Reclamación de acceso a información pública sobre actas, composición de órganos y datos económicos de una Comunidad de Regantes con estimación parcial

RESOLUCIÓN 594/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 88/2024 Persona reclamante Miguel Ángel Guerrero Cárdenas Entidad reclamada Comunidad de Regantes del Nacimiento de Coín "Los Llanos a Junti- llas" Artículos 3.1. h) LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 21 de enero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 30 de noviembre de 2023 mediante requerimiento notarial, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "1. Recibir copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre otros acuerdos, la "ejecución subsidiaria sobre el tramo sito en la parcela 110 del polígono 36 del Catastro de Coín", siendo la parcela citada de mi co-propiedad, y por tanto, estando afectado por el acuerdo adoptado (según carta calificada remitida por esta Comunidad a mi persona, y recepcionada en fecha 20 de noviembre de 2023). "2. Si en el acta que se solicita no se indicasen los miembros de la actual Junta de Gobierno asistentes a la reunión celebrada, solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad donde se especifique los miembros asistentes, así como el sentido de su voto en este asunto en concreto. "3. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las cuatro personas que forman la Junta Directiva de esta Comunidad, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad. "4. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las once personas que ejercen el cargo de Vocales en la actual Junta de Gobierno, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad. "5. Solicito copia del libro de Actas de la Comunidad respecto a las actas de las Juntas Generales o Asambleas celebradas (tanto ordinarias como extraordinarias) desde el año 2015. "6. Solicito recibir copia, y respecto de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, como indica el artículo 33 de nuestras Ordenanzas, de la documentación que se indica: "a. Memoria de cada uno de los años indicados, según aprobación en Junta General o Asamblea. "b. Estado de cuentas de los años indicados. "c. Presupuesto de ingresos y gastos, aprobados por la Junta General, de los años indicados. "d. Detalle económico aprobado por la Junta General o Asamblea de las cuotas acordadas desde su inicio para el proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad, con indicación anual de las cuotas recaudadas, las cuotas pendientes, los recargos ejecutados y los gastos que se han cargado a dichas cuotas, y el estado de las mismas a fecha de la última Junta General o Asamblea celebrada. "2. [sic] Por último, y de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, solicito copia de los gastos repercutidos a la parcela objeto de este escrito en concepto de "limpieza de acequia". Solicito que al respecto de dichos gastos me envíen: "a. Presupuestos de gastos de cada uno de los años, aprobados por Junta General o Asamblea. "b. Liquidación de gastos de cada uno de los años (con detalle justificativo de los diversos gastos imputados), aprobado por Junta General o Asamblea. "c. Relación de vecinos de la acequia (sin identificar nombres, pudiendo ser identificados con un número o una letra) y su porcentaje de participación en los gastos de cada uno de los años. "Puesto que la información solicitada está en poder de esta Comunidad y debe estar a disposición de todos los comuneros/as, solicito que la misma se me remita por esta Comunidad en plazo no superior a siete días naturales (desde la recepción de la presente), o bien se pongan a mi disposición para la retirada física en la propia oficina de la Comunidad. Pasado dicho plazo sin haber recibido la información solicitada, la misma será solicitada en instancias superiores a esta Comunidad de Regantes (Cuenca Mediterránea Andaluza), o mediante el ejercicio de acciones legales a las que tenga derecho como comunero". 2. La entidad reclamada contestó la petición mediante escrito fechado el 14 de diciembre de 2023 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "TERCERO.- Partiendo de la anterior base, procede analizar la solicitud formulada por el Sr. [apellidos de la persona reclamante], tratando cada una de sus pretensiones, numeradas del 1 al 7: "1º.- En cuanto a la solicitud de la emisión de certificaciones, que se concretan en los apartados 2 a 4 de su instancia. "Precisamente esta cuestión ha sido de análisis por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución 932/2021, de fecha 11 de mayo de 2022, en la que por la Autoridad Administrativa Independiente se concluye lo siguiente: «Lo primero que debe analizarse es si este tipo de pretensiones tienen o no cabida en el ámbito de aplicación de la LTAIBG. La respuesta debe ser negativa. "En efecto, el concepto de información pública que recoge la Ley y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma y que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. (...) "A lo anterior, hay que añadir que, como señaló la Audiencia Nacional, en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de Apelación 1/2019: “una solicitud de información de estas características (…) no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares». "Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se considera que la pretensión del interesado resulta por completo ajena a esta noción de información pública, toda vez que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder del órgano reclamado sino que se realice una específica actuación (expedición de un certificado). Se trata, pues, de una cuestión que queda extramuros del ámbito objetivo delimitado en la LTAIBG, procediendo por tanto la inadmisión de la solicitud en este apartado, por este motivo. "2º.