Reclamación de acceso al expediente de subvenciones de Escuelas Deportivas de Base 2022-2023 del Ayuntamiento de San Roque

RESOLUCIÓN 450/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 1008/2023 Persona reclamante Asociación Club Ciclista Los Dalton Representante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de San Roque Artículos 2 a) LTPA; 12 y 15 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Conse- jo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al am- paro del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa- ción pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 24 de febrero de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Teniendo constancia de la publicación en el BOP de Cádiz del día 10 de mayo de 2022 del «EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº [nnnnn] DE 11 DE ABRIL DE 2022 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE BASE DURANTE LA TEMPORADA 2022- 2023. Y tras recibir por parte de esta misma administración pública, Decreto en el que nos indicaban que se estima que el expediente referente a esta misma subvención pública, podría estar finalizado a fecha 30 de diciembre de 2022. Solicita: Copia íntegra del expediente o expedientes de esta convocatoria de subvenciones para el desarrollo de las Escuelas Deportivas de Base durante la temporada 2022-2023. Con todos los documentos existentes y que formen parte del expediente o expedientes, como son: proyectos, certificados tanto los aportados por los colectivos que optan a ser beneficiarios como los emitidos por parte de esta administración pública a cada uno de ellos, presupuestos, facturas, pruebas, dictámenes, informes técnicos, actas emitidas, actas de valoración, informes jurídicos y o policiales, acuerdos, notificaciones, Decretos de Autorización, Licencias, colectivos admitidos, colectivos no admitidos y con su correspondiente justificación de porqué no han sido admitidos y demás diligencias que lo integren. Incluyendo un índice numerado de todos los documentos que contenga, tal y como se detalla en el artículo 70.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hacemos hincapié, en que este Ayuntamiento de San Roque, no puede invocar el carácter reiterativo de la presente solicitud a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) de la LTBG, tal y como ha indicado claramente el Consejo de Transparencia en Resolución 781/2022, de 25/11/2022; ni tampoco puede alegar que dicho expediente "no exista", pues este Ayuntamiento en la misma Resolución, indica al Consejo de Transparencia de que efectivamente este expediente sí existe.” 2. Ante la falta de respuesta de la entidad, la persona reclamante presenta reclamación ante este Consejo (reclamación 422/2023), que tras los trámites oportunos, fue resuelta mediante la Resolución 631/2023, con el siguiente contenido (Fundamento Jurídico Sexto, apartado tercero): “...la entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras perso- nas, que esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publici- dad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. b) Retrotraer el procedimiento respecto al resto de información, en los términos del apartado an- terior”. 3. En cumplimiento de la Resolución 631/2023, la entidad reclamada comunica el 27 de noviembre de 2023 el Decreto de 23 de noviembre de 2023 la siguiente información: “PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en la Resolución n.º 631/2.023 dictada en el proce- dimiento de reclamación n.º 422/2.023, es necesario facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceros o que debió publicarse y retrotraer el procedimien- to a la realización del trámite de alegaciones respecto al resto de la información. En el caso concreto, revisado el estado de tramitación del expediente de solicitud de derecho de acceso a la información incoado en su momento para la tramitación de la solicitud de informa- ción, se constata que ya se realizó el trámite de alegaciones, por lo que no es necesaria la retro- acción del procedimiento, procediendo la resolución final del expediente. En dicho trámite, consta la oposición de uno de los terceros en el expediente, que se opone ale- gando, “entre otros motivos, el legal, ya que dicha documentación contiene datos personales de los alumnos … dichos datos están protegidos según la Ley de Protección de Datos en vigor y por lo cual no pueden ser de conocimiento de entidades privadas…” SEGUNDO.- Por tanto, se proceda a la remisión del expediente administrativo, desde su inicia- ción hasta el decreto de adjudicación de la escuelas deportivas, con todos los informes, propues- tas, actas de la comisión de valoración y demás documentación administrativa. TERCERO.- En cuanto a la documentación concreta presentada por cada club Deportivo para op- tar a dichas escuelas deportivas, teniendo en cuenta la oposición de uno de los terceros y previa ponderación suficientemente razonada entre el interés público en divulgar la información y la protección de datos de carácter personal(documentos como las licencias federativas y su pago, en el que aparece nombre y DNI de los asociados,que son menores de edad, números de cuen- tas bancarias, etc) se ha optado por la no remisión de las mismas. Debe tenerse en cuenta que en las actas de la comisión de seguimiento se deja constancia de la documentación presentada por cada uno de los clubes deportivos, la que deben subsanar, etcétera, por lo que el solicitante de información podrá comprobar lo aportado por cada uno de los clubes y el trámite seguido.” Visto lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Anda- lucía. Por todo lo expuesto, ACUERDO: ÚNICO.- Dar traslado al Club Ciclista Los Dalton de la documentación que se adjunta al presente Decreto, a la que se refiere el informe transcrito en el cuerpo del presente Decreto, notificándolo con expresión de los recursos que procedan”. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “(...) En esta ocasión la información que nos envían es intencionadamente y totalmente incompleta y sesgada, incumpliendo además la Resolución 631/2023 de este mismo Consejo de Transparencia favorable a nuestra reclamación. En la información que nos han enviado no consta el índice numerado de todos los documentos que contenga, tal y como se detalla en el artículo 70.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eso que lo solicitamos específicamente. Y tampoco nos han aportado los certificados que se detallan en las propias Bases Reguladoras de la Convocatoria, tanto los aportados por los colectivos que optan a ser beneficiarios como los emitidos por parte de esta administración pública a cada uno de ellos. Y en el Decreto que nos notifican que adjuntamos, en el punto TERCERO del Informe de la Secretaria General nos indican que "se niegan a entregarnos la documentación concreta presentada por cada club Deportivo para optar a dichas escuelas deportivas". Cuando en la Resolución 631/2023 de este Consejo de Transparencia NO EXISTE restricción alguna de acceso a nuestra solicitud de información, ni existe por parte de esos colectivos OPOSICIÓN en el plazo que les indicaron para presentar alegaciones. Y obviamente nosotros no solicitamos acceso alguno a datos de carácter personal de terceros, y sí a documentos que sí deben haber aportado y presentado tanto los solicitantes como los que deben haber realizado la propia administración pública. Existiendo como sí existe, responsabilidades jurídicas por ambas partes, al ser la información solicitada referente a una Subvención Pública y donde deben cumplirse los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras de la Convocatoria, como cumplirse la Ley General de Subvenciones. Reclamamos al Consejo de Transparencia que el Ayuntamiento de San Roque y o la Secretaria General [nombre y apellidos] nos faciliten el acceso ÍNTEGRO a la información pública que solicitamos y cumplan con la Resolución 631/2023 de este Consejo de Transparencia en su totalidad, eliminando únicamente los datos de carácter personal de terceros que insistimos, NO hemos solicitado.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 5 de febrero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del proce- dimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo elec- trónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la so- licitud de expediente y alegaciones. 3. El 15 de febrero de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalu- cía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta recla- mación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 15 de febrero de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien- to Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máxi- mo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la soli - citud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 27 de noviembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 27 de noviembre de 2023, por lo que no había iniciado el plazo para interponer la reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 LTPA en relación con el artículo 24.2 LTAIBG (“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”). Este hecho supondría la inadmisión de la reclamación al haberse presentado anticipadamente al inicio del plazo para reclamar ante este Consejo. Sin embargo, tras nuestra Resolución 773/2022 y otras si- milares (Resolución 774/2022, 775/2022 y 788/2022), este Consejo ha modificado su doctrina sobre las reclamaciones presentadas antes de la finalización del plazo máximo de resolución, que tal y como ocurre en este caso, deben admitirse a trámite. A modo de resumen, tal y como se indica en la Resolu- ción 773/2022: “Por lo tanto, y a la vista del razonamiento antes indicado y de los pronunciamientos judiciales reproducidos, aunque se reconociera que la presentación de la reclamación formulada fue anti- cipada, el criterio más favorable para la persona interesada y que evita una interpretación de- masiado rigorista y formalista que deje vacío de contenido el derecho a reclamar, permite consi- derar que tal reclamación es subsanable por el mero transcurso del tiempo, lo que unido al prin- cipio básico de economía procesal, determina que deba admitirse la reclamación formulada.” Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro- teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limita- ciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las cau - sas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Copia íntegra del expediente o expedientes de esta convocatoria de subvenciones para el desarrollo de las Escuelas Deportivas de Base durante la temporada 2022-2023. Con todos los documentos existentes y que formen parte del expediente o expedientes, como son: proyectos, certificados tanto los aportados por los colectivos que optan a ser beneficiarios como los emitidos por parte de esta administración pública a cada uno de ellos, presupuestos, facturas, pruebas, dictámenes, informes técnicos, actas emitidas, actas de valoración, informes jurídicos y o policiales, acuerdos, notificaciones, Decretos de Autorización, Licencias, colectivos admitidos, colectivos no admitidos y con su correspondiente justificación de porqué no han sido admitidos y demás diligencias que lo integren. Incluyendo un índice numerado de todos los documentos que contenga, tal y como se detalla en el artículo 70.