Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) copias de facturas, certificados de pago y detalles sobre la adjudicación de un contrato. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decidió terminar el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
Puntos clave de la argumentación
1
La información pública comprende cualquier contenido o documento elaborado o adquirido por las entidades en el ejercicio de sus funciones.
2
El principio de transparencia establece que toda la información pública es accesible, salvo que se apliquen motivadamente y de forma restrictiva los límites legales.
3
Las causas de inadmisión y los límites al derecho de acceso deben interpretarse de forma estricta y restrictiva, según jurisprudencia del Tribunal Supremo.
4
La entidad reclamada justificó la ausencia de concurso público basándose en que se trató de un contrato menor según el artículo 118 de la LCSP.
5
Se procedió a la disociación de datos personales en la documentación facilitada para cumplir con la normativa de protección de datos.
Texto completo
RESOLUCIÓN 517/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Reclamación 865/2023
Persona reclamante xxxxxx
Entidad reclamada Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG.
Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD).
ANTECEDENTES
Primero. Presentación de la reclamación.
Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante
este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo)
Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al ampa-
ro del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA).
Segundo. Antecedentes a la reclamación.
1. La persona reclamante presentó el 8 de octubre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud
de acceso a información en los siguientes términos:
"A Intervención y o Tesorería, la copia de la factura o facturas, así como certificado de que el
Ayuntamiento realizó el pago o pagos descrito en este Decreto 2023-0775 que forma parte a
su vez, del Expediente 1154/2023. Y me indiquen claramente el o los conceptos por los que
se realizó el pago, así como la fecha en que se realizó el pago. Solicito además, que me
indiquen si existió o no, Concurso Público para esta adjudicación".
2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad re-
clamada.
Tercero. Tramitación de la reclamación.
1. El 28 de noviembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del
procedimiento para la resolución de la reclamación. El 29 de noviembre de 2023 se recepcionó por la
entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe
y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud
es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2023 a la Unidad de
Transparencia respectiva.
2. El 12 de diciembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en
el que se manifiesta que:
"SEGUNDO.- Dicha solicitud fue calificada jurídicamente como solicitud de derecho de acceso a
la información y registrada, por tanto, en el Registro de Solicitudes de Derecho de Acceso a la
Información, dando lugar a la incoación del expediente n.º 10.359/2.023 de solicitud de derecho
de acceso a la información pública.
TERCERO.- Que en dicho expediente, se ha dictado Decreto n.º 2.023-6.037 de fecha
05/12/2.023 por el que se ha resuelto practicar el trámite de alegaciones previsto en el artículo
19.3 de la LTAIBG, por lo que se ha procedido, de acuerdo con dicho artículo a la suspensión del
plazo para resolver el expediente.
"Se ha solicitado, asimismo, información a los Departamentos de Fiestas e Intervención de
Fondos.
"CUARTO.- Se adjunta en prueba de lo manifestado copia del expediente de solicitud de derecho
de acceso a la información n.º 10.359/2023.
"QUINTO.- Se remitirá a dicho Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la
resolución que se dicte resolviendo la solicitud de información, una vez se formulen alegaciones
o finalice el plazo para formularlas, a la que se adjuntará de nuevo la copia del expediente
actualizada".
3. El 8 de febrero de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta
reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución.
Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 8 de febrero de 2024.
4. El 12 de febrero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de alegaciones a este Consejo, en el
que se manifiesta expresamente que ha "transcurrido el trámite de alegaciones sin que se hayan
efectuado las mismas".
Entre la documentación remitida, se incluye la respuesta notificada a la persona solicitante el día 7 de
febrero de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa:
"PRIMERO.- Se ha solicitado información al Departamento de Intervención de Fondos en
cuanto a los pagos así como al Departamento de Fiestas a los efectos de conocer el
expediente objeto de la solicitud de información. En este sentido, debe aclararse de la
documentación remitida por los Departamentos se comprueba que, de acuerdo con el
importe del contrato, se ha seguido la tramitación del contrato menor de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 118 de la LCSP, no siendo necesario en este caso concurso público
para su adjudicación. Este artículo establece literalmente lo siguiente:
«1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos
de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con
las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
"2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe
del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que
no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en
el apartado anterior.
"3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
"4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades
de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
"5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos
contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar
para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de
5.000 euros.
"6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.»
"La información remitida deberá ser puesta a disposición del solicitante en aplicación de lo
dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como con lo dispuesto
en los artículos 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.»
"SEGUNDO.- Se ha procedido en los documentos facilitados a la disociación de datos
personales.»
"Visto lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como con lo dispuesto
en los artículos 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía.
"Por todo lo expuesto, ACUERDO:
"ÚNICO.- Dar traslado a D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], de la
documentación que se adjunta al presente Decreto, notificándolo con expresión de los
recursos que procedan".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación.
1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en
el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de
la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo.
2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo
48.1. b) LTPA.
3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en
materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las
consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a
disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.
Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se
interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto
impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán
resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por
el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor.
Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo
máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la
solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que
el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso
de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y
previa notificación al solicitante.
2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 8 de octubre de 2023, y la reclamación
fue presentada el 14 de noviembre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo
transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada
en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC.
Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública
1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de
las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA].
Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información
pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a
que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia,
en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para
proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”.
La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla
general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se
aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su
restricción o denegación.
2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de
inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el
supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución
CTPDA 451/2018, FJ 5º).
Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera):
“La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso
a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las
limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como
las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el
artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado
y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de
limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la
Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho
reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos
previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto).
3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las
causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su
concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto.
Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación:
Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la
notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada,
una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna
disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la
respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto
cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación
del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto
En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información
solicitada durante la tramitación del procedimiento.