- En cuanto a la solicitud referida a materia económica-financiera, que se concreta en los apartados 6 y 7 de su solicitud (presupuestos, cuentas anuales, memorias cuentas deudoras y acreedoras, etc.). "El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el ámbito de la Administración General del Estado, también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones. "Resalta la Resolución R/0317/2021. El Consejo indica que los aspectos relativos al cobro de cuotas pendientes, son cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con sus funciones públicas, y ello como quiera los actos de disposición económico – presupuestaria no están sujetos a la LTAIBG. "Por Transparencia se reafirma el criterio ya establecido por su anterior Resolución R/0438/2019, de 16 de setiembre de 2019, que trae su causa de la sustanciación de un expediente de apremio por parte de una Comunidad de Regantes contra un partícipe, por impago de cuotas. "En el curso del expediente de apremio, se solicitó «certificación a la Comunidad de Regantes en virtud del artículo 41.2 a) y .7 del RO 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación para que se me remita a la mayor brevedad una copia de los recibos que la comunidad haya considerado impagados por el solicitante desde el 2013 hasta la actualidad a fin de considerar los posibles errores en los que se haya incurrido la Comunidad en las cantidades embargadas y el valor total de cada una de las liquidaciones cobradas con los recargos, intereses de demora y las costas aplicadas a cada una de ellas». "La Comunidad de Regantes esgrimió que se “formula una reclamación interesando certificación comprensiva de las cantidades embargadas como impagos a la comunidad. Dicha materia, de actos de disposición económica-presupuestaria (presupuestos, cuentas anuales, cuentas deudoras y acreedoras, saldos de cuentas bancarias, etc), se enmarca dentro del ámbito de actuación privada de la comunidad de regantes, y en consecuencia no le resulta de aplicación la LTAIBG. "Este es el criterio que se viene manteniendo en Resoluciones de ese propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, en las Resoluciones de 3 de octubre de 2017 (R/0314/2017) y de 16 de octubre de 2017 (R/0355/2017), en las que se deniega las peticiones de acceso, y ello (como se mantiene en las resoluciones citadas) con sustento en «... la interpretación que el Tribunal Supremo viene haciendo de forma reiterada de estas corporaciones de derecho público, considerando que tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la Intervención General del Estado ni por el Tribunal de Cuentas por lo que su contenido no puede ser considerado información pública ...» "El Consejo de Transparencia estimó la argumentación de la Comunidad y, en consecuencia, desestima la pretensión del comunero, al considerar que «en base a los criterios establecidos por los Tribunales de Justicia y por este Consejo de Transparencia en asuntos precedentes, la información solicitada (certificación de las cantidades embargadas como impagos a la Comunidad) no estaría enmarcada dentro del concepto de actividad sujeta al derecho administrativo al ser información relacionada con aspectos relativos al cobro de cuotas pendientes, cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con sus funciones públicas, como son los actos de disposición económico- presupuestaria, que no están sujetos a la LTAIBG». "Resalta igualmente en esta materia la Resolución R/0067/2018, que señala: «Este Consejo de Transparencia no tiene competencias para pronunciarse sobre aspectos relativos al cobro de cuotas pendientes, al tratarse de cuestiones privadas de la Comunidad que nada tiene que ver con sus funciones públicas, como son los actos de disposición económico-presupuestaria, que no están sujetos a la LTAIBG, entre los que se encuentran los presupuestos o las cuentas anuales. Por tanto, cualquier solicitud sobre estos apartados se enmarca dentro del ámbito de actuación privado de la Comunidad de Regantes y, en consecuencia, no le resulta de aplicación la LTAIBG. "Este razonamiento deriva de la interpretación que el Tribunal Supremo viene haciendo de forma reiterada respecto a estas corporaciones de derecho público, considerando que tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la Intervención General del Estado ni por el Tribunal de Cuentas por lo que su contenido no puede ser considerado información pública. En consecuencia, ni asiste derecho de acceso a este tipo de información ni es obligada su publicación de oficio en sus páginas Web (procedimiento R/0314/2017).» "No tratándose de información pública lo solicitado en base a la doctrina administrativa que ha sido explicada, no procede acceder a lo interesado. "3º.- En cuanto a la solicitud individualizada bajo el número 1, consistente en copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre otros acuerdos, (...). "Debe resaltarse, en relación con esta concreta solicitud, que, por un lado, por el interesado, se reconoce expresamente que recibió notificación de acuerdo en fecha 20 de noviembre de 2023 y, por otro, ha formulado recurso de alzada contra el mismo, haciendo constar expresamente (según consta en dicho recurso) que interpone «RECURSO DE ALZADA contra el Acuerdo de Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Nacimiento de Coín "Los Llanos a Juntillas" adoptado en fecha 16.11.2023 según NOTIFICACIÓN expedida por la Sra. Secretaria de dicha Comunidad de Regantes, de fecha 17.11.2023 y comunicada el día 20.11.2023». "A la luz de lo anterior, por parte del solicitante se requiere documental que ya obra en su poder, por lo que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, tratándose de materia que constituye el objeto de recurso de alzada, debe estarse a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 1, de dicha disposición legislativa. "4º.