Reclamación sobre el acceso a los días de teletrabajo de personal en puestos de libre designación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN 1142/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 667/2024 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Secretaría General Técnica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad Artículos 2, 24 LTPA Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Sin embargo, por motivos técnicos, la entrada de dicha reclamación se paralizó en el sistema de registro, por lo que el Consejo no tuvo acceso a la misma hasta el día 12 de julio de 2024, iniciándose entonces su tramitación, circunstancia que se puso en conocimiento tanto de la persona reclamante como de la entidad reclamada. Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 6 de marzo de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de información pública SOL-2024/00001938. La información solicitada es la siguiente: “1.- Indicación de los días teletrabajados por mes durante el año 2023 de las subdirecciones generales de la Consejería. Indicando en la relación los viernes y lunes del mes si se ha teletrabajado. “2.- Indicación de los días teletrabajados por mes durante el año 2023 de las Coordinaciones Generales de la Consejería. Indicando en la relación los viernes y lunes del mes si se ha teletrabajado. “3.- Indicación de los días teletrabajados por mes durante el año 2023 de las jefaturas de servicio de la Consejería. Indicando en la relación los viernes y lunes del mes si se ha teletrabajado. “4.- Indicación de los días teletrabajados por mes durante el año 2023 de los PLD excluidos los citados ut supra de la Consejería. Indicando en la relación los viernes y lunes del mes si se ha teletrabajado”. 2. Por otro lado, con esa misma fecha, tuvo entrada en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la solicitud de información pública SOL-2024/00001945, en la que se solicitaba la misma información anterior pero referida a la Agencia. Siguiendo instrucciones del Secretariado de la Transparencia, la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, derivó la solicitud a la Consejería, dando lugar al expediente EXP-2024/00000663-PI@, procediéndose a la tramitación y resolviendo conjuntamente los dos expedientes. 3. La entidad reclamada contestó la petición mediante la Resolución, de 6 de mayo de 2024, del Secretario General Técnico de la Consejería de inclusión social, juventud, familias e igualdad de las solicitudes de información pública solicitud [XXXXX] Y [XXXXX] con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “(…) Cuarto.- El solicitante requiere información sobre días teletrabajados por meses en 2023 por las personas que ocupan puestos de subdirección general, coordinación, jefaturas de servicio, así como del resto de personal que ocupa puestos cubiertos mediante el procedimiento de libre designación en esta Consejería, detallando además de esos días cuales coinciden con lunes o viernes. (…) El teletrabajo en la Administración de la Junta de Andalucía se encuentra actualmente regulado, hasta tanto se adopte el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en el Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado en su apartado quinto por Pacto del mismo Órgano de negociación de 26 de enero de 2021, y prorrogado mediante el Pacto de 12 de junio de 2023, de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. El sistema de control de presencia e incidencias existente en esta Consejería, Crono, por la configuración que presenta, no permite la extracción de la información requerida ya que el desempeño de la jornada en la modalidad de teletrabajo no implica ningún tipo de incidencia en el sistema que la diferencie de la modalidad presencial. Por tanto, para facilitar la información solicitada se aporta la información obrante en las Resoluciones de esta Secretaria General Técnica por la que se acuerda autorizar a estas personas a acogerse a la prestación de servicio en la modalidad de no presencial, teniendo en cuenta que, en relación con las personas que ocupan los puestos sobre los que se solicita la información pueden no utilizar de forma habitual la jornada de teletrabajo, pudiendo concurrir peculiaridades y excepciones en el desarrollo del mismo, prestación que además queda sujeto a la propia organización del trabajo en el ámbito del órgano, unidad o puesto concreto al que se refiere. De acuerdo con lo expuesto, se concede el acceso a los datos de días autorizados para teletrabajar por meses durante 2023 de las personas que ocupan puestos de coordinación, subdirecciones generales, jefaturas de servicio y resto de personal en puestos de libre designación de esta Consejería, así como los días qué de esa relación han coincidido en lunes y viernes, incorporándola mediante anexo a esta resolución. (...)” Tercero. Sobre la reclamación presentada. En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “ 1.- La Consejería indica que “El sistema de control de presencia e incidencias existente en esta Consejería, Crono, por la configuración que presenta, no permite la extracción de la información requerida ya que el desempeño de la jornada en la modalidad de teletrabajo no implica ningún tipo de incidencia en el sistema que la diferencie de la modalidad presencial. 2.- Hay Consejerías que si han aportado la información y usan el mismo sistema de control horario. 3.- Existen métodos para averiguar la IP de las picadas que quedan registradas. 4. El hecho en sí de la respuesta es tan grave que pudiera haber funcionarios que no acudan a trabajar a su puesto de trabajo, porque al indicar que no tienen control sobre las picadas realizadas dentro o fuera del centro de trabajo. 