Reclamación por falta de respuesta a solicitud de expedientes de impuesto de matriculación y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN 818/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 505/2024 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga Artículos 2, 24 LTPA; 19.1 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 5 de abril de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “El 15/11/2023 adquirí el Vehículo: [datos del vehículo]. Siéndome precisa la documentación relativa a la liquidación, la solicitud de exención del impuesto de matriculación, así como de su denegación. “En el caso de que se interpusiera reclamación económica administrativa la resolución de la REA. “Al amparo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. “SOLICITA “Copia de los expedientes de liquidación, solicitud exención y reclamación económico- administrativa del impuesto de matriculación relativos al vehículo de referencia. En cuanto a la protección de datos no tendré inconveniente a que anonimicen los del sujeto pasivo”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 6 de junio de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 7 de junio de 2024 tiene entrada en la entidad reclamada requerimiento del Consejo de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 6 de junio de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 10 de junio de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se manifiesta lo siguiente: “- El 6 de junio recibimos un correo electrónico procedente de la Unidad de Transparencia de nuestra Consejería, en el que se nos hacía saber que, por conducto oficial, nos debería haber llegado una reclamación presentada ante el CTPDA. No teníamos constancia de dicha reclamación y, como en el correo electrónico recibido se adjuntaba el justificante del envío de la misma, observamos que se había realizado desde el registro del CTPDA por SIR hacia nuestra delegación. Al ponernos en contacto con nuestro registro, nos indican que lo han remido a la Gerencia de ATRIAN Málaga y ésta a nosotros en la comunicación de Bandeja EXT/2024/000000000xxxxxxxx el día x de xxxxxxxx de 2024. “- A su vez, en el mismo correo electrónico, se adjuntaba la solicitud electrónica PEG de la reclamante presentada el 5 de abril de 2024. Tras las pertinentes indagaciones, descubrimos que dicha solicitud fue remitida al Servicio de Industria y Minas en la comunicación de Bandeja EXT/2024/0000000000xxxxxxx y, de éste, se devolvió a nuestro registro, el cual, por error, la finalizó. “- Una vez aclarado lo ocurrido y rescatada la solicitud original del 5 de abril de 2024, siguiendo las indicaciones de la gerencia de la ATRIAN de Málaga, se ha procedido a su remisión a la gerencia de ATRIAN de Córdoba, por estimar que se trata de un asunto de su competencia”. 3. El 11 de junio de 2024 la entidad reclamada presenta nuevo escrito de respuesta a este Consejo, en el que se manifiesta lo siguiente: “Con fecha de hoy 11 de junio de 2024, hemos recibido correo electrónico procedente del registro de nuestra delegación, en el que se adjunta nueva documentación que informa del destino de la solicitud y justifica la finalización de la misma en Bandeja, al haber sido remitida y aceptada por el Ayuntamiento de Málaga”. 4. El 20 de junio de 2024 tiene entrada en el Ayuntamiento de Málaga requerimiento del Consejo de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 20 de junio de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 5. El 2 de julio de 2024 el Ayuntamiento de Málaga presenta escrito de respuesta ante este Consejo en el que aporta justificante del registro de haber devuelto la solicitud de informe remitida por este Consejo manifestando “no ser asunto de su competencia”. 6. El 10 de julio de 2024 el Consejo remite nuevamente escrito a la entidad reclamada en el que da cuenta de la devolución del Ayuntamiento de Málaga y comunica lo siguiente: “[…] nos volvemos a dirigir a esa Delegación Territorial, que es el órgano al que se dirigió inicialmente la solicitud de información pública origen de la reclamación que nos ocupa, al objeto de conocer el órgano competente para resolver la solicitud de información planteada y consecuentemente para solicitarle copia del expediente y alegaciones sobre la reclamación presentada, en el caso de que el mismo pertenezca al ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía. “En el caso de no pertenecer a la Administración de la Junta de Andalucía, se recuerda a esa Delegación Territorial que conforme al artículo 19.1 de la LTAIBG, cuando la solicitud se refiera a información que no obra en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. 7. Mediante escrito de fecha 19 de julio de 2024, la entidad reclamada comunica a este Consejo que “la solicitud de documentación original ha sido remitida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por nuestro registro a través de SIR, al considerar que es la competente en la materia. Se le ha remitido un oficio al reclamante en el que se le informa al respecto”. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad de la Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 5 de abril de 2024, y la reclamación fue presentada el 13 de mayo de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. El objeto de la solicitud de información era, respecto a un concreto vehículo propiedad de la persona reclamante, tener acceso a los “expedientes de liquidación, solicitud exención y reclamación económico-administrativa del impuesto de matriculación”. Después de diversas vicisitudes sufridas tanto por el escrito de solicitud de información como por el escrito de reclamación, finalmente la entidad reclamada ha comunicado a este Consejo que ha remitido la solicitud de información de fecha 5 de abril de 2024 a la Agencia Estatal de Administración Tributaria “al considerar que es la competente en la materia”. Asimismo, informa que “ha remitido un oficio al reclamante en el que se le informa al respecto”. El artículo 19.1 LTAIBG establece lo siguiente: “Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. Por todo ello, no podemos sino considerar que ha actuado de manera adecuada ya que, ante su falta de competencia al no disponer de la información solicitada, ha remitido la solicitud al órgano que considera que resulta competente por disponer de la documentación o contenidos solicitados, en este caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Además, y en cumplimiento del último inciso del artículo 19.1 LTAIBG, “ha remitido un oficio al reclamante” informándole de este traslado. Procede por tanto, desestimar la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la Reclamación.