Reclamación de acceso a información ambiental sobre pozos de abastecimiento urbano en Aroche y sus análisis químicos

RESOLUCIÓN 1118/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 582/2024 Persona reclamante Asociación de Ecologistas en Acción—Sierra de Huelva Representante xxxxxxxx Entidad reclamada Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. (Gihasa) Artículos 19.1 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 24 de junio de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 15 de marzo de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Copia de los documentos que contengan la información del seguimiento del estado de los pozos que para abastecimiento urbano tiene concesionados el Ayuntamiento de Aroche desde el año 2018, con información sobre la ubicación de los mismos, los controles rutinarios efectuados, la singularidad de la analítica que se realiza, los tratamientos aplicados para mejorar o lograr su potabilidad, las incidencias en el estado de salubridad del agua en cada uno de los pozos desde el comienzo de la extracción hasta el presente, el caudal extraído y su evolución, además de las obras de reforma, ampliación del número o aumento de la profundidad de los pozos. “Ítem más: dada la cercanía de estos pozos con destino a abastecimiento humano a explotaciones ganaderas (granja de porcino) y agrícolas (agricultura de riego intensiva en modalidad convencional), queremos saber si los análisis que se realizan al agua con destino urbano incorporan procedimientos especiales para poder detectar con fiabilidad la presencia de sustancias químicas que las mencionadas explotaciones utilizan, y si ello ha requerido eventual o regularmente aplicar tratamientos correctores que eliminen restos cuyo origen probable sean las afecciones de la agricultura intensiva convencional y/o las granjas de las inmediaciones de los pozos.” 2. La entidad reclamada contestó la petición mediante escrito de fecha 12 de junio de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En relación con solicitud de información en relación a varios aspectos relacionados con el abastecimiento de agua a la población de Aroche le comunicamos que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva tiene concesión de agua potable por el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana para todos los sondeos y manantiales que se están explotando para dicha población, por lo que de requerir las características y condicionado de la misma deberá dirigirse a dicho organismo, así como para cualquier otra información sobre el estado cuantitativo y cualitativo del acuífero al ser el organismo competente en ello. “En relación a los análisis y tratamientos de las aguas suministrados le remitimos al sistema de información nacional de aguas de consumo (SINAC), donde podrá visualizar los controles que se le aplican a las aguas de consumo, de acuerdo a las normativas que le son de aplicación, así como las incidencias que se pudieran haber producido. “Simultáneamente a los autocontroles que exige la normativa y su volcado en la plataforma antes mencionada, el servicio es periódicamente inspeccionado por la autoridad sanitaria atendiéndose con la mayor celeridad las incidencias que la misma pudiera haber detectado”. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “(…) en virtud de los derechos que otorga a la organización que represento la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 27/2006, de 18 de julio de 2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, mediante el presente escrito. (...) (…) Con fecha 14.6.2024 GIAHSA nos ha notificado escrito de contestación de 10.6.2024 (lo adjuntamos). Pero no responde a nuestras peticiones. No nos proporciona los datos e informaciones que le requerimos. “1.- En relación con el primer bloque solicitado nos informa exclusiva y genéricamente que « la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva tiene concesión de agua potable por el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana para todos los sondeos y manantiales que se están explotando » para la población de Aroche. No nos traslada ningún documento aunque parece que tiene la información y afirma que una buena parte de la información instada está en poder de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Tras tres meses, parece que, como era su obligación legal, no ha remitido nuestra solicitud de información al órgano en cuyo poder obre (la CHG) y, en todo caso, no nos ha notificado esa eventual remisión. “2-. Respecto al segundo bloque: GIAHSA nos remite al «sistema de información nacional de aguas de consumo (SINAC), donde podrá visualizar los controles que se le aplican a las aguas de consumo, de acuerdo a las normativas que le son de aplicación, así como las incidencias que se pudieran haber producido ». Pero no nos ofrece el enlace o enlaces en los que podemos hallar la concreta información que hemos solicitado”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. Mediante oficio de 1 de julio de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 24 de julio de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se dice remitir la solicitud formulada y la respuesta emitida, documentos que constaban en el expediente administrativo. 