupo municipal. 2. La persona reclamante presentó, ante la entidad reclamada, las siguientes solicitudes de acceso a información, constando asimismo las correspondientes respuestas facilitadas por la entidad reclamada: “1. El 28 de junio de 2023 (E-RC-575) solicitud relativa a “copia de todos los contratos de los trabajadores que componen la plantilla funcional del Ayuntamiento, exceptuando funcionarios, copias de los contratos firmados por el Ayuntamiento en las fechas comprendidas entre el 2 de agosto de 2019 y 15 de agosto de 2019, así l control horario, establecido el 12 de mayo de 2019, de las jornadas en dicho periodo, copia de todos los contratos de los que pudieron haber sido beneficiarios cualquier miembro de la corporación municipal en el periodo 2019-2023”. Respuestas de 4 de julio de 2023 (96) indicando que “se ha solicitado informe a los Servicios Jurídicos” y“una vez recibido dicho informe, se le dará contestación a la solicitud en cuestión” con recibí firmado el 5 de julio de 2023, y de 10 julio 2023 (S-RE-99) respondiendo a la solicitud. 2. El 4 julio 2023 (E-RC-596) solicitando “la modalidad o modalidades de selección de los dos puestos de socorristas de la piscina municipal” y “tipo de contrato que los vincula con el Ayuntamiento”. Respuesta de 7 de julio de 2023 (98), si bien con consta acreditación dela notificación. 3. El 14 agosto 2023 (E-RC-727) solicitando la “relación nominal de beneficiarios de la Ayuda de Emergencia Social” así como “cantidades otorgadas a cada beneficiario/a, periodicidad de las mismas y establecimientos donde se adquieren los productos para los que son adjudicadas dichas ayudas”. Respuesta 24 agosto 2023 (117), recibida el 28 de agosto de 2023. 4. El 25 agosto 2023 (E-RC-751) requiriendo la “justificación de los pagos efectuados de la concentración motera”. Respuestas de 1 de septiembre de 2023 (127) rechazada el 12 de septiembre de 2023; y de 27 de septiembre de d2023. 5. El 4 de septiembre de 2023 (E-RC-771) reitera cierta documentación. Respuesta de fecha de 27 de septiembre 2023 (138), recibida el 28 de septiembre de 2023, indicando que “la petición de información realizada tuvo respuesta el día 22 de agosto de 2023, indicando que el arqueo de caja y el libro de inventario, en cumplimiento del artículo 36.2 del ROF se encontraba a disposición de todos los concejales en la sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal, habiendo sido consultada por usted en dependencias municipales con posterioridad”. 6. El 9 octubre 2023 (E-RC-883) solicitando la “celebración de sesión extraordinaria de Pleno cuyo orden del día sea el siguiente: […]”. Respuesta de 16 de octubre de 2023 (151), recibida el 16 de octubre de 2023. 7. El 16 octubre 2023 (E-RC-897) solicitando información sobre “bienes y derechos sometidos a desafectación”. Respuesta de 20 de octubre dde 2023 (162) recibida el 23 de octubre de 2023. 8. El 2 noviembre 2023 (E-RC-964) reiterando información anteriormente solicitada en escritos que no constan. Respuesta de 8 de noviembre de 2023 (166), recibida el 9 de noviembre de 2023. 9. El 15 noviembre 2023 (E-RC-1018) solicitando información sobre expedientes de: “Verbena Municipal de las Fiestas patronales de Septiembre de 2023”, “expediente referido a la compra de vaquillas y gastos ocasionados por el personal colaborador en los festejos taurinos”, “expediente de la piscina municipal”, “expediente referido al Coto Privado de Caza del Ayuntamiento”, “Finca de Barruelos”. Respuesta 21 noviembre2023 (175), recibida el 21 de noviembre de 2023. 10. El 1 de diciembre de 2023 se presenta solicitud sobre elementos ornamentales eléctricos (alumbrado navidad). Respuesta de 11 de diciembre de 2023, rechazada el 19 de diciembre de 2023”. 3. En el escrito de reclamación, firmado por la persona reclamante como portavoz del grupo municipal, también hace constar que solicita el acceso en su condición de “concejal electo”. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 8 de febrero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 12 de febrero de 2024 se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 11 de marzo de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. La entidad reclamada realiza además las siguientes aclaraciones: “En lo relativo al acceso al arqueo de caja, indicarle como así hemos realizado en los escritos que se le han enviado, que estaba a disposición de la nueva corporación municipal, junto con la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación, como así viene estipulado en el articulo 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Se hace referencia, a que este Ayuntamiento mantiene que esa información, estaba en la carpeta del Pleno de la sesión constitutiva de la corporación del día 17 de junio, y así fue, junto a las credenciales de los concejales electos. A dicha carpeta tuvo acceso el portazo [sic] del grupo que propone esta reclamación, ya que fue el presidente de la mesa de edad, no haciendo constancia de que faltaba ninguna documentación que deba de estar a la hora de constituirse la nueva corporación