Reclamación de acceso a información ambiental sobre calidad del aire, tráfico y transporte urbano en Granada con estimación parcial

RESOLUCIÓN 584/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 377/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Granada Artículos 7 c) LTPA; 12 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. 1. Con fecha de 18 de abril de 2024 tiene entrada en este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTEC- CIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) un oficio del Defensor del Pueblo Andaluz en el que remite la queja Q24/[nnnnn], presentada por la persona reclamante ante dicha institución el 13 de marzo de 2024. 2. A la vista del contenido de la queja, relativa a la falta de respuesta de la entidad reclamada a una solicitud de información, este Consejo informa al Defensor del Pueblo Andaluz que “en aras de la efica- cia administrativa, este Área considerará la recepción de la queja como la presentación de una recla- mación de las previstas en el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y procederá a su tramitación ordinaria”. Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 27 de diciembre de 2023, ante la entidad reclamada, solici- tud de acceso a información en los siguientes términos: “ (…) Primero. Que como la mala calidad del aire que llevan años respirando los habitantes de la ciudad de Granada es una de las causas, probablemente la principal. por tus que el COVID-19 se ha cebado con ellos; se insta al Ayuntamiento de Granada a que que promueva y financie total o parcialmente, ya sen a través de la Universidad de Granada o de cualquier otra institución que considere adecuada, la realización de estudio o estudios para conocer la influencia de la contaminación atmosférica en la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en Andalucía y por qué Granada y su área Metropolitana han sido tan castigados por el COVID- 19. Y que los citados estudios sean públicos, que el trabajo estadístico se realice tanto con R como con Phyton y que los datos, una vez anonimizados, así como los códigos estadísticos se puedan descargar libremente. Resumiendo, que el estudio o estudios para conocer la in- fluencia de la contaminación atmosférica en la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en An- dalucía y por qué Granada y su área Metropolitana han sido tan castigadas por el COVID-19 se realicen de acuerdo a los principios de la CIENCIA ABIERTA. (...) Segundo. Conocer las acciones que va a adoptar el Ayuntamiento de Granada para limitar la influencia de los cinamomos en los valores de los contaminantes atmosféricos registrados por la estación de medida de la calidad del aire Granada Norte, garantizando así que dichos valores reflejen las concentraciones de los contaminantes atmosférico presentes en el aire del área adyacente a dicha estación de monitoreo de la calidad del aire. Tercero: Saber si se ha recibido la subvención de la administración de orden superior para resolver las deficiencias presentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad de Gra- nada, En caso afirmativo, ¿se ha ejecutado la subvención concedida y solventado los proble- mas existentes en las estaciones de aforo de tráfico de Granada? En caso negativo, ¿el Ayuntamiento de Granada ha aprobado partida presupuestaria para solucionar las deficien- cias existentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad? Si se ha aprobado partida presupuestaria se requiere copia de la misma, así como cronograma detallado que establez- ca los plazos y fases de su implementación. Cuarto: Saber si los sistemas de climatización y renovación de aire del interior de los auto- buses y microbuses que componen la flota de transporte urbano de Granada están dotados con un subsistema de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV~2 y otros virus y microorganismos. En caso afirmativo, ¿cuál es la eficacia de los subsistemas de purificación de aire en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos? ¿Está eficacia en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos ha sido certificada por algún organismo público? En caso negativo, ¿se ha aprobado un plan para la instalación en los vehículos de la flota de transporte urbano de Granada de subsistemas de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV-2 y otros virus y microorganismos? Si se ha aprobado dicho plan se requiere copia del mismo, así como cronograma de su implanta- ción. Basándome para esta petición en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente” 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad re- clamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 26 de abril de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedi- miento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo elec- trónico de fecha 29 de abril de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre la competencia para conocer una reclamación en materia medioambiental La solicitud de información que justifica esta reclamación requiere información ambiental según la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIMA). Este Consejo había venido inadmitiendo a trámite aquellas reclamaciones presentadas frente a resoluciones expresas o por silencio administrativo cuando las solicitudes de información se fundamentaban expresa y únicamente en la LAIMA, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, apartado 3 de la LTPA. Sin embargo, a partir de la Resolución 791/2022, y como resultado de diversos pronunciamientos judiciales (especialmente la Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo), este Consejo admite a trámite estas reclamaciones. En conclusión, este Consejo se considera entonces competente para conocer de las reclamaciones presentadas frente a resoluciones de solicitudes de acceso a la información ambiental, según la definición contenida en el artículo 2 LAIMA. En estos supuestos, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resultará de aplicación preferente la regulación específica que regula el acceso. Esto es, la LAIMA y su normativa de desarrollo. Y supletoriamente, resultará de aplicación la normativa reguladora de la transparencia, LTAIBG y LTPA. Las Resoluciones 821/2022, 43/2023 y 74/2023 han confirmado esta doctrina, que afirma, no solo la admisión a trámite de la reclamación, sino también la aplicación preferente del régimen de acceso a la información contenido en la LAIMA y su normativa de desarrollo, siendo de aplicación supletoria la de transparencia. Esta interpretación se ha visto confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 116/2023, de 9 de enero, en la que, a propósito del análisis del sentido del silencio administrativo en la LAIMA, reconoce implícitamente la competencia de los organismos de control para conocer de las reclamaciones en materia de información ambiental. Tercero. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se in- terpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto im- pugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrati- vo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi- miento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 10.2. c) LAIMA establece que las solicitudes debe- rán resolverse y notificarse lo antes posible y, a más tardar, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general. El artículo 10.2. c) LAIMA establece que las solicitudes se resolverán en el plazo de dos meses si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado, previa comunicación a la persona solicitante de la ampliación del plazo y las razones que lo justifican. Sobre el silencio administrativo, la LAIMA no establece previsión alguna, por lo que resultaría de aplicación lo previsto en la LTAIBG según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 116/2023, de 9 de enero . El artículo 20.4 LTAIBG establece que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 27 de diciembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 13 de marzo de 2024, al considerar la fecha de presentación de la queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información ambiental. 1. Constituye “información ambiental” a los efectos de la legislación reguladora del acceso a la in- formación ambiental, según el contenido del artículo 2.3 LAIMA: “3. Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas mari- nas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modifi- cados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a). c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, pro- gramas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afec- tar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las me- didas destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter econó - mico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cul- tural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)”. Según establece el artículo 3.1.a) LAIMA: “todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públi- cas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil: 1) En relación con el acceso a la información: a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés de- terminado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.“ 2. Las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental se recogen en el artículo 13 LAIMA, que según su apartado cuarto, “deberán interpretarse de manera restrictiva” y “Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una in- formación con el interés atendido con su denegación”. 3. En relación con la ordenación del derecho de acceso a la información ambiental, la Exposición de Motivos de la LAIMA reconoce que esta ley se limita a establecer, al amparo de la competencia que el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, aquellas garantías y prin- cipios que deben ser observados por todas las autoridades públicas ante las que pretenda ejercer- se el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, “sin entrar a regular el procedimiento para su ejercicio”. A su vez, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), dedi- ca el Capítulo I del Título II a la Información ambiental, disponiendo su artículo 6.2 que reglamen- tariamente se establecerán las medidas necesarias para facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información ambiental, determinando los responsables de la información, los lugares en donde se encuentra, la forma de acceder y la metodología para la creación y mantenimiento de medios de consulta de la información que se solicite. Del mismo modo, el artículo 19.4 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, estable- ce que reglamentariamente se establecerán los cauces de acceso a la información sobre el medio hídrico, dada su consideración legal de información ambiental. El desarrollo reglamentario previsto por las anteriores normas legales ha tenido lugar en la Comu- nidad Autónoma de Andalucía a través del Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acce- so a la información ambiental, el cual dedica los artículos 23 y siguientes a la regulación del acce- so a la información ambiental previa solicitud. 4. El artículo 4 del Decreto 347/2021, de 22 de noviembre, define la “Información Ambiental”, con- forme a la definición establecida en el artículo 5 LGICA, como toda información en cualquier sopor- te que se encuentre disponible y que verse sobre las cuestiones relacionadas en el artículo 2.3 LAIMA. El artículo 23 extiende su ámbito de aplicación a la información ambiental en poder tanto de las autoridades públicas definidas en el artículo 4.a) (entidades, órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma contemplados en el artículo 2.4 LAIMA), como en poder de otras personas en nombre de las anteriores, con independencia de que la información forme parte o no de un ex- pediente administrativo y, en su caso, del estado de tramitación del procedimiento, así como con independencia de que la información obre o no en un archivo o registro administrativo y, en su caso, de la clase de archivo o registro de que se trate. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación que proceda de las excepciones al acceso a la información establecidas en la LAIMA. Quinto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Primero. Que como la mala calidad del aire que llevan años respirando los habitantes de la ciudad de Granada es una de las causas, probablemente la principal. por tus que el COVID- 19 se ha cebado con ellos; se insta al Ayuntamiento de Granada a que que promueva y fi - nancie total o parcialmente, ya sen a través de la Universidad de Granada o de cualquier otra institución que considere adecuada, la realización de estudio o estudios para conocer la influencia de la contaminación atmosférica en la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en Andalucía y por qué Granada y su área Metropolitana han sido tan castigados por el COVID- 19. Y que los citados estudios sean públicos, que el trabajo estadístico se realice tanto con R como con Phyton y que los datos, una vez anonimizados, así como los códigos estadísticos se puedan descargar libremente. Resumiendo, que el estudio o estudios para conocer la in- fluencia de la contaminación atmosférica en la pandemia causada por el SARS-CoV-2 en An- dalucía y por qué Granada y su área Metropolitana han sido tan castigadas por el COVID-19 se realicen de acuerdo a los principios de la CIENCIA ABIERTA. (...) Segundo. Conocer las acciones que va a adoptar el Ayuntamiento de Granada para limitar la influencia de los cinamomos en los valores de los