Reclamación de acceso a expedientes urbanísticos y sancionadores del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María resuelta por entrega sobrevenida de la información

RESOLUCIÓN 451/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 55/2024 Persona reclamante Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María Representante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 10 de enero de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “A.- Se proceda a remitir a esta asociación en atención a lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común como parte interesada en los procedimientos abiertos como consecuencia de la construcción de cubiertas textiles para dos pistas de pádel y cambio de cerramientos en el Club Náutico así como lo estipulado en la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente que recoge el Convenio Aarhus, de junio 1998 y las Directivas comunitarias 2003/4/CE y en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en la Ley 1/2014 de 14 de junio de Transparencia de Andalucía: "1. Notificación de la resolución [nnnnn] de fecha 4 de octubre como parte interesada en el procedimiento expediente protección de la legalidad [nnnnn]. "2. Todos los documentos contenidos en el expediente urbanístico sancionador [nnnnn] así como el acuerdo tomado en el mismo y certificación del pago de la sanción impuesta en su caso. "3. Informes emitidos por el asesor jurídico de urbanismo a los que se hace referencia en los Decretos [nnnnn] y [nnnnn] en relación al recurso de reposición planteado contra la resolución [nnnnn] del expediente de protección de la legalidad [nnnnn] en el que conste la fecha de emisión así como identidad del técnico firmante. "4. Copia del recurso o recursos de reposición presentados contra la citada resolución [nnnnn] y que consta/n en el expediente de protección de la legalidad [nnnnn] haciendo constar la fecha de presentación. "5. Copia de la notificación al Real Club Náutico o a sus representantes de la resolución recurrida [nnnnn] en la que conste la fecha de la misma. "B.- 1. En virtud de lo establecido en los artículos 10.6, 151.1, 152, 154, 157.5 y 161.3 sea admitido el presente escrito a los efectos de DENUNCIA por incumplimiento de la legalidad urbanística y en consecuencia se inicie expediente de protección de la legalidad y realidad física alterada contra los responsables que resulten de los hechos que motivaron la apertura del expediente [nnnnn] y concretamente contra el arrendador alegado por el Real Club Náutico. "2. Se preceda a comunicar los hechos al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de delito. "3. Se proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador por presunta comisión de infracción urbanística con independencia de las actuaciones anteriores según lo establecido en el artículo 160 y siguientes de la LISTA contra el arrendador alegado por el Real Club Náutico. "4. Se tenga a esta asociación como parte interesada en todos los expedientes que dimanen de la presente denuncia y se informe en virtud del derecho que tienen los ciudadanos a exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional de todas y cada una de las actuaciones que se lleven o se hallan llevado a cabo contra la actuación indicada así como consecuencia de la presente denuncia de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2, 16 y 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; artículo 4 y 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 5.1.g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental". 2. La entidad reclamada contestó la petición el 15 de enero de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "En relación a sus escritos de fechas de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento 18 de diciembre de 2023 y 10 de enero de 2024, en el que comunica no haber recibido el decreto [nnnnn] de 4 de octubre y solicita notificación del mismo, le participo que el mismo fue notificado electrónicamente a esa Asociación el día 6 de octubre de 2023, se adjunta copia. Asimismo, en cuanto al expediente [nnnnn] el mismo no cuenta aún con resolución". Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: "Que la información parcial suministrada no se corresponde a la totalidad de la reclamada por esta asociación". Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 1 de febrero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 2 de febrero de 2024 se recepcionó por la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 15 de mayo de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo. Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta notificada a a la persona solicitante el día 7 de mayo de 2024. Se adjunta oficio remitido a la persona reclamante, en el que se manifiesta, en lo que ahora interesa que: "3. Tras el requerimiento del CTPDA, una vez consultado con la unidad administrativa tramitadora, nos remiten información acreditativa del envío de la documentación que se consideró solicitada, no obstante y dada la reclamación presentada, se da traslado del contenido de los expedientes de protección de la legalidad [nnnnn] así como del expediente sancionador [nnnnn], que se solicita en el escrito de fecha 10/01/2024, y que según reclama el Sr. [apellidos de representante de persona reclamante], no había sido recibida entonces, concretándose la información en los siguientes puntos que se contestan individualmente: «1. Notificación de la resolución [nnnnn] de fecha 4 de octubre como parte interesada en el procedimiento expediente protección de la legalidad [nnnnn].» " Según nos informa la unidad administrativa, esta resolución le fue notificada cuando se resolvió, y de nuevo, una vez presentó el escrito de fecha 10/01/2024. «2. Todos los documentos contenidos en el expediente urbanístico sancionador [nnnnn] así como el acuerdo tomado en el mismo y certificación del pago de la sanción impuesta en su caso.» " Según nos informa la unidad administrativa, del expediente [nnnnn] se le remitió la resolución de inicio y la imposición de sanción, no obstante, se remite ahora copia digital del contenido del expediente. «3. Informes emitidos por el asesor jurídico de urbanismo a los que se hace referencia en los Decretos [nnnnn] y [nnnnn] en relación al recurso de reposición planteado contra la resolución [nnnnn] del expediente de protección de la legalidad [nnnnn] en el que conste la fecha de emisión así como identidad del técnico firmante». " Se adjuntan los informes, fecha de emisión y funcionario que los firma. «4. Copia del recurso o recursos de reposición presentados contra la citada resolución [nnnnn] y que consta/n en el expediente de protección de la legalidad [nnnnn] haciendo constar la fecha de presentación». " Se adjuntan los recursos solicitados con la fecha de presentación «5. Copia de la notificación al Real Club Náutico o a sus representantes de la resolución recurrida [nnnnn] en la que conste la fecha de la misma.» " Se adjunta copia de la notificación de la resolución [nnnnn] al club náutico". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 15 de enero de 2024 y la reclamación fue presentada el 16 de enero de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La entidad reclamada contestó inicialmente la solicitud de información de manera parcial el 15 de enero de 2024. No obstante, en las alegaciones remitidas a este Consejo tras la interposición de la reclamación (referida únicamente a la documentación solicitada, nada se indica sobre el resto de las cuestiones referidas en la solicitud de información), la propia entidad reclamada manifiesta que "les informamos que con fecha 07/05/2024, y registro de salida nº [nnnnn] se ha remitido a D. [nombre y apellidos de la persona representante], en nombre de Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, toda la documentación relativa al expediente de protección de la legalidad [nnnnn] así como al expediente sancionador [nnnnn] (...)". 2. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información soli- citada durante la tramitación del procedimiento.