municipal. “Referente a la solicitud de información sobre contratos de trabajo de la plantilla, así como de cualquier concejal, esa información le fue facilitada por el Teniente Alcalde en cuestión, así mismo, la información del resto de contratos de los trabajadores, ajustándose a la normativa de los convenios colectivos. “La información acerca de la modalidad de contratación de los socorristas de la piscina municipal, le fue facilitada a través de escrito con fecha 07 de julio de 2024 y tratada además en una reunión con los concejales del grupo de Jaén Merece Más y este Alcalde. “En cuanto a la solicitud realizada sobre los beneficiaros de Ayuda de Emergencia social, esta Alcaldía no ha negado la información, simplemente se le trasladó en contestación con fecha 24/08/2023, salida nº 2023-S-RE-117, que es competencia del área de Servicio Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento, además nos consta, que el concejal del grupo, ha tenido varias visitas con la Trabajadora Social. “Los justificantes de los pagos efectuados por los eventos de los días 28, 29 y 30 de julio se le facilitaron, como menciona en su escrito, por la Concejala Delegada del área, manteniendo reunión en dos ocasiones, del mismo modo, que la información sobre las Fiestas Patronales, se actuó de igual manera. “En el apartado 7, de la documentación que se adjunta, en la relativa a la información solicitada en un Pleno Extraordinario, como se puede ver en la documentación que se adjunta por parte de este Ayuntamiento, en la solicitud registrada con nº 2024-E-RC-883 realizada por el grupo reclamante, no se solicita los datos que dice que no se le han facilitado, como se puede ver en la solicitud que ellos mismos realizan. “Nuestro Ayuntamiento es una Administración pequeña, por lo que atender a la multitud de solicitudes realizas por el solicitante, pararía diversos negociados, rompiendo así el principio de eficacia que para la actuación de la Administración Pública proclama el art. 103 CE, caso que nos ocupa en la solicitud de información sobre bienes desafectados por este Ayuntamiento, muchísimos años atrás, que además en su solicitud, no motiva ni argumenta su petición en relación a las funciones del ejercicio de su cargo actual. “Este Ayuntamiento, no ha negado nunca la información a los concejales de la oposición, hemos contestado a todos los escritos que han tenido entrada en este Ayuntamiento, del mismo modo, hemos atendido y mantenido reunión cuando así se ha solicitado. Del mismo modo, toda solicitud realizada por los vecinos y vecinas de la localidad y sus pedanías, es atendida en tiempo y forma. “Las solicitudes de información al Sr. Alcalde, no podrán hacerse de forma indiscriminada, genérica o abusiva, observamos que en dicha reclamación, solo hace referencia a 9 escritos, obviando muchos otros, ya que en su totalidad han sido: 33 solicitudes dirigidas a la Alcaldía, 4 solicitudes a Secretaría-Intervención y otra solicitud a la Técnico Municipal, desde que se constituyó la Corporación Municipal 2023-2027. La STS de 29 de marzo de 2006 señala que, el excesivo volumen de la documentación sea solicitada y la perturbación que su expedición pueda causar al funcionamiento de la Corporación Local, en razón de los medios de que esta disponga, será un factor de legítima ponderación en la resolución que haya de dictarse. Pues no puede olvidarse que, asegurar la normalidad de aquel funcionamiento en un imperativo del principio de eficacia recogida en nuestra Constitución Española. “Resulta de interés recordar al conclusión a la que llegó la STS de 18 de octubre de 1995, a la hora de señalar que, frente al derecho del concejal de obtener los datos necesarios para desempeñar su labor, la petición de información debe ser concreta, no realizada de forma desmedida ni genérica, en aras de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración. “El derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos se regular en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPGB) con carácter general y básico, pero cuando se trata de miembros de la corporación local, el acceso a la información se rige por su normativa específica, el marco normativo aplicable debe partir del artículo 77 de la LBRL y de los artículos 14 al 16 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, en el caso de no tener el Ayuntamiento un reglamento orgánico, y la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Entidades Públicas, régimen regulador del recurso potestativo de reposición, de manera que la Ley de Transparencia, en principio, tiene carácter supletorio. Así lo señala las disposiciones adicionales primera de la LTAIPBG y cuarta de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. “Y, como sabemos, porque así lo dictamina el diccionario de la lengua española, supletorio significa que suple una falta y, en derecho, que se aplica en defecto de otra forma. Sea como fuera, lo cierto es que las peticiones, solicitudes o quejas que el reclamante menciona ahora, las cursó en su condición de concejal y portavoz de un grupo político e