- En cuanto a la solicitud individualizada bajo el número 5, consistente en copia del libro de Actas de la Comunidad respecto de las actas de las Juntas Generales o Asambleas celebradas (tanto ordinarias como extraordinaria) desde el año 2015. "Respecto al acceso a las actas, esta cuestión también ha sido objeto de análisis por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones. En concreto, la «Sentado lo anterior, debe recordarse que, en cuanto a la solicitud de las Actas de las Juntas, el derecho de acceso queda limitado a que venga referido a alguna de las funciones públicas que asume la Comunidad, como los aprovechamientos de riego, reparto de aguas, régimen electoral, régimen sancionador, etc., debiendo desestimarse el acceso a información que no quede amparada por el ejercicio de funciones públicas (entre las que se encontrarían asuntos como las finanzas, el libro de las cuentas anuales, el listado de deudores o el Padrón General de todos los participantes de la Comunidad)». "En la misma línea, la Resolución R/0769/2019, de 24 de enero de 2020, señala lo siguiente: «Como ya ha sostenido este Consejo de Transparencia en algunos casos precedentes, citados por la Comunidad de Regantes, estas son Corporaciones de Derecho Público que no tienen la consideración de Administraciones Públicas, por lo que sólo sus actividades sujetas al Derecho Administrativo entran dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG; la Comunidad de Regantes está obligada, por tanto, a la entrega de sus ordenanzas, reglamentos por los que se rigen y las Actas de sus asambleas, pero excluyendo siempre aquellas actuaciones que se enmarquen dentro del ámbito de actuación privado de la Comunidad. "Desde este punto de vista, es correcta la actuación de la Comunidad de Regantes en el caso analizado, excluyendo de las actas de sus asambleas, ya entregadas en vía de reclamación, aquellos contenidos que afectan a su actividad privada y a los datos personales recogidos y entregando únicamente la parte de las mismas que atienden a las actuaciones de los riegos en la margen derecha del Canal Principal del Viar, que es lo solicitado». "A la vista de los criterios anteriormente expuestos, estando las Comunidades de Regantes sujetas a la Ley de Transparencia «en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo», puede afirmarse que existe derecho de acceso en relación con los contenidos obrantes en las actas que pudieran incardinarse en dichas actividades. "Al fin antes expuesto, la doctrina administrativa parece decantarse: "1º.- Por incluir en la actividad pública de las Comunidades de Regantes todo lo que derive del aprovechamiento de riego, reparto de aguas, régimen electoral, régimen sancionador, etc "2º.- Excluir del precitado ámbito (al enmarcado en las actividades privadas) lo que derive de asuntos como las finanzas, el libro de cuentas anuales, el listado de deudores, el Padrón General de todos los participantes de la Comunidad, etc. "Así, como dicta la referenciada Resolución 816/2019, de 11 de febrero de 2020: «...debe recordarse que, en cuanto a la solicitud de las Actas de las Juntas, el derecho de acceso queda limitado a que venga referido a alguna de las funciones públicas que asume la Comunidad, como los aprovechamientos de riego, reparto de aguas, régimen electoral, régimen sancionador, etc., debiendo desestimarse el acceso a información que no quede amparada por el ejercicio de funciones públicas (entre las que se encontrarían asuntos como las finanzas, el libro de las cuentas anuales, el listado de deudores o el Padrón General de todos los participantes de la Comunidad)». "Teniendo a la vista las actas de los cinco últimos años de esta Corporación de Derecho Público, y siguiendo la doctrina administrativa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se estima parcialmente la pretensión, en lo referido exclusivamente a los acuerdos que pudieran entenderse incardinados en el ámbito del aprovechamiento de riego y reparto de las aguas, excluyendo el resto de los contenidos y los datos personales recogidos. A saber (s.e.u.o) son las siguientes: "- 2019: Acta de JUNTA GENERAL ORDINARIA fecha: 20 de diciembre de 2019. "- 2020: Comunicación Junta de Andalucía. 15 de enero de 2020. "- 2021: Acta de Junta General Ordinaria : 1 de diciembre de 2021. "- 2022: Acta de Junta General Ordinaria : 15 de junio de 2022. "- 2022: Acta de Junta General Ordinaria : 21 de diciembre de 2022. "- 2023: Acta de Junta General Ordinaria : 30 de marzo de 2023. "Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación. "RESUELVE "Que, debe estimar parcialmente la solicitud de acceso formulada por D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] mediante Acta de Notificación de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitres, otorgada ante el Notario (nombre y apellidos), bajo el número cuatrocientos dieciocho de su protocolo, procediendo entregar copia de la parte de las actas referenciadas en el Considerando Tercero, denegándose el resto. "Se le adjunta copia de las actas, con observancia de la doctrina del Consejo de Transparencia (exclusión del resto de los contenidos y de los datos personales recogidos)". Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “Habiendo presentado un requerimiento notarial solicitando información respecto a un proceso iniciado por la Comunidad de Regantes, y en el cual se ve afectado una parcela de mi copropiedad, la Comunidad sólo estima parcialmente la solicitud alegando en todo momento doctrina de Transpariencia [sic] y Buen Gobierno. Y se entiende de esta parte solicitante que se tiene derecho a dicha información, como comunero de la citada Comunidad de Regantes". Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 7 de febrero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se recepcionó por la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 7 de febrero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 9 de febrero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información (la contestación notificada el 20 de diciembre de 2023 a la persona ahora reclamante, así como la documentación remitida), volviéndose a reiterar por la entidad reclamada la presentación de la misma documentación el 4 de abril de 2024. 