Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Bormujos sobre el acceso a información de la RPT y procesos de negociación, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN 908/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 537/2024 Persona reclamante xxxxxxxxxx Entidad reclamada Ayuntamiento de Bormujos Artículos 32 y 33 LTPA; 20 y 24 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 21 de marzo de 202), ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información mediante un correo electrónico dirigido a la Concejala Delegada de Recursos Humanos, con el siguiente contenido: “Que estando directamente afectada por el Proyecto de RPT y VPT que se esta tramitando, al afectar el mismo a las condiciones laborales y salariales de mi puesto de trabajo, y ejercitando mi derecho de recibir información de los representantes legales de los trabajadores, SOLICITO INFORMACIÓN sobre los siguientes puntos: 1. Paso en el que se encuentra la aprobación de la RPT (Presumo sin certeza, que se encuentra en la fase segunda, art. 37 (TREBEP) 2. Señalando el art 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la Reforma de la Función Pública, que la RPT es pública, solicito traslado del borrador. 3. Información sobre modificaciones, ajustes y objeciones presentadas al borrador tanto por el anterior equipo de gobierno como por el actual. 4. Información sobre las Actas de reuniones. 5. Se indica también en la citada nota de régimen interno, que se ha contratado asesoramiento exterior, adicional a la empresa que tiene adjudicada la licitación, por lo que solicito conocer quién es esa empresa que da el mencionado asesoramiento, la forma de contratación de la misma y si su asesoramiento es vinculante en el procedimiento de aprobación de la RPT. 6. Solicito conocer si es posible acudir sin voz, en calidad de oyente y como interesada directa a las Mesas de Negociación. 7. Respecto a los Ruegos recogidos en la Nota de Régimen interno de 15/03/2024 sobre el incumplimiento de obligaciones por parte del Comité de Empresa de este Ayuntamiento, la forma de exigir cumplimiento de funciones y responsabilidad en el caso que el departamento al que me dirijo haya detectado alguna omisión o transgresión, es el ejercicio de acciones administrativas o en su caso judiciales” 2. En la reclamación, la persona reclamante afirma que no ha obtenido respuesta. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS ESTÁ ELABORANDO UN PROYECTO DE RPT Y VPT QUE NO SE FACILITA A LOS TRABAJADORES NI POR EL AYUNTAMIENTO NI POR EL COMITÉ DE EMPRESAS. NO SE FACILITA TAMPOCO EL EXTRACTO DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES NI LAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN. NO SE FACILITA SI HAY ASESORES EN DICHAS NEGOCIACIONES NI LAS CONDICIONES DE CONTRATACIONES DE LOS MISMOS.” Junto a la documentación remitida, se incluye una copia de un hilo de correos entre la reclamante y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, al que dirigió la misma petición el mismo día. Sin embargo, consta respuesta del Comité de Empresa del día 22 de marzo de 2024. Entendemos pues que la reclamación va dirigida contra el Ayuntamiento de Bormujos, ya que al ser la respuesta de 22 de marzo de 2024 y la presentación de la reclamación el día 6 de junio de 2024, estaría presentada fuera de plazo según lo previsto en el artículo 33 LTPA. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 18 de junio de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 26 de agosto de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 26 de agosto de 2024. 3. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la solicitud de expediente y alegaciones. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien- to Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máxi- mo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la soli - citud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 21 de marzo de 2024, y la reclamación fue presentada el 6 de junio de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro- teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limita- ciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las cau - sas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: La persona reclamante solicitó acceso a: 1. Paso en el que se encuentra la aprobación de la RPT (Presumo sin certeza, que se encuentra en la fase segunda, art. 37 (TREBEP) 2. Señalando el art 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la Reforma de la Función Pública, que la RPT es pública, solicito traslado del borrador. 3. Información sobre modificaciones, ajustes y objeciones presentadas al borrador tanto por el anterior equipo de gobierno como por el actual. 4. Información sobre las Actas de reuniones. 5. Se indica también en la citada nota de régimen interno, que se ha contratado asesoramiento exterior, adicional a la empresa que tiene adjudicada la licitación, por lo que solicito conocer quién es esa empresa que da el mencionado asesoramiento, la forma de contratación de la misma y si su asesoramiento es vinculante en el procedimiento de aprobación de la RPT. 6. Solicito conocer si es posible acudir sin voz, en calidad de oyente y como interesada directa a las Mesas de Negociación. 7. Respecto a los Ruegos recogidos en la Nota de Régimen interno de 15/03/2024 sobre el incumplimiento de obligaciones por parte del Comité de Empresa de este Ayuntamiento, la forma de exigir cumplimiento de funciones y responsabilidad en el caso que el departamento al que me dirijo haya detectado alguna omisión o transgresión, es el ejercicio de acciones administrativas o en su caso judiciales” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: 1. Paso en el que se encuentra la aprobación de la RPT (Presumo sin certeza, que se encuentra en la fase segunda, art. 37 (TREBEP) 2. Señalando el art 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la Reforma de la Función Pública, que la RPT es pública, solicito traslado del borrador. 3. Información sobre modificaciones, ajustes y objeciones presentadas al borrador tanto por el anterior equipo de gobierno como por el actual. 4. Información sobre las Actas de reuniones. 5. Se indica también en la citada nota de régimen interno, que se ha contratado asesoramiento exterior, adicional a la empresa que tiene adjudicada la licitación, por lo que solicito conocer quién es esa empresa que da el mencionado asesoramiento, la forma de contratación de la misma y si su asesoramiento es vinculante en el procedimiento de aprobación de la RPT. 6. Solicito conocer si es posible acudir sin voz, en calidad de oyente y como interesada directa a las Mesas de Negociación. 7. Respecto a los Ruegos recogidos en la Nota de Régimen interno de 15/03/2024 sobre el incumplimiento de obligaciones por parte del Comité de Empresa de este Ayuntamiento, la forma de exigir cumplimiento de funciones y responsabilidad en el caso que el departamento al que me dirijo haya detectado alguna omisión o transgresión, es el ejercicio de acciones administrativas o en su caso judiciales” La entidad reclamada deberá facilitar a la persona Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.