5. En base a todo lo anterior, y con arreglo a lo previsto en la ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, vengo a solicitar a ese Consejo que estime esta reclamación, y resuelva que la Consejería reclamada responda a lo solicitado, dado que sí es posible conocer las fechas de las IP de los ordenadores que se conecten por VPN a los servidores, fechas y horarios de conexión. Además, los días de teletrabajo deben ser autorizados y controlados. Admitir lo contrario será reconocer que nadie controla los días de teletrabajo de dicho personal PLD lo cual es un hecho de extrema gravedad, ampliable al personal del resto de la Consejería.” Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 17 de julio de 2024 el Consejo notifica a la persona reclamante la comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 17 de julio de 2024 tiene entrada en la entidad reclamada requerimiento del Consejo de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 23 de julio de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye la documentación relacionada con la petición de información y manifiesta la reiteración de los argumentos de su resolución, especificando que: “Esta Consejería informó de los días de teletrabajo por semana y de si éstos lo fueron en lunes o viernes, de las personas que ocupan los puestos indicados durante el año 2023. Si bien dicho picaje no se lleva a cabo mediante incidencia, se dispone de los mecanismos para llevar a cabo el control de las direcciones de IP en los picajes de Cronos, hecho al que se hacía referencia en el escrito de respuesta, posibilitando el control de presencia y teletrabajo” . La Reclamación hace referencia a la solicitud PID@ [EXP-NN/NNN]. solicitud dirigida a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), pero siguiendo instrucciones de la Secretaría de la Transparencia, se remitió a la Secretaría General Técnica de la Consejería para su resolución conjunta: “Las Unidades de Transparencia de las EEII deberán derivar su solicitud a la Consejería de adscripción”. En la resolución conjunta se incorporaba un cuadro de datos en el que se incluía la información tanto de Consejería como de la ASSDA, ya que al no existir resoluciones de personal pld con teletrabajo reconocido en la Agencia, solo hacía referencia a los plds de Consejería. No se han realizado trámites de alegaciones al no resultar identificable el personal al que se hace referencia.” 3. El 25 de julio de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es comunicado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 27 de julio de 2025. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la resolución fue notificada el 6 de mayo de 2024, y la reclamación fue presentada el mismo día, por lo que no se había iniciado el plazo para interponer la reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 LTPA en relación con el artículo 24.2 LTAIBG (“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”). Este hecho supondría la inadmisión de la reclamación al haberse presentado anticipadamente al inicio del plazo para reclamar ante este Consejo. Sin embargo, tras nuestra Resolución 773/2022 y otras similares (Resolución 774/2022, 775/2022 y 788/2022), este Consejo ha modificado su doctrina sobre las reclamaciones presentadas antes de la finalización del plazo máximo de resolución, que tal y como ocurre en este caso, deben admitirse a trámite. A modo de resumen, tal y como se indica en la Resolución 773/2022: “Por lo tanto, y a la vista del razonamiento antes indicado y de los pronunciamientos judiciales reproducidos, aunque se reconociera que la presentación de la reclamación formulada fue anticipada, el criterio más favorable para la persona interesada y que evita una interpretación demasiado rigorista y formalista que deje vacío de contenido el derecho a reclamar, permite considerar que tal reclamación es subsanable por el mero transcurso del tiempo, lo que unido al principio básico de economía procesal, determina que deba admitirse la reclamación formulada.” Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de la solicitud de información fue conocer, respecto a determinados puestos de libre designación (PLD) de la Consejería (en concreto, se refiere la persona reclamante a “subdirecciones generales”, “Coordinaciones Generales”, “jefaturas de servicio” y resto de puestos PLD), “los días teletrabajados por mes durante el año 2023”, “indicando en la relación los viernes y lunes del mes si se ha teletrabajado”. Se solicita, por tanto, información relativa a los días al mes que determinados empleados públicos han realizado su trabajo de manera no presencial en modalidad de “teletrabajo” durante el año 2023. Estos empleados públicos son aquellos que ocupan puestos cuya forma de provisión es la libre designación (PLD). Conforme al artículo 128.