3. El 18 de abril de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 18 de abril de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.h) LTPA, al ser la entidad reclamada una corporación de derecho público de Andalucía de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 20 de diciembre de 2023, y la reclamación fue presentada el 21 de enero de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, pues el último día del plazo fue inhábil, por lo éste se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente, según prevé el artículo 30.5 LPAC, y conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. Con la solicitud de información cuya respuesta se reclama, la persona reclamante pretendía obtener determinada documentación relativa a una Comunidad de Regantes. En concreto se solicitaba: "1. Recibir copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre otros acuerdos, (...). "2. Si en el acta que se solicita no se indicasen los miembros de la actual Junta de Gobierno asistentes a la reunión celebrada, solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad donde se especifique los miembros asistentes, así como el sentido de su voto en este asunto en concreto. "3. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las cuatro personas que forman la Junta Directiva de esta Comunidad, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad. "4. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las once personas que ejercen el cargo de Vocales en la actual Junta de Gobierno, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad. "5. Solicito copia del libro de Actas de la Comunidad respecto a las actas de las Juntas Generales o Asambleas celebradas (tanto ordinarias como extraordinarias) desde el año 2015. "6. Solicito recibir copia, y respecto de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, como indica el artículo 33 de nuestras Ordenanzas, de la documentación que se indica: "a. Memoria de cada uno de los años indicados, según aprobación en Junta General o Asamblea. "b. Estado de cuentas de los años indicados. "c. Presupuesto de ingresos y gastos, aprobados por la Junta General, de los años indicados. "d. Detalle económico aprobado por la Junta General o Asamblea de las cuotas acordadas desde su inicio para el proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad, con indicación anual de las cuotas recaudadas, las cuotas pendientes, los recargos ejecutados y los gastos que se han cargado a dichas cuotas, y el estado de las mismas a fecha de la última Junta General o Asamblea celebrada. "2. [sic] Por último, y de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, solicito copia de los gastos repercutidos a la parcela objeto de este escrito en concepto de "limpieza de acequia". Solicito que al respecto de dichos gastos me envíen: "a. Presupuestos de gastos de cada uno de los años, aprobados por Junta General o Asamblea. "b. Liquidación de gastos de cada uno de los años (con detalle justificativo de los diversos gastos imputados), aprobado por Junta General o Asamblea. "c. Relación de vecinos de la acequia (sin identificar nombres, pudiendo ser identificados con un número o una letra) y su porcentaje de participación en los gastos de cada uno de los años. Las Comunidades de Regantes son corporaciones de derecho público adscritas al correspondiente Organismo de Cuenca, según lo indicado en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio: “Las comunidades de usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” El artículo 3.1. h) LTPA incluye en su ámbito subjetivo a las corporaciones de derecho público, por lo que estas comunidades se han de considerar incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa de transparencia, como ya se ha indicado en el Fundamento Jurídico primero, si bien únicamente en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. En este sentido, se debe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de estas Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. A estos efectos, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que “Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. Como ya indicábamos en la Resolución 345/2023: “ (…) Respecto a la aplicabilidad de la normativa de transparencia a las corporaciones de derecho público hay que señalar que ya el preámbulo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG) incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de su Título I a las: «entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas...», es en este ámbito en el que se previó la aplicación de la norma a las Cámaras de Comercio, que tienen consideración de corporación de derecho público conforme a su ley específica, Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía. Igualmente el art. 3.1.h) de la LTPA dispone expresamente que las Corporaciones de Derecho Público andaluzas están incluidas en el ámbito subjetivo de la LTPA, aunque solamente en lo re- lativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. Por otra parte, debe notarse que, en virtud de lo previsto en el artículo 2.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris - dicción Contencioso-administrativa, este orden jurisdiccional conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público adop- tados en el ejercicio de funciones públicas. Según venimos declarando en doctrina constante, “[e]s el doble carácter público y privado que ostentan estas Corporaciones lo que hace que el régimen de aplicación de la LTPA no sea tan in- tenso como el aplicado para las Administraciones Públicas, de modo que quedaría al margen de esta Ley el conjunto de actividades no sometidas al Derecho administrativo. No obstante, por las finalidades preeminentemente públicas que ostentan, por la no menos importante función de las prerrogativas públicas que ejercen y por el carácter de actos administrativos que se derivan de la actividad colegial en sus decisiones sujetas al derecho administrativo, se justifica el hecho de que se vean sometidas a las exigencias en materia de transparencia” (así, entre otras, Resolu- ciones 31/2016, FJ 2º; 329/2018, FJ 2º y 114/2019, FJ 4º). De conformidad con lo anterior, en el presente caso es preciso determinar si la información que se solicitó por la persona reclamante al Colegio de Psicología Oriental de Andalucía se trataba de información elaborada u obtenida en ejercicio de sus funciones públicas. La delimitación de las actividades colegiales sujetas a derecho administrativo exige un análisis individualizado, tal