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hacemos hincapié, en que este Ayuntamiento de San Roque, no puede invocar el carácter reiterativo de la presente solicitud a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) de la LTBG, tal y como ha indicado claramente el Consejo de Transparencia en Resolución 781/2022, de 25/11/2022; ni tampoco puede alegar que dicho expediente "no exista", pues este Ayuntamiento en la misma Resolución, indica al Consejo de Transparencia de que efectivamente este expediente sí existe. En primer lugar, debemos realizar una aclaración. La solicitud de información que origina esta recla- mación, presentada el día 23 de febrero de 2023, fue objeto de la reclamación 421/2023, que fue re- suelta mediante la Resolución 631/2023. La resolución indicaba que la entidad debía facilitar la infor- mación que no afectara a los derechos o intereses de terceras personas, y retrotraer el procedimiento en lo que corresponde al resto de información para realizar el trámite de alegaciones a terceras perso- nas previsto en el artículo 19.3 LTAIBG. En cumplimiento de la misma, la entidad facilitó la información que no afectaba a derechos o intereses de terceras personas e informó de que el trámite de alegacio- nes a terceras personas ya había sido realizado. Mediante estas actuaciones, la entidad cumplió la Re- solución 631/2023. Sin embargo, la entidad no facilitó determinada información por entender que afectaba a los derechos o intereses de terceras personas. La persona reclamante presenta el 27 de noviembre de 2023 nuevo escrito en el que denuncia estos hechos. No podemos considerar este nuevo escrito como una denun- cia de incumplimiento de la Resolución 631/2023, ya que, como hemos indicado anteriormente, la en- tidad cumplió con su contenido. De ahí que el escrito de 27 de noviembre de 2023 lo consideráramos una nueva reclamación respecto a la información que no se ofreció por afectar a derechos o intereses de terceras personas. Concretamente, se trata de la información “documentación concreta presentada por cada club Deportivo para optar a dichas escuelas deportivas”. 2. La entidad justificó la negativa con estos motivos: “..., teniendo en cuenta la oposición de uno de los terceros y previa ponderación suficientemen- te razonada entre el interés público en divulgar la información y la protección de datos de carác- ter personal(documentos como las licencias federativas y su pago, en el que aparece nombre y DNI de los asociados,que son menores de edad, números de cuentas bancarias, etc) se ha opta- do por la no remisión de las mismas. Debe tenerse en cuenta que en las actas de la comisión de seguimiento se deja constancia de la documentación presentada por cada uno de los clubes de- portivos, la que deben subsanar, etcétera, por lo que el solicitante de información podrá com- probar lo aportado por cada uno de los clubes y el trámite seguido.” La entidad justifica la negativa en que la información presentada por los Clubes Deportivos contiene datos personales de menores. Como es sabido, las relaciones entre el derecho de acceso a la informa- ción y el derecho fundamental a la protección de datos se regulan en el artículo 15 LTAIBG. El referido artículo configura un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se preten - de. El máximo nivel de tutela se proporciona a las categorías especiales de datos mencionadas en el primer párrafo del artículo 15.1 LTAIBG -ideología, afiliación sindical, religión y creencias-, toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los da- tos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Inmediatamente después en lo relativo a la intensi- dad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG (origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, o re- lativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pú- blica al infractor), ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consenti- miento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley”. En un segundo nivel de protección, el artículo 15.2 LTAIBG incluye los datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano interpe- lado, para lo que establece una regla general de accesibilidad, salvo que en el caso concreto prevalez- ca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Para el resto de datos personales (artículo 15.3 LTAIBG), la Ley establece una regla general de ponde- ración de los intereses en juego, a la que añade cuatro criterios de interpretación para aplicar a esa ponderación. La información solicitada contiene datos que se encuadran en la tercera categoría, por lo que es nece- sario ponderar el derecho a la protección de datos y el derecho de acceso a la información pública. Y en este supuesto, este Consejo considera que debería primar el derecho a la protección de datos, por los motivos que se indica a continuación. Y es que según lo indicado por la entidad, parte de la infor- mación proporcionada por los clubes para la valoración de sus solicitudes contiene datos personales de menores. Y el artículo 15.3.d) LTAIBG establece “La mayor garantía de los derechos de los afecta- dos en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguri- dad, o se refieran a menores de edad”. Sin embargo, no podemos olvidar que el artículo 15.4 LTAIBG establece que “No será aplicable lo esta- blecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. Por tanto, y pese a que la información a conceder pudiera contener datos personales de menores, esta podría facilitarse pre- via disociación, siempre que pueda garantizarse que la persona reclamante o terceros no puedan identificar a los menores. Procedería pues estimar la reclamación y ordenar que la información se facilite previa disociación de datos personales de menores que pudiera contener, siempre que esta quede garantizada según las circunstancias del caso que la entidad deberá valorar. En caso de que esta disociación no pueda ga- rantizarse, la entidad no facilitará la información que contenga datos personales de menores. 