3. El 16 de septiembre de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante mediante oficio de idéntica fecha. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.i) LTPA, al ser la entidad reclamada una sociedad mercantil dependiente de una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre la competencia para conocer una reclamación en materia medioambiental La solicitud de información que justifica esta reclamación requiere información ambiental según la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LAIMA). Este Consejo había venido inadmitiendo a trámite aquellas reclamaciones presentadas frente a resoluciones expresas o por silencio administrativo cuando las solicitudes de información se fundamentaban expresa y únicamente en la LAIMA, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, apartado 3 de la LTPA. Sin embargo, a partir de la Resolución 791/2022, a la que nos remitimos, y como resultado de diversos pronunciamientos judiciales (especialmente la Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo), este Consejo admite a trámite estas reclamaciones. Las Resoluciones 821/2022, 43/2023 y 74/2023 han confirmado esta doctrina, que afirma, no solo la admisión a trámite de la reclamación, sino también la aplicación preferente del régimen de acceso a la información contenido en la LAIMA y su normativa de desarrollo, siendo de aplicación supletoria la de transparencia. Esta interpretación se ha visto confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo 116/2023, de 9 de enero, en la que, a propósito del análisis del sentido del silencio administrativo en la LAIMA, reconoce implícitamente la competencia de los organismos de control para conocer de las reclamaciones en materia de información ambiental. En conclusión, este Consejo se considera entonces competente para conocer de las reclamaciones presentadas frente a resoluciones de solicitudes de acceso a la información ambiental, según la definición contenida en el artículo 2 LAIMA. En estos supuestos, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resultará de aplicación preferente la regulación específica que regula el acceso. Esto es, la LAIMA y su normativa de desarrollo. Y supletoriamente, resultará de aplicación la normativa reguladora de la transparencia, LTAIBG y LTPA. Tercero. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 10.2. c) LAIMA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse lo antes posible y, a más tardar, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para resolverla, con carácter general. El artículo 10.2. c) LAIMA establece que las solicitudes se resolverán en el plazo de dos meses si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado, previa comunicación a la persona solicitante de la ampliación del plazo y las razones que lo justifican. Sobre el silencio administrativo, la LAIMA no establece previsión alguna, por lo que resultaría de aplicación lo previsto en la LTAIBG según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 116/2023, de 9 de enero. El artículo 20.4 LTAIBG establece que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida mediante escrito de 12 de junio de 2024, y la reclamación fue presentada el 24 de junio de 2024, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Cuarto. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información ambiental” a los efectos de la legislación reguladora del acceso a la información ambiental, según el contenido del artículo 2.3 LAIMA: “3. Información ambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a). c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)”. Según establece el artículo 3.1.a) LAIMA: “todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y con lo establecido en el artículo 7 del Código Civil: 1) En relación con el acceso a la información: a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede.“ 2. Las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental se recogen en el artículo 13 LAIMA, que según su apartado cuarto, “deberán interpretarse de manera restrictiva” y “Para ello, se ponderará en cada caso concreto el interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido con su denegación”. 