y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006: “Así pues, su configuración como Administración "secundum quid" obliga a examinar caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la Ley o delegadas por la Administración, en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo, mientras que en los restantes supuestos, el enjuiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional civil”. En cualquier caso, conviene aclarar que esta reclamación analiza el derecho de acceso a la información solicitada con base a la normativa de transparencia, sin poder entrar a valorar el derecho de la persona reclamante que la normativa específica aplicable a la corporación de derecho púbico le pudiera reconocer. Debemos igualmente realizar una aclaración. La entidad reclamada aportó en la resolución de la solicitud diversos pronunciamientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sin perjuicio de que compartimos en lo esencial la postura respecto a la aplicación de la normativa de transparencia a las corporaciones de derecho público, lo cierto es que la resoluciones de este organismo estatal no resultan vinculantes para este Consejo andaluz, por más que sus criterios y doctrina sean una importante herramienta para la interpretación de la LTAIBG que solemos compartir y utilizar en otras resoluciones. 2. Procede pues en primer lugar analizar si lo solicitado está o no incluido en la actividad de la corporación sometida a derecho administrativo. La delimitación de las actividades colegiales sujetas a derecho administrativo exige un análisis individualizado, tal y como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2006: “Así pues, su configuración como Administración "secundum quid" obliga a examinar caso por caso, si la actuación colegial se realiza en uso de facultades atribuidas por la Ley o delegadas por la Administración, en cuyo caso la revisión jurisdiccional de dicha actuación corresponderá al orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo, mientras que en los restantes supuestos, el en- juiciamiento corresponderá al orden jurisdiccional civil”. Por su parte, la Guía de transparencia y acceso a la información pública dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público 1 elaborada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, ofrece igualmente pautas para delimitar qué actividades colegiales están sujetas a derecho administrativo, y por tanto pueden ser objeto de una solicitud de información al amparo de la normativa de transparencia. En el mismo sentido, nos hemos pronunciado en la Consulta 1/2018, de 7 de mayo2. Entre estas actividades deben incluirse las materias incluidas en las obligaciones de publicidad activa que resulten de aplicación a las Corporaciones de Derecho Público, que tanto la citada Guía como la Consulta 1/2018, de 7 de mayo, de este Consejo, han tratado de concretar. 3. Respecto a la primera petición ("1. Recibir copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre 1 Documento accesible a través de la siguiente ruta: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno/Actividad/Documentación. O a tra- vés del siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:e8ed3161-ff34-4030- ac59-354fc4b5f69e/5821_guiacolegiosprofesionales.pdf 2 Documento accesible a través de la siguiente ruta: Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía/Transparencia del Consejo/Información de relevancia jurídica. O través del siguiente enlace: https://www.ctpdandalucia.es/sites/ default/files/inline-files/c-1-2018.pdf otros acuerdos, (…), consideramos que las actas de los órganos colegiados de la Comunidad de Regante están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley en las partes que versen sobre temas o acuerdos sometidos a derecho administrativo. En este mismo sentido nos hemos pronunciado en la Resolución 127/2020: “Tercero. Sobre este particular, conviene comenzar recordando que la Guía de transparencia y acceso a la información pública dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, suscrita en diciembre de 2016 entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, reconoce en términos inequívocos que el derecho de acceso a la información puede proyectarse a “[l]as actas de los órganos colegiados de gobierno, respecto de todas aquellas actividades que se refieran al ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo de las previstas en la normativa sobre colegios profesionales con el límite derivado de la garantía de la protección de datos personales del artículo 15 de la LTAIBG” (pág. 15). Y así ha tenido ya este Consejo ocasión de señalarlo expresamente respecto de las entidades sujetas a la legislación de transparencia en virtud del artículo 3.1 h) LTPA: “[…] las actas emitidas por los órganos de una corporación de derecho público, como es el caso, constituyen información pública a los efectos de lo previsto en el artículo 2 a) LTPA en la medida en que estén sujetas al derecho administrativo. En este sentido, las actas no vienen sino a reflejar el resultado de un proceso de toma de decisiones cuya función principal es determinar los acuerdos adoptados de forma oficial y fehaciente” (Resolución 119/2017, FJ 5º). Con esta inclusión de las “actas” en el ámbito de cobertura de la legislación de transparencia, no se venía sino a explicitar con alcance general la línea interpretativa que había sostenido al respecto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y que, asimismo, había encontrado reflejo en la jurisdicción contencioso-administrativa. Línea doctrinal que, por lo demás, encuentra un sólido fundamento en el propio texto constitucional, cuyo artículo 36 dice así: “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Efectivamente, a partir de la caracterización que hace de los Colegios el artículo 36 CE, el Tribunal Constitucional no ha dudado en ubicar bajo su vertiente o dimensión pública todo lo concerniente a sus aspectos organizativos, con la consecuencia de quedar sometidas a este respecto a la tutela de las Administraciones pública. Bástenos recordar sobre el particular la argumentación que ofrece el FJ 4º de la