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, se proveerán por el sistema de libre designación “los puestos de trabajo de especial responsabilidad, colaboración y disponibilidad, y aquellos que requieran una confianza personal para ejercer sus funciones”. La entidad reclamada resuelve conceder el acceso a la información, trasladando a la persona reclamante la información de la que dispone. Así, tras realizar la búsqueda de la información requerida (en colaboración con el Servicio de Personal el 25 de marzo de 2024), la entidad reclamada concluye que: “El sistema de control de presencia e incidencias existente en esta Consejería, Crono, por la configuración que presenta, no permite la extracción de la información requerida ya que el desempeño de la jornada en la modalidad de teletrabajo no implica ningún tipo de incidencia en el sistema que la diferencie de la modalidad presencial. Por tanto, para facilitar la información solicitada se aporta la información obrante en las Resoluciones de esta Secretaria General Técnica por la que se acuerda autorizar a estas personas a acogerse a la prestación de servicio en la modalidad de no presencial, teniendo en cuenta que, en relación con las personas que ocupan los puestos sobre los que se solicita la información pueden no utilizar de forma habitual la jornada de teletrabajo, pudiendo concurrir peculiaridades y excepciones en el desarrollo del mismo, prestación que además queda sujeto a la propia organización del trabajo en el ámbito del órgano, unidad o puesto concreto al que se refiere. De acuerdo con lo expuesto, se concede el acceso a los datos de días autorizados para teletrabajar por meses durante 2023 de las personas que ocupan puestos de coordinación, subdirecciones generales, jefaturas de servicio y resto de personal en puestos de libre designación de esta Consejería, así como los días qué de esa relación han coincidido en lunes y viernes, incorporándola mediante anexo a esta resolución. (...)”. Esta respuesta no satisface a la persona reclamante que interpone ante este Consejo la reclamación que ahora resolvemos. 2. Al objeto de examinar la reclamación que nos ocupa conviene previamente realizar previamente unas consideraciones sobre la regulación del llamado “teletrabajo”. El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que entró en vigor el 1 de octubre de 2020, reguló con carácter básico la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, introduciendo el artículo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los siguientes términos: «Artículo 47 bis. Teletrabajo. 1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad. 5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.» En el ámbito autonómico, la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en su artículo 37 regula el teletrabajo y modalidades de prestación del servicio, estableciendo lo siguiente: “1. Las modalidades de prestación del servicio en la Administración general de la Junta de Andalucía serán la modalidad presencial, que será la forma ordinaria de prestación del servicio, y la modalidad a distancia, que se articula a través del teletrabajo. 2. En los términos previstos en la normativa estatal de carácter básico, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico que resulte de aplicación, se establecerán reglamentariamente, previa negociación colectiva, los supuestos y condiciones para desempeñar las funciones correspondientes al puesto de trabajo a distancia fuera de las dependencias de la Administración, mediante la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, cuando el contenido competencial del puesto de trabajo lo admita, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, garantizándose la atención presencial a la ciudadanía respecto a aquellos servicios en que así se establezca. 3. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados, y estará supeditado a las necesidades organizativas y del servicio en los términos que reglamentariamente se establezca. El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento, la optimización de recursos y la atención a necesidades organizativas, y deberá respetar, en todo caso, los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La Administración, en los términos que se establezcan reglamentariamente, proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para su actividad. 4. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 5. La jornada de trabajo en régimen de teletrabajo será la que corresponda a cada persona de acuerdo con las normas que le sean de aplicación. Reglamentariamente se podrán establecer reglas específicas para adaptar la jornada de trabajo a las particularidades de la prestación de servicios a distancia, asegurando en todo caso el cumplimiento de la jornada establecida y la garantía del derecho a la desconexión digital y al descanso necesario. 6. El personal laboral de la Administración general de la Junta de Andalucía se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en la normativa estatal de carácter básico, por lo dispuesto en esta ley y por sus normas de desarrollo”. No obstante lo anterior, y en tanto se adopta el desarrollo reglamentario de la Ley de la Función Pública de Andalucía en esta materia, era preciso disponer de la posibilidad de utilizar dicha modalidad de prestación del servicio en la Administración de la Junta de Andalucía de forma independiente a la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19, y por ello, la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante Pacto de 12 de junio de 2023, acordó prorrogar el protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Protocolo de las medidas organizativas y criterios para la aplicación de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia en el ámbito del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía _colectivo al que pertenecen los puestos de trabajo respecto de los que se solicita información en este caso_ fue aprobado por la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía el 25 de septiembre de 2020 . El apartado 2 del punto Tercero establece que la parte de la jornada que se desarrolle en la modalidad de trabajo a distancia será del 20% de la jornada en cómputo semanal y que en dicha modalidad de trabajo, para el control del cumplimiento de la jornada que se realiza, se efectuarán los fichajes al inicio y al final de la jornada y estarán sometidas al control de su tiempo de conexión. 