invocando la normativa reguladora del acceso a la información de los miembros de las entidades locales, una normativa que deviene del derecho constitucional a la participación política que le asiste, por lo que la resolución de las controversias jurídicas surgidas en esta materia no siempre encuentra como cauce adecuado de resolución la reclamación regulada en el artículo 24 de la LTAIPBG. Algo de esto debió advertir en su momento el reclamante que, lejos de interponer recurso de reposición contra las resoluciones denegatorias que menciona, o directamente, el recurso contencioso- administrativo, que era las acciones que se le indicaban, optó por dirigirse al Defensor del Pueblo, para formular una queja como particular y, finalmente, presentar esta reclamación. “Es cierto que nada impide a un concejal recurrir a la legislación en materia de transparencia actuando, eso sí, no en su cualidad de tal, sino como cualquier otro ciudadano (Resolución 204/2018, de 30 de mayo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, entre otras, afirma: «Frente a la legislación de régimen local, en la que el derecho de acceso a la información se regular como integrante del derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo -y que, por tanto, se desenvuelve en el marco de las relaciones políticas institucionales entre éste y el gobierno municipal-, el derecho conformado en la legislación de transparencia responde a una diferente finalidad institucional, por cuanto se dirige a los ciudadanos en general, al objeto de que “puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables políticos» (Preámbulo de la LTAIBG, apartado I). Se trata éste último, pues, de un derecho ajeno a la función de control político que a los concejales corresponde ejercer sobre la acción de gobierno (Resolución 89/2016, de 14 de septiembre, FJ 3º). En este caso el reclamante que, al formular sus peticiones, invocó la normativa de régimen local, ahora se ha inclinado por formar su reclamación amparándose en el artículo 24 de LTAIPBG. “La reclamación, objeto de su escrito, es extemporánea, y por tanto, incurre en causa de inadmisión, puesto que, en la fecha de entrada de la reclamación en el Registro del Consejo, el día 26 de enero de 2024, el plazo de interposición de la reclamación para todas y cada una de las resoluciones que se mencionan en la misma, había vencido sobradamente, como igualmente lo habría hecho para interponer, en su caso, el recurso potestativo de reposición. Es por ello, que la repetida reclamación resulta claramente inadmisible por extemporaneidad en su presentación”. 3. El 1 de abril de 2024 el Consejo requiere a la entidad reclamada la remisión de cierta documentación, documentación que tiene entrada en el Consejo el 4 de abril de 2024. 4. El 22 de abril de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante los días 23 y 24 de abril, respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Competencia del Consejo para conocer de la reclamación formulada. Las solicitudes de información pública de las que trae causa la presente reclamación fueron formuladas frente el Ayuntamiento reclamado por un concejal, en representación de su grupo municipal, invocando su condición de cargo electo. Este Consejo había venido inadmitiendo a trámite aquellas reclamaciones presentadas frente a resoluciones expresas o por silencio administrativo presentadas por los miembros electos de las entidades locales cuando las fundamentaban expresa y únicamente en el artículo 23.1 CE, 77 LRBRL o 16 ROF. Sin embargo, a partir de la Resolución 779/2022, y como resultado de diversos pronunciamientos judiciales (especialmente la Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo), este Consejo admite a trámite estas reclamaciones. Las Resoluciones 780/2022, 32/2023 y 50/2023 confirmaron esta doctrina, que afirma, no solo la admisión a trámite de la reclamación, sino también la aplicación preferente del régimen de acceso a la información contenido en la normativa de régimen local, siendo de aplicación supletoria la de transparencia. En este sentido, la Sentencia 314/2021, de 8 de marzo (casación 1975/2020) lo indica en su Fundamento Jurídico Tercero. Tercero. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL), establece que el plazo máximo de de resolución de las solicitudes presentadas por los miembros de las Corporaciones locales será de cinco días naturales a partir del día siguiente al que se hubiera presentado. A su vez, el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), establece que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días. 2. En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que la entidad reclamada notificó las respuestas a las solicitudes de información desde el 5 de julio al 19 de diciembre de 2023. Sin embargo, la reclamación no fue presentada hasta el 26 de enero de 2024, por lo que es claro que había transcurrido el plazo previsto en el artículo 24. 