Reclamación de acceso a información pública sobre expediente de consumo contra el Ayuntamiento de Sevilla resultando en inadmisión y desestimación

RESOLUCIÓN 523/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 1001/2023 Persona reclamante xxxxxx Representante Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Sevilla-FACUA Entidad reclamada Ayuntamiento de Sevilla. Artículos 2 a) LTPA; 24 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2023, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante a través de escrito fechado el 30 de octubre de 2023 — y recibido en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC, en adelante) el 20 de noviembre de 2023— , presentó ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “SOLICITA se nos remita el resumen del informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente, así como copia de su resolución [ reclamación 522/2022]”. 2. El 29 de noviembre de 2023, le fue notificada a la persona representante Oficio del Director de la OMIC, firmado el 27 de noviembre de 2023, en el siguiente sentido en lo que ahora interesa: “Recibida en esta unidad su petición de información de 20 de noviembre de 2023 sobre las actuaciones seguidas en esta unidad en relación a la reclamación 522/2022 ([se identifica a persona reclamante] – xxxxx.), hemos de comunicarles que la misma se recibió en esta unidad el día 14 de febrero de 2022 y que, tras solicitar alegaciones a la reclamada, se comunicó al interesado el resultado de nuestra mediación a través de correo electrónico de 31 de mayo de 2022. “Como quiera que el artículo 87.3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía dispone que “Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un año sin que el órgano competente hubiera incoado el oportuno procedimiento”, y que ha transcurrido sobradamente el mencionado plazo, no resulta procedente dar traslado de la citada reclamación al Negociado de Multas y Procedimientos de este Servicio de Consumo”. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “ Que en relación a la respuesta recibida: “- Se informa de una supuesta notificación enviada al reclamante en fecha 31/05/2022, que el reclamante niega haber recibido y de cuyo acuse de recibo este Ayuntamiento no aporta copia, por lo que se hace necesario que el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla aporte una copia de dicho supuesto acuse de recibo conforme a la normativa de transparencia. “- (…) se hace también necesario que este Ayuntamiento aporte la correspondiente autorización de la parte reclamante para que este Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla pueda hacerle las notificaciones a su correo electrónico personal. “- Por otra parte, tampoco se ha recibido todavía ningún tipo de información sobre la parte de la Denuncia planteada (en el caso se que no se llegara a remitir al Negociado de Multa y Procedimientos corresponde su inmediata remisión conforme a todo lo arriba expuesto) así como el resultado de las supuestas actuaciones llevadas a cabo por este Servicio de Consumo (...)” “ (…) Solicitamos a este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA, que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, teniendo por hechas las manifestaciones en él expuestas, y en su virtud, proceda a llevar a cabo las gestiones relacionadas con el trámite de información pública, conforme a todo lo arriba expuesto. (…)”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 5 de febrero de 2024, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. En idéntica fecha la solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 8 de marzo de 2023, la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Entre la misma, figura informe de idéntica fecha en relación a la presente reclamación. Entre la documentación aportada figura Resolución del Director General de Consumo, Salud, Cementerio y Protección Animal de fecha, de 26 de febrero de 2024, en virtud de la cual se informa a FACUA de lo reproducido en el oficio de 27 de noviembre de 2023, figurando pie de recurso. Consta notificación electrónica en idéntica fecha. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 29 de noviembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 28 de diciembre de 2023, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Sexto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “SOLICITA se nos remita el resumen del informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente, así como copia de su resolución [reclamación 522/2022]”. Pues bien, respecto a la solicitud de que se remita a la persona reclamante un “el resumen del informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente” concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta adopte una específica actuación: realizar un resumen de un informe sobre las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente reclamado . Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación respecto a esta petición. 2. En cuanto a la segunda de las peticiones relativa a tener acceso a “copia de su resolución”, la entidad ha informado a este Consejo que en los procedimientos iniciados tras la presentación de una reclamación en materia de consumo, la función de las O.M.I.C.