STC 20/1988: “Como ha declarado este Tribunal en anteriores ocasiones (SSTC 76/1983, de 5 de agosto; 23/1984, de 20 de febrero, y 123/1987, de 15 de julio), los Colegios Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho público cuyo origen, organización y funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a estas últimas recabar la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas de competencias administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por aquéllas. […] ”Cierto es que el carácter de Corporaciones públicas de los Colegios Profesionales no logra oscurecer la naturaleza privada de sus fines y de sus cometidos principales, por lo que, como ya se dijo en la STC 123/1987, de 15 de julio, estos entes públicos «realizan una actividad que en gran parte es privada, aunque tengan atribuidas por la Ley o delegadas algunas funciones públicas». Pero no es menos verdad que la dimensión pública de los entes colegiales, en cuya virtud, como antes se dijo, están configurados por la Ley bajo formas de personificación jurídico-pública que la propia representación actora no discute, los equipara sin duda a las Administraciones públicas de carácter territorial, si bien tal equiparación quede limitada a los solos aspectos organizativos y competenciales en los que se concreta y singulariza la dimensión pública de aquéllos.” Vertiente pública de la actividad organizativa de los Colegios Profesionales que conduce obviamente a considerar que las actas de sus órganos de gobierno, respecto de toda actividad sujeta a derecho administrativo, quedan bajo el control de las Administraciones Públicas. Así, pues, la legislación de transparencia autoriza a la reclamante a solicitar al Colegio Profesional el acta del Pleno de la Junta Directiva de 24 de noviembre de 2011 en lo concerniente a cualquier asunto relacionado con el ejercicio de funciones sujetas a derecho administrativo. (...)”. La entidad reclamada manifiesta al respecto en la contestación facilitada que "por parte del solicitante se requiere documental que ya obra en su poder, por lo que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, tratándose de materia que constituye el objeto de recurso de alzada, debe estarse a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 1, de dicha disposición legislativa". En lo concerniente al carácter repetitivo de la solicitud, desde la Resolución 37/2016 venimos sosteniendo unas pautas delimitadoras de este concepto que ahora hemos de recordar. Según se apuntó en su FJ 5º, “a la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso-administrativa” (asimismo, entre otras muchas, Resolución 53/2017, FJ 3º). Para que puede entenderse aplicable este concreto motivo de inadmisión, es preciso que la Administración que la invoque aporte un adecuado término de comparación que permita constatar dicho carácter repetitivo; esto es, ha de identificar la anterior solicitud que considera “idéntica o sustancialmente similar” a la que es objeto de examen. Requisito que no se ha satisfecho en el presente caso, ya que la alegación sobre el carácter repetitivo de la solicitud se limita a indicar que con fecha 20 de noviembre de 2023 se recepciona por el solicitante la notificación de un acuerdo de esa misma fecha, sin que ello suponga que se trata del acta de 16 de noviembre de 2023. Por otro lado, se ha de indicar que por la Comunidad de Regantes no se remite a este Consejo documentación alguna que permita comprobar los extremos indicados. Carecemos por tanto del término de comparación que permita considerar que la petición fue repetitiva, por lo que no procede la aplicación de esta causa de inadmisión. Lo mismo se puede argumentar en relación con el recurso de alzada que indica la entidad reclamada que ha interpuesto la persona reclamante contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes adoptado el 16 de noviembre de 2023, pues no se remite documentación alguna a este respecto, que permita a este Consejo considerar remitida y notificada el acta solicitada. Por los motivos expuestos, se ha de estimar la reclamación presentada a este respecto. La entidad reclamada deberá facilitar copia de aquellas partes del acta que versen sobre aspectos sometidos a derecho administrativo. 4. Respecto a las peticiones de los apartados 2 a 4, debemos realizar una apreciación previa. Si bien este Consejo comparte que la solicitud de la certificación de una información no es objeto de la ley, también es cierto que en determinados supuestos venimos admitiendo a trámite estas solicitudes si bien en en el entendimiento de que la entidad debe facilitar la información de la que dispone, sin necesidad de certificarla. Como ya indicamos en la Resolución 822/2021: “Sin embargo, una interpretación de la petición acorde a los principios de transparencia y libre acceso a la información pública, reconocidos en el artículo 6 LTPA, hubieran debido conducir al Ayuntamiento, de haber tramitado la solicitud, a entenderla como una petición de la información que obrara en su poder, sin necesidad de certificarla. La información solicitada debe estar necesariamente en poder de la entidad, por lo que debería haber tramitado la solicitud como una petición de información pública, y ponerla a disposición de la persona solicitante. El deber de auxilio y colaboración reconocido en el artículo 31 LTPA conducen de hecho a la misma interpretación “ Realizada esta aclaración, procede pues analizar si la información solicitada está o no incluida en las actividades de la entidad sujeta a derecho administrativo. Y la respuesta en este caso debe ser afirmativa, ya que se solicita información sobre la composición de órganos de la entidad. Información que debe entenderse incluida en el ámbito de la actuación de la entidad sometida a derecho administrativo, ya que está relacionada con los procesos de selección de los representantes de la entidad, regulados por el artículo 84 del Texto Refundido. Además, se trata de información que debe o debió estar publicada en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa prevista en la LTAIBG y LTPA que obligan a la entidad. Y es que tal y como indica el artículo 10.1 c) LTPA estas entidades deberá publicar “Su estructura organizativa del Colegio. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfl y trayectoria profesional y la identificación de las personas responsables de las unidades administrativas”. Obligación que resulta exigible a este tipo de entidades tal y como indicamos en la respuesta a la Consulta 1/2018. Procede pues estimar la reclamación en lo que corresponde a estas peticiones. 5. La persona reclamante solicitó "copia del libro de Actas de la Comunidad respecto a las actas de las Juntas Generales o Asambleas celebradas (tanto ordinarias como extraordinarias) desde el año 2015" (petición 5). A ello contesta la Comunidad de Regantes facilitando a la persona solicitante de información diferentes actas de Junta General Ordinaria, que igualmente han sido remitidas a este Consejo, indicando que "siguiendo la doctrina administrativa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se estima parcialmente la pretensión, en lo referido exclusivamente a los acuerdos que pudieran entenderse incardinados en el ámbito del aprovechamiento de riego y reparto de las aguas, excluyendo el resto de los contenidos y los datos personales recogidos". Efectivamente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en las Resoluciones citadas por la entidad reclamante en su contestación a la solicitud de información, entre otras, la Resolución R/0769/2019, de 24 de enero de 2020, dispone al respecto que "como ya ha sostenido este Consejo de Transparencia en algunos casos precedentes, citados por la Comunidad de Regantes, estas son Corporaciones de Derecho Público que no tienen la consideración de Administraciones Públicas, por lo que sólo sus actividades sujetas al Derecho Administrativo entran dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG; la Comunidad de Regantes está obligada, por tanto, a la entrega de sus ordenanzas, reglamentos por los que se rigen y las Actas de sus asambleas, pero excluyendo siempre aquellas actuaciones que se enmarquen dentro del ámbito de actuación privado de la Comunidad". Este Consejo no puede más que estar de acuerdo con la entidad reclamada, que ha facilitado, según la documentación remitida durante la tramitación de la reclamación, los acuerdos de la Comunidad de Regantes desde el año 2015, "incardinados en el ámbito del aprovechamiento de riego y reparto de las aguas, excluyendo el resto de los contenidos y los datos personales recogidos". Por lo que se ha de desestimar la reclamación en lo que a este apartado se refiere. 6. La persona solicita en el apartado 6: "6. Solicito recibir copia, y respecto de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, como indica el artículo 33 de nuestras Ordenanzas, de la documentación que se indica: "a. Memoria de cada uno de los años indicados, según aprobación en Junta General o Asamblea. "b. Estado de cuentas de los años indicados. "c. Presupuesto de ingresos y gastos, aprobados por la Junta General, de los años indicados. "d. Detalle económico aprobado por la Junta General o Asamblea de las cuotas acordadas desde su inicio para el proyecto de modernización de los regadíos de la Comunidad, con indicación anual de las cuotas recaudadas, las cuotas pendientes, los recargos ejecutados y los gastos que se han cargado a dichas cuotas, y el estado de las mismas a fecha de la última Junta General o Asamblea celebrada. Se trata pues de información económico- presupuestaria. La entidad denegó el acceso por entender que se trataba de información que no estaba sometida a derecho administrativo. Sobre el sometimiento de este tipo de información al derecho administrativo, nos hemos pronunciado anteriormente en otras resoluciones. Así, en la Resolución 149/2022, indicábamos que: Partiendo de las previsiones legales, el Tribunal Supremo ha establecido las reglas generales para esta delimitación. Así, en la misma Sentencia ha precisado las actividades incluidas y excluidas de la jurisdicción contencioso-administrativa: “Por su propia naturaleza son ámbitos competenciales o fines privados de los Colegios profesio- nales los relativos a la protección mutual, y la asistencia social de sus miembros y su familia, y entendemos que además lo son el presupuesto y la aprobación de cuentas necesarios para el funcionamiento colegial. Dicha cuentas se integran por la liquidación anual de gastos y de cada partida, no siendo pues claramente fiscalizable por este orden jurisdiccional cuya competencia se limita al control de la formación de voluntad del órgano colegial que aprueba las cuentas, es decir, la Junta o Asamblea General Ordinaria del Consejo correspondiente. Por el contrario, cons- tituye actividad colegial administrativa sujeta al posterior control jurisdiccional Contencioso-Ad- ministrativo: a), la colegiación obligatoria ( STC 194/1998 (RTC 1998, 194) ); b), todo su régimen electoral c), el régimen disciplinario; d), el visado colegial de los trabajos profesionales de los co- legiados, cuando así lo exijan los respectivos Estatutos; y d) el régimen de recursos contra los actos administrativos dictados por los distintos órganos colegiales, en el ámbito de sus compe- tencias respecto de sus colegiados». (…) Así se infiere con toda claridad de la citada Guía de transparencia que, al abordar la publicidad en punto a la información económica y presupuestaria, argumenta lo siguiente: “Según jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, las corporaciones de derecho público tienen autonomía financiera y sus finanzas no se controlan ni por la Intervención General del Estado ni por el Tribunal de Cuentas”; lo que le llevaría a concluir que cualquier acto de ejecución presupuestaria no sujeto a Derecho Administrativo, “no puede ser considerada información pública en el sentido de la LTAIBG...” (pág. 13). Y en similar sentido se pronuncia la Consulta 1/2018, citando expresamente la doctrina del Tri- bunal Supremo (Sentencia de 28 de febrero de 2012): “...los presupuestos no integran funciones públicas. Los fondos colegiales no solo financian fun- ciones públicas sino