3. En relación con la ordenación del derecho de acceso a la información ambiental, la Exposición de Motivos de la LAIMA reconoce que esta ley se limita a establecer, al amparo de la competencia que el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, aquellas garantías y principios que deben ser observados por todas las autoridades públicas ante las que pretenda ejercerse el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, “sin entrar a regular el procedimiento para su ejercicio”. A su vez, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), dedica el Capítulo I del Título II a la Información ambiental, disponiendo su artículo 6.2 que reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a la información ambiental, determinando los responsables de la información, los lugares en donde se encuentra, la forma de acceder y la metodología para la creación y mantenimiento de medios de consulta de la información que se solicite. Del mismo modo, el artículo 19.4 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, establece que reglamentariamente se establecerán los cauces de acceso a la información sobre el medio hídrico, dada su consideración legal de información ambiental. El desarrollo reglamentario previsto por las anteriores normas legales ha tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental, el cual dedica los artículos 23 y siguientes a la regulación del acceso a la información ambiental previa solicitud. 4. El artículo 4 del Decreto 347/2021, de 22 de noviembre, define la “Información Ambiental”, conforme a la definición establecida en el artículo 5 LGICA, como toda información en cualquier soporte que se encuentre disponible y que verse sobre las cuestiones relacionadas en el artículo 2.3 LAIMA. El artículo 23 extiende su ámbito de aplicación a la información ambiental en poder tanto de las autoridades públicas definidas en el artículo 4.a) (entidades, órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma contemplados en el artículo 2.4 LAIMA), como en poder de otras personas en nombre de las anteriores, con independencia de que la información forme parte o no de un expediente administrativo y, en su caso, del estado de tramitación del procedimiento, así como con independencia de que la información obre o no en un archivo o registro administrativo y, en su caso, de la clase de archivo o registro de que se trate. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación que proceda de las excepciones al acceso a la información establecidas en la LAIMA . Quinto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el reproducido en el antecedente segundo. Respecto a la naturaleza de la información solicitada debe tenerse en cuenta que la LAIMA ofrece en su artículo 2.3 una noción amplia y descriptiva de información ambiental, con un extenso contenido y alcance, lo suficientemente amplio como para comprender cualquier información ambiental con independencia de su soporte o tipo. Las seis categorías en las que se descompone el objeto de la información engloban cualquier información (toda información) relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como a las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, incluyendo las medidas administrativas de toda índole. Teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud de información pública versa sobre pozos de abastecimiento urbano, debemos considerar que la información solicitada en este caso es “información ambiental” conforme a la definición establecida en el artículo 2.3 de la LAIMA, toda vez que se refiere a una actividad que afecta o puede afectar a los elementos del medio ambiente. Conviene por lo tanto analizar la información facilitada por la sociedad mercantil reclamada, a los efectos de conocer si la información suministrada puede ser considerada suficiente para satisfacer el derecho de acceso de la persona ahora reclamante. 2. En relación a la primera de las solicitudes de información pública que versaba sobre “Copia de los documentos que contengan la información del seguimiento del estado de los pozos que para abastecimiento urbano tiene concesionados el Ayuntamiento de Aroche desde el año 2018 (…)”, la sociedad mercantil comunicó que: “(…) la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva tiene concesión de agua potable por el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana para todos los sondeos y manantiales que se están explotando para dicha población, por lo que de requerir las características y condicionado de la misma deberá dirigirse a dicho organismo, así como para cualquier otra información sobre el estado cuantitativo y cualitativo del acuífero al ser el organismo competente en ello”. Al respecto, el artículo 19.1 LTAIBG, establece que: Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. Entre la documentación obrante en el expediente administrativo, no figura documentación alguna que indique que la entidad reclamada haya obrado conforme al precepto reseñado. Atendiendo a lo dispuesto en citado precepto, procede sino acordar que la entidad reclamada remita la solicitud al órgano u órganos que considera competente al objeto de que éste decida sobre el acceso, informando al reclamante de esta circunstancia, en aplicación del citado artículo 19.1. Procede pues retrotraer el procedimiento de resolución de la solicitud al momento en el que la entidad reclamada debió remitir esta pretensión de la solicitud al órgano en el que obre la información solicitada, así como comunicar al solicitante estas circunstancias, en aplicación del artículo 19.1 LTAIBG. La entidad reclamada deberá ordenar la retroacción del procedimiento en el plazo máximo de cinco días desde la notificación de esta Resolución. Y el órgano que reciba la solicitud deberá resolver el procedimiento en el plazo máximo previsto en el artículo 31 LTPA, contado a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud. Y, obviamente, contra la resolución expresa o presunta de la petición del interesado podrá presentar la correspondiente reclamación ante este Consejo, si así lo estimara pertinente. 