Reclamación de acceso a informes y actas de inspección sobre alerta sanitaria de Salmonella (Ref. ES2022/266) estimada

RESOLUCIÓN 495/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 238/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Consejería de Salud y Consumo Artículos 2, 24 LTPA 19.3 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 26 de septiembre de 2023 ante la entidad reclamada solicitud de acceso a información (SOL [nnnnn], EXP [nnnnn]). Entre las peticiones integrantes de dicha solicitud se encontraba la siguiente: “1.Copia de las actas de inspección, informes y otros documentos sanitarios de los años 2021 y 2022”. 2. La entidad reclamada responde a esta solicitud mediante Resolución de 2 de noviembre de 2023 que concede el acceso a la información solicitada. Sin embargo, como consecuencia de ciertos errores en los enlaces facilitados, errores reconocidos por la propia entidad reclamada, la persona reclamante tiene dificultades para tener acceso a la documentación concedida, por lo que interpone reclamación ante este Consejo (Reclamación 934/2023, de 10 de diciembre). En concreto, la persona reclamante indica en su reclamación, entre otras cosas, lo siguiente: “Tampoco he encontrado información relacionada con la alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado (Ref. ES2022/266) publicada en la web de la AESAN el 15/9/2022”. 3. Mediante Resolución 275/2024, de 9 de abril, el Consejo estima parcialmente la reclamación respecto a la pretensión de obtener copia de las “actas de inspección, informes y otros documentos sanitarios de los años 2021 y 2022”, aunque instando a la entidad reclamada a retrotraer el procedimiento para conceder a las terceras personas cuyos derechos e intereses pudieran verse afectados por la información solicitada, el trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTAIBG. Respecto a la manifestación de la persona reclamante relativa a la “información relacionada con la alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado (Ref. ES2022/266) publicada en la web de la AESAN el 15/9/2022”, la Resolución 275/2024 desestima la pretensión al considerar que no fue objeto de la petición inicial, si bien, el Consejo aclara que esta desestimación no impedía que la persona reclamante pudiera volver a dirigirse a la Administración con la concreta petición que había formulado en vía de reclamación. 4. La persona reclamante presentó el 13 de enero de 2024 ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información (SOL [nnnnn], EXP [nnnnn]) en los siguientes términos: “De la alerta Alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado procedente de España (Ref. ES2022/266) publicada en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/2022_266.htm el 15 de setiembre de 2022 a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en HUEVO ENTERO LÍQUIDO PASTEURIZADO de la marca OVOPAK con fecha de caducidad 01/10/2022. “Solicita: Solicito recibir una copia de todos los informes y actas de inspección relacionados con la investigación de esta alerta en el establecimiento de elaboración del producto”. 5. El 8 de febrero de 2024 la entidad reclamada concede, en virtud del artículo 19.3 LTAIBG, trámite de alegaciones a la tercera persona cuyos derechos o intereses pudieran resultar afectados por la información solicitada. El 9 de febrero de 2024 se informa al solicitante de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 6. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 12 de marzo de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 26 de marzo de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información, e informa lo siguiente, en lo que ahora interesa: “En el mes de febrero de 2024 se recibe solicitud PID@ con Nº de expediente EXP-[nnnnn]-PID@ en la que se solicita copia de todos los informes y actas de inspección relacionados con la investigación de esta alerta en el establecimiento de elaboración del producto objeto de la alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado procedente de España (Ref.ES2022/266) publicada en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en HUEVO ENTERO LÍQUIDO PASTEURIZADO de la marca OVOPAK con fecha de caducidad 01/10/2022, por lo tanto lo que solicita son las actuaciones en el año 2022. “Dado que afectaba a terceros la información solicitada, se ha realizado el trámite de alegaciones que debe conceder a dichos afectados en virtud de lo previsto en el artículo 19.3 LTAIBG con fecha 08/02/2024 con fecha de fin 01 de marzo de 2024. “Dada la variabilidad de modalidades de presentación de la eventual oposición, desde esta Unidad y en aras de dar plenas garantías al tercero afectado se añaden siempre unos días adicionales para que esa eventual oposición llegue a la Unidad correspondiente. “A fecha del presente informe no se tiene constancia de esa oposición. “Previamente, en octubre de 2023 la misma persona, solicitó a través del PID@ EXP-[nnnnn]- PID@ lo siguiente: [contenido de la solicitud de información]. “Esa solicitud fue resuelta con fecha 28/12/2023 pero por distintas vicisitudes propias y ajenas a esta unidad, el solicitante no pudo acceder a la información requerida, por lo que interpuso la reclamación 934/23 ante el CTPDA. “Dicha reclamación fue respondida con fecha 21/02/2024 ante ese CTPDA, en cuya respuesta se solicitaba de ese CTPDA, además de tener por presentado el escrito de alegaciones frente al trámite de Audiencia y previo a los trámites oportunos y comunicara si procede trasladar al solicitante nuevo enlace con la documentación corregida. “A fecha del presente informe no se tiene constancia de la resolución de ese CTPDA a la citada reclamación. Dada la coincidencia de la información solicitada (año 2022) la respuesta de esta Unidad pretendía ser la de conceder acceso a la información, pero indicando que esa información ya está en poder del interesado a través de la resolución al PIDA EXP-[nnnnn]-PID@. “Como no se ha recibido resolución de la reclamación citada no parece lógico proporcionar ahora una información que quizás se resolviera en contra por ese CTPDA, motivo por el cual aún no se ha materializado la resolución al PIDA EXP-[nnnnn]-PID@. “Desde esta unidad no se tiene constancia que la persona solicitante tuviera la condición de interesada en el procedimiento del que se solicita la información. “Quedando a la espera de la resolución que adopte ese Consejo, tenga por presentado este escrito de alegaciones frente al trámite de Audiencia y previo a los trámites oportunos y comunique si procede trasladar ya al solicitante la resolución correspondiente”. 