2 LTAIBG para su interposición, procediendo consecuentemente a su inadmisión. A este respecto, el hecho de que la persona reclamante presentara tras la notificación de alguna de estas respuestas, nuevos escritos relacionados con las peticiones no es causa que justifique la suspensión del plazo de interposición de la reclamación fijado por la legislación reguladora de la transparencia. En efecto, si los intentos tendentes a conseguir la plena satisfacción de sus pretensiones no fructificaron en el plazo previsto, la persona solicitante debió interponer la reclamación dentro del mes que tiene para hacerlo. Una solución contraria a ésta contravendría la seguridad jurídica y el principio de preclusión — principio en cuya virtud, una vez transcurrido el momento procedimental oportuno establecido para la realización de un determinado acto, se pierde la oportunidad de realizar el acto en cuestión—, pues el plazo para interponer la reclamación podría reabrirse libremente por el interesado en función de los reparos u observaciones que decidiera dirigir a la Administración interpelada acerca de la resolución de su solicitud o del cabal cumplimiento de la misma (en esta línea, Resolución 206/2020, FJ 3º). 3. Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente la solicitud presentada el 4 de julio de 2023 (E-RC-596) relativa a la modalidad de los contratos de los socorristas ya que la reclamación fue presentada el 26 de enero de 2024 y no consta acreditada la respuesta a la persona reclamante. Así, considerando producido el silencio administrativo, transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. La reclamación se limita por tanto a esta solicitud de información. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. El artículo 77 LRBRL establece que “Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”. Además, el artículo 15 del ROF establece que los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. A su vez, el artículo 5.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía se remite a la legislación básica sobre régimen local en lo que corresponde al estatuto de los miembros de las corporaciones locales andaluzas. Por su parte, constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. Quinto. Consideraciones sobre el objeto de la reclamación. El objeto de la solicitud de fecha 4 de julio de 2023 (E-RC-596) fue: “la modalidad o modalidades de selección de los dos puestos de socorristas de la piscina municipal” y “tipo de contrato que los vincula con el Ayuntamiento”. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió la entidad reclamada que indica que le ha ofrecido la información a la persona reclamante (escrito de 7 de julio de 2023). No obstante, tras haber requerido a la entidad reclamada para que aportase copia de la documentación que acredite la puesta a disposición del reclamante de la información solicitada, mediante recibí del mismo o justificante de la recepción de la misma, entre la documentación aportada no figura ningún documento que acredite la puesta a su disposición de esta concreta información cuyo acceso se resolvió conceder, mediante la oportuna notificación . Por ello, aun cuando el órgano reclamado asegura en su informe que ha concedido el acceso solicitado, no consta la notificación, es por ello que este Consejo debe estimar la reclamación, en el sentido de que se ha de notificar la respuesta poniendo a su disposición por tanto la información solicitada. En consecuencia, en este supuesto, la entidad reclamada no respondió en el plazo de cinco días establecido por lo que la solicitud se debe entender estimada por silencio administrativo a la vista del artículo 14.2 ROF. Por tanto, ha de formalizar el acceso a la información solicitada acreditando ante este Consejo la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante. Procede por tanto confirmar la estimación, debiendo la entidad reclamada poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada. Sexto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. El artículo 16.1 ROF establece que la consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las siguientes normas: a) La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los Concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno. b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial o Palacio Provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales. c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la Secretaría General. d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. A su vez, el artículo 16.2 ROF establece que En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación por falta de acreditación de la puesta a disposición de la información a la solicitante, en cuanto a la solicitud de: “la modalidad o modalidades de selección de los dos puestos de socorristas de la piscina municipal” y “tipo de contrato que los vincula con el Ayuntamiento”. La entidad reclamada deberá notificar a la persona reclamante la información solicitada, en los términos del Fundamento Jurídico Cuarto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo, en lo que al resto de solicitudes se refiere, conforme al Fundamento Jurídico Tercero. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.