3. En cuanto a la segunda solicitud de información pública relativa a “queremos saber si los análisis que se realizan al agua con destino urbano incorporan procedimientos especiales para poder detectar con fiabilidad la presencia de sustancias químicas que las mencionadas explotaciones utilizan, y si ello ha requerido eventual o regularmente aplicar tratamientos correctores que eliminen restos cuyo origen probable sean las afecciones de la agricultura intensiva convencional y/o las granjas de las inmediaciones de los pozos”, la entidad reclamada informó que: “le remitimos al sistema de información nacional de aguas de consumo (SINAC), donde podrá visualizar los controles que se le aplican a las aguas de consumo, de acuerdo a las normativas que le son de aplicación, así como las incidencias que se pudieran haber producido. “Simultáneamente a los autocontroles que exige la normativa y su volcado en la plataforma antes mencionada, el servicio es periódicamente inspeccionado por la autoridad sanitaria atendiéndose con la mayor celeridad las incidencias que la misma pudiera haber detectado”. A este respecto, el artículo 22.3 LTAIBG establece que, si la información ya ha sido publicada, la resolución que resuelva la solicitud de acceso podrá limitarse a indicar cómo puede accederse a ella; pero, según la línea doctrinal seguida constantemente por este Consejo, dicha indicación debe reunir determinados requisitos: “… en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica a portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta. Esta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsqueda» (entre otras muchas, Resoluciones 33/2016, FJ 4º; 123/2016, FJ 3º; 100/2017, FJ 5º)”. En consecuencia, el órgano reclamado podrá optar entre proporcionar a la persona interesada directamente la información solicitada o bien identificar el link o enlace exacto que dé acceso de forma directa e inequívoca a dicha información. En el caso de que no sea posible dar un enlace exacto, el órgano deberá explicar suficientemente la ruta o procedimiento a seguir para obtener la información. Como quiera que la entidad reclamada no facilitó enlace electrónico alguno donde radicaba la información solicitada, ni explicó la ruta o procedimiento para obtener la información, la reclamación debe ser estimada en este punto. La entidad reclamada deberá facilitar el link o ruta a seguir para acceder a la información solicitada. Sexto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En el caso de que la información a la que se concede el acceso contuviera datos personales, el artículo 15.5 LTAIBG establece que la normativa de protección de datos será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Copia de los documentos que contengan la información del seguimiento del estado de los pozos que para abastecimiento urbano tiene concesionados el Ayuntamiento de Aroche desde el año 2018, con información sobre la ubicación de los mismos, los controles rutinarios efectuados, la singularidad de la analítica que se realiza, los tratamientos aplicados para mejorar o lograr su potabilidad, las incidencias en el estado de salubridad del agua en cada uno de los pozos desde el comienzo de la extracción hasta el presente, el caudal extraído y su evolución, además de las obras de reforma, ampliación del número o aumento de la profundidad de los pozos” “ (…) queremos saber si los análisis que se realizan al agua con destino urbano incorporan procedimientos especiales para poder detectar con fiabilidad la presencia de sustancias químicas que las mencionadas explotaciones utilizan, y si ello ha requerido eventual o regularmente aplicar tratamientos correctores que eliminen restos cuyo origen probable sean las afecciones de la agricultura intensiva convencional y/o las granjas de las inmediaciones de los pozos.” La entidad deberá: a) Respecto a la primera petición, retrotraer el procedimiento al momento en el que la solicitud debió remitirse al órgano en el que obre la información y notificar a la persona reclamante de este envío. b) Respecto a la segunda petición, facilitar la información solicitada o bien remitirse a la ya publicada en los términos exigidos por la interpretación del artículo 22.3 LTAIBG. Todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución y teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Quinto y Sexto. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.