3. El de 27 de mayo de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 28 de mayo de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 13 de enero de 2024, y la reclamación fue presentada el 6 de marzo de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Esta reclamación deriva de otra reclamación anterior ya resuelta por este Consejo. En una solicitud de información presentada el 26 de septiembre de 2023 por la misma persona reclamante y ante la entidad ahora reclamada, se incluía una pretensión relativa a la copia de las “ actas de inspección, informes y otros documentos sanitarios de los años 2021 y 2022”. Ante la dificultad de acceso a la información concedida mediante Resolución de 2 de noviembre de 2023, de la entidad reclamada, la persona reclamante interpone la reclamación 934/2023 ante este Consejo, reclamación que finaliza con la Resolución 275/2024, de 9 de abril, que estima parcialmente la reclamación aunque ordenando la retroacción del procedimiento al trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTAIBG. En la citada reclamación 934/2023 la persona reclamante manifiesta que no se le ha facilitado “información relacionada con la alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado (Ref. ES2022/266) publicada en la web de la AESAN el 15/9/2022”. Y esta pretensión es desestimada en la Resolución 275/2024 al considerar que no fue objeto de la petición inicial sino incorporada en la propia reclamación, si bien advierte el Consejo que la persona reclamante puede volver a dirigirse a la Administración con esta concreta petición. 2. Y esto es lo que ha ocurrido. La persona reclamante presenta el 13 de enero de 2024 una nueva solicitud de información (la que da origen a la presente reclamación) cuyo objeto es, precisamente, respecto a la “Alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado procedente de España [...] publicada en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición […] el 15 de setiembre de 2022 a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI),[…]”, la “copia de todos los informes y actas de inspección relacionados con la investigación de esta alerta en el establecimiento de elaboración del producto”. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo ha entendido la entidad reclamada que traslada a este Consejo, en sus alegaciones presentadas durante la tramitación de esta reclamación, que el objeto de esta concreta petición se refiere a actuaciones realizadas en el año 2022, e incluidas, por tanto, en la primera de las pretensiones de la solicitud de información de 26 de septiembre de 2023 (existe “coincidencia de la información solicitada” según la entidad reclamada). La resolución por parte de la entidad reclamada de esta solicitud de información de 13 de enero de 2024 se encuentra pendiente de la respuesta al trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTAIBG concedido con fecha 8 de febrero de 2024 a la tercera persona cuyos derechos pudieran verse afectados por la información solicitada. La entidad reclamada justifica la ausencia de respuesta a la persona reclamante en que no le consta la resolución de la reclamación 934/2023, que condicionaría dicha respuesta: “Como no se ha recibido resolución de la reclamación citada no parece lógico proporcionar ahora una información que quizás se resolviera en contra por ese CTPDA, motivo por el cual aún no se ha materializado la resolución al PIDA EXP- [nnnnn]-PID@”. 3. Sin embargo, la citada reclamación 934/2023 ya ha sido resuelta por este Consejo (Resolución 275/2024, de 9 de abril) y puesta en conocimiento de la entidad reclamada (11 de abril de 2024). De hecho, el objeto de la petición de esta reclamación 238/2024, ha sido desestimado por no haber sido incluido en la petición inicial que dio origen a la reclamación 934/2023. En el marco del cumplimiento de la Resolución 275/2024, la entidad ya nos ha comunicado el inicio de los trámites precisos poniendo asimismo de manifiesto su voluntad de trasladar a la persona reclamante la información solicitada. Y no solo porque la reclamación 934/2023 se fundamentaba en dificultades en la materialización del acceso por error en los enlaces y no por la negativa de la entidad reclamada a facilitar dicha información, sino por las manifestaciones de la entidad reclamada que declara expresamente a este Consejo que “la respuesta de esta Unidad pretendía ser la de conceder acceso a la información”, y que se encuentra a la espera de la decisión de este Consejo para saber si “procede trasladar ya al solicitante la resolución correspondiente”. Si bien es cierto que la tercera persona era la misma en la reclamación 934/2023 y la 238/2024, y que a la fecha de presentación de la nueva solicitud aún no había sido dictada la Resolución 275/227, lo cierto es que desde el 11 de abril de 2024 -fecha de notificación de la Resolución 275/2024-, la entidad podría haber facilitado ya la información, circunstancia que no parece haber ocurrido. Como conclusión, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante la haya recibido y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, sino mas bien al contrario ha puesto de manifiesto su intención de facilitar el acceso a la información solicitada, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. En consecuencia, la entidad reclamada ha de formalizar el acceso a la información solicitada acreditando ante este Consejo la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante. Y en el caso de que en este período de tiempo la entidad reclamada hubiera recibido la respuesta al trámite de alegaciones otorgado con fecha 8 de febrero de 2024, al amparo del artículo 19.3 LTAIBG, y la tercera persona afectada se hubiera opuesto a conceder la información, el acceso sólo podrá tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información, de conformidad con el artículo 22.2 de la LTAIBG. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “ copia de todos los informes y actas de inspección relacionados con la investigación de esta alerta en el establecimiento de elaboración del producto” (Alerta por presencia de Salmonella en huevo entero líquido pasteurizado procedente de España (Ref. ES2022/266) publicada en la web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/2022_266.htm el 15 de setiembre de 2022 a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en HUEVO ENTERO LÍQUIDO PASTEURIZADO de la marca OVOPAK con fecha de caducidad 01/10/2022). La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.