contaminantes atmosféricos registrados por la estación de medida de la calidad del aire Granada Norte, garantizando así que dichos valores reflejen las concentraciones de los contaminantes atmosférico presentes en el aire del área adyacente a dicha estación de monitoreo de la calidad del aire. Tercero: Saber si se ha recibido la subvención de la administración de orden superior para resolver las deficiencias presentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad de Gra- nada, En caso afirmativo, ¿se ha ejecutado la subvención concedida y solventado los proble- mas existentes en las estaciones de aforo de tráfico de Granada? En caso negativo, ¿el Ayuntamiento de Granada ha aprobado partida presupuestaria para solucionar las deficien- cias existentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad? Si se ha aprobado partida presupuestaria se requiere copia de la misma, así como cronograma detallado que establez- ca los plazos y fases de su implementación. Cuarto: Saber si los sistemas de climatización y renovación de aire del interior de los auto- buses y microbuses que componen la flota de transporte urbano de Granada están dotados con un subsistema de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV~2 y otros virus y microorganismos. En caso afirmativo, ¿cuál es la eficacia de los subsistemas de purificación de aire en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos? ¿Está eficacia en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos ha sido certificada por algún organismo público? En caso negativo, ¿se ha aprobado un plan para la instalación en los vehículos de la flota de transporte urbano de Granada de subsistemas de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV-2 y otros virus y microorganismos? Si se ha aprobado dicho plan se requiere copia del mismo, así como cronograma de su implanta- ción. Respecto a la primera solicitud, concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 3.1 de la LAIMA todos podrán ejercer en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil, el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información ambiental que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, algunas de las circunstancias que permiten denegar las solicitudes de información. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información ambiental” a los efectos de la legislación específica de aplicación. Concepto que, según se deduce de los apartados 3 y 5 del artículo 2 de la LAIMA, se circunscribe a toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las cuestiones relacionadas en el precitado artículo 2.3 y que las autoridades públicas posean y haya sido recibida o elaborada por ellas. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión contenida en el apartado primero (realización de un estudio) resulta por completo ajena a esta noción de “información ambiental”, toda vez que con la misma no se persigue acceder a información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que obre en poder de la entidad reclamada, sino que ésta realice una específica actuación (realización de un estudio). Se nos plantea, pues, una cuestión que queda fuera del ámbito objetivo del derecho de acceso a la información ambiental delimitado en la LAIMA, y por lo tanto de las competencias de este Consejo. Procede por tanto la inadmisión de la reclamación en lo que corresponde a esta petición. 2. Respecto al resto de peticiones, lo solicitado es “información ambiental” conforme a la definición establecida en los artículos 2.3 de la LAIMA y 23 del Decreto 347/2011, de 22 de noviembre. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información ambiental, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna de las circunstancias que según el artículo 13 de la LAIMA podrían justificar la denegación de las solicitudes de información ambiental, este Consejo en virtud del artículo 3.1. a) LAIMA y del principio de interpretación restrictiva de los motivos de denegación y ponderando el interés público atendido con la divulgación de la información solicitada con los motivos alegados por la entidad reclamada para resolver su denegación, estima que debe primar el acceso a la información ambiental y que debe estimar la presente reclamación. Sexto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. Es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: Segundo. Conocer las acciones que va a adoptar el Ayuntamiento de Granada para limitar la influencia de los cinamomos en los valores de los contaminantes atmosféricos registrados por la estación de medida de la calidad del aire Granada Norte, garantizando así que dichos valores reflejen las concentraciones de los contaminantes atmosférico presentes en el aire del área adyacente a dicha estación de monitoreo de la calidad del aire. Tercero: Saber si se ha recibido la subvención de la administración de orden superior para resolver las deficiencias presentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad de Gra- nada, En caso afirmativo, ¿se ha ejecutado la subvención concedida y solventado los proble- mas existentes en las estaciones de aforo de tráfico de Granada? En caso negativo, ¿el Ayuntamiento de Granada ha aprobado partida presupuestaria para solucionar las deficien- cias existentes en las estaciones de aforo de tráfico de la ciudad? Si se ha aprobado partida presupuestaria se requiere copia de la misma, así como cronograma detallado que establez- ca los plazos y fases de su implementación. Cuarto: Saber si los sistemas de climatización y renovación de aire del interior de los auto- buses y microbuses que componen la flota de transporte urbano de Granada están dotados con un subsistema de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV~2 y otros virus y microorganismos. En caso afirmativo, ¿cuál es la eficacia de los subsistemas de purificación de aire en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos? ¿Está eficacia en la eliminación de virus (incluido el SARS-CoV-2) y otros microorganismos ha sido certificada por algún organismo público? En caso negativo, ¿se ha aprobado un plan para la instalación en los vehículos de la flota de transporte urbano de Granada de subsistemas de purificación de aire capaz de eliminar el SARS-CoV-2 y otros virus y microorganismos? Si se ha aprobado dicho plan se requiere copia del mismo, así como cronograma de su implanta- ción. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Quinto y Sexto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir la reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Jurí- dico Quinto, apartado primero. Tercero.Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a con- tar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, inclu- yendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.