3. Sin embargo, este Consejo no puede obviar que no toda la documentación presentada por los clu - bes deportivos contiene datos personales de terceros. La Base Sexta de la convocatoria de las subven- ciones regula la documentación a presentar por los solicitantes, entre la que se encuentra el proyecto técnico-deportivo; el proyecto técnico de gestión; certificado de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía… En resumen, diversa información que difícilmente contendrá datos personales de menores, o incluso de otras personas. No existiría por tanto impedi- mento para el acceso a esta información. Incluso si esta información contuviera datos personales dife- rentes a los de menores de edad, también podrían facilitarse previa disociación en los términos indica- dos en el apartado anterior. Esta información es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación parcialmente en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Y es que no debemos olvidar que la documentación presentada por las entidades es relevante para verificar el correcto funcionamiento de la entidad reclamada, ya que permitirá verificar que el cumplimiento de las exigencias de la base reguladora de subvenciones. En este sentido, en la Resolución 154/2023 afirmábamos: “Además, la ponderación debería tener en cuenta que la información solicitada permitiría conocer el destino de fondos públicos concedidos a través de una subvención. Como tantas veces hemos declarado, es innegable la relevancia pública de la información de naturaleza económica, resultando por tanto del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos referentes a la gestión de los fondos por parte de las Administraciones públicas: “[…] resulta incuestionable que la información referente a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos y la subsiguiente utilización de los mismos constituye un eje central de la legislación en materia de transparencia” (por todas, Resolución 106/2016, de 16 de noviembre, FJ 4º). Y así vino a reconocerlo explícitamente el legislador en el arranque mismo del Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, LTAIBG): “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos” En relación a la aplicación de este límite, este Consejo ya se ha pronunciado en la Resolución 81/2016, de 16 de agosto, la cual versaba sobre el acceso a la Memoria de un Plan de Trabajo presentada por el adjudicatario de un contrato público: “Pues bien, aun aceptando que la Memoria que ahora nos ocupa esté protegida por la propiedad intelectual, en opinión de este Consejo no se satisface el resto de los requisitos precisos para la aplicación del límite. Además de que no explicita el eventual perjuicio que acarrearía facilitar esta concreta información, el órgano reclamado se limita a señalar –y esto ya en su informe- que en su decisión denegatoria “ha atendido a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la falta de concurrencia de un interés privado superior que pudiera justificar el acceso”. A nuestro juicio, por el contrario, es manifiesto el interés público en que pueda accederse a la Memoria presentada por la adjudicataria del contrato, tomando en consideración, por una parte, que es el documento en donde se detalla la forma en la que se ejecuta el trabajo objeto de la contratación, y, por otro lado, la puntuación considerablemente alta que se asignaba a la misma para la valoración de los candidatos (hasta 50 puntos).” Y en un sentido similar, en la Resolución 189/2021 respecto al acceso a documentación en expedientes mineros: “Sin perjuicio de esta falta de motivación de la ponderación a favor de la reserva de la información, este Consejo considera que en cualquier caso, primaría el interés público en el acceso a la información solicitada sobre los intereses protegidos por el límite invocado, ya que el acceso a la documentación solicitada permitiría a la ciudadanía conocer las condiciones y obligaciones que las empresas concesionarias mineras deben respetar en la explotación y restauración de los terrenos afectados” 4. Debemos realizar una precisión a lo indicado anteriormente. No podemos acoger el motivo de recla- mación respecto a la falta de envío del índice numerado. La entidad informó de que remitía copia del expediente de concesión de las subvenciones, con las excepciones indicadas. Si no constaba el índice, debemos suponer que este no existe, sin que la entidad deba confeccionarlo para dar respuesta a la petición. Conforme a lo establecido en el artículo 2.a) LTPA, ya reproducido, el concepto legal de “in - formación pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomenda- das. Por ello, procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona re- clamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la correc- ción jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la natu- raleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente esca- pa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” 5. En resumen, la entidad deberá facilitar la información aportada por las entidades solicitante de las subvenciones previa disociación de los datos personales que contuviera. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “...Copia íntegra del expediente o expedientes de esta convocatoria de subvenciones para el desarrollo de las Escuelas Deportivas de Base durante la temporada 2022-2023.” [en relación con la documentación presentada por los solicitantes] La entidad deberá facilitar la información aportada por las entidades solicitantes de las subvenciones previa disociación de los datos personales que pudiera contener. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Sexto y Séptimo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Desestimar la Reclamación en lo referente a la petición contenidas en el Fundamento Jurídico Sexto, apartado cuarto. Tercero.Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a con- tar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, inclu- yendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.