Reclamación de acceso a información sobre adjudicación de puesto y centros docentes de profesoras, resuelta por terminación del procedimiento al haberse facilitado la información

RESOLUCIÓN 746/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 174/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 4 de noviembre de 2023, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “1.- Copia de la convocatoria y adjudicación del puesto -Responsable de las Gestión y difusión de las Redes Sociales de Bibliotecas Escolares de Granada en la Delegación de Educación de Granada desempeñado desde el 2020 hasta el 2022 por (iniciales de nombre y apellidos)., así como los méritos presentados. “2.- Se solicita conocer en qué Centros Educativos de Andalucía han ejercido de maestras las siguientes personas en los cursos escolares: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023: •”(iniciales de nombre y apellidos) • (iniciales de nombre y apellidos) • “(iniciales de nombre y apellidos) • “(iniciales de nombre y apellidos) 2. La entidad reclamada contestó la petición mediante resolución de 25 de enero de 2024, de la Viceconsejería de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) esta Viceconsejería RESUELVE “Conceder el acceso a la información solicitada por: María Begoña Álvarez Alonso, conforme a lo dispuesto en los fundamentos de derecho de esta resolución con las siguientes disposiciones. “En relación con la “Copia de la convocatoria y adjudicación del puesto -Responsable de las Gestión y difusión de las Redes Sociales de Bibliotecas Escolares de Granada en la Delegación de Educación de Granada- desempeñado desde el 2020 hasta el 2022 por (iniciales de nombre y apellidos). así como los méritos presentados”, la organización del ámbito relacionado con el fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas escolares viene desarrollado en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la entonces Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria (Documento adjunto nº1). “En aplicación del apartado 3 de la Instrucción Décima de las instrucciones referenciadas anteriormente, “Cada provincia andaluza cuenta con el funcionamiento de una red profesional de bibliotecas escolares. Esta constituye la herramienta y el referente principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre el profesorado responsable de las bibliotecas de los centros educativos”. “El apartado 4 de la Instrucción Novena dispone el establecimiento de una “Línea de apoyo a las bibliotecas escolares que elaboren un blog específico de los servicios y programas de la biblioteca, o que realicen selección de recursos digitales de aprendizaje para apoyar áreas, programas y proyectos del centro. Para la atención de esta línea de apoyo, uno de los docentes de la red profesional provincial asume esta tarea, sin que esté contemplado como puesto sujeto a convocatoria. “Por consiguiente, no existe el puesto “Responsable de la Gestión y difusión de las Redes Sociales de Bibliotecas Escolares de Granada” sobre el que se solicitan convocatoria y méritos presentados a la misma, por lo que no corresponde remitir, en relación con la petición, documentación alguna. “En relación a la información solicitada de “…conocer en qué Centros Educativos de Andalucía han ejercido de maestras las siguientes personas en los cursos escolares: 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020, 2022-2023: (iniciales de nombre y apellidos de 4 personas).", tendrá acceso a la información una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información, con arreglo a lo dispuesto en el los artículo 20.2 y 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. “Se pone en su conocimiento que la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso, en aplicación de lo previsto en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. (...)” Según manifiesta la persona interesada en su reclamación, la resolución fue notificada el 30 de enero de 2024. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, que “(…) hay dos personas que no se opusieron a facilitar la información solicitada, que son: MVMG y PVR (…)”, “(…) La información pública solicitada no afecta a la protección de datos en ninguno de los apartados del artículo 15 TAIPBG”, es por ello que solicita: “se le facilite a [se identifica a la persona recurrente] lo solicitado en el punto 2 de la solicitud de Información pública por estar perfectamente argumentado (conocer en qué Centros Educativos de Andalucía han ejercido de maestras las siguientes personas en los cursos escolares: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023: [se identifica a las maestras sobre las que se ha solicitado información]”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 29 de febrero de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 11 de marzo de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Entre la documentación remitida figura informe de 11 de marzo de 2024, donde se narran los principales hitos en la tramitación de la solicitud de información pública. Asimismo, consta Resolución de la Viceconsejería, de 25 de enero de 2024, en virtud de la cual se concede el acceso a la información solicitada, si bien al existir oposición por parte de terceros, el acceso material a la información solicitada se realizará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 20.2 y 22.2 LTAIBG. Conviene destacar el hecho de que con posterioridad a la emisión de la resolución por parte del órgano directivo central de la Junta de Andalucía, fue recibido en dicha Administración escrito de una de las personas afectadas —(iniciales de nombre y apellidos)—manifestando su oposición expresa a que se facilite la información solicitada. Es por ello que se emite adenda a la mencionada resolución donde se recoge la oposición expresa de esta persona. 3. El 8 de abril de 2024, la entidad remite a este Consejo ampliación del informe emitido el cual está fechado el 5 de abril de 2024. En el mismo se pone de manifiesto los problemas informáticos acaecidos para notificar la adenda de la resolución a través de la aplicación informática utilizada para los procedimientos de acceso a la información pública. 4. Mediante oficio de 10 de abril de 2024, este Consejo reclama a la Administración la mencionada adenda a la resolución, así como su notificación. Además, solicita las alegaciones realizadas por las otras profesoras — (iniciales de nombre y apellidos de tres personas)—. La entidad reclamada remitió la adenda, así como las alegaciones manifestadas por las tres profesoras. 5. El 9 de mayo de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada y a la persona reclamante mediante oficio de idéntica fecha. 6. El 2 de julio de 2024, la entidad reclamada remite información adicional. En el mismo figura resolución de 26 de junio de 2024, en virtud de la cual se concede el acceso material a la información solicitada tras haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo sin haberse impugnado la resolución de 25 de enero de 2024. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada un órgano de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 30 de enero de 2024, y la reclamación fue presentada el 18 de febrero de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: Según el tenor literal de la reclamación, el objeto de la misma se circunscribe a: “(…) conocer en qué Centros Educativos de Andalucía han ejercido de maestras las siguientes personas en los cursos escolares: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023: •”(iniciales de nombre y apellidos) • (iniciales de nombre y apellidos). • (iniciales de nombre y apellidos) • (iniciales de nombre y apellidos) Mediante resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 25 de enero de 2024, se concedió acceso a la información pública solicitada, si bien el acceso material a la misma se demoró hasta que transcurriera el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 20.2 y 22.2 LTAIBG. Conviene destacar que la oposición al acceso a la información pública de una de las personas afectadas fue recibido en la Consejería con fecha posterior a la resolución, es por ello que el órgano reclamado tuvo que realizar una adenda a la resolución emitida en enero. A través de la resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 26 de junio de 2024, y una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 22.2 LTAIBG, se facilitó la información solicitada a la persona reclamante. Debemos concluir, por tanto, que entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante y a las terceras personas afectadas, de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede por tanto declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información soli- citada durante la tramitación del procedimiento.