también publicaciones, cursos de formación, páginas web, asesoramientos de diversa naturaleza y otros servicios de naturaleza privada. Además, la regulación vigente cul- mina un proceso en el que se concluye que los acuerdos económicos y patrimoniales de los Co- legios Profesionales tienen una evidente naturaleza privada y que no se incardinan en los deno- minados "actos adoptados en ejercicio de funciones públicas" del artículo 2, letra c) de la Ley 29/1998. La Jurisprudencia del Orden civil ha declarado que es competente para conocer sobre cuestiones de naturaleza privada de los Colegios Profesionales. La delimitación de la actuación pública de los colegios profesionales es una cuestión ya resuelta por la Sala presente en senten- cia de ares de mayo de dos mil seis, como también por la STC 194/2008).” Posición que, por lo demás, ya habíamos tenido oportunidad de sostener en el Fundamento Jurí- dico Quinto de la Resolución 31/2016, de 1 de junio: “En relación con la solicitud de información de los presupuestos, con partidas detalladas, la jurisprudencia viene manteniendo que si bien “la adecuación o no a derecho de las partidas a que los mismos se refieren (los presupuestos) es una cuestión ajena a la jurisdicción contencioso administrativa y revisable ante la jurisdicción civil ordinaria, no hay que olvidar que esa excepción no alcanza al acto de aprobación de los mismos, que ha de hacerse por el órgano competente y constituido en forma y que es revisable ante esta jurisdicción contencioso administrativa, en ese particular". (STS de 3 de mayo de 2006, recaída en el recurso de casación núm. 9699/2003, o STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 12 de noviembre de 12 noviembre 2010)”. Aplicando esta doctrina a nuestro supuesto, se hace evidente que la información solicitada en los no está sometida a derecho administrativo y por tanto no puede ser objeto de la reclamación ante este Consejo. La citada Guía de Transparencia afirma expresamente que: “Por lo tanto, cualquier otro acto de ejecución presupuestaria y, en concreto, las subvenciones que concedan, sus presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas por los responsables de la corporación no puede ser considerada información pública en el sentido de la LTAIBG y, por lo tanto, su publicación no debe considerarse preceptiva.” Procede por tanto desestimar la reclamación en lo que corresponde a esta petición. 7. La persona solicita en el apartado 7: "2. [sic] Por último, y de los años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, solicito copia de los gastos repercutidos a la parcela objeto de este escrito en concepto de "limpieza de acequia". Solicito que al respecto de dichos gastos me envíen: "a. Presupuestos de gastos de cada uno de los años, aprobados por Junta General o Asamblea. "b. Liquidación de gastos de cada uno de los años (con detalle justificativo de los diversos gastos imputados), aprobado por Junta General o Asamblea. "c. Relación de vecinos de la acequia (sin identificar nombres, pudiendo ser identificados con un número o una letra) y su porcentaje de participación en los gastos de cada uno de los años. Información que al igual que en el caso anterior, no está sometida a derecho administrativo y por tanto queda fuera del ámbito de control de este Consejo. 8. En resumen, la entidad deberá facilitar la siguiente información: a) "1. Recibir copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre otros acuerdos, (...).” respecto a aquellos asuntos sometidos a derecho administrativo, en los términos del apartado tercero de este Fundamento Jurídico. b) "2. Si en el acta que se solicita no se indicasen los miembros de la actual Junta de Gobierno asistentes a la reunión celebrada, solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad donde se especifique los miembros asistentes, así como el sentido de su voto en este asunto en concreto”, en los términos del apartado cuarto de este Fundamento Jurídico. c) "3. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las cuatro personas que forman la Junta Directiva de esta Comunidad, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad”, en los términos del apartado cuarto de este Fundamento Jurídico. d) "4. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las once personas que ejercen el cargo de Vocales en la actual Junta de Gobierno, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad”, en los términos del apartado cuarto de este Fundamento Jurídico. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG) y que excedan de la identidad de las personas componentes del órgano colegiado. La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación. La entidad deberá facilitar la siguiente información: a) "1. Recibir copia del acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado día 16 de noviembre de 2023, en la cual se acordó por los miembros asistentes, entre otros acuerdos, (...).” respecto a aquellos asuntos sometidos a derecho administrativo. b) "2. Si en el acta que se solicita no se indicasen los miembros de la actual Junta de Gobierno asistentes a la reunión celebrada, solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad donde se especifique los miembros asistentes, así como el sentido de su voto en este asunto en concreto”. c) "3. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las cuatro personas que forman la Junta Directiva de esta Comunidad, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad” d) "4. Solicito certificado de la Sra. Secretaria de la Comunidad de Regantes en la cual se especifique con detalle los nombres y apellidos de las once personas que ejercen el cargo de Vocales en la actual Junta de Gobierno, así como la fecha de nombramiento de las mismas por la Junta General o Asamblea, conforme a lo regulado en el artículo 27 de las Ordenanzas de la propia Comunidad”. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Desestimar la Reclamación en lo referente a las peticiones contenidas en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartados quinto, sexto y séptimo. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.