3. Respecto al contenido de la reclamación, no podemos compartir la argumentación de la persona reclamante y, por tanto, acceder a lo solicitado en su escrito de reclamación (que la “Consejería reclamada responda a lo solicitado”). Y es que consideramos que la entidad ya ha respondido a lo solicitado, tras realizar la labor de búsqueda exigida, le ha aportado la información que obra en las Resoluciones de su Secretaria General Técnica por las que se acuerda autorizar a esas personas a acogerse a la prestación de servicio en la modalidad de no presencial. La entidad reclamada ha justificado los motivos por los que ofrece en dichos términos la información solicitada, debido a la imposibilidad de extraer la información del modo solicitado: “El sistema de control de presencia e incidencias existente en esta Consejería, Crono, por la configuración que presenta, no permite la extracción de la información requerida ya que el desempeño de la jornada en la modalidad de teletrabajo no implica ningún tipo de incidencia en el sistema que la diferencie de la modalidad presencial.” Es decir, en el sistema de control horario (CRONO), en el que se reflejan las picadas, no se podía, en el momento de realizar la búsqueda, determinar si la persona empleada pública se encuentra en la sede física de su lugar de trabajo en la que se halla su ordenador de sobremesa, o se encuentra en otro lugar, conectado a dicho ordenador de sobremesa, ya que la conexión a la aplicación Crono se realiza a través de dicho ordenador de sobremesa al que se accede a través de conexión remota. La entidad reclamada informó por tanto de la inexistencia de la información tal y como había sido solicitada. A pesar de esta justificación, en su escrito de reclamación la persona reclamante insiste en que “sí es posible conocer las fechas de las IP de los ordenadores que se conecten a los servidores, fechas y horarios de conexión”. Tampoco podemos admitir la postura de la persona reclamante que se limita a contradecir la alegada imposibilidad de extraer los datos motivada por cuestiones técnicas manifestada expresamente por la entidad reclamada en su Resolución de respuesta. Respecto a la afirmación de la persona reclamante acerca de que: “los días de teletrabajo deben ser autorizados y controlados (…)”, la entidad reclamada extrae la información precisamente de las Resoluciones de la Secretaria General Técnica por las que acuerda autorizar a estas personas el poder acogerse a la prestación de servicio en la modalidad de no presencial. Es más, la entidad reclamada puntualiza respecto a ellos que “en relación con las personas que ocupan los puestos sobre los que se solicita la información pueden no utilizar de forma habitual la jornada de teletrabajo, pudiendo concurrir peculiaridades y excepciones en el desarrollo del mismo, prestación que además queda sujeto a la propia organización del trabajo en el ámbito del órgano, unidad o puesto concreto al que se refiere.” En conclusión, no podemos sino considerar que la entidad reclamada ha actuado adecuadamente, respondiendo a la solicitud de información conforme a los criterios de la normativa de transparencia, facilitando a la persona reclamante los resultados de los que dispone una vez realizada la pertinente labor de investigación, comunicándole de manera expresa a través del cuadro que anexa a su Resolución. 4. Debemos poner de manifiesto que en este Consejo se encuentran en tramitación varias reclamaciones planteadas por la misma persona en relación con el mismo asunto. De las alegaciones expuesta en tales expedientes, este Consejo extrae la conclusión de que el registro de presencialidad y teletrabajo no se realiza de la misma forma en todos los centros de trabajo. Aunque todas las entidades reclamadas utilizan el programa “CRONO” como sistema de control horario, no todas lo tienen configurado de la misma forma y así, mientras que algunas Consejerías parecen tener habilitado en dicho sistema la opción de fichar la incidencia "Teletrabajo”, otras parecen permitir la realización de picadas de varias formas (a través de terminales que existen a la entrada de los edificios; introduciendo la picada directamente en el ordenador de sobremesa del puesto de trabajo; y, en caso de teletrabajo, introduciendo manualmente la picada en el ordenador portátil donde se realiza este, a través de la URL habilitada al efecto, con el añadido de que en este último caso, el empleado puede conectarse por acceso remoto a su ordenador de sobremesa e introducir la picada desde éste dispositivo si tiene habilitada tal opción, en cuyo caso no podría rastrearse que está realizando su jornada laboral a distancia). La persona reclamante insiste en que "sí es posible conocer las fechas de las IP de los ordenadores que se conecten a los servidores, fechas y horarios de conexión ". Sin embargo, este Consejo, en aras de los princi- pios de buena, fe, confianza legítima y lealtad institucional que deben regir las relaciones de las Admi- nistraciones Públicas, no tiene argumentos para poner en duda lo alegado por la entidad reclamada respecto a que la configuración de su sistema de control horario no permite discernir cuándo las pica- das se han hecho presencialmente o a distancia y que, como consecuencia de ello, no podría verificar- lo ni suministrar la información solicitada. De conformidad con lo anterior, procede desestimar la presente reclamación por cuanto la información a la que pretende acceder no consta en la entidad reclamada, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). A este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la Reclamación.