‘s no es la de dictar una resolución sobre el fondo del asunto planteado en la reclamación, sino servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos entre particulares e informar al consumidor del resultado de esta mediación. No obstante, consideramos que cuando se solicita copia de la resolución, la persona reclamante está refiriéndose a la resolución que pudiera haber recaído como consecuencia de la apertura de un procedimiento sancionador tras la presentación de su reclamación/denuncia. Y consta en el expediente que la entidad reclamada ha ofrecido esta información a la persona reclamante. Entre la documentación obrante en el expediente, consta el certificado de la puesta a disposición electrónica del Decreto n.º 151, de 16 de febrero de 2024, en el que se estima la solicitud de acceso a la información dando por reproducido el informe emitido por el Servicio de Consumo, de fecha 27 de noviembre de 2023, en el cual se indicó a la persona reclamante que el artículo 87.3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía dispone que “Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un año sin que el órgano competente hubiera incoado el oportuno procedimiento”, y que habiendo transcurrido sobradamente el mencionado plazo, no resultaba procedente dar traslado de la denuncia al Negociado de Multas y Procedimientos de este Servicio de Consumo. Esta autoridad independiente de control entiende que la información facilitada a la persona ahora reclamante puede considerarse suficiente para satisfacer su derecho de acceso a la información pública, ya que del referido informe se infiere que no existe resolución alguna, al haber caducado la acción para poder incoar el correspondiente procedimiento sancionador. Y es que en el caso de que la información solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del solicitante exige que la petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia, lo cual no quiere decir que de la inexistencia de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. En el supuesto planteado en la presente reclamación, del informe emitido por el Servicio de Consumo se deduce precisamente que la resolución solicitada no existe, no siendo posible, por tanto, dar acceso al reclamante a esta concreta información pedida por este. Y es que ya en la respuesta ofrecida el 29 de noviembre de 2023, objeto de la reclamación, se informaba expresamente que “no resulta procedente dar traslado de la citada reclamación al Negociado de Multas y Procedimientos de este Servicio de Consumo”, debido a la caducidad de la acción. De esta información se deducía que a la fecha de presentación de la solicitud, la información no existía. Procede pues desestimar la reclamación en lo que corresponde a esta petición, ya que la entidad ya había informado de la inexistencia de la información. 3. En la reclamación formulada la persona reclamante solicita copia de los acuses de recibo o de la autorización al Servicio de Consumo para que pueda practicar las notificaciones en papel o telemáticamente, pero a juicio de este Consejo, no cabe estimar esta pretensión e imponer al órgano reclamado que ofrezca respuesta a esta específica petición de información adicional, que no fue planteada sino en la propia reclamación. A este respecto, no podemos soslayar nuestra consolidada línea doctrinal, según la cual la entidad reclamada “sólo queda vinculado a los términos del petitum tal y como quedan fijados en el escrito de solicitud de la información sin que pueda admitirse un cambio en dicho petitum a lo largo del procedimiento (…)” (así, por ejemplo, Resoluciones 138/2018, de 24 de abril, FJ 4º y 110/2016, de 30 de noviembre, FJ 2º). En consecuencia, según venimos sosteniendo, debe desestimarse toda pretensión de ampliar la petición inicial en los correspondientes escritos de reclamación. Y en cuanto al resto de alegaciones formuladas sobre la eficacia de las notificaciones practicadas durante la tramitación de la reclamación en materia de consumo, conforme a lo establecido en el Decreto 82/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se trata de una cuestión ajena al procedimiento del derecho de acceso a la información pública, por lo que este Consejo no ostenta competencia para pronunciarse sobre las mismas. Debemos, por tanto, desestimar este extremo de la reclamación. Esta resolución desestimatoria no impide -claro está- que la persona reclamante pueda volver a dirigir a la Administración las concretas peticiones que formuló en vía de reclamación, sin que aquélla pueda invocar el carácter reiterativo de la solicitud a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Desestimar la reclamación, respecto a las peticiones contenidas en el apartado segundo y tercero del Fundamento Jurídico Cuarto. Segundo. Inadmitir la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “...se nos remita el resumen del informe en el que se detallen las actuaciones realizadas hasta la fecha en la tramitación de este expediente”.