Reclamación por denegación de copia electrónica del presupuesto municipal 2024 del Ayuntamiento de Linares y estimación parcial del acceso

RESOLUCIÓN 902/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 320/2024 Persona reclamante XXXXX Representante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Linares Artículos 34 LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 1 de abril de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Re- clamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú- blica y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 17 de marzo de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2024, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Linares para el año 2.024. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de que por los interesados se pueda examinar el expediente, éste se encuentra ex- puesto al público en las oficinas de la Concejalía Delegada de Hacienda y se podrá presentar reclamación ante el Pleno, dentro del plazo de quince días. Una vez consultado el presupuesto, en las dependencias municipales los días 13 y 14 de Marzo de 2.024, SOLICITAMOS Que dando cumplimiento a la Ley 19/2023 de 09 de Diciembre de transparencia y acceso a la información pública y las normas de buen gobierno y la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía, se proceda a facilitar una copia del presupuesto pro- puesto para el año 2024 así como todos sus anexos, en formato electrónico, ya sea por co- rreo electrónico a la cuenta de esta Sección Sindical ([email protected]) o bien a través de una copia en pendrive.” 2. La entidad reclamada respondió la petición el 25 de marzo de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En relación a la solicitud remitida con fecha 17/03/20324, procede indicar las siguientes consi- deraciones: 1. El escrito se dirige a la Alcaldesa, Concejal Delegado de Hacienda, Concejal Delegado de Fun- ción Pública, y Secretario General. 2. Dicho escrito consta presentado por la Secretaria sección sindical CCOO AYUNTAMIENTO LI- NARES mediante de persona jurídica de [nombre y apellidos y DNI] Tras revisar la política de nuestra organización y las regulaciones legales pertinentes, debo de informar que dicho documento puede consultarse en las oficinas de la Concejalía Delegada de Hacienda, dentro del plazo de quince días desde su publicación en Tablón de Anuncios”. Tercero. Contenido de la reclamación. En la reclamación, se indica expresamente, en lo que ahora interesa, que: “La Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Linares ha consultado el presupuesto, en las dependencias municipales los días 13 y 14 de Marzo de 2.024 pero ante el volumen de informa- ción que contiene el mismo y a fin de poder estudiarlo detenidamente, el pasado día 17 de Mar- zo de 2.024, se solicita que a tenor de la Ley 19/2023 de 09 de Diciembre de transparencia y acceso a la información pública y las normas de buen gobierno y la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía, se proceda a facilitar una copia del presupuesto pro- puesto para el año 2024 así como todos sus anexos, en formato electrónico, ya sea por correo electrónico a la cuenta de esta Sección Sindical ([email protected]) o bien a través de una copia en pendrive. El día 25 de Marzo de 2.024, recibimos contestación por escrito en la que se nos informa donde se encuentra expuesto el mismo para su consulta sin atender a nuestra solicitud. 4. SOLICITA (2) Entendiendo que es un documento público que ya se ha facilitado a otras organizaciones y en- tendiendo que se está vulnerando nuestro derecho como organización sindical a poder acceder a la documentación solicitada, les pedimos que nos informen de cuales son las normas internas del Ayuntamiento de Linares que nos impiden el acceso al Presupuesto para el año 2.024 y si existen regulaciones legales que nos impidan al acceso a una copia del mismo. Por tanto solicitamos poder obtener una copia del presupuesto para el año 2024 y todos sus anexos”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 16 de abril de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedi- miento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por convenien- te plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. La entidad reclamada remite documentación relacionada con el expediente el día 30 de abril de 2024. Entre la misma, se incluye un informe con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “ (…) CUARTO: La Sra. [apellidos] se personó entre los días 13 y 14 de marzo de 2024 en las Oficinas del Ayuntamiento, concretamente en las dependencias del Departamento de Intervención- Concejalía de Hacienda, para consultar del presupuesto propuesto para el año 2024 así como todos sus anexos, teniendo por tanto acceso a toda la información disponible. QUINTO.- El artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), indica que los ciudadanos tienen derecho «Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.» Así pues, cualquier persona, para poder tener acceso la información que obre en poder de las Administraciones Públicas, e incluso copia, deberá solicitarlo conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), debiendo aplicarse el procedimiento y límites que se recoge en la misma, que es de carácter básico. El artículo 12 establece que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley.» Se trata de un principio de acceso universal a la información, pues, que se materializa en un derecho subjetivo del ciudadano a tal acceso, sin tomar en consideración su condición de interesado. Pero acceso universal, obviamente, no es sinónimo de acceso ilimitado, y en ese sentido la Ley de transparencia dispone, como no podría ser de otro modo, la existencia de determinados límites materiales al acceso, previstas en los artículos 14, 15 y 16 de la norma. Pero al margen de los límites para el acceso a la información, relativos a la materia (artículo 14 LTBG), o a la protección de datos personales (artículo 15), el artículo 18 de la misma regula las causas de inadmisión de las solicitudes, indicando lo siguiente: «1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.» Esto significa que cuando la solicitud de acceso a la información, o la solicitud de copias de la misma, sea abusiva o muy extensa, podría denegarse y pedir al interesado que concretase más la información a la que quiere acceder o de la que quiere obtener copias, esto es, no cabe que los ciudadanos soliciten copias indiscriminadas de toda la información dado el eventual volumen de la documentación cuyo acceso y copia se solicitó y la perturbación que su expedición o entrega pueda causar en el funcionamiento de la Corporación Local, (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 9/02/95), como así se hizo con la [nombre y apellidos]. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó el CRITERIO INTERPRETATIVO CI/003/2016 —información repetitiva o abusiva, que define cuándo una petición es abusiva, indicando que uno de los elementos será cuando «el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley». Y sigue diciendo que una petición será abusiva «cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado». Por lo tanto, se podría entender que la información solicitada es de tal volumen que su acceso y copia a la vecina que presentó la queja obliga a paralizar los servicios municipales, considerándose por cuanto en el expediente obran no sólo el documento del proyecto de presupuestos, sino todas las providencias de trámite, requerimientos, comunicaciones, etc. que obran en el expediente administrativo, siendo el escenario idóneo el que la [apellidos] después de personarse entre los días 13 y 14 de marzo de 2024 en las Oficinas del Ayuntamiento, concretamente en las dependencias del Departamento de Intervención- Concejalía de Hacienda, para consultar el presupuesto propuesto para el año 2024 así como todos sus anexos, teniendo por tanto acceso y a su disposición toda la información disponible, hubiera señalado qué documentos eran de su interés, concretando más la información que necesitaba y si realmente quería copia de alguno o algunos de los documentos en concreto. Entendemos que no se ha vulnerado ningún derecho de la [apellidos] por cuanto la vulneración que alega desde luego es incompatible con el hecho de que la misma haya podido realizar las correspondientes Alegaciones al Presupuesto para el año 2024 de este Ayuntamiento, materializadas en el escrito presentado con número de registro 2024-E-RE-4334 y en el que no se hacía constar ninguna queja o reserva respecto del acceso al presupuesto mencionado, hecho que viene a corroborar que la queja presentada ante el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA presentada por la [apellidos] carece de fundamento y ha de ser archivada. Adjuntamos dicho registro como DOCUMENTO Nº3 Esta Administración entiende haber dado cumplimiento al artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015 al darle acceso al expediente, en su condición de interesada, a la reclamante tal y como lo confirma el hecho de la presentación de alegaciones al Presupuesto. No obstante, se le facilitará copia del expediente. Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS: Se tenga por presentado el presente escrito en tiempo y forma con los documentos que lo acompañan y se sirva admitirlos a trámite y, teniendo por aducidas las alegaciones expuestas, se resuelva la reclamación en sentido favorable a esta Corporación”. 3. El 20 de junio de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 20 de junio de 2024. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimien- to de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug - nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi - miento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo má- ximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 25 de marzo de 2024, y la reclamación fue presentada el 1 de abril de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparen- cia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limi- taciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconoci- do de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. La persona reclamante solicitó acceso a: “Que dando cumplimiento a la Ley 19/2023 de 09 de Diciembre de transparencia y acceso a la información pública y las normas de buen gobierno y la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía, se proceda a facilitar una copia del presupuesto pro- puesto para el año 2024 así como todos sus anexos, en formato electrónico, ya sea por co- rreo electrónico a la cuenta de esta Sección Sindical ([email protected]) o bien a través de una copia en pendrive.” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Con carácter previo, debemos aclarar que esta reclamación se resolverá aplicando la normativa de transparencia, que fue la invocada por la persona reclamante en su solicitud. Aunque en la reclamación indica que “ que se está vulnerando nuestro derecho como organización sindical” lo cierto es que la solicitud de información no invocada los derechos de información que la normativa laboral pueda reconocer a la entidad. La entidad reclamada respondió la información indicando que “que dicho documento puede consultarse en las oficinas de la Concejalía Delegada de Hacienda, dentro del plazo de quince días desde su publicación en Tablón de Anuncios”. La persona reclamante alega que solicitó una copia electrónica de los documentos. La entidad reclamada, en su escrito de alegaciones, parece alegar la abusividad de la petición indicando que “es de tal volumen que su acceso y copia a la vecina que presentó la queja obliga a paralizar los servicios municipales, considerándose por cuanto en el expediente obran no sólo el documento del proyecto de presupuestos, sino todas las providencias de trámite, requerimientos, comunicaciones, etc. que obran en el expediente administrativo, siendo el escenario idóneo el que la [apellidos] después de personarse entre los días 13 y 14 de marzo de 2024 en las Oficinas del Ayuntamiento, concretamente en las dependencias del Departamento de Intervención- Concejalía de Hacienda, para consultar el presupuesto propuesto para el año 2024 así como todos sus anexos, teniendo por tanto acceso y a su disposición toda la información disponible, hubiera señalado qué documentos eran de su interés, concretando más la información que necesitaba y si realmente quería copia de alguno o algunos de los documentos en concreto” La cuestión a dilucidar es por tanto si la forma de acceso a la que se concedió el acceso fue la correcta. 2. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación similar. Ya en la Resolución 445/2023 indicábamos: Este Consejo debe recordar, que el artículo 34 LTPA establece en su apartado primero lo siguiente: “La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.” La previsión del artículo 34 LTPA está igualmente relacionada con otras previsiones de la propia Ley (artículo 29) que tratan de fomentar el uso de medios electrónicos en la tramitación de las solicitudes de acceso, dada la mayor agilidad de este medio de comunicación y puesta a disposición de la información. A su vez, conviene también resaltar que el art 17 LTBG prevé como contenido mínimo de la solicitud la selección de la modalidad de acceso a la información solicitada, modalidad que, salvo la previsión del art 34 LTPA, resulta obligada para la Administración. Previsiones normativas que deben necesariamente completarse con el “derecho a obtener una resolución motivada” que consagra el artículo 7 c) LTPA, el cual, entre otras manifestaciones, “[c]onsiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que… concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada”. En este caso, en la solicitud formulada la persona reclamante señaló como modalidad de acceso a la información concedida la de “correo electrónico”. Sin embargo, en la resolución recaída se indicó que para formalizar la consulta del expediente se citaría a la persona reclamante para que compareciese en la sede de la Delegación Territorial en Granada, en la fecha que las partes conviniesen. Si la entidad reclamada quería modificar la forma de acceso solicitada de electrónica a presencial, como es el caso, debió justificarlo en la propia resolución, cuestión que tal y como se desprende de los antecedentes se produjo posteriormente mediante comunicación de la Unidad de Transparencia, argumentando que al tratarse de datos de carácter personal, se hacía necesaria la acreditación de la identidad de la persona solicitante ante el órgano competente” Y en nuestro supuesto, la entidad reclamada no justificó el cambio de forma de acceso, tal y como prevé el artículo 34 LTPA. Únicamente indicó que “Tras revisar la política de nuestra organización y las regulaciones legales pertinentes”, sin ofrecer ninguna información añadida que justificar el cambio en la forma. Ni siquiera indicó qué norma o documento recogía los motivos que fundamentaron su decisión, sino que realizó una remisión genérica. Ya en fase de alegaciones ha justificado el cambio en el volumen de información y en la carga de trabajo que supondría. Sin embargo, no es este el momento procedimental adecuado para esta justificación o para la aplicación de una causa de inadmisión (la prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG), ya que priva a la persona reclamante de ofrecer argumentos frente a este cambio, provocándole indefensión. Además, la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG, para el caso de solicitudes muy voluminosas, exige la acreditación de un deber de colaboración con la persona solicitante, tal y como venimos reiterando en anteriores resoluciones (por todas, la Resolución 139/2023). Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque la entidad afirme que “en el expediente obran no sólo el documento del proyecto de presupuestos, sino todas las providencias de trámite, requerimientos, comunicaciones, etc. que obran en el expediente administrativo”, que la solicitud se limitó al acceso al proyecto de presupuesto y a los anexos, no al resto de documentación que contiene el expediente. Tampoco podemos obviar que el artículo 13 LTPA establece obligaciones que obligan a publicar en la página web de la entidad la documentación generada en los procedimientos de aprobación de ordenanzas o que estén sometidos a trámite de información pública, lo que le hubiera obligado a publicar en su página web determinada información de la solicitada. De hecho, este Consejo ha constatado que la entidad tiene publicado el presupuesto de 2024. 3. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 4. En relación con la petición contenida en la reclamación “... les pedimos que nos informen de cuales son las normas internas del Ayuntamiento de Linares que nos impiden el acceso al Presupuesto para el año 2.024 y si existen regulaciones legales que nos impidan al acceso a una copia del mismo”, lo solicitado no entra dentro de las competencias atribuidas a este Consejo, según lo previsto en el artículo 48 LTPA. Procede por tanto la inadmisión de la reclamación en lo que corresponde a esta petición. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “...copia del presupuesto propuesto para el año 2024 así como todos sus anexos, en forma- to electrónico, ya sea por correo electrónico a la cuenta de esta Sección Sindical (ccoo@ay- tolinares.es) o bien a través de una copia en pendrive” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídico Sexto y Séptimo, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir la Reclamación presentada por no estar lo solicitado incluido en las competencias del Consejo, respecto a la petición contenida en el apartado cuarto del Fundamento Jurídico Cuarto. Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.