Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre retribuciones de una vocal de la ELA de Bobadilla-Estación y desestimación de la misma

RESOLUCIÓN 10/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 2024/0826 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Entidad Local Autónoma de Bobadilla-Estación (Málaga) Artículos 29 LTPA; 17 LTAIBG; 40 LPAC Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 25 de junio de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Expone: Al amparo de lo establecido en la Ley 19/2013, de nueve de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno quisiera conocer las retribuciones que percibe la persona [nombre y apellido de tercera persona] como vocal de la entidad local autónoma de Bobadilla - Estación. Solicita: Que se me remita la información requerida en los plazos y términos legalmente previstos". 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 3 de septiembre de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 6 de septiembre de 2024 se recepcionó por la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 12 de septiembre de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, en su escrito de alegaciones se pone de manifiesto, en lo que ahora interesa, que: "SEGUNDO.- Dicha solicitud fue recibida el 26 de junio de 2024, con fecha de 9 de julio de 2024 mediante Resolución de la Presidencia se admitió a trámite la solicitud de acceso a la información. Al tratarse de indemnizaciones, retribuciones y asistencias de cargo público son datos públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985. TERCERO.- Con fecha de 9 de julio de 2024 se procede a notificar a D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] por medios electrónicos. CUARTO.- Con fecha de 20 de julio de 2024 se produce la expiración por caducidad de la notificación al superarse el plazo establecido para la comparecencia. QUINTO.- La E.L.A de Bobadilla- Estación realizó los trámites oportunos para darle acceso a la información al interesado de manera electrónica". Entre la documentación remitida a este Consejo consta Decreto nº 2024/147 de la Presidencia de la Entidad Local Autónoma, de 9 de julio de 2024, con el siguiente contenido literal: “Primero. -Admitir a trámite la solicitud de acceso a la información y, en consecuencia facilitar al interesado la siguiente información: Que la Junta Vecinal de la ELA de Bobadilla-Estación, en Sesión Extraordinaria y Urgente denominada «de Organización» celebrada en primera convocatoria el día 27 de Julio de 2023, a las 14:00 horas, adoptó elacuerdo que trascrito dice: «(...) Establecer para los concejales sin dedicación la percepción de Ciento (100,00 €) en concepto de asistencia a cada sesión de la Junta Vecinal. (...). Siendo la Vocal Doña [nombre y apellidos de tercera persona] Vocal sin dedicación, estas son las cantidades que percibe por asistencia a las Juntas Vecinales. El acceso se facilitará mediante vía electrónica.. Segundo.-Comunicar al interesado la presente resolución, con indicación de los recursos que procedan". FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 25 de junio de 2024, y la reclamación fue presentada el 25 de agosto de 2025. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Expone: Al amparo de lo establecido en la Ley 19/2013, de nueve de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno quisiera conocer las retribuciones que percibe la Sra. [nombre y apellido de tercera persona] como vocal de la entidad local autónoma de Bobadilla - Estación. Solicita: Que se me remita la información requerida en los plazos y términos legalmente previstos". La persona reclamante ante la falta de contestación presentó la correspondiente reclamación. Sin embargo, la entidad reclamada no se muestra de acuerdo con la ausencia de respuesta referida, pues a las alegaciones remitidas a este Consejo adjunta el Decreto nº 2024/147, de 9 de julio de 2024, que resuelve el acceso a la información requerida. Así mismo se adjunta copia del justificante que acredita la expiración por caducidad, de fecha 20 de julio de 2024, de la notificación por vía electrónica. En virtud de los argumentos expuestos, la entidad reclamada entiende que "realizó los trámites oportunos para darle acceso a la información al interesado de manera electrónica". 2. Este Consejo debe pronunciarse, por tanto, sobre la forma de notificar la resolución por la que se concedía el acceso a la información que ha resuelto la entidad reclamada, partiendo, para ello, de la regulación existente al respecto. Es cierto que la normativa de transparencia, según se desprende de los artículos 17.2.c) LTAIBG y 29.1 LTPA, se inclina por una tramitación preferentemente electrónica del procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dejando a elección de la persona solicitante la modalidad en que prefiere acceder a la información solicitada (letra d) del artículo 17.2 LTAIBG). Por otro lado, el artículo 41.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) indica que: “En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener cons- tancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado“. Así mismo, el artículo 22 LTAIBG dispone que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. 3. En el caso que nos ocupa, estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, que no se encuentra obligado a relacionarse de forma electrónica con la Administración, de conformidad con el precitado artículo 41.3 LPAC. La persona reclamante presentó su solicitud a través del Registro Electrónico General, -por medios electrónicos- para lo que se requería contar con un certificado digital u otro medio de identificación. En la solicitud de información, la persona interesada no indicó dirección de correo electrónico, pero en cambio sí indicó expresamente su negativa a recibir alerta Email y alerta SMS. Sin embargo, y a la vista del sistema de notificaciones electrónica usado (DEHÚ), estaba dado de alta anteriormente, lo que permitió a la entidad reclamada intentar la notificación por esta vía electrónica. Así, si bien la persona reclamante no indicó un medio de comunicaciones, tal y como exige el artículo 17.1. c) LTAIBG, no podemos considerar que la entidad reclamada haya infringido la normativa de transparencia, ya que existen suficientes hechos y previsiones legales que justifican que hubiera considerado que la forma de notificación elegida fuera la electrónica. El artículo 43.2 establece que “Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”. Y a su vez, el artículo 41.5 establece que cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Por lo indicado anteriormente, este Consejo entiende que la entidad reclamada ha cumplido la previsiones legales establecidas sobre el ejercicio del derecho de acceso, ya que el intento de notificación se realizó conforme a lo establecido en la normativa que resultaba de aplicación. Procede pues desestimar la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.