Reclamación de acceso a información pública sobre nóminas, licencias y datos fiscales dirigida al Ayuntamiento de Alquife con resolución estimatoria parcial y orden de retroacción

RESOLUCIÓN 952/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 672/2024 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Alquife Artículos 7 LTPA; 12 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Re- clamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú- blica y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 26 de mayo de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “a) Nómina de los concejales liberados del grupo municipal gobernante, desde la fecha del mes de junio 2023 hasta la fecha de contestación al presente escrito, así como, la relación nominal y liquidación mensual de la Seguridad Social, donde se encuentren los liberados del gobierno municipal, omitiendo en la relación nominal el resto de relacionados. b) Licencia/s de obras autorizadas por este Ayuntamiento para la extracción de los lodos ferruginosos, Sección B), depositados en las balsas en el término municipal de Alquife, c) Liquidación provisional o definitiva de permiso de obras (ICIO) de Minas de Alquife S.L.U., para los recursos de la Sección C) y B) para los años 2023 y 2024 d) Extracto contable, donde se detallen los ingresos y conceptos por liquidaciones giradas del IBI de MINAS DE ALQUIFE S.L.U., EPPENDORF HOLDING S.L., NOMIS INVESTMENTS INC, HISPAIMMO AG, LUX TERRA DEVELOP AG, RURA DEVELOP AG, MINAS DE ALQUIFE HOLDING BV, del año 2023. e) Copia de la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas año 2022 y 2023 de Minas de Alquife SLU. f) Habiéndose publicado en el BOJA nº número 145 de 26/07/2010 el Decreto número 333/2010, de 13 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, con la tipología de lugar de interés industrial, Las Minas de Alquife, en los términos municipales de Alquife, Lanteira, Aldeire y Jérez del Marquesado (Granada), se solicita copia de todo expediente/s incoado/s por esta Administración, de oficio o a instancia de interesados, en defensa del patrimonio andaluz sito en este término municipal. g) Copia del último plan de pagos bianual a proveedores de este Ayuntamiento de Alquife.” La información se solicita en formato digital y que se envíe a dirección de correo electrónico. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad re- clamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 19 de julio de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedi- miento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo elec- trónico de fecha 22 de julio de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 2 de octubre de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalu- cía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta recla- mación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 2 de octubre de 2024. 3. A la fecha de firma de este Resolución, no consta que la entidad reclamada haya contestado a la so- licitud de expediente y alegaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Anda- lucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien- to Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máxi- mo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la soli - citud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 26 de mayo de 2024), y la reclamación fue presentada el 14 de julio de 2024. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro- teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limita- ciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las cau - sas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “a) Nómina de los concejales liberados del grupo municipal gobernante, desde la fecha del mes de junio 2023 hasta la fecha de contestación al presente escrito, así como, la relación nominal y liquidación mensual de la Seguridad Social, donde se encuentren los liberados del gobierno municipal, omitiendo en la relación nominal el resto de relacionados. b) Licencia/s de obras autorizadas por este Ayuntamiento para la extracción de los lodos ferruginosos, Sección B), depositados en las balsas en el término municipal de Alquife, c) Liquidación provisional o definitiva de permiso de obras (ICIO) de Minas de Alquife S.L.U., para los recursos de la Sección C) y B) para los años 2023 y 2024 d) Extracto contable, donde se detallen los ingresos y conceptos por liquidaciones giradas del IBI de MINAS DE ALQUIFE S.L.U., EPPENDORF HOLDING S.L., NOMIS INVESTMENTS INC, HISPAIMMO AG, LUX TERRA DEVELOP AG, RURA DEVELOP AG, MINAS DE ALQUIFE HOLDING BV, del año 2023. e) Copia de la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas año 2022 y 2023 de Minas de Alquife SLU. f) Habiéndose publicado en el BOJA nº número 145 de 26/07/2010 el Decreto número 333/2010, de 13 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, con la tipología de lugar de interés industrial, Las Minas de Alquife, en los términos municipales de Alquife, Lanteira, Aldeire y Jérez del Marquesado (Granada), se solicita copia de todo expediente/s incoado/s por esta Administración, de oficio o a instancia de interesados, en defensa del patrimonio andaluz sito en este término municipal. g) Copia del último plan de pagos bianual a proveedores de este Ayuntamiento de Alquife.” Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debería estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 2. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución una vez concedido el trámite de alegaciones, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publica- da en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. A la vista de la información solicitada, no parece que el acceso a las peticiones d) y g) afecte a los derechos e intereses de terceras personas. 3. Igualmente, respecto a la petición a) (“a) Nómina de los concejales liberados del grupo munici- pal gobernante, desde la fecha del mes de junio 2023 hasta la fecha de contestación al presente escrito”), debemos recodar que la publicación las retribuciones de los altos cargos es una obliga- ción de publicidad activa, prevista en el artículo 11 LTPA. Así como nuestra doctrina sobre el acce- so a los documentos de nómina, expresados en nuestra Resolución 184/2022. 4. En resumen, la entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, que esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publicidad acti- va o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contra- tación pública o subvenciones. b) Retrotraer el procedimiento respecto al resto de información, en los términos del apartado anterior. Entre la misma, se encontraría aquella relativa a “la relación nominal y liquidación mensual de la Se- guridad Social, donde se encuentren los liberados del gobierno municipal”. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el ar- tículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al trata- miento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “a) Nómina de los concejales liberados del grupo municipal gobernante, desde la fecha del mes de junio 2023 hasta la fecha de contestación al presente escrito, así como, la relación nominal y liquidación mensual de la Seguridad Social, donde se encuentren los liberados del gobierno municipal, omitiendo en la relación nominal el resto de relacionados. b) Licencia/s de obras autorizadas por este Ayuntamiento para la extracción de los lodos ferruginosos, Sección B), depositados en las balsas en el término municipal de Alquife, c) Liquidación provisional o definitiva de permiso de obras (ICIO) de Minas de Alquife S.L.U., para los recursos de la Sección C) y B) para los años 2023 y 2024 d) Extracto contable, donde se detallen los ingresos y conceptos por liquidaciones giradas del IBI de MINAS DE ALQUIFE S.L.U., EPPENDORF HOLDING S.L., NOMIS INVESTMENTS INC, HISPAIMMO AG, LUX TERRA DEVELOP AG, RURA DEVELOP AG, MINAS DE ALQUIFE HOLDING BV, del año 2023. e) Copia de la liquidación del Impuesto de Actividades Económicas año 2022 y 2023 de Minas de Alquife SLU. f) Habiéndose publicado en el BOJA nº número 145 de 26/07/2010 el Decreto número 333/2010, de 13 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural, con la tipología de lugar de interés industrial, Las Minas de Alquife, en los términos municipales de Alquife, Lanteira, Aldeire y Jérez del Marquesado (Granada), se solicita copia de todo expediente/s incoado/s por esta Administración, de oficio o a instancia de interesados, en defensa del patrimonio andaluz sito en este término municipal. g) Copia del último plan de pagos bianual a proveedores de este Ayuntamiento de Alquife.” La entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, que esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publicidad acti- va o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contra- tación pública o subvenciones. b) Retrotraer el procedimiento respecto al resto de información. Entre la misma, se encontraría aquella relativa a “la relación nominal y liquidación mensual de la Seguridad Social, donde se encuentren los liberados del gobierno municipal”. Todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamento Jurídicos Cuarto y Quinto, Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, in- cluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.